"Si a la ministra no le gusta el nombre de radial
6 la llamaremos M-65, pero daremos una alternativa a los
madrileños". Ésta es la solución que la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, se sacó de la manga para zanjar un
posible enfrentamiento con el Ministerio de Fomento por la nueva
radial que anunció el lunes que construirá para descongestionar la
autovía A-6.
Una de las pegas de esta promesa es que una
radial sería competencia del ministerio y no del Gobierno regional.
Pero al rebautizar la infraestructura con la nomenclatura de las
carreteras de la región, en teoría Aguirre se ahorra el conflicto,
porque la disfraza de carretera bajo su competencia. No es la
primera vez que la presidenta acude a esta fórmula. En su gestión es
frecuente el uso de eufemismos para mejorar la imagen del Gobierno
regional. Éstos son algunos ejemplos:
- La M-50 es ahora M-61. El cambio de nombre de
una carretera ya lo ensayó Esperanza Aguirre con el proyecto de
cierre de la cuarta vía de circunvalación de Madrid, la M-50. Con
esta infraestructura entró de lleno en el enfrentamiento con
Fomento, el ministerio que dirige Magdalena Álvarez. Aguirre ha
pretendido hacerse cargo de la obra, pero el Gobierno central tiene
la competencia desde que el Ejecutivo anterior, el de José María
Aznar, declaró la carretera de interés general. Cuando la presidenta
insistió en hacer un túnel bajo el monte de El Pardo para cerrar la
M-50, el Gobierno de Zapatero planteó un conflicto de competencias
al Tribunal Constitucional, que aún no se ha resuelto. Mientras,
Aguirre sigue adelante con su proyecto, bajo el nombre de M-61.
- Tranvía, no; metro, sí. A Esperanza Aguirre se
le llena la boca cuando habla del metro y durante la pasada campaña
electoral no cesó de repetir que en su mandato se han construido 90
kilómetros nuevos de suburbano. Pero, como han podido comprobar los
vecinos de los nuevos barrios de Sanchinarro y Las Tablas o los de
los municipios de Boadilla y Pozuelo, al menos en un tercio de esos
kilómetros (27,7), el metro de Aguirre no discurre bajo tierra sino
que es un tranvía convencional. Por tanto, su construcción es
bastante menos costosa y se hace en menos tiempo que el suburbano.
Aunque, eso sí, está conectado al resto de la red.
- Un parque que es un campo de golf. Un campo de
prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped
artificial sobre más de la mitad de los 12.000 metros cuadrados de
instalaciones edificadas sobre el tercer depósito de agua del Canal
de Isabel II, en la avenida de Islas Filipinas, es para Esperanza
Aguirre "un parque". Así lo denominó en su inauguración el pasado 29
de marzo, tras meses de protestas de los vecinos, que se habían
quedado sin el parque público prometido por su antecesor, Alberto
Ruiz-Gallardón. El ahora alcalde trató de parar las obras, porque el
campo de golf no estaba en la solicitud de licencia de obras
municipal, pero Aguirre evitó que lo hiciera con la argucia de
declarar los trabajos "de interés general". Ahora los vecinos pueden
acceder libremente al lugar, pero para practicar deporte están
obligados a pagar por el uso de las pistas: una de pádel cuesta 12
euros la hora.
- Presentación de obra civil. Hasta que llegó la
campaña electoral de mayo pasado, Aguirre convocaba a los medios de
comunicación a las "inauguraciones" de los nuevos hospitales
construidos en la región. En realidad, la presidenta visitaba
edificios recién terminados, sin ningún uso, en lo que la
terminología técnica denomina "recepción de obras". Ya entrada en
campaña, y ante el riesgo de que la Junta Electoral Provincial
impidiera celebrar actos de autobombo, las convocatorias del
Gobierno regional hablaban de "presentación de obra civil".
- Externalizar por privatizar. En los
Presupuestos Generales de este año, se contempla el pago de más de
770 millones de euros por servicios que antes eran públicos y que
ahora están en manos de empresas privadas. Esa cantidad es la que
este año se pagará en concepto de alquiler (o canon) de
servicios como los nuevos hospitales, el metro o las carreteras. Se
trata de una simple privatización, pero al Gobierno regional le
gusta hablar de "externalización de servicios".
