1. COMUNIDAD: TIENE HORA CON EL MÉDICO
(MANIPULADA) (09/06/07)
Auxiliares administrativas de dos centros
sanitarios que dependen del hospital Doce de Octubre afirman haber
manipulado por orden de sus jefes las fechas en las que reciben la
petición del paciente para ver al médico especialista (como el
ginecólogo o el traumatólogo) o para que les realicen una prueba que
pueda diagnosticar su dolencia. El objetivo, según las trabajadoras,
sería reducir oficialmente las listas de espera.
Estos centros son el de Orcasitas, en el distrito
de Usera, y el de la calle del Aguacate (Carabanchel). Ambos
dependen del hospital Doce de Octubre, que tiene asignados a 900.000
enfermos de toda la región.
"Hemos recibido órdenes verbales de nuestros
superiores para modificar las fechas y así lo hemos hecho", aseguran
las trabajadoras. Sólo cuatro se atreven a hablar, con el compromiso
de mantener su anonimato. El resto -muchas de ellas no son fijas- no
quieren hacer declaraciones.
En el caso de Orcasitas, las órdenes verbales se
materializaron en que la jefa de las administrativas colgó el martes
pasado el cartel que se reproduce en esta página: "Como muy bien
sabéis ya todas, es muy muy importante que al ir a dar una cita de
más de 40 días de demora en pacientes nuevos, hay que modificar la
fecha inicial y de indicación para que no se superen los 40 días
máximo que se nos exige".
¿Qué significa esto? Según unos documentos
internos correspondientes al programa informático de citas del
centro de Orcasitas [que tiene asignadas 115.000 personas], que si
un paciente llega, por ejemplo, el 7 de junio de 2007 a pedir que le
vea el especialista, se introduce como "fecha de indicación" y "día
inicial" una futura (15 de julio), más cercana al día en que le va a
recibir el médico (24 de julio). Este caso es real y figura en estos
documentos. Otra paciente, que llega el mismo día, es recibida con
fecha 1 de septiembre y citada el 17 del mismo mes. Un tercer caso
sería el de un hombre que llega, para el ordenador, el 15 de
noviembre. Su cita es el 29 del mismo mes.
El cartel, que se pegó en el mostrador en el que
se atiende a los pacientes, fue fotografiado por CC OO el jueves y
desapareció ese mismo día, según el sindicato. "Hemos hecho lo que
nos han ordenado por escrito: modificar las fechas", explican las
trabajadoras. La jefa que supuestamente colgó el cartel lleva varios
días de baja.
La Consejería de Sanidad contesta que es
"rotundamente falso" que los trabajadores estén siendo presionados
para cambiar las fechas y que los casos como los citados más arriba
"son pacientes que van a revisión, no son enfermos nuevos. Y éstos,
aunque vayan a pedir cita en junio, tienen que ser vistos cuando lo
dice el especialista, al que seguramente le convendrá ver al enfermo
en noviembre porque es cuando éste tendrá listas las pruebas. Los
pacientes que van a revisión no computan en el recuento de los 40
días de espera". Sin embargo, en los documentos informáticos de la
petición de cita en poder de este periódico, los tres pacientes
citados están etiquetados como "consulta nuevos".
En el escrito colgado en Orcasitas, la jefa de
las administrativas asegura que la orden de modificar las fechas
viene directamente "de la doctora Feliú" que, a su vez, cumple
órdenes del gerente del hospital. Éste, según la nota, cumpliría a
su vez lo que le han ordenado desde la Consejería de Sanidad.
"Es mentira que los planteamientos e indicaciones
plasmados en el escrito sean fruto de una instrucción de la
dirección de este hospital o de la Consejería de Sanidad", aseguró
una portavoz del hospital. "La nota en cuestión no es un documento
oficial ni institucional, y, de hecho, no incluye membrete ni
logotipo de identidad corporativa, sino tan sólo la firma de su
autora. Por este motivo, se procederá a abrir una investigación para
depurar responsabilidades y, en su caso, tomar las medidas
procedentes", afirmó.
CC OO corrobora la versión de las empleadas y
aseguró que la nota "es una prueba documental de algo que los
trabajadores de los centros de especialidades vienen denunciando
desde hace tiempo". El sindicato envió el jueves una carta a la
gerencia del hospital Doce de Octubre donde denuncia que las órdenes
dadas en la nota "es un claro caso de falsedad documental que puede
afectar incluso a las posibilidades de reclamación administrativa o
judicial de los usuarios".
Dos trabajadoras del centro de Carabanchel
explicaron que habían recibido órdenes verbales para cambiar la
fecha de la petición de pruebas diagnósticas de los pacientes. "Lo
hemos hecho hasta hace dos meses. Desde entonces no es necesario,
porque se han ido derivando a centros privados", aseguran.
CC OO afirma que también han recibido presiones
los administrativos del centro de especialidades de Pontones, que
pertenece a la misma área sanitaria. Éstos no quisieron hacer
declaraciones. En el centro de Villaverde, que también depende del
Doce de Octubre, los administrativos aseguraron desconocer el
asunto.
El objetivo es, siempre según la versión de las
trabajadoras, que en los datos del centro no aparezca nunca que ha
habido una demora superior a los 40 días entre que el enfermo pide
la cita y es atendido. Así, para la estadística, los centros
cumplirían los objetivos marcados por Esperanza Aguirre de reducir
las listas de espera.
Aguirre, se ha comprometido a reducir durante la
próxima legislatura a un máximo de 40 días la espera para recibir un
diagnóstico del médico especialista desde que visita al médico
general, y, en caso de enfermedad grave o cáncer, a un tope de 15
días.
2. COMUNIDAD: EL EJECUTIVO DE AGUIRRE INSISTE EN
DIVIDIR LA REGIÓN EN 12 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES, FRENTE A LA
ÚNICA ACTUAL
De vuelta con las circunscripciones. El portavoz
del Gobierno regional en funciones, Ignacio González, insistió en la
idea de dividir la región en 12 circunscripciones electorales, una
propuesta que ya llevó el grupo parlamentario del PP en febrero de
2005 a la Asamblea y que rechazó la oposición.
