ÍNDICE
1. LOS SINDICATOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO
REGIONAL INCUMPLE LOS TRÁMITES DEL PROYECTO
2. AGUIRRE HARÁ AUMENTAR EL FRACASO ESCOLAR EN UN
10% EN MADRID
3. LOS FORESTALES, EN PIE DE GUERRA
4. UNA LEY PARA TRATAR LOS MONTES COMO SI FUERAN
SU PISO
5. OTRA TUMBA SOBRE EL ANDAMIO
6. EL HELICÓPTERO EN EL QUE SE ESTRELLÓ RAJOY
INCUMPLIÓ LAS NORMAS
7. REVÉS JUDICIAL AL INTENTO DE SILENCIAR LAS
PROTESTAS CONTRA EL CAMPO DE GOLF DE ESPE
8. EL METRO LIGERO DE AGUIRRE, MUCHO MÁS LENTO DE
LO PREVISTO
9. CUATRO TRABAJADORES DEL METRO LIGERO OESTE,
DESPEDIDOS ANTES DE INAUGURARSE
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO DICE QUE NO ES
SU 'PROBLEMA SABER ADÓNDE VAN' LAS PROSTITUTAS
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GRANADOS DICE QUE EL
CIERRE AL TRÁFICO DE LA CASA DE CAMPO 'TIENE EFECTOS NEGATIVOS'
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: AGUIRRE PIDE QUE SE
REFLEXIONE SOBRE EL CIERRE AL TRÁFICO DE LA CASA DE CAMPO
13. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: EL NUEVO
ALCALDE PEPERO ‘PERDIÓ’ 600.000 EUROS EN SU PRIMERA NEGOCIACIÓN CON
EL GOBIERNO REGIONAL
1. COMUNIDAD: LOS SINDICATOS DENUNCIAN QUE EL
GOBIERNO REGIONAL INCUMPLE LOS TRÁMITES DEL PROYECTO (17/07/07)
Una nueva ley entra a
debate en la Asamblea de Madrid. Es el proyecto de ley de Medidas
Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la
Comunidad de Madrid, que aprobó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre
hace 10 días.
El texto legal ha recibido
numerosas críticas. La discrepancia llegó desde los sindicatos
mayoritarios (UGT y CC OO) y se plasmó en forma de carta: los nueve
representantes sindicales en el Consejo Económico y Social de Madrid
(CES) registraron en este órgano una misiva dirigida a su
presidente, Francisco Cabrillo. En ella le reclaman que exija a
Aguirre la retirada del proyecto de ley porque carece "del
preceptivo informe del Consejo Económico y Social" y que lo envíe a
esta institución para cumplir con el trámite legal.
La Ley 6/1991 de creación
del CES regional -un órgano integrado por 27 expertos económicos,
miembros de asociaciones de empresarios y de sindicatos- indica, en
su artículo 4.b), que una de las funciones del órgano es
"emitir informe preceptivo no vinculante, con carácter previo a la
aprobación de proyectos de ley y decretos del Consejo de Gobierno
sobre la política económica y social" de la región. El CES ni
siquiera ha recibido oficialmente el texto legal de Aguirre, por lo
que no podrá informar sobre él como debería.
"Más allá de que se tramite
por el procedimiento de urgencia, sin que esté razonado, el proyecto
se salta a la torera la ley de creación del CES cuando entra
claramente en materia de política económica y social", afirmó Jaime
Cedrún, portavoz de CC OO en el consejo. Añadió que ninguna Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales (que, como en este
caso, modifican a la vez varias leyes) ha dejado de contar con el
dictamen del CES antes de ser enviada a la Asamblea.
El proyecto modifica nueve
leyes vigentes. Entre ellas, la Ley del Suelo (para limitar a cuatro
las alturas de los nuevos edificios), que, como reconoce la memoria
justificativa que acompaña el proyecto de ley, sufre "una reforma en
profundidad". La portavoz de UGT en el CES, Carmen López, recalcó
que es una contradicción que la norma se tramite tan rápidamente en
julio (mes tradicionalmente inhábil), cuando Aguirre ha tenido
cuatro años para modificar la legislación. Además, explicó que el
grupo sindical del CES emitirá en los próximos días un informe no
oficial sobre el proyecto que enviará a los grupos parlamentarios.
Desde el Gobierno regional,
defienden su actuación: "No se ha enviado [el texto del proyecto de
ley de modernización] al CES por el carácter de urgencia del
proyecto de ley", aseguró una portavoz que no supo explicar cuál es
la razón de que la nueva ley se tramite por la vía de urgencia. El
texto de la futura norma no aclara cuál es esa razón, como tampoco
los informes que lo acompañan.