2. COMUNIDAD: AGUIRRE CONECTA POR LA MAÑANA...
(28/08/07)
A la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, el nombre de Tomás Gómez le suena a líder de agentes
forestales. Hay nombres sugerentes y a ella ése, que es también el
nombre del secretario general del PSOE de Madrid, le sugería eso:
bosques, arbustos, incendios... Porque preguntada por una periodista
sobre la reunión que tendrá Gómez con los agentes forestales
-enfadados por la Ley de Aguirre que les impide entrar en
propiedades privadas sin orden judicial-, la presidenta respondió
airada: "Desconozco quién es Tomás Gómez". Y luego: "Ah, sí, sí, es
que pensé que era un líder de los agentes forestales".
Antes, ante las caras y las risas de los
periodistas que la acompañaban en su visita al hospital Clínico San
Carlos, donde iba a asistir en directo a una consulta traumatológica
por videoconferencia, Aguirre miró al consejero de Sanidad, Juan
José Güemes: "Es el alcalde de Parla", le susurró.
Y así era, la periodista se refería a Tomás
Gómez, el alcalde de Parla (PSOE), el más votado de España en las
últimas elecciones y el líder de los socialistas madrileños desde
que a finales de julio saliera elegido secretario general por una
abrumadora mayoría en un congreso extraordinario. Nombres que
inspiran.
3. COMUNIDAD: AGUIRRE PREMIA A LA EX ALCALDESA DE
LEGANÉS CON UNA DIRECCIÓN GENERAL (31/08/07)
La alcaldesa más breve de esta legislatura, la
popular Guadalupe Bragado, que tuvo que abandonar la vara de mando
del Ayuntamiento de Leganés a las tres semanas de su nombramiento
por una moción de censura de PSOE e IU, no tendrá que permanecer
otros cuatro años como jefa de la oposición.
El premio le llegó de parte del Consejo de
Gobierno que preside Esperanza Aguirre, que la nombró directora
general de Juventud (un área que depende esta legislatura de la
Consejería de Deportes, y no de la de Educación, como hasta ahora),
en sustitución de Antonio González Terol. Éste se convierte en
director general de Asuntos Europeos de la Consejería de Justicia y
Administraciones Públicas, y abandona por tanto su escaño como
diputado regional.
El vicepresidente regional, Ignacio González,
definió a Bragado, que permanecerá en el grupo municipal como
concejal, como un "activo político". Según dijo, es "una mujer
joven, de gran empuje", y explicó que con este nombramiento "se
pretende incorporar ese activo al Gobierno, para que trabaje en
beneficio de todos los ciudadanos madrileños" y de los jóvenes
"especialmente".
González también aseguró que el nombramiento no
supone tirar la toalla en Leganés. "No sólo no renunciamos, sino que
esperamos que los ciudadanos hayan tomado nota de cómo IU y PSOE han
presentado una moción de censura por intereses de poder",
puntualizó.
Algunas fuentes interpretan que el nombramiento
de Bragado es una "patada para arriba" con el fin de renovar el
grupo municipal del PP en Leganés, donde la nueva directora general
ha ganado las dos últimas elecciones municipales en votos, pero no
ha conseguido superar en concejales a PSOE e IU juntos en las dos
ocasiones. Otras fuentes del PP señalan en cambio que Esperanza
Aguirre tiene en muy buena estima a Bragado, que, a sus 31 años,
está al comienzo de su carrera política.
El Gobierno regional nombró también a Carlos
Zori, diputado regional hasta las pasadas elecciones, director de la
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Y a Diego Valle,
secretario general del Servicio Regional de Empleo.
4. COMUNIDAD: UNA SENTENCIA DICE QUE LA COMUNIDAD
"CUMPLE AL 0%" UN ACUERDO CON LA SEGURIDAD SOCIAL (01/08/07)
La Comunidad de Madrid no tiene razones para
reclamar a la Seguridad Social fondos por controlar las bajas por
enfermedad. La Audiencia Nacional considera que el Gobierno regional
ha incumplido el compromiso adquirido con la Seguridad Social de
vigilar esas bajas y, por tanto, no tiene derecho a percibir los
incentivos que el sistema público concede por atajar los abusos.
De los cuatro millones de euros que Madrid
reclamaba, la Seguridad Social abonó ya 2,3, pese a que "el grado de
cumplimiento [del acuerdo] fue del 0%", asegura la sentencia.