"Seguimos pensando que una circunscripción única
que ya tiene 120 escaños no se produce en ningún sitio", afirmó
González, que consideró que la división territorial es mejor,
aunque, dijo, buscarán el consenso. Para implantarla hay que
reformar la Ley Electoral. "Un colegio electoral tan amplio aleja en
exceso a los electores de sus representantes", justificó.
El borrador que planteó el PP la legislatura
pasada contemplaba dividir en distritos la región, para que cada uno
tuviera un número cerrado de diputados a elegir y los votantes
optaran por listas diferentes en cada zona. Cada candidatura tendría
de 9 a 12 diputados, según la cifra de población. La propuesta no
salió adelante por falta de acuerdo. Detrás estaba el hecho de que,
al haber más circunscripciones y, por tanto, menos diputados por
cada zona, se reduce la proporcionalidad, lo que beneficia a los
partidos mayoritarios. La oposición no es partidaria.
Andrés Rojo, portavoz adjunto del grupo
socialista, subrayó su disposición a "abordar la modernización del
marco jurídico-político de la región, con reformas en el estatuto y
el reglamento". Pero se opuso a centrar los cambios en el aspecto
electoral "como si fuera la solución a los problemas". Consideró
además que es un "intento de dejar fuera a IU", y que no cree que
sea lo más importante por hacer. "Primero habrá que valorar cómo
adaptamos el marco a lo que piden los ciudadanos", agregó. Entre sus
propuestas, adaptar el estatuto de autonomía -"para llegar tan lejos
como otras comunidades"- o fijar una figura que aúne las
instituciones (Defensor del Menor, del Paciente...) que velan por
los servicios públicos.
"No está entre las preocupaciones de los
ciudadanos y nadie va a entender que antes de mejorar su calidad de
vida empecemos a hacer cálculos electorales", zanjó la portavoz de
IU, Inés Sabanés. En su opinión, es necesario reformar el régimen
electoral "en general" e incluir más medidas de control al Gobierno
y más derechos antes que hacer "una reforma a la carta que refuerce
el bipartidismo".
3. COMUNIDAD: AGUIRRE PROMOCIONÓ UNA EMPRESA EN
CHINA Y AHORA SE VA, DEJANDO A 155 TRABAJADORES EN LA CALLE
(12/06/07)
El secretario general de CCOO-Madrid Sur, Ángel
Lancho, denunció el despido de 155 de los 175 trabajadores de la
empresa NB Cofrisa, situada en el Polígono Industrial Los Ángeles de
Getafe, debido al traslado de su producción a Shangai (China), donde
fue promocionada en 2005 por la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. En aquel viaje de Aguirre con una
delegación de empresarios encabezada por el entonces presidente de
la patronal madrileña (CEIM), Gerardo Díaz Ferrán, se firmó con el
vicepresidente de la Red Nacional de Industria y Economía de China
(CFIE), Du Jin Ling, un convenio de colaboración para el intercambio
de información y proyectos empresariales entre ambas
confederaciones. Gracias a este convenio, la empresa NB Cofrisa pudo
abrir su nueva planta de producción en China, donde ahora se
trasladará la misma.
Lancho manifestó que la empresa planteó un
proceso concursal ante el juzgado número 1 de lo mercantil por la
situación de pérdidas económicas y la falta de perspectivas de
mejora. "Dicen que para que el centro se mantenga abierto tienen que
acabar con la actividad productiva actual", señaló. De esta forma,
según CCOO, sólo se mantendrían 20 puestos de trabajo
correspondientes a la actividad comercial y de postventa. El
secretario general de CCOO-Madrid Sur aseguró que la empresa,
dedicada a la fabricación de cojinetes de fricción para automóviles,
realizó hace tiempo una importante inversión en un centro en Shangai
"y han visto que la mano de obra allí es más barata".
Por este motivo, el sindicato rechazó ahora el
Plan de viabilidad de la empresa, al entender que existe un aumento
considerable de carga de trabajo que se deriva en exclusiva hacia la
factoría asiática "buscando la competitividad en el coste de la mano
de obra en lugar de basarla en la modernización de sus líneas y en
las mejoras tecnológicas en España".
"Han abierto esa planta en China, subvencionada
por la Comunidad de Madrid, y ahora se llevan el trabajo allí y
nosotros nos quedamos sin trabajo", apuntó Lancho. Y es que en enero
de 2005, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
viajó a China para promocionar la región para atraer más turistas
chinos, "vender" Madrid 2012 y facilitar los intercambios
empresariales y comerciales entre las empresas españolas y las del
gigante asiático.
Ante esta situación, Lancho anunció que esta
semana se realizarán asambleas de trabajadores para decidir un
calendario de movilizaciones. , los trabajadores colocaron dos
pancartas protesta en el puente de la autovía de Andalucía, que han
desaparecido. "Creemos que las han quitado los del servicio de
carreteras", apuntó Lancho.
Uno de los miembros del Comité de Empresa de NB
Cofrisa, José Luis Iglesias, explicó a Europa Press que la situación
comenzó el 29 de mayo pasado, cuando la empresa les convocó en el
Hotel Praga de Madrid y les planteó un plan de viabilidad que el día
anterior ya había sido enviado al Juzgado número 1 de lo mercantil y
que rescindiría los contratos de 155 de sus 175 trabajadores.
La empresa explicó que sólo mantendría 20 puestos
de trabajo en un almacén de distribución y que cesaría su actividad
industrial en la fabricación de cojinetes, alegando que, en los
últimos años, la planta de Getafe había estado perdiendo dinero.
Estas pérdidas, documentadas con memorias y
cuentas de resultados, coincidió con la apertura en China de una
planta de la misma empresa, lo que se sospecha ha llevado hasta la
situación actual. "Es fácil dejar morir a la planta de Getafe y
concentrarse en la producción en China, cuyos costes son mucho más
rentables y la producción es más rápida", señaló Iglesias.