2. COMUNIDAD AGUIRRE HARÁ
AUMENTAR EL FRACASO ESCOLAR EN UN 10% EN MADRID (20/07/07)
La Comunidad de Madrid se situará a la cola de la
convergencia europea en educación por culpa de las medidas que el
Gobierno regional de Esperanza Aguirre quiere implantar para regular
los programas de diversificación curricular, dirigidos a alumnos con
dificultades en el aprendizaje. Así al menos lo denunciaron los
sindicatos CCOO, UGT y STEM-STES, quienes exigieron a la Consejería
de Educación la "inmediata paralización de la Orden" que regulará
estos programas.
Para los sindicatos, la Orden 3529/2007, que
regula los programas de diversificación curricular en los centros
madrileños desde el próximo curso que comenzará en septiembre,
aumentará el fracaso escolar un 10%. Actualmente la cifra del
fracaso se sitúa en torno al 30% en 4º de la ESO, muy lejos del
objetivo marcado por la UE, que marcaba que para 2010 debería haber
un 85% de jóvenes titulados en enseñanzas postobligatorias.
Los sindicatos denuncian la reducción drástica del número de los
programas de diversificación, gracias a los cuales en torno a un 8%
de alumnado –unos 10.000 jóvenes- pueden obtener el título de
graduado en la ESO. Estos programas, puestos en marcha por la LOGSE
y desarrollados por la actual LOE, han demostrado ser un éxito ya
que el 80% de los que los cursan logran sacarse el título. El
Gobierno de Aguirre no sólo va a reducir los programas de
diversificación, sino que además va a reducir "el carácter
academicista" de éstos, según explicaron los sindicatos. Además, se
va a expulsar "del ámbito práctico las asignaturas de iniciación
profesional", lo que dificultará que los alumnos puedan acceder a
los ciclos formativos de grado medio.
El nuevo gesto autoritario de Aguirre no se
limita sólo al contenido, también a la forma. Adalid de la oposición
al Gobierno socialista de Zapatero, la presidenta de la Comunidad de
Madrid ha llamado a la objeción de conciencia contra la asignatura
de Educación para la Ciudadanía. Además, aprueba una Orden que "se
salta el calendario de implantación de la LOE", según los
sindicatos, y "disminuye las escasa medidas de atención a la
diversidad existentes en los centros".
3. COMUNIDAD: LOS FORESTALES, EN PIE DE GUERRA
(17/07/07)
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid
ya están en pie de guerra contra el proyecto de ley de Esperanza
Aguirre que les quita la consideración de "agentes de la autoridad"
que les otorgaba la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y
que les impedirá inspeccionar los montes privados de la región, el
74% de todos los existentes.
Según denuncian, los efectos inmediatos de la
norma, que el Ejecutivo de Madrid quiere aprobar con urgencia y
antes de agosto, serán "la desprotección" de la mayoría de las zonas
verdes de Madrid. Como destacó Miguel Angel Hontoria, de UGT, "la
presidenta no está interesada en que se cumpla la Ley porque, de
esta manera, las construcciones ilegales, las infracciones
urbanísticas y los especuladores, que en muchos casos son sus
amigos, camparán a sus anchas".
Casi la mitad de la plantilla de los agentes -más
de 100- se reunieron en la Consejería de Medio Ambiente, que ahora
dirige Beatriz Elorriaga, para acordar las movilizaciones que
piensan llevar a cabo. Sin embargo, al equipo de la Consejería no le
gustó la reunión -dijeron que no estaba autorizada- e impidió el
paso a la prensa y a los responsables sindicales, a pesar de que los
sindicatos habían convocado un encuentro con los medios de
comunicación. Un portavoz de Medio Ambiente explicó que la asamblea
de trabajadores no estaba autorizada y que la rueda de prensa, por
tanto, no se podía celebrar. "Cuando los agentes empezaron a entrar
en la Consejería usando la fuerza", aseguró el mismo portavoz, "se
decidió llamar a la policía por seguridad".
En efecto, antes de las 13.00 horas, varias
unidades de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía se
personaron en el edificio (en Princesa, 3) a petición de la
Comunidad, aunque sin llegar a intervenir.
El problema de fondo, como denunció José Luis
Díaz, de CCOO, es que "la Comunidad de Madrid quiere tomar al asalto
el medio ambiente en la región" y los agentes "son un impedimento y
un obstáculo para ello". El proyecto de ley de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de
Madrid modifica el artículo de la Ley Forestal que establece que los
agentes forestales "tendrán consideración de agentes de la autoridad
y podrán acceder a los montes o terrenos forestales, con
independencia de quién sea su titular".