La sangría económica que originan las bajas
médicas a la Seguridad Social llevó al Gobierno central a establecer
unos incentivos para que las comunidades se interesaran en
controlarlo. Las competencias sanitarias -y, por tanto, los
mecanismos de control- están transferidas, aunque es la Seguridad
Social la que abona los salarios de los trabajadores enfermos. Los
abusos en el sistema elevan el gasto anual a unos 6.000 millones de
euros al año.
A partir de 2004, la Seguridad Social elaboró un
programa para premiar a las comunidades involucradas en frenar el
fraude. Además de otorgar a los médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social la competencia de controlar las bajas a partir de
un año, se creó un fondo para repartir entre las administraciones
autonómicas. Hasta ahora, "todas han cobrado lo suyo y ya está;
Madrid ha sido la única que ha reclamado", explica una portavoz de
la Seguridad Social. Las cifras están mejorando desde que se aplica
esta medida.
La sentencia del Juzgado Central de lo
Contencioso-administrativo es clara: "La comunidad demandante, que
alcanzó un 0% en el grado de cumplimiento del objetivo, percibió sin
embargo la mitad de la cantidad total presupuestada, por lo que
[...] no cabe efectuar reproche alguno en aras de una pretendida
proporcionalidad". Pese a todo, el Gobierno regional considera que
tiene razón y por eso recurrirá la sentencia, según confirma una
portavoz de la Consejería de Sanidad. Esa fuente asegura que la
discrepancia se produjo también con los incentivos del año 2004, que
se recurrieron y aún están pendientes de resolución judicial.
La Seguridad Social exige a las comunidades que
controlen las bajas de dos maneras. La primera se refiere al coste
que generan al sistema. Lejos de reducirlo, como se pedía, Madrid lo
aumentó de media un 5% en 2005. Aun así, recibió la mitad de los
incentivos. La Comunidad opone que en algún momento del año su gasto
fue inferior.
La otra herramienta de control se basa en la
informatización de los partes médicos, que permite a los
profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceder
con más facilidad a esa información. Aquí el grado de cumplimiento
fue mayor, pero tampoco se ajustó a lo exigido.
5. COMUNIDAD: CCOO DENUNCIA A CARGOS DE AGUIRRE
POR "COACCIONES" A LOS FORESTALES (01/08/07)
Comisiones Obreras se querelló ayer por
"prevaricación y coacciones" contra dos altos cargos del Gobierno de
Esperanza Aguirre por la orden interna -"nota interior"- emitida en
noviembre de 2006 a los agentes forestales de Madrid por la que les
prohibieron remitir directamente a la justicia las denuncias de los
delitos que descubrieran. "Con la nota interior, lo que en la
práctica se está ordenando a los agentes forestales es que
desatiendan sus obligaciones de un modo absoluto, hasta el punto de
que el cumplimiento de tal nota podría dar lugar a delitos", reza la
querella.
A finales de 2006, el Gobierno de Esperanza
Aguirre calcó del Ejecutivo balear, también del PP, el veto a los
forestales para denunciar delitos a la justicia. Los forestales
demostraron luego en el archipiélago que el Ejecutivo autónomo
congeló durante meses sus denuncias, que luego fueron reflotadas por
la justicia al hilo de la investigación del caso Andratx.
Los querellados del Gobierno madrileño son el
director general del Medio Natural, Miguel Allué, y el jefe del
cuerpo de agentes forestales de Madrid, José Luis Monleón. Ambos
cursaron la nota que ha incendiado a los forestales de la
comunidad.
Tal orden establecía: "A partir de hoy, y hasta
la entrada en vigor del protocolo de tramitación de denuncias
pendientes de elaborar, cualquier ilícito penal no podrá remitirse
directamente por los agentes forestales en nombre o como miembro del
cuerpo de agentes forestales a los juzgados o fiscalía, debiendo
poner la denuncia en conocimiento de la jefatura del cuerpo, la cual
actuará conforme a normativa y cauces vigentes establecidos al
efecto".
