1. AGUIRRE CAMBIA EL MODO DE REPARTO DE SENADORES
Y DEJA A IU SIN NINGUNO
2. EL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ HACE 15 AÑOS EL
REPARTO DE SENADORES QUE AHORA IMPONE EL PP
3. EN LEGANÉS NO HABÍA CASO
4. PUNTO FINAL EN LEGANÉS
5. DESBANDADA EN LA ESCUELA PÚBLICA
6.205 ALUMNOS, 5 ESPAÑOLES
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN MULTIPLICA
LA DEUDA POR CINCO EN SU PRIMER MANDATO, HASTA 5.800 MILLONES
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS
LLEGAN A LOS TRIBUNALES
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA ADJUDICACIÓN
POLÉMICA
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO
ACAPARA DOS CARGOS PRIVADOS Y UNO PÚBLICO
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO
CONSTRUYE TRES GARAJES DE FORMA IRREGULAR, SEGÚN UNA SENTENCIA
12. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS: LA ALCALDESA D DEL
PP PIERDE SU PRIMERA PROPUESTA AL PLENO
13. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES EL ALCALDE DE
ALCOBENDAS CREE QUE LA CARRERA DEL ORGULLO ES INNECESARIA
14. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EL ALCALDE
POPULAR DE TORRELODONES RECTIFICA Y NO SE SUBE EL SUELDO
1. AGUIRRE CAMBIA EL MODO DE REPARTO DE
SENADORES Y DEJA A IU SIN NINGUNO (26/06/07)
IU ya no tiene representación en el Senado. El
único representante que tenía hasta ahora la coalición en la Cámara
alta lo recibía gracias a la designación por vía autonómica y lo
obtenía a través de los votos de la Comunidad de Madrid. Pero , el
grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid decidió
modificar por sorpresa el sistema de reparto de senadores entre los
grupos parlamentarios y dejó fuera a la coalición de izquierdas. El
portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, justificó su
decisión en que el reparto de mayorías en el Senado está muy
ajustado.
El Senado tiene 259 escaños, de los que 51 son de
designación autonómica según la población de cada región. Por eso,
en las elecciones del 27 de mayo también se renovaron 30 de esos
representantes (los que corresponden a las 13 comunidades donde hubo
elecciones). Madrid elige a seis de ellos.
En sus dos primeras legislaturas, la Asamblea de
Madrid utilizó el sistema D'Hont, que reparte los senadores en
función de la representación alcanzada en Madrid y favorece al grupo
más votado. Pero, en 1991, la Mesa de la Asamblea comenzó a utilizar
el sistema proporcional puro que, en la práctica, otorga senadores a
todos los partidos con representación. , el PP volvió a utilizar el
sistema D'Hont, lo que da cuatro senadores a los populares y dos al
PSOE.
2. EL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ HACE 15 AÑOS EL
REPARTO DE SENADORES QUE AHORA IMPONE EL PP (27/06/07)
El Tribunal Constitucional ya dictaminó hace 15
años que el sistema proporcional puro que la Mesa de la Asamblea de
Madrid utiliza desde hace cuatro legislaturas para repartir los
senadores que corresponden a la región es el "adecuado" y mejor que
el que ahora ha impuesto el PP. Los populares han decidido
unilateralmente sustituirlo por el sistema D'Hondt, fórmula que
otorga cuatro senadores al PP y dos al PSOE, pero deja a IU sin
ninguno. La portavoz de IU, Inés Sabanés, recurrirá en amparo la
decisión.
Recién cumplidas sus dos primeras semanas como
portavoz del grupo de IU en la Asamblea regional, Inés Sabanés está
ya inmersa en una batalla política contra el PP. Ahora la liza es
entorno a uno de los seis senadores que corresponde elegir a la
Asamblea, según la población de la región.
El portavoz popular, Antonio Beteta, anunció el
pasado lunes en la Mesa el cambio de criterio: en lugar de repartir
los senadores con el sistema proporcional puro (que otorga escaños
en el Senado a todos los partidos con representación en la Cámara
regional) utilizarán la ley D'Hondt (que favorece a los grupos
mayoritarios).
Sabanés presentó un recurso de reconsideración a
la Mesa de la Asamblea. Su intención era que este órgano regrese al
sistema de reparto de los últimos 16 años, porque en caso contrario
supone una "desviación de la exigencia legal de obtener la máxima
proporcionalidad que suponga la mayor pluralidad en la
representación de la Asamblea". Además, se acogerá al artículo 49
del Reglamento de la Cámara regional, que permite que, hasta que la
Mesa tome una decisión y la comunique en una resolución motivada, se
suspenda la tramitación del acuerdo impugnado. Éste debería ser
aprobado en el Pleno de mañana por la tarde.
Todo hace prever que la Mesa, denegará a Sabanés
su petición. Así se lo han hecho saber a la portavoz de IU desde el
PP, que además presentó al registro de la Cámara sus cuatro
senadores. Beteta aseguró el que ceder un senador a IU afecta a "la
gobernabilidad del país", puesto que en dicha Cámara un sólo escaño
puede decidir votaciones. El PP justificó su decisión en otra
sentencia del Constitucional, aunque referida en este caso a
Extremadura, en la que dio por bueno el uso de la ley D'Hondt para
elegir a los senadores.
En el caso de que la Mesa rechace su petición, IU
acudirá al Constitucional. El argumento que utilizará Sabanés para
reclamar el amparo es que la decisión de la Mesa habría vulnerado el
derecho fundamental de los diputados de IU a acceder en condiciones
de igualdad a los cargos públicos. Este derecho está recogido en el
artículo 23.2 de la Constitución.