Hasta ahora, los guardabosques madrileños
ejercían su labor preventiva y de inspección en defensa de la
naturaleza en toda la región. La nueva ley dice que "los agentes
forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes
o terrenos forestales de titularidad privada". Sólo hay una
excepción a esta nueva regla y es que "el acceso se produzca con
ocasión de la extinción de incendios forestales". Los profesionales
acordaron que realizarán varios actos de protesta que culminarán con
una concentración para el jueves 25 en Sol, cuando el PP tiene
previsto aprobar la norma que les despoja de autoridad.
Ante la nueva norma, las tres centrales del
sector -UGT, CCOO y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos
Ambientales (Saftam)- han unido sus fuerzas a pesar de las
discrepancias que tuvieron por problemas anteriores.
El Saftam en concreto avanzó que está estudiando
acudir a los tribunales para impedir que la normativa salga adelante
ya que "no se pueden cambiar leyes a base de decretos". De hecho, la
propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya ha advertido
de que el Gobierno de España podría interponer varios recursos de
inconstitucionalidad contra la norma porque adolece, ha dicho, de
"serios indicios de inconstitucionalidad".
Desde Medio Ambiente no supieron explicar si la
nueva norma despojará de su condición de "agentes de autoridad" a
los forestales. Y en cuanto a la exigencia de que tengan una orden
judicial para entrar en los montes privados, dijeron que responde a
que profesionales " tengan más seguridad jurídica" a la hora de
hacer su trabajo.
4. COMUNIDAD: UNA LEY PARA TRATAR LOS MONTES COMO
SI FUERAN SU PISO (20/07/07)
"Vengo en auxilio urgente de la presidenta",
anunció el diputado socialista Modesto Nolla. Acababa de subir al
estrado para defender la enmienda a la totalidad presentada por su
grupo al proyecto de ley de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno.
Una norma que, antes de que sea aprobada el
próximo 25 de julio, comenzó su discusión en la Cámara regional con
amplios sectores en contra de muchos de sus preceptos. Además de los
grupos de la oposición (PSOE e IU), se han pronunciado en contra los
grupos ecologistas, los agentes forestales, los ayuntamientos
gobernados por la izquierda y hasta el Ministerio de Medio Ambiente,
que acudirá al Tribunal Constitucional si se aprueba. Todo apunta a
que así será, porque el PP tumbó las enmiendas de la oposición con
sus 67 diputados frente a los 53 de la oposición (42 socialistas y
11 de IU).
Nolla recordó que había sido la propia
presidenta, en su discurso del debate de investidura, la que había
reclamado a los grupos que en su labor de oposición la ayudaran
"para no caer en la arrogancia y la prepotencia". "Vengo a
auxiliarla", anunció con sorna, "porque la modernización para el PP
consiste en eliminar los avances conseguidos en la Administración en
las últimas décadas".
De ahí en adelante, llegó el aluvión de críticas
al proyecto, que recoge reformas para una decena de leyes
regionales, entre ellas la Ley del Suelo. En su intervención, Nolla
dejó claro al PP que, si su intención de aprobar la primera ley de
esta legislatura en pleno julio (tradicionalmente inhábil) era
aprovecharse de un Partido Socialista debilitado por su crisis
interna, había errado. "Este proyecto es una irresponsabilidad",
espetó. "Cuando su obligación es la de dirigir a los agentes
forestales en su trabajo, lo que quieren es asegurar la impunidad de
los grandes propietarios".
La reforma de la ley impone ahora a los guardas
la obligación de tener autorización judicial para entrar en una
finca particular. Esto, según Nolla, impedirá que no "puedan
averiguar si se levanta en ella una propiedad ilegal o si se
producen vertidos ilegales".
5. COMUNIDAD: OTRA TUMBA SOBRE EL ANDAMIO
(17/07/07)
Vasile, un obrero rumano de 31 años, se precipitó
desde lo más alto -una cúpula aún sin cerrar a casi ocho metros de
altura- de un proyecto inacabado de centro comercial. Murió casi en
el acto. Cayó con la misma trayectoria que trazaría quien "se tira
de cabeza a una piscina", según descripción de uno de los testigos.
Falleció antes de ser trasladado al hospital. Tenía la cabeza
reventada, "traumatismo craneoencefálico" severo. Un casco rodaba a
unos metros de su cuerpo. Los efectivos del Summa trataron de
reanimarlo durante casi media hora. Había perdido masa encefálica.