4. COMUNIDAD: DOS NUEVAS MUERTES ELEVAN A OCHO
LOS FALLECIDOS EN EL TAJO EN 12 DÍAS (09/06/07)
Dos nuevas muertes elevan a ocho las víctimas
mortales en accidente laboral en los últimos 12 días. El primero es
un hombre de 45 años que murió ahogado en el estanque de un campo de
golf en Valdeolmos. La segunda es un inmigrante de 32 años al que el
jueves pasado le cayó una barra en la cabeza en San Lorenzo de El
Escorial. Desde que comenzó 2007, 57 personas han muerto en el tajo
en la región, según CC OO. El hombre que murió ahogado en el campo
de golf tenía 45 años y trabajaba en el mantenimiento de la zona
deportiva El Retamar, en el municipio de Valdeolmos. Murió ahogado
en el estanque del campo, "que tiene cinco metros de profundidad y
unas paredes muy inclinadas y resbaladizas", según explicó un
portavoz de Emergencias 112.
Un compañero del fallecido aseguró que le vio por
última vez el jueves pasado a las 19.30, cuando la víctima estaba
arreglando una tubería de dicho estanque. Este trabajador regresó al
sitio dos horas después y, al no encontrar a su compañero, trató de
localizarle por el campo de golf, donde vio su vehículo aparcado.
Los responsables del campo de golf avisaron al
teléfono de emergencias 112 y a las 23.15 la Guardia Civil, los
bomberos de la Comunidad y una ambulancia llegaron al lugar. "Los
bomberos drenaron el estanque y sobre la 1.30 encontraron el cuerpo
sin vida del trabajador", afirmó un portavoz de Emergencias 112.
"Este hombre estaba empleado para una empresa
contratada por la comunidad de bienes propietaria del campo de golf.
No sabemos las causas de su muerte. Estamos pendientes de la
autopsia", agregó el responsable de Salud Laboral de CC OO en
Madrid, Carmelo Plaza. Este sindicato eleva a 57 las muertes en
accidente laboral en lo que llevamos de año en la región.
El trabajador herido el jueves pasado en San
Lorenzo de El Escorial y que falleció es un inmigrante del que lo
único que ha trascendido es el nombre de pila: Rosan. La víctima, de
Europa del este, estaba trabajando en un edificio en obras de cuatro
plantas de San Lorenzo de El Escorial cuando le cayó en la cabeza
una barra de hierro de cinco centímetros de ancho.
La barra cayó desde una grúa que pertenece a la
empresa Grúas Villalba. "No vamos a hacer declaraciones porque el
tema está bajo secreto de sumario", aseguró un responsable de la
empresa. Sin embargo, una trabajadora de la misma empresa explicó
que el conductor de la grúa, "Javi, está hecho polvo". "Pero él ya
se había bajado de la grúa cuando se desplomó la barra", aseguró la
mujer. La víctima estaba contratada por Soluciones Integrales de la
Construcción, según el sindicato CC OO. Murió por la mañana en el
hospital Doce de Octubre.
"En este accidente se han cometido graves
irregularidades en la coordinación en las empresas que participan en
la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha
constatado la Inspección de Trabajo", denunció Carmelo Plaza.
En los últimos 12 días han muerto ocho
trabajadores. El Consejo de Administración del Instituto Regional de
Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá
el próximo lunes con el consejero de Empleo y Mujer en funciones,
Juan José Güemes. Ese mismo día la consejería dará los datos
oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante los pasados
meses de abril y mayo.
El comité regional de UGT-Madrid emitió una
"resolución de urgencia ante la grave situación de la siniestralidad
laboral en la región". "En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y
hay 431 accidentes leves al día", asegura el comunicado de este
sindicato. UGT amenaza "con movilizaciones y concentraciones" y
denunciará ante la Fiscalía de Madrid "todos los accidentes mortales
en los que haya indicio de delito por parte de los empresarios
madrileños".
5. COMUNIDAD: EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CEOE, UN
ULTRALIBERAL CERCANO A ESPERANZA AGUIRRE (10/06/07)
En la batalla sucesoria del PP, la aspirante
Esperanza Aguirre se ha reforzado últimamente en sus pretensiones de
sustituir a Mariano Rajoy –si los dioses acordaran para las próximas
generales una nueva victoria de José Luís Rodríguez Zapatero-,
gracias a su buen resultado del 27-M y gracias también al aterrizaje
de Gerardo Díaz Ferrán en la cúpula de la CEOE, lo que sucedió el
otro día conforme al protocolo establecido tras la renuncia de José
María Cuevas, presidente de la patronal a lo largo de casi un cuarto
de siglo. El curriculum de Díaz Ferrán certifica sus éxitos como
empresario y su omnipresencia en el mundo de los negocios, aparte de
sus recientes cargos de máximo nivel en la Cámara de Comercio de
Madrid y en la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que
fueron el prólogo de su ascenso a la CEOE. También le acompaña, sin
embargo, una cierta leyenda negra, uno de cuyos capítulos pasaría
por el polémico affaire de la compra-venta de Aerolíneas Argentinas.
Sus cacerías con Francisco Álvarez Cascos, cuando éste era ministro
de Fomento, no son simples anécdotas. Certifican que la película La
escopeta nacional, dirigida hace muchos años por Luis G. Berlanga,
continúa siendo de actualidad.
El actual presidente de los empresarios españoles presume de
ultraliberal. Cuando tomó posesión de su nueva e importante
responsabilidad, el pasado 6 de junio, dijo públicamente: "Los
empresarios lo tenemos muy claro: la mejor forma de solucionar las
situaciones complejas es más iniciativa privada y más mercado, menos
intervencionismo y más desregulación y, desde luego, una menor
presión fiscal".
Díaz Ferrán añadió: "La mejor empresa pública es la que no existe".
Y precisó más aún: "Se tienen que privatizar todas las empresas
públicas y la gestión de todos los servicios públicos". El
liberalismo del nuevo presidente de la CEOE parece desbordante. Hace
las delicias de la mayor parte de los dirigentes del PP y entusiasma
a Esperanza Aguirre, que sueña con ser algún día la Margaret
Thatcher de España. Uno de los empresarios/mosqueteros de doña Espe
es, sin duda, Díaz Ferrán.