En su petición, utilizará la siguiente indicación
de la sentencia: "La regla D'Hondt opera precisamente como
correctivo de la regla de proporcionalidad pura, y como tal es una
modulación de la regla de proporcionalidad". Por tanto, concluye el
tribunal, "no puede ser objeto de aplicación extensiva" cuando, como
ocurre en el reglamento de la Asamblea de Madrid, la norma sólo se
refiere a la regla de la proporcionalidad de manera genérica.
Mientras tanto, Sabanés anunció que tomará
"medidas en las relaciones institucionales" con el PP, puesto que su
grupo parlamentario se siente agredido por la forma unilateral con
la que los populares han llevado a cabo el cambio.
3. EN LEGANÉS NO HABÍA CASO (23/06/07)
Una denuncia anónima decía que en el hospital
Severo Ochoa de Leganés (Madrid) se habían podido practicar 400
eutanasias mediante sedaciones indebidas o irregulares a enfermos
terminales. Eso sirvió al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel
Lamela (PP), para elevar a los tribunales un asunto que ha tenido
soliviantados a enfermos y sanitarios de este hospital madrileño
desde 2005. Tras dos años, el juez ha archivado el caso.
El Derecho Penal exige "certezas más allá de las
presunciones", señala el juez Rafael Rosel en el auto en el que
ordena archivar las diligencias. "Se ha practicado mal la Medicina,
pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", destaca.
Y asegura que no ha encontrado elementos para determinar si los
fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad
inicial". El juez sostiene que "varios pacientes han muerto tras
mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque no hay pruebas
de que ello se deba "exclusivamente a los fármacos prescritos por
los doctores".
El caso de las sedaciones de Leganés ha suscitado
un gran debate. Desde sectores conservadores se jaleaba la denuncia
como un intento de frenar tendencias partidarias de la eutanasia.
Tendencias que algunos veían en un grupo de médicos de Leganés a los
que se tildaba de "rojos" y "progres". Desde otros sectores, en
cambio, se consideró una ligereza que un organismo oficial como la
Consejería de Sanidad de Madrid denunciase y airease sin fundamento
un asunto que podía frenar a muchos médicos a la hora de aplicar la
sedación a enfermos agónicos.
En 2005, Lamela habló con el fiscal jefe de
Madrid, Manuel Moix, y le comentó que le iba a elevar la denuncia
anónima que le habían hecho llegar. Tras el aviso de Lamela, Moix
pidió los historiales de los casos de posibles homicidios. La criba
llegó rápido. Concluyó que sólo 13 de ellos eran susceptibles de ser
investigados en la vía penal. Para asesorarse, reclamó un dictamen a
expertos de la Clínica Medico Forense de los juzgados de Madrid. Los
peritos dictaminaron que no cabía establecer una relación entre la
sedación aplicada y los fallecimientos de esos 13 enfermos, todos
ellos terminales.
Cuando los fiscales iban a archivar el asunto, el
ex consejero de Sanidad dio otra vuelta de tuerca y presentó una
denuncia dando cuenta de sedaciones irregulares en 73 de los 400
casos iniciales. La idea era arrebatarle el caso a la fiscalía. Lo
logró, y también que la fiscalía se abstuviese de acordar el archivo
de las pesquisas.
Fue entonces cuando el juez, Rafael Rosel, del
Juzgado de Instrucción 7 de Leganés, se hizo cargo del asunto. Rosel
encomendó al Colegio de Médicos de Madrid que eligiera a un grupo de
expertos para que analizase esos 73 casos. La elección de los
expertos cosechó críticas por las tendencias conservadoras de
algunos de ellos. Los expertos detectaron 34 casos de supuesta
mala práctica médica por sedaciones indebidas, excesivas o
contraindicadas. Explica el juez al respecto: "Se sedó terminalmente
a cuatro pacientes (...) que contaban con posibilidad de serles
ofrecido tratamiento médico".
Según el juez, en otros 11 casos de enfermos,
todos ellos terminales, las sedaciones fueron aplicadas "de tal
manera y con tales dosis que sugirieron una posible relación directa
con su muerte o, cuando menos, una contribución muy notable al
acortamiento de la vida".
El juez también ve que a una veintena de
pacientes se les aplicó sedación pese a encontrarse éstos en coma
profundo, "lo que constituye una mala práctica médica", señala en el
auto. Por este motivo, el juez citó como imputados a los médicos del
servicio de Urgencias, entre ellos, Luis Montes.
Con este criterio, el juez asume las conclusiones
del peritaje del Colegio de Médicos de Madrid y de otro informe
hecho por una comisión nombrada a dedo por Lamela: que el
tratamiento era innecesario, no se registró en la historia clínica
y, sobre todo, que las dosis de calmantes eran excesivas. Los
expertos en cuidados paliativos rebaten este punto, ya que no hay
una dosis de calmante máxima fijada en ningún protocolo ni, mucho
menos, en una ley.
Concluidos los interrogatorios y demás pesquisas,
el juez ha decidido archivar las diligencias "al no resultar
debidamente justificada la perpetración de delito" ni hay "elementos
para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes
de sus pacientes tras las sedaciones". El juez deja claro en su auto
que, "por más confusión que se haya querido generar por parte de
algunos", lo que él ha juzgado no es el hecho de si se debe sedar o
no a un paciente terminal, ni la forma de proceder de los médicos de
Leganés.