El sol aún no marcaba el mediodía. Las manecillas del reloj que
señala los accidentes mortales en el trabajo se había parado ya en
el número 78. El anterior, en Pinto, hace sólo tres días.
Vasile sólo llevaba un mes trabajando, con un
contrato temporal, para la constructora Tudic, encargada de levantar
en un barrio nuevo de Fuenlabrada, a la espalda del hospital, un
supermercado Mercadona.
No estaba sujeto con su arnés a ninguna "vía de
vida". Probablemente, según varios expertos del sindicato UGT que
examinaron el lugar, ni siquiera llevaba arnés. Pero lo que es
"seguro" es que no existían anclajes sólidos para engancharlo; sólo
huecos de ferralla de menos de 15 milímetros de espesor. El cuerpo
del trabajador fue trasladado al tanatorio de Leganés. Nadie fue a
visitarlo en todo el día. Ni familiares ni compañeros de trabajo.
Hoy se le hará la autopsia.
El juez que lleva la investigación ha decretado
el secreto de la misma. El asunto está en la cartera del Cuerpo
Nacional de Policía, aunque los agentes locales de Fuenlabrada se
presentaron en el lugar del accidente y levantaron un atestado.
Precisamente, un policía intentó entrar por la tarde en la obra.
Quería ver el lugar del suceso. Sin embargo, los encargados
intentaron impedirle el acceso. Le exigieron una orden judicial.
Finalmente, consiguió entrar y exigió la documentación a los ocho
trabajadores que estaban en el edificio a medio construir.
"Aquí no ha habido ningún accidente, ha sido en
otra obra", negaba con la cabeza gacha uno de los encargados. Los
obreros, que no suspendieron su jornada de trabajo vespertina,
tenían consigna de no hablar. Sólo concedían que "algo habían oído"
sobre un accidente.
Después, en un aparte, aseguraron que el chico,
"en realidad", se había caído "desde la primera planta". Esto supone
una altura de tres metros y medio. También sugirieron que el
fallecido tenía "problemas personales" y que "quería suicidarse".
Unas confidencias que contradicen las versiones sanitarias y
policiales, y que aparentan una cierta voluntad de exonerar a la
empresa de responsabilidades.
Otro encargado de la construcción del
supermercado achacó el incidente a un "desvanecimiento", sin
solventar el problema de por qué razón había caído si estaba sujeto
a un arnés. Este mismo encargado remitía a una trabajadora de
Mercadona que, a su vez, eximía de cualquier responsabilidad a la
empresa alimentaria: "Nosotros sólo tenemos un local comercial en la
obra. Los responsables son los de la constructora". Sin embargo,
fuentes sindicales sostienen que es el supermercado el que debe
exigir las medidas de seguridad. Estas mismas fuentes recuerdan "un
caso semejante en julio pasado en Getafe en que se levantaba un
Alcampo".
En la constructora, su supuesto jefe dice que se
llama Pablo. Al inquirirle por su apellido repite el nombre de
Pablo. No quiere dar ninguna explicación. No admite ningún error. La
empresa, ubicada en Humanes, "tiene un tamaño mediano" y,
aparentemente, "es una compañía solvente", según UGT. "Pablo Pablo"
se escuda en que tiene una reunión "muy importante" antes de colgar
el teléfono.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reclamó para los
municipios "muchas más competencias en seguridad laboral". Su
alcalde, Manuel Robles, considera que, tal y como está la
legislación en esta materia, los ayuntamientos "no pueden hacer
nada". Hace cerca de un mes, otro obrero, Manuel Domínguez, falleció
en una obra muy cercana a la de Vasile. Es un damero de calles muy
anchas en ángulo recto llenas de grúas cuyos nombres tienen que ver
siempre con algo referido a la salud. Por ejemplo, el que murió hace
unos días, lo hizo en la calle de Averroes. Vasile cayó al vacío en
el cruce entre Ramón y Cajal y la avenida de la Cruz Roja.
Mientras, los sindicatos recordaron que los
convenios "llevan paralizados desde enero"; también que la sucesión
de accidentes mortales lleva un ritmo siniestro y continuo que exige
"medidas drásticas ya". Según datos de la fiscalía especial de
accidentes laborales, muchos de estos siniestros, la mitad, quedan
camuflados. Escapan de la justicia y son atribuidos a otras causas.