El contenido de dicha "nota interior" del cuerpo
de los forestales aún está vigente. CC OO considera que pulveriza el
carácter de agente de la autoridad que tiene el cuerpo de agentes
forestales de la Comunidad de Madrid en virtud de la norma regional
que lo creó de 2002. "El cuerpo de agentes forestales tiene la
consideración de policía administrativa especial y sus integrantes
ostentarán el carácter de agentes de la autoridad cuando presten
servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos
legalmente procedentes", señala esa norma.
Ese papel lo refrendó la Ley de Montes de 2003,
tras sus posteriores modificaciones: "Agente forestal: funcionario
que ostenta la condición de agente de la autoridad. (...) Tiene
encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de
los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de la policía
judicial en sentido genérico, tal como establece la Ley de
Enjuiciamiento Criminal".
Y, ciertamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
confirma que los forestales forman parte de "la policía judicial, y
serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia
penal y del ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las
instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la
investigación de los delitos y persecución de los delincuentes".
Y de esta norma legal deriva el riesgo de que los
forestales incumplan tal deber de denuncia: "Los que por razón de
sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito
público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio
fiscal o al tribunal competente, al juez de instrucción en su
defecto". Tal es el dilema de los forestales: incumplir una norma
interna de sus mandos o incumplir la normativa estatal. O se exponen
a la sanción de sus jefes o a la exigencia de responsabilidades por
un juez o fiscal, plantean.
Los forestales, cuando entró en vigor tal norma,
ignoraban que, posteriormente, el Gobierno de Esperanza Aguirre
alumbraría, en la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno -aprobada la semana pasada-, nuevas fórmulas para recortar
sus funciones fiscalizadoras del cumplimiento de la legislación
urbanística o medioambiental: se les prohíbe entrar en los terrenos
y montes privados sin autorización judicial. Entienden que esto les
impedirá actuar con diligencia para detectar irregularidades en
terrenos privados. Los agentes consideran que la suma de ambas
normas -no presentar denuncias a la justicia, no entrar en terrenos
privados para investigar- deja en nada su capacidad inspectora o
coactiva.
6. COMUNIDAD: EL OBSOLETO SISTEMA SANITARIO
MADRILEÑO (09/08/07)
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó el pasado 2 de agosto los estatutos por los que se regirán
los nuevos hospitales anunciados a bombo y platillo por la
presidenta Esperanza Aguirre. Los nuevos centros serán públicos,
pero estarán gestionados por empresas privadas durante treinta años
a cambio de un ‘canon anual’. Para reivindicar una gestión pública
de la Sanidad en la Comunidad surgió la Coordinadora
Anti-privatización de la Sanidad Pública en Madrid.
Esta organización cree que el modelo Aguirre
puede provocar el aumento de las desigualdades en salud y la
consideración de pacientes y trabajadores del sector como meros
instrumentos para generar plusvalías económicas. Además critican la
falta de inversión en el sector, que ha disminuido en 37,1 millones
de euros, mientras que el destinado a conciertos privados ha crecido
en 47,2 millones.
La Coordinadora no es la única asociación que
denuncia el modelo obsoleto de financiación de Aguirre. Lucas
Fernández, portavoz socialista de Sanidad en la Comunidad de Madrid
durante la última campaña electoral, ya advirtió de que el modelo
con el que se han financiado siete de los ocho nuevos hospitales de
Aguirre supone "un sobrecoste del 30% respecto a otros sistemas".
Este coste adicional se ve reflejado en una menor
inversión en médicos, camas y hospitales que es por lo que se mide
el nivel sanitario de la región. Además, según explicó Lucas
Fernández, la empresa privada que asume la construcción ha
amortizado su inversión en cinco o seis años", a partir de ahí, todo
son beneficios. Los socialistas calculan que esos beneficios se
podrían contratar a 3.000 médicos y 4.000 enfermeras al año.
Y es que, pese a los alardes de la Comunidad de
Madrid, que presume de haber puesto en marcha 56 centros de salud en
la última legislatura, según la Federación de Asociaciones en
Defensa de la Salud Pública (FADSP), "en muchos casos, Sanidad ha
trasladado a un nuevo centro de salud los médicos de otro que estaba
en un estado deplorable y que se cierra después de la inauguración
del nuevo".
Esto es lo que va a pasar, por ejemplo, con el
hospital Puerta de Hierro (481 camas), que cerrará cuando abra el
nuevo hospital de Majadahonda (300 camas). Como se puede observar
por el número de camas, no sólo no aumenta el servicio sanitario en
Madrid, sino que cada vez es peor.