4. PUNTO FINAL EN LEGANÉS (23/06/07)
El triste y famoso caso Leganés sobre
presuntas irregularidades descubiertas a través de una denuncia
anónima en la sedación de enfermos terminales en el hospital público
Severo Ochoa de esa localidad madrileña fue definitivamente
archivado. Nada menos que más de dos años después de que estallara
un escándalo que causó gravísimo daño al buen nombre de ese centro
hospitalario y a su cúpula clínica, con el jefe del servicio de
Urgencias a la cabeza, el doctor Luis Montes, destituida
fulminantemente por el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Manuel Lamela, sin esperar siquiera a completar la
investigación de una serie de actuaciones que se remontan a 2003. El
juez ha sobreseído el caso y ha excluido que hubiera
responsabilidades penales de los ocho facultativos imputados, pese a
que en el auto se afirma que pudo haber malas prácticas en las
sedaciones de al menos cuatro pacientes terminales, pero que no hay
elementos de conexión con su muerte.
Lo mejor del fallo judicial es, ante todo, que se
pone punto final a una situación en la que se mezclaron intereses
políticos, se manipuló en ocasiones con informes y contrainformes a
los medios de comunicación y en la que imprudentemente se transformó
el hospital en una especie de plaza pública y de juicio sumarísimo
contra médicos de intachable reputación profesional como el doctor
Montes, respaldado por los trabajadores del centro y que confiesa
que se ha hecho un daño irreparable. La conducta de Lamela, titular
de la cartera autonómica de Transportes, dejó bastante que desear en
tanto que el entonces consejero de Sanidad creó gran alarma social
al tomar la decisión de destituir a la cúpula directiva del hospital
tras hacerse eco de una denuncia anónima sobre "una práctica de
eutanasia masiva" con hasta 400 supuestos casos de homicidio. Todo
ello dio pie a las dudas y sospechas sobre la conducta del doctor
Montes y a la proliferación de una serie de investigaciones abiertas
a instancias del Gobierno autónomo, que en lugar de esclarecer los
hechos arrojaban más confusión y ponían en tela de juicio el
prestigio de la medicina.
Archivado el caso del Severo Ochoa, es momento
para reiterar la necesidad de desarrollar al máximo en España los
cuidados paliativos, todavía en pañales en bastantes comunidades
autónomas y en las que el Ministerio de Sanidad no tiene competencia
al respecto. Resulta absurdo e injusto que con los avances médicos,
la mitad de las personas que mueren cada año en nuestro país tenga
que sufrir un proceso de dolorosa agonía sin poder recurrir a una
buena muerte gracias a los cuidados paliativos, que nada tienen que
ver con la eutanasia y que son legales. Jalear, como se hizo en
Leganés, que el doctor Montes y sus colaboradores practicaban poco
menos que la eutanasia con algunos enfermos terminales, a veces sin
la autorización de los familiares, hizo un flaco servicio a la
medicina paliativa.
5. DESBANDADA EN LA ESCUELA PÚBLICA (25/06/07)
Hora del recreo en el colegio público Jaime Vera,
en la calle de Bravo Murillo (distrito de Tetuán). Suena el timbre y
cientos de niños se lanzan a jugar al patio. Una profesora pone
orden en el guirigay: "Mira, no hay casi ninguno español... Éste,
ecuatoriano; ésta, china; éste, de República Dominicana... Éste...
(para a un niño rubio, con camiseta del Barça), pues tampoco...
porque es polaco".
La maestra, que prefiere quedar en el anonimato,
se queja del reparto desigual de los escolares inmigrantes entre la
escuela pública y la privada, aunque recalca que muchos de los niños
extranjeros a su cargo son "listísimos, listísimos". "¡Es una
vergüenza que la concertada no quiera aceptar a los inmigrantes!
¡Esto es un desastre!", resume. Su colegio, con 600 alumnos, tiene
un 75% de niños extranjeros.
Un informe del sindicato CC OO sobre la situación
de la educación madrileña durante la pasada legislatura señala que
entre el curso 2002-2003 y el curso 2005-2006, la población escolar
no universitaria de la región aumentó en 40.574 alumnos, de los que
la mayoría, el 82,8%, son inmigrantes. Además, el 80% de esos
estudiantes extranjeros se concentran en la escuela pública. El
estudio del sindicato analiza datos del Ministerio de Educación y
Ciencia y no separa entre concertada y privada. En total, el
alumnado madrileño de la enseñanza no universitaria llega ya al
millón de alumnos.
Los niños españoles se marchan de los colegios
públicos. "La escuela pública acapara al alumnado inmigrante, y
también pierde alumnos autóctonos. En los últimos cuatro años,
20.000 estudiantes españoles han pasado de las clases públicas a las
privadas y concertadas", alerta Francisco García, portavoz de
Educación de CC OO. Es el caso de Celia, de 11 años y que el curso
que viene estudiará en un colegio privado de Pozuelo de Alarcón
después de haber pasado su infancia en un centro público de la
capital. "No somos racistas, pero con tantos niños extranjeros en
clase el nivel empezaba a ser muy bajo", explican sus padres.
En comparación con otras regiones, Madrid, junto
con Cantabria, es la única en la que que durante la última
legislatura creció más el número de alumnos de la privada y
concertada que de la pública.
El alto porcentaje de inmigrantes se repite en
otros colegios públicos de la región, como el Ciudad de Badajoz, en
el barrio de Aluche, donde 8 de cada 10 estudiantes son extranjeros.
Los profesores hacen de profesores y también un poco de padres:
ayudan a los pequeños a integrarse en un entorno desconocido; a
sobrellevar el peso de provenir, en algunos casos, de familias
desestructuradas; a hacerse amigos.
El ya ex consejero de Educación, Luis Peral (PP)
-fue sustituido el jueves pasado por Lucía Figar-, defiende que la
mayoría de los padres madrileños han podido llevar a sus hijos al
colegio que eligieron como primera opción y que es el sindicato el
que "estigmatiza" a los inmigrantes.