La doctrina de la escuela de Chicago, aun habiendo muerto Milton
Friedman –quien falleció en 2006-, continúa proyectando su potente
luz entre los neocon norteamericanos y, por supuesto, es asumida con
fervor por la FAES de José María Aznar y por Génova 13. Esta
derecha, heredera sociológica del franquismo –que entre sus demonios
familiares incluía el liberalismo y que montó el INI-, hace tiempo
que se nos ha vuelto liberal hasta las cachas.
Se trata de un liberalismo con red protectora,
férreamente colgada del Gobierno. De esta forma lo practicó Aznar,
que puso al frente de las empresas públicas –a punto de ser
privatizadas- a sus amigos, muchos de los cuales siguen en sus
puestos estratégicos. La receta de Díaz Ferrán es un cántico al
simplismo y a la demagogia. Más iniciativa privada, más mercado,
menos intervencionismo y menor presión fiscal. ¿A qué empresario le
amarga un dulce: "Haz lo que quieras y paga menos impuestos?"
El PP y singularmente Aguirre han consolidado posiciones en la
patronal, cuya influencia, desde luego, es determinante o decisiva.
Aunque niegue vinculaciones políticas, el sucesor de Cuevas ya se ha
incorporado al coro genovés que exige –como señaló Díaz Ferrán- que
"se aclare si la Oficina Económica de Moncloa intervino en la OPA de
Endesa para que no estén en entredicho los organismos reguladores,
porque esto resta credibilidad a la economía española". ¿Y por qué
no pide asimismo una investigación sobre las Aerolíneas Argentinas?
El presidente de la CEOE defiende las ideas político-económicas
sobre las que sustenta el PP su actuación. Y ya ha empezado a hablar
–respecto a Endesa- como sus amigos genoveses. El poder político
está ahora en manos de la izquierda y está fiscalizado -como en toda
democracia- por la derecha. ¿Pero por dónde circulan los poderes
fácticos? Por los carriles conservadores. Repásese el papel que
desempeña el poder religioso. Analícese con cuidado el poder
mediático hegemónico. Mírense con atención poderes como el judicial,
el militar o el funcionarial. Y dígase dónde se ubica el poder
empresarial y financiero.
6. COMUNIDAD: EL SUPREMO RATIFICA QUE GALLARDÓN
VULNERÓ EL DERECHO A LA HUELGA EN 2002 (11/06/07)
La huelga general del 20-J contra el decretazo
del Gobierno de Aznar sigue coleando cinco años después. El Tribunal
Supremo considera en una sentencia de mayo que los servicios mínimos
de la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Alberto
Ruiz-Gallardón, fueron "abusivos" y vulneraron el "derecho
constitucional" a la huelga. UGT denunció las medidas impuestas por
el Gobierno regional.
Los servicios mínimos decretados por la Comunidad
de Madrid con motivo de la huelga general del 20 de junio de 2002
vulneraron "el derecho fundamental de huelga reconocido en el
artículo 28.2 de la Constitución". Así lo ha ratificado el Tribunal
Supremo, que considera esos servicios estipulados por el Gobierno
regional "abusivos" por el "excesivo el número de trabajadores que
habían de cumplirlos", según la sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Alto Tribunal del pasado 11 de mayo.
El Gobierno regional, presidido en 2002 por
Alberto Ruiz-Gallardón, incluyó entre los servicios "esenciales"
para la jornada de huelga las emisiones de Telemadrid y la apertura
de los centros dependientes de las consejerías de las Artes,
Hacienda y Asuntos Sociales, entre otros. También añadió a la lista
diversos servicios privados, como gasolineras y universidades
particulares. Pero las razones para justificar esa decisión fueron
"inexistentes o insuficientes", según la resolución judicial. En los
días previos a la huelga, UGT presentó un recurso contra el decreto
del Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), que resolvió a favor del sindicato en marzo de 2003.
La Comunidad recurrió la sentencia ante el
Supremo, que vuelve a dar la razón al sindicato. "Esta victoria nos
sirve para plantear futuras huelgas, las administraciones deberán
ser mucho más exhaustivas a la hora de pedir y justificar los
servicios mínimos", asegura Pilar Sánchez, la abogada de UGT que ha
seguido el proceso.
"Aunque han pasado cinco años y el decreto de
Gallardón se aplicó, el fallo es importante para el futuro", añade
el secretario de organización del sindicato en Madrid, Miguel Ángel
Abejón. "Esperamos que, a partir de ahora, la Comunidad fije los
mínimos de forma razonada sin forzar la situación para intentar dar
una imagen de normalidad, de aquí no pasa nada, como intentaron ese
día".
La huelga general del 20-J fue la reacción a la
propuesta de reforma de desempleo del Gobierno presidido por José
María Aznar (PP), el llamado decretazo, con medidas que endurecían
el acceso al sistema y abarataban el despido. El pasado marzo, el
Constitucional declaró nulo el decretazo al entender que nada de lo
aprobado era urgente.
UGT reclama un "sistema de arbitraje" que permita
frenar la aplicación de servicios mínimos injustificados "antes de
que se produzca una huelga y se vulnere un derecho fundamental, en
lugar de analizarlos después", según Abejón. "Hay que evitar
actuaciones como la del Gobierno regional, que impuso sin motivo su
criterio", concluye. La Comunidad declinó pronunciarse sobre la
sentencia.
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN LLAMA
DELEGADOS A LOS CONCEJALES DE GOBIERNO (15/06/07/)
Los miembros de la Junta de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid se llamarán "delegados" y no consejeros como
había propuesto el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. El regidor
desveló , tras la reunión de la Junta de gobierno, una de las
incógnitas que más polémica había suscitado con la Comunidad de
Madrid en el inicio del nuevo mandato.
El alcalde había sugerido tras las elecciones del
pasado 27 de mayo que los cargos que tengan responsabilidad de
gobierno se llamasen "consejeros delegados", "consejeros
municipales", o simplemente "consejeros" en lugar del nombre que han
recibido durante siglos: concejales. Su idea era aunar en una misma
denominación los cargos electos y los no electos del Gobierno
municipal. En la próxima junta sólo habrá un miembro que no ha ido
en la lista electoral, Alicia Moreno, responsable de Cultura. El
resto, ocho concejales, figuraban en la candidatura de
Ruiz-Gallardón.