La inversión de la Comunidad en centros
sanitarios en 2006 fue de 193,8 millones de euros. Este año la cifra
se reducirá en más de un 17%. Respecto al gasto global en Sanidad de
la Comunidad, Madrid es una de las que menos gasta por habitante en
España con tan sólo 102 euros por persona (3,2% del PIB de la
región), frente a los 141 de Andalucía (5,06%) o los 190 de
Extremadura (7,81%).
Los datos hablan por sí solos. El modelo de
financiación que impulsa Esperanza Aguirre y que ha copiado de los
británicos, es ineficaz y caro y sólo beneficia a las entidades
privadas que gestionan los centros de salud. Los mismos ingleses han
dejado de utilizar este modelo "por su alto coste" y hasta la OMS
advierte del sobrecoste de estos hospitales.
7. COMUNIDAD: CAMAS CON MUCHOS PACIENTES
(07/08/07)
La abultada lista de espera para el médico
especialista, los pocos minutos que tiene cada facultativo de
cabecera para atender a sus pacientes, la falta de centros de
salud... Pese a los alardes de la Comunidad de Madrid, que presume
de haber puesto en marcha 56 centros de salud en la última
legislatura y que en los próximos meses estrenará ocho hospitales,
los recursos de la sanidad pública parecen haberse quedado cortos en
la región frente al incremento de la población.
Un ejemplo: entre 2001 y 2006 la población
madrileña aumentó un 15,7% -de 5,3 a 6 millones, según el INE-. En
ese periodo el número de camas hospitalarias sólo se incrementó en
un 1%, según Carmen López, secretaria de política sectorial de UGT.
En Madrid existen 3,58 camas por cada millar de habitantes, según la
Consejería de Sanidad, frente a las 5 por cada 1.000 personas de
media en la UE. La Organización Mundial de la Salud recomienda
incluso más: entre 8 y 10 camas por cada 1.000 personas.
Ese panorama se mantendrá pese a la entrada en
funcionamiento de los ocho nuevos hospitales, por los que Sanidad
pagará 3.500 millones en 30 años y a los que ha dado entrada al
capital privado en su gestión. Todos juntos -estarán situados en
Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Parla, Vallecas,
Valdemoro, Coslada y Arganda del Rey- aportarán 1.797 camas a la
sanidad pública, pero casi al mismo tiempo serán cerradas 1.000
camas de los grandes hospitales, ahora al borde del colapso. El
actual hospital Puerta de Hierro (481 camas) también se cerrará
cuando funcione el de Majadahonda. Estas 300 nuevas camas supondrán
un aumento del 1,4% sobre las 20.362 actuales.
Faltan también centros de salud, médicos y
enfermeras. Ahora existe un médico de cabecera por cada 1.928
habitantes, cuando la Federación de Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP), en función de las ratios europeas, exige
que haya entre 1.200 y 1.500 personas por cada médico. "La
consecuencia de esta falta de personal es que los médicos apenas
tienen tiempo para atender a los enfermos. La media de atención está
en 4,5 minutos, cuando lo razonable es que cada médico estuviese con
su paciente unos 10 minutos", denuncia Javier González Medel,
portavoz de la asociación sanitaria Plataforma Diez Minutos.
La Consejería de Sanidad responde con los datos
del número de plazas convocadas en el sistema sanitario madrileño
(desde médicos y enfermeras hasta celadores). "Desde 2003 se han
convocado 8.321 plazas, lo que supone un incremento de más del 15%
de la plantilla que había al comienzo de la legislatura anterior".
Pocos médicos y también pocos centros de salud.
En 2003, la capital y los grandes municipios de la periferia tenían
219 centros de salud, "muchos situados en bajos alquilados sin
remozar desde hace décadas", denuncia la FADSP. Esta asociación
matiza los datos de la Consejería de Sanidad, que ha puesto en
marcha 56 nuevos ambulatorios. En realidad, según la FADSP, entre
2003 y 2007 la capital ha perdido un centro de salud y los grandes
municipios sólo han ganado nueve.