José Ambrona, director del colegio Jaime Vera,
apechuga y asegura que el centro cuenta con suficientes medios para
atender al 75% de inmigrantes. "Tenemos profesorado especializado,
aulas de compensatoria y de enlace. El problema que tenemos es que
los niños inmigrantes entran y salen a lo largo del curso. Un
profesor empieza un curso con 20 alumnos; a los dos meses se le van
cinco niños, al mes entran otros seis...", afirma. Menos optimista
es un director de un colegio del centro de Madrid que no quiere dar
su nombre. "Es muy difícil dar clase si no tenemos apoyos de
psicólogos y orientadores para los críos que vienen de fuera. Muchos
de ellos no pueden seguir el ritmo de las clases, ni las lecturas",
denuncia.
Otras veces el reparto es desigual entre dos
centros públicos de un mismo municipio. En Galapagar (21% de
inmigrantes), por ejemplo, hay dos institutos, el Infanta Elena y el
Cañada Real, pero en el Infanta Elena el porcentaje de inmigrantes
es del 21%, mientras que en el Cañada Real llega al 50%.
6. 205 ALUMNOS, 5 ESPAÑOLES (25/06/07)
La escuela pública aglutina al alumnado
inmigrante, salvo excepciones, como el colegio concertado San
Antonio, en el distrito de Tetuán, con un 97,5% de inmigrantes de un
total de 205 niños de entre 3 y 12 años.
En el San Antonio la convivencia es "estupenda,
sólo hay los piques normales", explica el director, Luis
Peña. Pero él está preocupado por el contacto que los niños tienen
con las bandas latinas, a través de sus hermanos mayores. "Le he
transmitido esta preocupación tanto a la policía como a la Junta de
Distrito", afirma el director. El San Antonio tiene tres aulas de
compensatoria (donde acuden los alumnos con dificultades académicas,
a la vez que asisten a clase normal) pero no tiene aulas de enlace
(las clases que reciben los inmigrantes antes de incorporarse a
clase con los otros niños).
Hay 16 profesores, todos españoles. Cristina
Delgado es maestra de Educación Infantil. En su clase, con 25
alumnos, no hay ningún español. "Los niños inmigrantes no han ido a
la guardería y vienen menos sueltos. También el tiempo que les
dedican sus familias es menor. Sus padres tienen un concepto de la
escuela como un lugar asistencial, donde están recogidos", cuenta en
el patio.
Montserrat Gómez da clase en primero de Primaria
con 21 niños, de los que sólo cuatro son españoles. "Muchos vienen
con el curso empezado y tienen falta de vocabulario, no conocen los
libros...", enumera. Y pone un ejemplo. Alan, de siete años y de
República Dominicana, que llegó a Madrid después de Navidad. "Al
principio le costó adaptarse, no tenía hábito de trabajo. Ahora ya
es uno más", concluye su profesora.
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN
MULTIPLICA LA DEUDA POR CINCO EN SU PRIMER MANDATO, HASTA 5.800
MILLONES (25/06/07)
La deuda del Ayuntamiento de Madrid alcanzó el
primer trimestre de 2007 (el último computado del primer mandato del
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón) los 5.840 millones de €, según
datos del Banco de España. Ésta es la última cifra de deuda
municipal conocida antes de la formación de los nuevos ayuntamientos
salidos de las elecciones del pasado 27 de mayo. Los próximos
resultados, correspondientes al segundo trimestre de 2007, no se
conocerán hasta después del verano.
La deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha
incrementado en 2.200 millones de €, al pasar de 3.605 a 5.805
millones del primer trimestre de 2006 al mismo periodo de este año,
lo que se traduce en una subida del 61%.
Si se echa la vista más atrás, al momento en el
que Ruiz-Gallardón ocupó el sillón dejado por su antecesor, José
María Álvarez del Manzano, la realidad es que la deuda del
Consistorio de la capital se ha multiplicado por 4,9, ya que el
anterior regidor dejó un déficit de 1.167 millones.
El Ayuntamiento de Madrid suma ya el 24,5% de la
deuda que mantienen todos los ayuntamientos españoles,
mancomunidades de municipios y agrupaciones inframunicipales, que es
de 23.651 millones de €. En 2003, con Álvarez del Manzano en el
poder, ese ratio era de apenas el 8,16%.
Sin embargo, frente a ese galopante aumento de la
deuda del Ayuntamiento de Madrid, el proceso no ha sido similar en
el conjunto de municipios y diputaciones, cuya deuda global ha
pasado de 22.338 millones en junio de 2003, tras las anteriores
elecciones, a 29.040 en el primer trimestre de 2007. Esto ha
significado un incremento del 30%, lejos del 400% alcanzado en la
capital.
Entre los principales ayuntamientos españoles, el
siguiente con mayor deuda es el de Barcelona, que arrastra 1.035
millones de €, pero su tendencia es descendente, desde los 1.245
millones de 2004. El siguiente Consistorio más endeudado de entre
los grandes es el de Valencia, que debe 739 millones de €; por
delante de Zaragoza (505), Málaga (484) y Sevilla (378).
También la Comunidad de Madrid acumula una deuda
considerable: 9.945 millones de € a finales de enero, según las
cifras del Banco de España. Esto supone 886 millones más de déficit
respecto a la deuda que soportaba el Gobierno regional a finales de
2003, cuando Esperanza Aguirre asumió su primer mandato. De esta
cifra, 4.800 millones corresponden a la deuda de la empresa pública
Mintra, encargada de la ampliación del metro.
En el último trimestre del año pasado, la deuda
del Ejecutivo de Aguirre llegó a estar por encima de los 10.000
millones de €.