6. COMUNIDAD: EL HELICÓPTERO EN EL QUE SE
ESTRELLÓ RAJOY INCUMPLIÓ LAS NORMAS (18/07/07)
Un helicóptero con 159 kilos más de lo permitido,
un recinto cerrado como la plaza de toros de Móstoles para maniobrar
y un piloto inexperto que recibió las indicaciones del vuelo
demasiado tarde. Son factores que propiciaron el accidente aéreo que
el 1 de diciembre de 2005 sufrieron Mariano Rajoy y Esperanza
Aguirre, según la Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).
En el helicóptero viajaban Mariano Rajoy, líder
del PP; la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre; el alcalde de
Móstoles, Esteban Parro; y un cámara de Antena 3. Nada más despegar,
se estrelló. Los ocupantes salieron casi ilesos. La causa más
probable del accidente fue la "pérdida de efectividad del rotor de
cola (LTE) que originó el descontrol del vuelo y la posterior
caída", según el CIAIAC. Pero el organismo (que depende de Fomento,
aunque actúa de oficio) cree que varios factores propiciaron esas
condiciones.
Como zona de despegue se eligió un "área
confinada", la plaza de toros. Esto reduce la capacidad de reacción
y requiere del helicóptero las mayores prestaciones técnicas. "El
viento dominante en el momento del vuelo aumentaba su confinamiento
al requerir un despegue por la zona más elevada", agrega.
El escaso tiempo que tuvo el piloto para preparar
el vuelo es otra de las razones. El contrato del helicóptero imponía
al Centro de Coordinación la obligación de comunicar al piloto la
operación "con la suficiente antelación". Pero esa información la
recibió minutos antes de iniciar el primer vuelo del día. Además, el
piloto desconocía el fenómeno LTE y no pudo corregirlo.
La Comunidad de Madrid, que contrató el servicio,
no quiso hacer valoraciones.
7. COMUNIDAD: REVÉS JUDICIAL AL INTENTO DE
SILENCIAR LAS PROTESTAS CONTRA EL CAMPO DE GOLF DE ESPE (18/07/07)
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha
absuelto a los vecinos de Chamberí que protestaron, mediante la
plantación de árboles, contra la decisión de Esperanza Aguirre de
reconvertir el parque en campo de golf. La denunciada había sido
interpuesta por un vigilante de seguridad en nombre del Canal de
Isabel II, dependiente de la Comunidad. En su sentencia el
magistrado resalta que no se ha acreditado la titularidad de un
parque que tanto la presidenta como el alcalde de Madrid inauguraron
como público así como que los hechos denunciados "carecen de
trascendencia penal".
Los vecinos de las asociaciones El Organillo
y Parque sí en Chamberí que protestaron con la plantación de
una morera contra la decisión de reconvertir un parque público en un
campo de golf, fueron absueltos de un presunto delito de coacciones.
La denuncia había sido interpuesta por un
vigilante del parque en nombre del Canal de Isabel II, pero el juez
la desestima en su sentencia. Y es que durante el juicio oral el
letrado de la empresa autonómica se desentendió de la denuncia,
mientras que el vigilante, contratado por una empresa ajena al
Canal, no quiso suscribirla a título personal.
En cualquier caso, el juez señala que aún en caso
de haber seguido adelante la denuncia, la sentencia hubiera sido
igualmente absolutoria. Señala como probados que varios vecinos
plantaron en el parque dos plantas en una zona "prácticamente
árida"con "el propósito de luchar contra la especulación". Asimismo,
recoge que la intención de la plantación era oponerse "al destino
dado a la zona donde se ubica el anteriormente llamado Parque
Santander, donde se ha instalado un campo de golf y se ha reducido a
la mínima expresión las zonas destinadas a parque público" y
concluye que no existieron "amenazas, injurias o coacciones a los
vigilantes del parque".
La sentencia también advierte de las dificultades
para conocer al auténtico titular del parque, ya que "es al parecer
propiedad de El Canal de Isabel II pero tiene la condición de parque
público, habiendo sido inaugurado como tal por la presidenta de la
Comunidad tras un convenio entre dicha empresa, la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid". El juez insiste en que los denunciados no
conocen la situación legal del parque que "por otra parte, tampoco
ha sido acreditada en el juicio".
Los vecinos de la plataforma Parque sí en
Chamberí se han felicitado por una sentencia que clarifica "el
carácter cívico y pacífico" de sus protestas y califican la denuncia
de "ridícula". Así, se autodenominan irónicamente como el clan de
la morera para significar "cómo un jefe de seguridad armado se
pudo intimidar ante unos vecinos que portaban plantas, cubos de agua
y azadones". En cualquier caso los vecinos no quieren frivolizar
sobre la cuestión, y denuncian el "despilfarro" de más dinero
público (como el letrado del Canal) para un juicio provocado "en su
afán" por acallar sus reivindicaciones, que no son otras que "el
parque prometido en lugar del campo de golf realizado".