Los números tampoco son muy halagüeños si se mira
la inversión regional en centros sanitarios, ya que la inversión de
2006 alcanzó los 193,8 millones de euros, este año se verá reducida
en un 19,7%. Este porcentaje, que se concreta en 37,1 millones menos
para infraestructuras sanitarias, contrasta con el incremento de
47,2 millones destinados a conciertos con el sector privado.
Respecto al gasto sanitario, Madrid, pese a ser
una de las autonomías más ricas, es la que tiene un menor gasto por
habitante de España, con tan sólo 102 euros frente a los 190 de
Extremadura o los 141 de Andalucía. Es la que dedica un menor
porcentaje del PIB a la sanidad pública (3,2% frente al 5,06% de
media y el 7,81% de Extremadura).
8. COMUNIDAD: CAE EL TECHO DE UN QUIRÓFANO DEL
HOSPITAL DE MÓSTOLES (08/08/07)
El derrumbe de buena parte del techo de un
quirófano del hospital de Móstoles, el pasado domingo, ha obligado a
cerrar seis de los 12 espacios quirúrgicos de este centro sanitario.
Según sus responsables, se trata del derrumbe "parcial" del falso
techo de la sala de operaciones número uno, en la segunda planta del
recinto hospitalario. El gerente comunicó el cierre a los
representantes de los trabajadores, que consideraron "oportuna" la
medida. Desde hace años, los empleados se han quejado de la
antigüedad de las instalaciones.El accidente tuvo lugar cuando, por
causas desconocidas, según fuentes del hospital, se cayó buena parte
del falso techo de un quirófano que en ese momento estaba vacío. A
esa hora se estaban desarrollando intervenciones en otros dos
quirófanos de esa planta: el dos, ubicado al lado del que sufrió el
derrumbe, y el seis.
"Ésta no es una situación nueva, esos mismos
quirófanos han sufrido otros percances anteriormente, debido a la
antigüedad de este hospital", indicó el médico Carlos Barral Galán.
Añadió que el quirófano cuyo techo se derrumbó, el número uno, iba a
ser utilizado en la tarde del domingo en una intervención, que
finalmente no pudo llevarse a cabo porque "una lámpara no funcionaba
correctamente".
La dirección del hospital de Móstoles confirmó
que el incidente se produjo "cuando no se encontraba nadie dentro".
Además, añadió que el mismo domingo se clausuraron todos los
quirófanos de esa planta, para realizar las labores de reparación.
"Aún no podemos decir cuándo podrán abrirse las salas de
intervención, puesto que estos trabajos son delicados", explicó un
portavoz del centro sanitario.
El hospital de Móstoles tiene un total de 12
quirófanos repartidos en diferentes plantas. Seis de ellos, ahora
cerrados, están en la planta segunda. Además, hay cuatro más en la
tercera planta y otros dos, destinados a cirugía mayor ambulatoria,
en la planta baja."Hasta el momento, la actividad quirúrgica no se
ha visto afectada y está previsto que se realice con total
normalidad utilizando los seis quirófanos restantes del centro
sanitario", insistió la dirección del hospital, que se mostró
confiada en que lo sucedido "afecte en la menor medida posible" al
funcionamiento normal del centro. No obstante, desde el hospital no
se informó del número de intervenciones previstas durante estos días
ni de las realizadas desde el domingo.
Los facultativos están convencidos de que lo
ocurrido no es una casualidad. "El hospital de Móstoles es una
infraestructura muy antigua. Es una casa vieja. Y lo que ha ocurrido
es algo que ya nos temíamos desde hace tiempo", señaló a este
periódico Barral Galán. "Esta situación sólo se explica por la falta
de sensibilidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid respecto a los ciudadanos de Móstoles y por la falta de
mantenimiento", añadió.
Desde hace años, los sindicatos y los propios
trabajadores se han venido quejando tanto por la antigüedad de las
instalaciones, como por su reducido tamaño, lo que viene provocando
problemas en la atención a los pacientes. "Sin duda, el hospital de
Móstoles es viejo y, si mantiene su actividad, es gracias a la gran
labor de los profesionales", aseguró la secretaria general de UGT en
la zona, Esther Ortega. Añadió que este centro no cumple "la demanda
de una ciudad de más de 200.000 habitantes".