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS
LLEGAN A LOS TRIBUNALES (27/06/07)
El juzgado número 1 de Cangas imputa al ex
alcalde de la localidad un delito de falsedad documental. Acreditó
oficialmente la solvencia técnica de una empresa que ganó el
concurso de parquímetros de Madrid. El apoderado de la adjudicataria
es amigo del delegado de Movilidad
El juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do
Morrazo (Pontevedra) dictó el pasado día 8 un auto por el que se
cita a declarar el próximo 11 de octubre en calidad de imputado al
ex alcalde de la localidad, José Enrique Sotelo (PP), por los
delitos de falsedad en documento público y prevaricación.
Hasta aquí, el asunto no tiene mucho que ver con
Madrid, pero la figura de Sotelo es importante para dilucidar el
destino de 144 millones de € de las arcas municipales. En concreto,
los que se han ido a la adjudicación de la explotación durante 11
años de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).
El contrato permite que las partes prorroguen el acuerdo por otros
14. En una de las dos empresas beneficiarias trabaja como apoderado
Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del
delegado de Movilidad, Pedro Calvo.
La adjudicataria fue una Unión Temporal de
Empresas (UTE) conformada por Sufi S.A. (60%) e Hixiene's (40%). La
primera pertenece a Sacyr y tiene acreditada su experiencia en la
gestión de este campo; la segunda, aportó un documento firmado por
Sotelo, con sello municipal, con el que se acreditaba que la empresa
desempeñaba esta labor en su municipio desde febrero de 2001. En
esta ecuación hay que introducir a Casares González, ex diputado del
PP en el Parlamento gallego, ex presidente de Nuevas Generaciones (NN
GG) de Galicia y, por lo tanto, ex miembro de la Junta Directiva
Nacional del PP. Además de amigo de Calvo, lo es de Javier Conde,
hasta el momento director general de Movilidad. Ambos fueron los
responsables políticos de la adjudicación. Casares González fue el
encargado de sustituir a Calvo al frente de NN GG y el delegado
madrileño reconoció a este periódico, tal y como publicó el 8 de
marzo de 2006, que eran amigos y que recibió una llamada suya
anunciándole que se presentaría al concurso.
Para rizar el rizo, un edil del Consistorio
pontevedrés, Mariano Abalo, perteneciente al Frente Popular Galego,
denunció al entonces regidor por falsedad documental, ya que en
Cangas "nunca ha habido parquímetros", según explicó a este
periódico. Además, en la denuncia se asegura que el aval técnico del
regidor, "a pesar de llevar la firma del alcalde y el sello del
Ayuntamiento, no figura ni existe en el Ayuntamiento de Cangas ni en
el acuerdo por el que fuese encargado ni pasó por el Registro de
Salida ni fue visado por el secretario". En el escrito, el edil
destaca la "amistad personal" entre el dueño de la empresa que
concurrió al concurso y el regidor, ya que "fueron compañeros en el
Parlamento gallego entre 1997 y 1999".
El proceso de la capital ha estado jalonado por
las dudas. De hecho, una de las empresas rivales de la UTE, Dornier,
presentó en el registro municipal un recurso cuestionando todo el
proceso, concretamente el de la Zona VI. Este área engloba ocho
barrios del sur de la capital como son: Imperial, Acacias, Chopera,
Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella. "No se conoce
experiencia alguna de la otra empresa integrante de la UTE, Hixitel
Hixiene's, en el sector del estacionamiento regulado", denunciaba
Dornier. El Consistorio contestó: "Respecto del cumplimiento de la
solvencia técnica por parte de la segunda integrante de la UTE, la
mercantil Hixiene's, se comprobó la existencia de informe suscrito
por el alcalde-presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas
(Pontevedra) de fecha de 14 de noviembre de 2005, donde se recoge
literalmente 'que la sociedad Hixiene s S.L. viene realizando desde
febrero de 2001 servicios para este Ayuntamiento [de limpieza y
mantenimiento de edificios públicos] y de gestión de aparcamiento de
vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y
desarrollo de las zonas de aparcamiento público (zona azul)'". Es
decir, que el Consistorio le dio todo el crédito y el visto bueno.
Los documentos que componen el expediente de este
concurso demuestran que la Casa de la Villa exigió en el pliego de
condiciones a todas las empresas participantes, ya concurrieran
solas o junto con otras, la acreditación de su solvencia técnica. El
juzgado ha pedido también al Ayuntamiento de Madrid que remita "el
original del informe" relativo a la "certificación expedida" por el
propio Sotelo, que está en el expediente de adjudicación.
Desde la Casa de la Villa el coordinador de
Movilidad, Fernando Autrán, tiene claro que el procedimiento abierto
contra Sotelo "no afectará a la adjudicación". Vamos, que no se
suspenderá. "Se trata de un procedimiento Penal que nada tiene que
ver con el Administrativo", aclaró.
Preguntado por los filtros que estableció el
Consistorio para verificar la información, dijo que se aplicaron los
propios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
los del pliego de condiciones. Según Autrán, no es necesario que
todas las empresas que conforman una UTE tengan experiencia, con que
la aporte una de ellas es suficiente. ¿Por qué se precisa entonces
en el pliego que se acredite esa solvencia? "Para poder
identificarlas", según el coordinador de Movilidad.
Sotelo no quiso hacer declaraciones y tan sólo
dijo sobre el asunto del informe: "Hice lo que tenía que hacer en
ese momento". En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se
ha citado a declarar, también, aunque en calidad de testigo, al
propio Casares González y al interventor municipal de Cangas.
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA ADJUDICACIÓN
POLÉMICA (27/06/07)
La polémica adjudicación de la gestión de una de
las zonas de parquímetros a un empresa vinculada a un ex diputado
regional del PP de Galicia, José Luis Casares González, sigue
coleando, más de un año después de producirse, ahora en los
juzgados. La empresa Hixiene's, de la que es apoderado Casares
González, se presentó en UTE con Sufi y ganó la gestión del Servicio
de Estacionamiento Regulado (SER) en ocho de los nuevos barrios de
la capital en recibir a los parquímetros con la última ampliación.