La propuesta que hizo el regidor se topó con la
oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre. Alegaba que tal denominación podría confundir a los
ciudadanos, porque los miembros de su equipo de gobierno son ya
consejeros. Miembros no electos El alcalde argumentó que "el nombre
de delegados cumple a la vez las condiciones de diferenciar a los
miembros del Ejecutivo municipal de los del Legislativo -los
concejales que componen el pleno- y de este modo también se evita la
confusión" con los consejeros regionales.
Poco después del anuncio de la nueva
nomenclatura, el vicepresidente regional en funciones, Ignacio
González, declaró que la denominación de "delegados" le parece
"entendible porque no genera confusión", pero que lo "mejor sería
llamarles concejales". El nuevo nombre de los concejales es un paso
más en el proceso de reducir las competencias del pleno del
Ayuntamiento, que siempre aunó los poderes legislativos y
ejecutivos. Un sistema que se diferenciaba de la Comunidad de
Madrid, donde la Asamblea sólo tiene competencias legislativas y el
Gobierno regional, las ejecutivas.
Desde que Ruiz-Gallardón llegó al Ayuntamiento,
en 2003, ha ido vaciando de competencias al pleno, que ha absorbido
la Junta de gobierno. Un ejemplo es el proceso de ejecución del
gasto, que antes se debatía en el pleno. Las adjudicaciones de
concursos y proyectos recaen ahora en el equipo de gobierno, que
también controla todo el procedimiento urbanístico. Al pleno sólo le
corresponde la aprobación definitiva de los planes. En definitiva,
la junta propone y elabora los proyectos y el pleno los aprueba.
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN HACE MÉRITOS
COMO NÚMERO DOS (11/06/07)
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha
mostrado su faz más intransigente con Zapatero, al que considera
"irresponsable" y "no ingenuo" por negociar con ETA. En una
entrevista que publica El Mundo, Gallardón se une al coro
popular para que el presidente del Gobierno "rectifique" y
convoque el Pacto antiterrorista, justo en el mismo día en el que
Rajoy ha ofrecido colaboración a Zapatero sin "reproches" ni
"condiciones" para la derrota de ETA. Esta cercanía al núcleo duro
del PP, con Acebes y Zaplana a la cabeza, le lleva también a decir
que en el partido "no sobra nadie" y que ellos son también
"elementos positivos para ayudar a Rajoy".
Gallardón ha sido objeto de críticas furibundas
por parte de Jiménez Losantos y la derecha más reaccionaria por su
aparente postura más moderada y por decisiones como no boicotear a
medios del Grupo Prisa. El alcalde madrileño también está en el
punto de mira de muchos de sus compañeros por su ambición política,
que no oculta, y que ha desatado recientemente una polémica guerra
interna.
Según una encuesta de Ipsos para Expansión, un 48 por ciento
de los españoles cree que si Gallardón se presentara con Mariano
Rajoy a las Elecciones Generales de 2008, el PP ganaría los
comicios. Sin embargo es destacable que sólo a un 37 por ciento le
gustaría que esto ocurriera, frente a un 41 por ciento que desearía
la victoria del PSOE en el caso en el que Gallardón acompañara a
Rajoy.
Consciente de las críticas que genera su discurso más moderado
Gallardón ha decidido romper la baraja en la entrevista concedida a
El Mundo y secundar las tesis más duras de su partido.
Aseguró que el PSOE "está ahora más interesado en imputar
responsabilidades al PP o en eludir consecuencias electorales que en
hacer una auténtica rectificación".
En este discurso cae en la contradicción. Si por un lado mantiene
que "el terror no puede de ninguna manera, haga lo que haga,
condicionar ni calendarios electorales ni mucho menos resultados
electorales", por otro asegura que "España necesita urgentemente
iniciar un nuevo ciclo, porque todo lo que sea prorrogar
agónicamente una legislatura cuyos objetivos fundamentales han
fracasado, no sólo sería malo, casi letal para Zapatero y para el
PSOE, sino que sería malo para España".
Acusa a Zapatero de incumplir "el mandato parlamentario que le
obligaba a verificar que habían un cese de la violencia. Le achaca
la responsabilidad del fracaso de Miguel Sebastián en las elecciones
municipales. Sobre su rival, acusado de recurrir al ataque personal
por preguntar a Gallardón acerca de su relación con una imputada en
el caso Malaya, afirma que "no le habitan los rencores" y añade que
"es un hombre que se definió en la campaña electoral, y esa
definición le acompañará toda la vida".
No tuvo reparos en reconocer que "desde hace tres años" tiene un
doble objetivo, ganar en Madrid y "ayudar en todo lo que pueda a que
Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno". Negó que la
haya pedido a Rajoy "ir en un número de una lista", y adelantó que
"cualquier cosa que me pida la haré". Frente a las críticas de
compañeros de partido como la presidente regional, Esperanza
Aguirre, y sobre todo en referencia a Acebes y Zaplana, Gallardón se
mostró discreto. Aseguró que "todos los compañeros del partido son
elementos positivos para ayudar a Rajoy, no sobra nadie".
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA OBRA NO TAN
PERFECTA (11/06/07)
El proyecto estrella del gobierno del alcalde
Ruiz-Gallardón tiene sus grietas. La reforma de la M-30, concluida
oficialmente el pasado 8 de mayo, no sólo ha sufrido inundaciones y
atascos. Entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, Trabajo paró tres
veces la obra faraónica por falta de seguridad. En el eje de Sor
Ángela de la Cruz, los inspectores denunciaron dos veces seguidas
riesgo de caída. En el puente de Praga detectaron "fallos" en la
soldadura de una salida de emergencia. Cinco inspectores hicieron 50
visitas y elaboraron un informe con 73 infracciones. En 17 casos,
por aplicar jornadas laborales abusivas. El Ayuntamiento, que
aseguró en noviembre que hay "pocas obras tan seguras" como la
reforma de la M-30, no quiso valorar el documento.
Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo
sobre la reforma de la M-30, con datos recogidos entre diciembre de
2006 y marzo de 2007, es tajante: 50 visitas, 73 infracciones y tres
paralizaciones de obra en cuatro meses. El organismo, cuyo
organigrama depende del Ministerio de Trabajo pero incluye personal
de la Comunidad de Madrid, reforzó la vigilancia en la última fase
del proyecto faraónico del gobierno local de Alberto Ruiz-Gallardón.
Una reforma colosal de más de 30 meses de duración, con 55
kilómetros nuevos de túneles entre vías principales y accesos y
3.508 millones de € de presupuesto, según los responsables
municipales, frente a los 2.500 previstos al inicio.
Trabajo destinó a los tajos de la M-30 a cinco de
los 21 inspectores de la construcción. Era la fase "más crítica" de
la obra, según admitió el jueves el director territorial de la
Inspección, Vicente Mora, que firma el informe. La más crítica por
la convivencia de 4.500 trabajadores diarios de "contratas y
subcontratas", que "incrementaban el riesgo de siniestros". La más
crítica por "las prisas" por acabar antes de las elecciones del 27
de mayo.
La Inspección de Trabajo paralizó tres tramos por
"sanciones muy graves". El 20 de diciembre, Trabajo detuvo el
soterramiento de la M-30 entre el puente de Praga y el Nudo Sur, por
"fallos en la soldadura eléctrica de una salida de emergencia" e
"inundación parcial" en la calzada interior. Un mes después, el 26
de enero, la sanción afectó al eje de Sor Ángela de la Cruz, un
tramo de 1,8 kilómetros de longitud, por riesgo "grave e inminente"
de caída. Ese mismo tramo del distrito de Tetuán se volvió a parar
por el mismo motivo y el mismo mes, sin que la Inspección haya
facilitado una fecha concreta.
Las multas por sanciones muy graves pueden
oscilar entre 30.000 y 100 millones de €, según el director de la
Inspección, pero las irregularidades no quedan ahí. El informe alude
a otras 73 infracciones. El responsable de la Inspección explica que
"por motivos muy variados": accesos inseguros, falta de protección
contra las caídas, tajos sin redes de seguridad ni barandillas de
protección, así como falta de líneas de vida, el cable al que se
agarra el arnés. Respecto a la maquinaria, los inspectores alertaron
de falta de avisadores luminosos o sonoros y de sierras circulares,
mesas de corte y taludes "sin protección".
El informe de Trabajo se detiene en otro aspecto
que ha provocado las principales críticas de los sindicatos y la
oposición durante las obras: las largas jornadas laborales. Trabajo
propone 17 sanciones. "Ha habido ritmos excesivamente acelerados y
eso provoca mayor fatiga del trabajador", añade Mora. Uno de cada
cuatro accidentes laborales registrados en la M-30 se deben al
sobreesfuerzo, según datos oficiales. Nueve personas han muerto en
los tajos de la nueva circunvalación desde 2004.
La Inspección no actuó por sorpresa en la última
fase oficial de las obras. Anunció en noviembre que visitaría cada
semana la M-30 para prevenir accidentes. Ruiz-Gallardón replicó
entonces que existían "pocas obras tan seguras" como su reforma
estrella. Cuatro meses después, el Ayuntamiento no quiere valorar el
documento. "Acatamos su contenido, pero las sanciones afectan a las
contratistas", aseguró el viernes una portavoz municipal.
La rotura de una tubería obligó a cortar durante
dos horas un túnel y desviar el tráfico por el by-pass sur el pasado
sábado. No era la primera vez. Los nuevos túneles han sufrido, al
menos, cuatro inundaciones desde su apertura.
El informe de marzo de 2007 tampoco es el primer
tirón de orejas de la Inspección. En septiembre de 2005, Trabajo
visitó varios tramos por las denuncias de los sindicatos relativas a
la presencia de trabajadores sin contrato -no constató ningún caso-
y a la actividad de fin de semana. El convenio laboral del sector
prohíbe trabajar sábados, domingos o festivos, salvo acuerdo expreso
con los representantes sindicales. Se confirmaron 19 actas de
infracción. Trabajo señaló entonces que las multas no iban contra el
Ayuntamiento, sino contra las contratas y subcontratas de la obra.
Los sindicatos replicaron que si las empresas habían establecido
esos ritmos era porque estaban "presionadas" por el gobierno local
para terminar antes de las elecciones la obra emblemática de
Ruiz-Gallardón. El aviso a navegantes de Trabajo no surtió efecto,
los tajos siguieron llenos de gente los fines de semana. Después de
la llamada de atención de la Inspección, un obrero perdió la vida un
sábado y otro murió de noche y en festivo. Poco después de las once
y media de la noche del pasado Miércoles Santo, 10 toneladas de
hormigón sepultaron a José Luis Morales Romero, de 51 años.
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA NUEVA M-30 TAMBIÉN
DUERME (12/06/07)
Los nuevos túneles de la M-30, el proyecto que el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se había comprometido a
terminar antes de que acabara la pasada legislatura, y que ha
inaugurado antes de las elecciones, no funcionan por la noche.
Operarios de la empresa Emesa, sociedad que se encarga del
mantenimiento de la nueva M-30, cierran los túneles todos los días
entre semana a partir de las 23.00 y algo más tarde los fines de
semana.
Los conductores que intentan tomarlos se
encuentran por sorpresa con una hilera de conos que impiden el
acceso. Los luminosos no advierten de los cortes y los usuarios se
desconciertan porque desconocen las rutas alternativas. "Cuando
conduzco por la noche paso. Me meto por el centro. Es un lío",
cuenta José García, un conductor que utiliza habitualmente el
subterráneo a la altura de la avenida de Portugal.
El pasado martes, el acceso al túnel que discurre
entre Conde de Casal y el estadio Vicente Calderón estaba ocupado
por varias decenas de conos. Ningún cartel y ninguna información
alertaba de la restricción. Los conductores debían adentrarse por la
ciudad para sortear el corte en la nueva vía.