8. COMUNIDAD: EL METRO LIGERO DE AGUIRRE, MUCHO
MÁS LENTO DE LO PREVISTO (14/07/07)
La apuesta de la presidenta de la Comunidad de
Madrid por ampliar la red de metro en la región era sin duda
ambiciosa, y las inauguraciones de estaciones e incluso nuevas
líneas, como las tres de metro ligero, fueron masivas en los días
anteriores de las municipales del 27 de mayo. Sin embargo, acabado
el periodo electoral, no todo funciona tan bien como era de esperar.
Vecinos del barrio de Las Tablas, al norte de Madrid, lamentan la
lentitud del servicio de metro ligero que une su barrio con el
centro de la capital.
Cinco kilómetros son los que recorre la recién
inaugurada línea 1 de metro ligero. Pese a que en ss primeros días
alcanzó una media de 13.000 viajeros al día, su utilización se ha
visto reducida a la mitad, casi hasta un cuarto en los fines de
semana. Y es que en recorrer este tramo, los viajeros tardan una
media de 20 minutos, según informó el suplemento del diario El
País "Propiedades".
Esta alternativa de transporte público, que
pretendía ser una conexión rápida con el centro de la capital y que
ha costado unos 263 millones de euros a las arcas regionales, no
parece estar contando con la aceptación que se esperaba. Y es que su
velocidad media de tan solo 16 kilómetros por hora no responde a las
expectativas creadas por Esperanza Aguirre sobre este nuevo medio de
transporte.
La explotación del servicio, en régimen de
concesión, corresponde a la unión temporal de empresas formada por
Caja Madrid, Metro Madrid y Alsa Interprovincial. El ambicioso
proyecto de la presidenta se ha quedado, al menos de momento, en un
medio de transporte poco práctico a la hora de llegar a la ciudad en
el menor tiempo posible.
Aunque en un principio estaba estimado que la
duración del viaje hasta la estación de metro de Plaza Castilla
fuese de unos 15 minutos, en la práctica, el tiempo real es casi el
doble, por lo que muchos de los 40.000 vecinos de esta zona no hacen
uso de estas infraestructuras. Para el día a día de muchos de los
vecinos de la zona norte de Madrid, las innovaciones de la que
presume Aguirre no son más que un largo recorrido en muchos casos
más fácil de hacer con otros medios de transporte.
9. COMUNIDAD: CUATRO TRABAJADORES DEL METRO
LIGERO OESTE, DESPEDIDOS ANTES DE INAUGURARSE (19/07/07)
Los trabajadores de Metro Ligero Oeste secundarán
el jueves una concentración frente a las cocheras de la empresa,
ubicada en Pozuelo de Alarcón, contra el despido de cuatro empleados
antes de que el servicio haya sido inaugurado de forma oficial,
según ha informado CCOO.
En un comunicado, el sindicato cree que la
empresa, una subcontrata participada mayoritariamente por OHL, tiene
"un problema de adaptación" para desarrollar su trabajo "sin someter
a los trabajadores a jornadas y turnos que impiden cualquier forma
de conciliación de la vida familiar y laboral".
En este punto, CCOO asegura que "los trabajadores
y trabajadoras de la empresa se sienten engañados" y recuerda que la
empresa se comprometió a darles horarios estables y jornadas de
trabajo continuadas. "Algo muy lejos de la realidad hoy", añade al
respecto.
A juicio de CCOO, la compañía "debería de dar
ejemplo y cumplir la ley". Por ello, se muestra disconforme con la
decisión de los responsables de Metro Ligero Oeste de recurrir a
"una forma de despido improcedente", teniendo en cuenta que es "una
empresa concesionaria de un servicio público".
Desde la Consejería de Transportes han evitado
valorar la decisión dado que se concedió la explotación a una
empresa privada.
Por su parte, un portavoz de la empresa Metro
Ligero ha asegurado que siempre "ha respetado las condiciones
laborales de los trabajadores" y ha añadido que "de los 130 puestos
de trabajo creados desde hace cinco meses, sólo cuatro han sido
rescindidos por no ser aptos para la actividad para la que habían
sido contratado".
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO DICE QUE NO ES
SU 'PROBLEMA SABER ADÓNDE VAN' LAS PROSTITUTAS (16/07/07)
El delegado del Área de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha afirmado que no es su
"problema saber adónde van" las prostitutas que ejercían en la Casa
de Campo, cerrada ahora al tráfico, sino que le preocupa que esa
actividad "vaya a menos".