Días antes de la resolución del concurso, el
propio Casares González telefoneó al concejal de Movilidad, Pedro
Calvo, responsable político de la licitación para comunicarle su
decisión de presentarse en Madrid. Entre ambos existe, según los
propios implicados, una vieja amistad ya que Casares González
sustituyó a Calvo como presidente de Nuevas Generaciones del PP hace
años.
El concejal de Movilidad insistió durante el
proceso que él ni estuvo presente ni intervino en la adjudicación,
porque "de haberlo hecho, sería considerado prevaricación". Sin
embargo, algunos aspectos del concurso han sido denunciados por otra
de las empresas que se presentó al concurso y por el grupo municipal
socialista. Por ejemplo, que Hixiene's modificara su objeto social
el 1 de septiembre de 2005, unos pocos meses antes del concurso,
para dejar de estar dedicada a la limpieza industrial e incluir en
este apartado actividades diversas, entre ellas, "la gestión y el
control del estacionamiento regulado en las vías públicas". En ese
momento, el capital social de la empresa del ex diputado gallego del
PP era de 3.005,06 € y disponía de 19 empleados fijos. Con estas
cifras, la fuerza en la UTE la asumió Sufi.
La adjudicación de este concurso fue estudiada en
la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Ayuntamiento de
Madrid donde PSOE e IU pidieron, entre otras cosas, la comparecencia
de Casares González y del ex regidor de Cangas. Sin embargo, la
mayoría absoluta del PP impidió hasta que se formara una comisión de
investigación para estudiar el concurso. Simplemente pasó por esta
Comisión, en la que se escucharon las explicaciones del concejal de
Movilidad y de sus responsables más directos.
A los socialistas les huele a cuerno quemado
varias cuestiones. La primera, que el propio concejal firmase la
autorización del expediente de adjudicación el 22 de septiembre y
que lo adjudicase por razones de urgencia al tener que dar
desarrollo a lo establecido en el artículo 63.2 de la Ordenanza de
Movilidad "cuando este texto no se aprobó definitivamente hasta el
Pleno del 26 de septiembre de 2005", según precisaron fuentes del
PSOE. Tampoco les gusta que el contrato cuente con una prórroga de
15 años y que el concurso se publique en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid un sábado, 5 de noviembre, y se den 10 días
naturales, con la fiesta de La Almudena de por medio para presentar
ofertas. Finalmente, el procedimiento de urgencia haría que se
fijase un plazo máximo de dos meses para que arrancase el servicio.
Este plazo se superó.
El PSOE insiste en que en el pliego de
condiciones se establece que todas las empresas tienen que
justificar su trayectoria en el mundo de los parquímetros, mientras
que el Ayuntamiento asegura que con que lo haga una de las dos
empresas es suficiente.
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ÁLVAREZ DEL
MANZANO ACAPARA DOS CARGOS PRIVADOS Y UNO PÚBLICO (23/06/07)
José María Álvarez del Manzano, alcalde con el PP
durante 12 años y ahora presidente de Ifema -entidad participada por
el Ayuntamiento, el Gobierno regional, la Cámara de Comercio y Caja
Madrid- cobrará a partir del mes que viene dos sueldos más de la
empresa privada. Uno, como consejero del grupo inmobiliario Reyal
Urbis y el otro como consejero de Iberpistas, filial de Abertis y
dedicada a la gestión de autopistas de peaje y que explota la AP-6
Villalba-Adanero, que pasa por la región.
El gobierno municipal (PP) ha encargado a sus
servicios jurídicos un informe para determinar si el ex alcalde
puede compatibilizar los dos nuevos cargos privados con su trabajo
público como presidente de Ifema, el organismo que gestiona los
recintos feriales. "A falta de que el informe esté terminado, las
primeras conclusiones determinan que no hay problema", afirmaron
fuentes municipales.
Para determinar si la acaparación de empleos por
parte del ex alcalde es legal o no, hay que acudir primero a la Ley
de Incompatibilidades de Altos Cargos estatal, pero ésta sólo afecta
a ministros y altos cargos autonómicos. El Gobierno central decidió
aumentar esas restricciones a todos los concejales dentro de la
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero ésta, de momento,
está parada.
A escala local, la Ley de Capitalidad de Madrid
también tiene su apartado de incompatibilidades, pero éste sólo
afecta a los concejales y altos cargos de las empresas públicas y
mixtas municipales. Pero el Consistorio no considera a Ifema una
empresa mixta, a pesar de estar participada por empresas públicas y
privadas. "Ifema tiene la forma jurídica de consorcio", aseguraron
fuentes municipales.
Óscar Iglesias, portavoz del grupo municipal
socialista, calificó el comportamiento de Álvarez del Manzano como
"éticamente muy reprochable". "Que dimita como presidente de Ifema
si quiere trabajar en la empresa privada", denunció. Iglesias
recordó también que en 2003 el recién nombrado alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, modificó los estatutos de Ifema para poder nombrar
al alcalde saliente, Álvarez del Manzano, presidente de dicha
entidad. Hasta ese momento, el cargo lo tenía que ostentar el propio
alcalde, pero Ruiz-Gallardón renunció a favor de su antecesor. "Con
Álvarez del Manzano hay un claro trato de favor del actual gobierno
municipal", aseveró Iglesias.
El sueldo de Álvarez del Manzano como presidente
de Ifema ronda los 96.000 € anuales. A los que hay que sumar ahora
lo que cobrará como consejero en Reyal Urbis y en Iberpistas. Una
portavoz de esta última empresa afirmó que el fichaje del ex alcalde
de Madrid obedece a que ha quedado "un puesto vacante".