El Ayuntamiento reconoce que corta los nuevos
túneles para realizar operaciones de "mantenimiento y conservación".
Manolo Arnaiz, responsables de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Madrid, explicó que la vía ya ha recuperado el tránsito que tenía
antes de las obras. "El haber abierto la M-30 por tramos ha
provocado que algunas zonas se hayan desgastado más de lo normal.
Pintura, iluminación...". El soterramiento de cerca de 20 kilómetros
de la principal vía de circunvalación de la ciudad se ha realizado
en tiempo récord. Apenas dos años y medio. "Algunas cosas no
funcionan como esperábamos", reconoce Arnaiz, quien señala que "el
sistema de detección de incidencias de los túneles, con sensores
cada 200 metros, da errores continuamente. Los operarios van por la
mañana y comprueban que no ocurre nada y por la noche regresan para
ver qué ha provocado el error". Además, el responsable municipal
precisa que algunos tramos se cierran para realizar tareas de
formación y entrenamiento de los equipos que trabajan en la M-30. La
infraestructura cuenta con sistemas muy complejos que requieren un
aprendizaje", añade.
Según Arnaiz, los cierres de los túneles por la
noche se pueden prolongar hasta finales de julio. "Luego habrá
cortes esporádicos", avisa. Y agrega: "Siempre se ha producido el
cierre en algún carril de la vía".
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ECOLOGISTAS DENUNCIAN
QUE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y DE AGUA NO FUNCIONAN (12/06/07)
La plataforma M-30, no + coches, integrada
por 40 asociaciones vecinales, ecologistas, los sindicatos UGT y CC
OO, PSOE e IU, denunció que los sistemas de emergencia de la nueva
circunvalación no funcionan. Miembros del colectivo han tenido
acceso a informaciones que, según indicó un portavoz, les han
facilitado trabajadores de las obras de reforma de la M-30. Según
sus datos, del 7 de junio de 2007, no funciona ninguna de las 431
bocas de incendios instaladas, ni las cuatro centralitas de
detección de incendios, los 46 ventiladores o las 26 salidas de
emergencias instaladas. Sólo están en marcha 20 de los 65 semáforos,
según el citado documento.
La plataforma entiende que estas anomalías son
"impensables en una sociedad moderna" y representan una prueba más
de la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento, que "con tanto autobombo
como apresuramiento inauguró los túneles".
Este periódico intentó sin éxito recabar la
valoración del Ayuntamiento. Las dos empresas que aparecen citadas
en el informe (SICE y Dragados) declinaron hacer declaraciones.
12. CASO FUNERARIA: LOS BENEFICIOS DE LA
FUNERARIA MUNICIPAL CAEN UN 86% EN CINCO AÑOS (12/06/07)
La Empresa Mixta de Servicios Funerarios ha
reducido sus beneficios un 86% desde 2002. Ese año logró unos
resultados de 9,07 millones de €. Cinco años después, en 2006, tan
sólo obtuvo 1,2 millones. Además, los responsables de la sociedad
han acordado distribuir un dividendo de 2,7 millones de €, superior
al resultado neto obtenido por la Empresa Mixta en 2006.
La concejal socialista responsable de Economía y
Hacienda, Isabel Vilallonga, denunció la situación financiera de la
sociedad. "Los datos muestran la deriva imparable de la empresa. Los
directivos no se dan cuenta de la grave situación hacia la que se
aboca la sociedad. Sospechamos que el Ayuntamiento trata de conducir
a la sociedad ante una nueva versión del proceso de privatización de
la Funeraria, de 1992, y que tan buenos resultados proporcionó a sus
gestores", señaló Vilallonga. El Ayuntamiento no quiso hacer
declaraciones sobre estas acusaciones, pero recordó que la gestión
ya no es municipal desde hace 15 años.
El gerente de la funeraria, Juan Antonio
Valdivia, explicó que el descenso de los ingresos en los últimos
años se debe a un descenso de la mortandad, que ya estaba prevista
en las estimaciones estadísticas. "Como consecuencia de la Guerra
Civil, el grupo de población de más edad ha descendido. A partir de
2011 se apreciará una normalización", precisó Valdivia. "Además",
añade, "ahora estamos en régimen de competencia, y 1.000 muertes
menos, como ocurrió el año pasado, se notan".
La empresa funeraria está participada por el
Ayuntamiento de Madrid, que mantiene la mayoría de las acciones
(51%) y la sociedad privada Funespaña (49%). La Empresa Mixta de
Servicios Funerarios da nombre a uno de los casos más polémicos del
Ayuntamiento de Madrid. El caso funeraria saltó a los medios
en 1992 cuando los grupos de la oposición del Ayuntamiento de
Madrid, gobernado entonces por el alcalde José María Álvarez del
Manzano, denunciaron que el Consistorio había malvendido una
participación de la empresa por 100 pesetas (0,6) €. Según
declararon entonces los responsables municipales, la empresa estaba
casi en quiebra.
Hace 15 años todos los enterramientos de la
capital se hacían a través de la empresa municipal. Era un
monopolio. Los socialistas no entendían cómo podía ser deficitaria.
Unos meses más tarde, el Ayuntamiento liberó a la empresa de la
abultada deuda que soportaba y pasó a ganar más de seis millones de
€ (1.000 millones de pesetas).
El PSOE e IU en el Ayuntamiento denunciaron ante
los tribunales a los responsables municipales que favorecieron la
privatización, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno,
acusados de presunta privatización irregular. La semana pasada
comenzó el juicio en la Audiencia Provincial tras 15 años de
retrasos.
13. CASO FUNERARIA: "UNA VEZ QUE TERMINÉ MI
TRABAJO, YA NO SÉ LO QUÉ OCURRIÓ" (13/06/07)
Lagunas mentales y elusión de responsabilidades.
Es el mejor resumen de la declaración de Antonio Moreno, ex concejal
de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, en el juicio por la
presunta privatización irregular de la funeraria municipal en 1992.
Según aseguró el ex edil, su concejalía se limitó a la redacción del
Pliego de Condiciones de la venta del 49% de la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid.