"Todos los medios de comunicación están
pendientes de saber adónde se van las prostitutas de la Casa de
Campo; no es mi problema saber adónde van, sino seguir controlando
que, allí donde se produce, el ejercicio de la prostitución vaya a
menos", declaró Pedro Calvo en Aranjuez, donde inauguró el curso
"Movilidad sostenible: ciudadanía y ciudad".
Calvo dijo que las prostitutas se están marchando
"a otros municipios de la Comunidad de Madrid" que no quiso
precisar, ya que, a su juicio, deben ser otros Consistorios quienes
"lo confirmen o lo nieguen" y, en su caso, procedan a "aplicar
medidas como las que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid".
Sobre el aumento de la prostitución en otras
zonas de la capital, admitió que "se ha podido ver a algún número de
prostitutas más, no muchas, en el polígono de Marconi", donde el
tráfico por las noches está restringido y limitado a los residentes.
No obstante, señaló que la prostitución "no ha
ido a más en Montera, ni en Capitán Haya, ni en la zona del
Planetario", por lo que, concluyó, "no se ha detectado un incremento
como para decir que se está trasladando la prostitución de la Casa
de Campo a estas zonas".
En todo caso, explicó que se ha reforzado la
presencia policial en la Colonia Marconi "para garantizar a los
vecinos que no se va a producir un traslado de las prostitutas de la
Casa de Campo a ese lugar", entre otras cosas, agregó, "porque eran
un número muy superior y habrían creado una alerta mucho mayor".
Asimismo, el delegado matizó que se ha decidido
el cierre al tráfico de la Casa de Campo para su "preservar el
medioambiente del pulmón verde más importante de Madrid", aunque
también, reconoció, "porque no parece lo más adecuado que el uso
intensivo que tenga por la noche sea el de facilitar la prostitución
en la vía pública".
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GRANADOS DICE QUE EL
CIERRE AL TRÁFICO DE LA CASA DE CAMPO 'TIENE EFECTOS NEGATIVOS'
(18/07/07)
El consejero de Presidencia e Interior, Francisco
Granados, ha dicho que el cierre al tráfico de la Casa de Campo
tiene "efectos negativos no deseados como el traslado de la
prostitución a otras zonas y el problema de la entrada del tráfico a
Madrid, que afectan al Ayuntamiento pero también a la Comunidad de
Madrid". "Por tanto, habrá que corregirlos", ha agregado.
Granados, en declaraciones a Telemadrid, no ha
considerado afortunadas las palabras en las que el delegado de
Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, afirmó que no era su "problema
saber adónde van" las prostitutas tras el corte de la mayoría de los
viales de la Casa de Campo. No obstante, aclaró que responden "a una
mala interpretación", ya que "quiso decir que no es su
responsabilidad siempre y cuando se produzca fuera de Madrid".
Por otro lado, Granados ha dicho que no tiene
"ningún sentido" que el calor sea la causa del repunte de delitos de
los últimos días, tal y como apuntó la delegada del Gobierno en
Madrid, Soledad Mestre, a raíz de los cuatro apuñalamientos que
tuvieron lugar el fin de semana en la capital.
El consejero ha indicado que "calor hace todos
los años, sobre todo por estas fechas, pero el caso es que se ha
producido un aumento de los delitos que hay que atajar". "Por eso
fui el otro día a ver a la delegada del Gobierno, y a ofrecerle toda
nuestra colaboración en materia de seguridad en todos los ámbitos.
Entendemos, además, que este tema no tiene que estar sujeto al
debate partidista, pero creo que la delegada no ha estado muy
afortunada, y lo digo así por ser generoso", ha explicado.
Sobre la reunión que mantuvo con Mestre, Granados
ha afirmado que ha ofrecido al Gobierno un convenio para que la
Comunidad de Madrid participe en la construcción y arreglo de
infraestructuras y dotación de equipamiento, "siempre y cuando haya
un compromiso de aumentar el número de efectivos".
"Madrid merece tener una Policía y una Guardia
Civil mejor dotada de la que nos está ofreciendo el Gobierno, y un
camino que habrá que explorar, que puede ser una fase intermedia,
sería que algunos policías se adscriban a la seguridad en Madrid
bajo la responsabilidad de nuestro Gobierno", ha subrayado.