José María Álvarez del Manzano no es el primer
político madrileño que salta de la esfera pública a la privada. En
2005, el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez (PP),
dimitió de su puesto político y, a la semana, fichó por una empresa
inmobiliaria. Fue nombrado vicepresidente y director de las
divisiones Rayet Construcción y Rayet Promoción. Presionado por su
partido, terminó renunciando a su cargo de secretario de Vivienda
del PP regional.
El ex consejero de Obras Públicas del Gobierno
regional Luis Eduardo Cortés dejó el cargo en 2003 y dos años
después fue nombrado presidente no ejecutivo de la inmobiliaria
Vallehermoso, empresa con distintas promociones de viviendas en la
Comunidad de Madrid.
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO
CONSTRUYE TRES GARAJES DE FORMA IRREGULAR, SEGÚN UNA SENTENCIA (23/06/07)
El Ayuntamiento de Madrid sacó a concurso en 2005
la construcción de tres aparcamientos públicos sin seguir todos los
trámites administrativos. Los aparcamientos de Doce de Octubre,
Menorca y Cándido Mateos fueron adjudicados a final de 2005 sin
haberlos expuestos en información pública. Una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da un tirón de orejas
al Ayuntamiento por no seguir el procedimiento. El edil socialista,
Manuel García-Hierro, acusó al alcalde de querer hacer el proyecto
"saltándose todos los trámites legales".
Cuando cualquier administración adjudica un
proyecto, éste ha debido seguir unos trámites obligatorios, entre
los que está el de exposición pública, para que los vecinos
presenten alegaciones. El plan debe recoger las precisiones que
hagan los vecinos y los trámites deben ser transparentes. Eso es lo
que los responsables municipales han evitado con tres aparcamientos
para residentes, según una sentencia del TSJM. Dos garajes en el
distrito de Retiro, Doce de Octubre y Menorca, y otro en el barrio
de Peñagrande, Cándido Mateos, fueron adjudicados sin que el
Ayuntamiento lo expusiera a información pública. Los aparcamientos
entrarán en funcionamiento próximamente.
El pasado 29 de mayo, la sala de lo contencioso
administrativo del TSJM estimó el recurso presentado por dos
concejales socialistas, Óscar Iglesias y Manuel García-Hierro contra
el procedimiento de contratación de tres garajes públicos. La
sentencia del TSJM lo que hace es darles la razón a los concejales
socialistas y señalar al responsable del Área de Movilidad,
Pedro Calvo, por no haber expuesto los proyectos de los parking
a información pública en el momento adecuado. "La contratación fue
aprobada y el anuncio de licitación publicado antes de que hubiera
concluido el trámite de información pública", dice la sentencia.
El aparcamiento Doce de Octubre fue adjudicado a
Cintra con un presupuesto de 4,9 millones. El de Menorca también a
la misma empresa, por 10,9 millones y el de Cándido Mateos a
Dico-Aglomerados Daimiel, por unos cinco millones de €.
El 15 de marzo de 2005, el concejal de Seguridad
del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, aprobó los anteproyectos de
"construcción y explotación" de los aparcamientos de concesión
municipal de Menorca, Doce de Octubre y Cándido Mateos. El
Ayuntamiento condicionó los proyectos a la no presentación de
observaciones durante un mes para no tener que exponerlos a
información pública y ganar tiempo. Según la sentencia se deberían
haber publicado los mencionados proyectos para que los ciudadanos
presentaran alegaciones, en caso necesario.
El concejal socialista, Manuel García-Hierro,
acusa al alcalde de "ocultar lo que hace y saltarse la normativa
para sacar adelante sus planes. Además, no ha hecho el estudio de
viabilidad que exige la ley". García-Hierro precisa que en ningún
momento se vulnerará el derecho de los vecinos que ya han sido
adjudicados con una plaza en los aparcamientos para residentes.
Un portavoz municipal justifica que el
anteproyecto ha estado sometido a información pública durante un
mes, pero para agilizar la tramitación legal, se aprobó con la
condición suspensiva de que no se presentarán observaciones durante
ese periodo. Y añade que el estudio de viabilidad fue sustituido por
un informe de viabilidad económica-financiera y que no es necesario
la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) dada
la cuantía del presupuesto. Por su parte, Óscar Iglesias, indicó que
"la gestión del PP en la concejalía de Calvo está llena de
irregularidades porque no cumplen la ley".
12. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS: LA ALCALDESA D
DEL PP PIERDE SU PRIMERA PROPUESTA AL PLENO (26/06/07)
Primer pleno extraordinario del Ayuntamiento de
Leganés. Apenas cinco minutos bastaron para tumbar el principal
compromiso del gobierno municipal. La alcaldesa Guadalupe Bragado
(PP) presentó por vía de urgencia una única medida: la supresión de
la tasa de basura. Es la propuesta estrella de su programa, su gran
promesa, pero se quedó en el camino. Los votos en contra del PSOE
-con 11 ediles- e IU, con tres, superaron a los del PP (12) al que
apoyó el edil independiente de Unión por Leganés. Ni siquiera se
debatió la urgencia.
"Las ambiciones de dos partidos se enfrentan a
todo un pueblo", manifestó Bragado al salir del pleno. La alcaldesa
considera que los ediles de IU y PSOE "están más preocupados en
estudiar una moción de censura que en defender los intereses de los
vecinos". El PP abanderó la tasa de basura como "un abuso" en su
campaña electoral. El anterior gobierno de PSOE e IU justificó la
subida del IBI para incluir la tasa de basura y después aprobó el
nuevo tributo, entre 6 y 70 €, según una portavoz municipal.