El departamento de Moreno fue el que estableció
los requisitos que tenían que cumplir las empresas que aspirasen a
hacerse con la empresa pública. La venta se completó finalmente por
tan sólo 0,60 €, que pagó la sociedad Funespaña al consistorio. Ésta
era una de las tres empresas que llegaron, supuestamente, a tener
alguna opción de ganar el concurso. Aunque en la práctica, según las
acusaciones, no fue así.
"Mi preocupación era el pliego de condiciones.
Una vez que terminé mi trabajo, yo ya no sé lo que ocurrió en
adelante", manifestó Moreno. Dicho eso, podría deducirse que, al
menos, Moreno podría detallar ese documento. Pero tampoco. "Ni idea,
lo hicieron los funcionarios. Yo no tengo ni idea, no soy jurídico,
no intervine, eran el director de servicios y el de departamento los
que lo redactaron", se excusó.
Por tanto, según su testimonio, él no supo de qué
iba el pliego y se limitó a firmar su aprobación, confiando
ciegamente en sus técnicos. "Fuimos escrupulosos. La escrupulosidad
la tenemos en todo", subrayó.
Moreno que se enfrenta a una pena de seis años de
cárcel y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación, otro
de malversación y otro de alteración de precios, es uno de los tres
concejales del PP acusados de haber malvendido la funeraria. Los
otros dos son: Luis María Huete, primer teniente de alcalde de
Madrid; y Simón Viñals, ex edil de Sanidad. Ambos ya declararon la
semana pasada en la Audiencia Provincial, además de José Ignacio
Rodrigo, ex asesor contratado por el Ayuntamiento para valorar el
estado de la funeraria municipal.
Según explicó Moreno, él pasó el pliego a Sanidad
"porque era su competencia". El fiscal le preguntó por qué su
concejalía no estudió las ofertas, además de elaborar el pliego, a
lo que Moreno respondió: "Porque no era mi competencia". Preguntado
por cómo se estableció el precio de venta (0,60 €), Moreno aseguró
desconocerlo. La privatización, decidida en un pleno municipal de
diciembre de 1992 se hizo con "urgencia". Fue así "porque se nos
echaba diciembre encima y la funeraria estaba en unas condiciones
desastrosas como consecuencia de los anteriores gestores", señaló
Moreno.
También declaró Juan Antonio Valdivia, otro de
los acusados, socio constituyente de Funespaña y máximo
representante de la empresa cuando ésta se hizo con el 49% de la
funeraria municipal. Según aseguró de manera bastante vehemente
-tanto que el juez tuvo que llamarle la atención para que rebajara
su tono exigente-, él se enteró de la venta de la Empresa Mixta "por
la prensa". Y luego, reconoció, sí hubo contactos previos al
concurso con el Ayuntamiento. Según defendió, fueron unas
conversaciones normales que realizó el consistorio para asegurarse
"no llegar al fracaso" a la hora de privatizar la funeraria. Moreno
se enfrenta a 19 años de prisión como cooperador necesario del
delito de prevaricación y malversación.
14. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR: EL ALCALDE CESA AL
CONCEJAL DE HACIENDA POR "USURPACIÓN DE FUNCIONES" (09/06/07)
El alcalde en funciones de Galapagar, José Luis
González, del PP dio cuenta durante el Pleno extraordinario del
viernes, del cese de su cargo al concejal de Hacienda, Fernando
Arias, al tiempo que le comunicó la apertura de un expediente por
presunta "usurpación de funciones", al haber firmado un proyecto de
urbanización que le correspondería haber suscrito al primer edil.
Asimismo, el regidor confirmó la retirada de competencias al citado
concejal, que también representaba el cargo de primer teniente de
Alcaldía y concejal de Economía, Régimen Interior y Contratación.
Al parecer, el documento firmado por Arias es la
orden de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCAM) del acuerdo de la Junta de Gobierno de Galapagar, que aprobó
definitivamente el proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución San Gregorio. El acuerdo fue adoptado
por la Junta de Gobierno de Galapagar el 20 de abril, y debería
haber sido enviado a la Comunidad con la rúbrica del regidor. Sin
embargo, y según confirmaron a Europa Press tanto González como
Arias, fue mandado publicar por éste último el 16 de mayo para
posteriormente ser incluido en el BOCAM el 30 de mayo.
Por ello, el decreto emitido por González, al que
ha tenido acceso Europa Press, dispone que Arias "no tiene ni ha
tenido nunca facultades delegadas de la Alcaldía en el ámbito del
Urbanismo" y que "es claro que ha sido quebrantado el principio de
confianza que debe presidir las relaciones entre delegante y
delegado". Además, el regidor señaló que lo que le
"extraña" son "las prisas con las que firmó Arias el documento. Si
el documento en cuestión tendría que haber sido remitido a la
Comunidad en un plazo de 10 días y no se hizo así, Arias lo debería
haber comunicado para remitirlo con mi firma".
"Es la primera vez que ocurre algo así. Yo
siempre he firmado todos los documentos que me correspondían como
alcalde. Para mí ha sido una sorpresa que Fernando Arias haya
firmado. Hasta la fecha, no nunca me he negado a firmar un
documento", puntualizó el edil. Sin embargo, Arias contradijo estas
afirmaciones y achacó la decisión adoptada por el alcalde a una
"rabieta" por no haber sido designado candidato por el PP a la
Alcaldía. Asimismo, Arias señaló que, dentro de los diez días
hábiles desde que se adoptara el acuerdo de la Junta de Gobierno,
"no se había notificado esta decisión a la Comunidad".
"Me llamaron desde los servicios técnicos para
informarme de esta situación, como primer teniente de alcalde, por
lo que se firma, como he firmado otros documentos que se envían al
Boletín, pero es un mero trámite administrativo, puro y duro",
recalcó. Sobre el motivo por el que el alcalde no firmó el documento
dijo que "lo tiene todo atascado desde decidieron que no fuera el
candidato", por lo que acusó al regidor de "dejación de funciones".
Finalmente, aseguró que "en las alegaciones que presente contra el
decreto del alcalde figurará esto".