Asimismo, ha expuesto a la delegada el deseo de
que "policías nacionales y locales patrullen también en el Metro",
lo que, a su juicio, "daría una seguridad real y evitaría muchos
delitos". En su opinión, Ayuntamiento y Comunidad hacen un gran
esfuerzo en seguridad privada --casi 100 millones de euros-- y
tienen "el mismo derecho a la seguridad en superficie que en el
Metro".
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: AGUIRRE PIDE QUE SE
REFLEXIONE SOBRE EL CIERRE AL TRÁFICO DE LA CASA DE CAMPO (19/07/07)
La delegada de Medio Ambiente de Madrid, Ana
Botella, ha negado que el Ayuntamiento se haya "siquiera planteado"
revocar su decisión sobre el cierre al tráfico de la Casa de Campo a
pesar de las críticas recibidas por parte de prostitutas, vecinos de
la zona e incluso del Gobierno regional.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, dijo
este mismo miércoles que los alcaldes de Boadilla del Monte y de
Pozuelo de Alarcón y algunos ciudadanos, "están pidiendo
alternativas" al cierre al tráfico de la Casa de Campo, una medida
que "habrá que reflexionar" para "entre todos, encontrar las mejores
soluciones".
Aguirre hizo estas declaraciones en Majadahonda,
tras asistir al sorteo de 910 viviendas del Plan Joven, en
referencia a la posibilidad de que la Comunidad pudiera "corregir"
los posibles "efectos negativos" que está teniendo el corte al
tráfico de esta zona verde, tal y como apuntó el consejero Francisco
Granados.
Por su parte, el Ayuntamiento no quiere
retractarse. "No nos hemos replanteado cambiar de opinión porque hay
una cosa evidente: hay que preservar la Casa de Campo, que es una
riqueza ambiental de Madrid", argumentó Botella, que explicó que
"una de las formas evidentes de proteger esta zona es cerrándola al
tráfico". "La Casa de Campo es una de las joyas de Madrid y el
tráfico de coches la daña", añadió la edil popular, que puntualizó
algunas de las ideas que su equipo pretende incluir en el nuevo Plan
Director de rehabilitación del recinto, que verá la luz después del
verano.
Entre otras cosas, Botella quiere recuperar los
aparcamientos del parque "que ya no se necesitan porque no hay
coches". Asimismo, pretende hacer una zona donde se favorezca la
recuperación de la fauna autóctona de la zona. También se diseñará
una línea de coches eléctricos que no dañen el medio ambiente y que
favorezcan la circulación de los visitantes de la Casa de Campo. "El
cierre al tráfico nos permitirá hacer muchas actuaciones nuevas, se
nos ha abierto un nuevo abanico de oportunidades", concluyó la
concejala, añadiendo que no es su área de Gobierno la encargada de
decidir si, como solicitan los vecinos de Boadilla, se permitirá
finalmente circular sin parar por la zona. "Eso tendrá que decidirlo
el área de Movilidad", finalizó.
13. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: EL NUEVO
ALCALDE PEPERO ‘PERDIÓ’ 600.000 EUROS EN SU PRIMERA NEGOCIACIÓN CON
EL GOBIERNO REGIONAL (16/07/07)
El Grupo Municipal Socialista de Torrejón de
Ardoz, ante el comunicado del alcalde sobre la subvención obtenida
de 300.000 euros de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica para la reforma de la Plaza Mayor, hizo pública su
"decepción ante dicha gestión", pues pierde "una cuantía económica
importante en su primera negociación con el Gobierno Regional
respecto a lo acordado por el anterior equipo de gobierno del PSOE,
que ascendía a 900.000 euros en dos años".
El seis de febrero de 2.007 al amparo de la Orden
7968/2006 de 20 de diciembre de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, se aprobó por Junta de Gobierno la petición
de subvención por importe de 3.000.000 de euros, correspondiente al
50% del coste total de la obra de remodelación de la Plaza Mayor.
Asimismo, hay que decir que no se trata de la
primera subvención que recibe el Ayuntamiento para la reforma de la
Plaza, pues ya se habían concedido 60.000 euros para la redacción
del proyecto.
"Es por ello que podemos afirmar que todas las
gestiones para la consecución de dicha subvención se realizaron por
el anterior equipo de gobierno del PSOE y por lo tanto, velaremos
para que el compromiso que adquirimos en su día, se cumpla en su
totalidad", afirman los socialistas en un comunicado de prensa.
"Esperamos que el alcalde haga las gestiones
oportunas y necesarias para retomar estas negociaciones con el
Gobierno Regional para recuperar, al menos, la dotación económica
comprometida, en pro de los intereses de los ciudadanos", finaliza
el comunicado.
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