Hace unos meses, un grupo de facultativos
presentó una memoria en la que se analizaban los problemas del
centro y se abogaba por la construcción de un nuevo equipamiento con
capacidad para unas 600 camas. Tanto el ayuntamiento como la
Comunidad de Madrid vinieron a reconocer la situación del centro al
alcanzar un acuerdo para su ampliación a principios de año. Éste
incluía la construcción de un nuevo hospital para dar atención a los
210.000 habitantes de la localidad.
La ampliación prevista incluye la construcción de
un edificio que incrementaría en 28.000 m2 los casi
50.000 con los que actualmente cuenta el centro hospitalario. El
inmueble contaría con un nuevo bloque quirúrgico y una zona de
hospitalización.
9. COMUNIDAD: BRUSELAS DENUNCIA LAS OBRAS DE LA
'CARRETERA DE LOS PANTANOS' EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
(10/08/07)
La Comisión Europea ha interpuesto un recurso
contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los
Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales-
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar
que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las
leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron
fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como
carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre
Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid.
"Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia
condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el
daño ya causado", indicó a este diario Barbara Helfferich, portavoz
europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue
interpuesta el pasado 18 de julio.
El proyecto para convertir en autovía esta
carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas
europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto
ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red
Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección
ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en
biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra
atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto
ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la
construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas
compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado.
De la ampliación de la carretera madrileña que
une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea
le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los
encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche y
Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés
comunitario.
Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no
se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado acusa a
España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios,
correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una
evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la
infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que
las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación
con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un
tramo de la carretera.
Ahora, los servicios legales de la Comisión
Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben
remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de
entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele
demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo
pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de
otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la
Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de
millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo
recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en
2005 por pescar alevines.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha
defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera en
Bruselas, destacó "la rapidez y contundencia con la que ha actuado
la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer ahora el
Gobierno de Esperanza Aguirre es "parar las obras".
No es la primera vez que la Comisión Europea
lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la
legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia,
en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las
obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda,
mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy
lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich.
La Comisión Europea concedió el pasado mes de
marzo un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que
presentase el estudio ambiental completo de las obras y amenazó con
llevar a España ante el tribunal si no cumplía. El 18 de julio la
amenaza se hizo realidad.
10. COMUNIDAD: UNA AUTOPISTA AMENAZA EL PARDO
(21/08/07)
Una radial que descongestione la autovía A-6
(carretera de A Coruña). El último proyecto que pretende acometer la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre - anunció
que en breve licitará los estudios previos para construir esa
alternativa a la A-6-, nace con dos obstáculos importantes. El
primero lo impone el trazado, pues apenas queda superficie libre
junto a la autovía para hacer la infraestructura. El segundo es que
la construcción de una vía alternativa a la A-6 es competencia del
Ministerio de Fomento, que "no contempla" acometer un proyecto como
el anunciado por Aguirre.
La nueva autopista uniría la AP-6 (el tramo
convertido en autopista de pago que va de Adanero a Villalba) con
alguna de las circunvalaciones de la capital, probablemente la M-40,
pues el cierre de la M-50 por el norte aún no existe. Esto amenaza
directamente a zonas protegidas como el monte de El Pardo. A la
derecha de la A-6 casi todo el terreno está construido, pues las
urbanizaciones discurren prácticamente en línea continua por
Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Las Matas, Torrelodones... hasta
llegar a los túneles de Guadarrama. Al otro lado de la autovía, como
apunta Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción,
sólo quedan el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el
monte de El Pardo. Ambos, protegidos.
"Es una auténtica aberración e innecesaria",
afirma Martín Barajas, que critica que Aguirre ignore las leyes, al
pretender saltarse la protección de espacios naturales. "Lo único
que quiere es incrementar y favorecer el negocio inmobiliario en una
zona que ya está hipercongestionada", zanja el ecologista.
Una tercera opción sería que la autovía
discurriera al sur de Boadilla y Majadahonda, pero entonces el rodeo
que daría la radial haría que tuviera bastantes más kilómetros que
la actual A-6. Desde el Ministerio de Fomento, según una portavoz,
se contemplan estudios que concluyen que la mejor opción es
potenciar el transporte público mediante plataformas reservadas
(Bus-VAO) entre Las Rozas y Villalba, un proyecto ya sometido a
información pública. La otra fórmula ha sido ampliar a cuatro
carriles la A-6 y remodelar el túnel más antiguo y hacerlo
reversible.