Bragado fue proclamada alcaldesa el 16 de junio,
después de que IU negara su apoyo a los socialistas en la sesión de
investidura. En los días posteriores, las direcciones de ambos
partidos de izquierdas llamaron al orden a sus concejales para
intentar volver a la negociación. El voto conjunto de es un gesto de
acercamiento, según fuentes de la comisión gestora del Partido
Socialista de Madrid.
El portavoz del PSOE en Leganés, Rafael Gómez
Montoya, no quiso valorar ese supuesto acercamiento. Pero sí explicó
que "no había lugar a la urgencia" en el pleno, porque la tasa no se
cobrará hasta 2008 y corresponde estudiarla en el pleno de
presupuestos del próximo ejercicio. "Es una operación de cara a la
galería, con precipitación y soberbia", añadió el edil. Este
periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Raúl Calle,
portavoz de IU en el Ayuntamiento de Leganés.
A la salida del Ayuntamiento, un centenar de
personas aplaudieron a la alcaldesa y entonaron gritos de "Fuera la
izquierda".
13. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES EL ALCALDE DE
ALCOBENDAS CREE QUE LA CARRERA DEL ORGULLO ES INNECESARIA (29/06/07)
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa (PP), expresó su "respeto" por la Carrera del Orgullo, que
se celebrará el sábado en esta localidad, pero opinó que "no es
necesario resaltar con todo tipo de actos que hay personas
diferentes". "No entiendo la necesidad de que declaremos en público
que somos una cosa u otra; me parece exagerado, creo que la
homosexualidad está más que aceptada en nuestra sociedad", dijo
García de Vinuesa. Y añadió: "Este proyecto no es una iniciativa
nuestra; no nos volveremos locos con los homosexuales en la calle
diciendo lo que son".
El ex campeón del mundo de maratón Martín Fiz
participará en la prueba, que comenzará a las diez de la mañana.
Serán 10 kilómetros y está abierta a quienes se consideren "personas
plurales y respeten todas las ideologías y tendencias", según los
organizadores del evento.
14. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EL ALCALDE
POPULAR DE TORRELODONES RECTIFICA Y NO SE SUBE EL SUELDO (26/06/07)
Sólo cuatro días después de subirse el sueldo un
36%, el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP) rectificó y
anunció que las retribuciones de los cargos públicos del
Ayuntamiento quedan congeladas y se mantienen en los importes de
antes de las elecciones. Galbeño pasaba a ganar con la subida 91.445
€ brutos anuales, más que el presidente del Gobierno central, José
Luis Rodríguez Zapatero (89.303,28 €), la presidenta regional,
Esperanza Aguirre (74.490) y el alcalde de la capital, Alberto
Ruiz-Gallardón (90.590).
El alcalde ha reflexionado y ahora no sólo baja
los sueldos, sino los congela. El hecho de que fuera el secretario
general del PP en Madrid, Francisco Granados, quien lo anunciara en
Onda Madrid por la mañana hacía pensar que Galbeño se había rendido
a presiones internas de su partido.
Sin embargo, un portavoz municipal aseguró que la
decisión de Galbeño "es totalmente personal". El PP aprobó el pasado
21 de junio, en el primer pleno del mandato y sólo con sus votos,
importantes subidas salariales para los cargos públicos en el pleno.
Los concejales de los demás partidos (cuatro de Vecinos por
Torrelodones, tres PSOE y uno ACTUA) se opusieron. El incremento les
parecía desmedido. La modificación en las nóminas también afectaba a
los cuatro tenientes de alcalde. Éstos cobrarían con la subida
60.745 €. Los portavoces de la oposición pasarían de cobrar 15.000 a
19.100 € anuales.
En el comunicado de rectificación, Galbeño
recuerda que en Torrelodones, y en la mayoría de los municipios, al
no existir legislación al respecto, el sueldo bruto anual del
alcalde se fija en un euro más que la nómina del funcionario
municipal con mayor remuneración. "Además, en el caso de
Torrelodones, el alcalde renuncia al resto de las retribuciones que
debería percibir. Por tanto, el sueldo no se lo pone él a su libre
criterio, sino que lo establece el pleno basándose en un acuerdo de
consenso".
El regidor aprovecha la nota para subrayar que su
único objetivo es "estar siempre al servicio de los vecinos de
Torrelodones". "Nunca una motivación económica, por alta que fuera,
podría suplir la satisfacción de trabajar 365 días al año por hacer
realidad los proyectos que mejoran el bienestar de los
torrelodonenses", suscribe.
Galbeño espera que el resto de los partidos
políticos secunden su determinación de congelar los sueldos. Elena
Biurrún, portavoz del grupo Vecinos por Torrelodones (VxT) mostró su
satisfacción. "Hemos renunciado esta mañana por escrito a la subida
salarial. A pesar de que la subida del alcalde y sus concejales no
guardan relación con la que tendría nuestro grupo". Biurrún como
portavoz seguirá cobrando 15.000 € y sus tres compañeros 5.400. Ésta
es la retribución que ya percibían los ediles de la oposición.
El programa electoral de VxT incluía la propuesta
de reducir los suelos del alcalde y los concejales. También
pretendía suprimir puestos de personal de confianza de libre
designación
El portavoz de los socialistas, José Ignacio
Díaz, también aplaude la medida adoptada por Galbeño. "Ya dijimos
que la subida era desproporcionada, por tanto ahora nos parece bien
que rectifique". Díaz también acepta la reducción de salario para su
grupo municipal. Pero, al mismo tiempo, espera que los partidos de
la oposición reciban una asignación suficiente para llevar a cabo su
labor de oposición. "Si no nos dejan espacio en la revista
municipal, nos tendrán que dar medios para tener una publicación
propia", sostiene.