El propio Gobierno regional reconoció la
competencia de Fomento en la construcción de la Radial 3, cuando
presentó sus alegaciones al Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transporte (PEIT) que diseñó el ministerio. Entonces le reclamó una
alternativa a la A-6, según reconoció una portavoz de la Consejería
de Transportes. Aguirre explicó que la obra es necesaria por la
congestión de la carretera, que, dijo, llega a soportar atascos de
"hasta 60 kilómetros" durante los fines de semana. Según Iberpistas,
la concesionaria de la AP-6, en 12 años se han duplicado los
usuarios: de 8 a 16 millones de viajeros al año. Este verano, el
atasco ha sido una constante.
"No hay ninguna razón que justifique que se hayan
hecho carreteras radiales alternativas al resto de autopistas
nacionales y no haya alternativa a la carretera de A Coruña",
planteó la presidenta. Por eso, aseguró que será su Gobierno el que
la lleve a cabo. Pero no hay un proyecto definido, según reconoció
Transportes, que primero sacará a concurso los estudios previos del
trazado.
No es la primera vez que Aguirre plantea
construir una infraestructura que no le compete. Lo mismo sucedió
con la Radial 1, la alternativa a la autovía A-1, o el cierre de la
M-50, que ha pretendido que se construya con un túnel bajo el monte
de El Pardo, pese a la oposición del Ministerio de Medio Ambiente.
Por otra parte, las autopistas de pago que creó
el Ejecutivo del PP (las que discurren paralelas a la A-2, A-3, A-4
y A-5) han resultado un fracaso. Ni éstas ni el acceso al aeropuerto
(M-12) alcanzan un tercio del tráfico que preveían cuando se
inauguraron. Además, las concesionarias han visto multiplicado hasta
10 veces el coste de las expropiaciones. El Ejecutivo de Zapatero
llegó a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal
Constitucional que aún no se ha resuelto.
El Gobierno de Aguirre ha decidido esperar hasta
otoño para ver si Fomento construye la R-1 como se ha comprometido.
"En caso de que no quisieran, ya tenemos el estudio hecho", explicó
la portavoz. Aguirre ha tratado de solucionar el conflicto de la
M-50 cambiando el nombre. Ahora se llama en los papeles técnicos
M-61. Pero no es más que un conflicto aplazado. Ahora se suma el de
la futura R-6.
11. COMUNIDAD: EL GOBIERNO DE MADRID, OPUESTO A
QUE EL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SE LLAME "MADRID SUR" (19/08/07)
Polémica institucional en torno a la denominación
del aeropuerto privado de Ciudad Real. El nombramiento de la
instalación aeroportuaria ha levantado ampollas entre Castilla- La
Mancha y Madrid, e incluso entre el PP madrileño y el manchego. Los
populares madrileños agregan que la denominación del recinto
aéreo, "Madrid Sur", es ilógica, ya que el recinto aeronáutico se
encuentra a más de 175 kilómetros de la capital de España.
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela, aseguró que se tomarán "todas las medidas
necesarias" con objeto de impedir que el nuevo aeródromo tenga tal
nombre.
Desde el Ejecutivo autónomo manchego se alega que pese a parecerles
correcto el nombre con el que un principio se iba a denominar el
aeropuerto, "Quijote", deberán aceptar el de "Madrid Sur" porque "a
efectos de una gran lanzamiento internacional, el nombre
seleccionado por la empresa ayuda y facilita el contacto de los
futuros viajeros con esta infraestructura".
El Partido Popular ha aprovechado la polémica para ejercer el
partidismo y, de esa manera, atacar con dureza al PSOE, que gobierna
en la actualidad la comunidad manchega. Según argumentan en el
Gobierno madrileño, en manos de Esperanza Aguirre, que un aeropuerto
en La Mancha haga referencia a Madrid significaría asociar el nombre
de la capital de España a una región de España, Castilla La Mancha,
de la cual "se avergüenzan" por estar regida por el socialismo y no
corresponder a la imagen real de modernidad que posee la
comunidad de Esperanza Aguirre, como comentó Antonio Beteta,
portavoz popular en la Asamblea de Madrid.
Incluso dentro del Partido Popular hay quien da
el visto bueno a que el aeropuerto de Ciudad Real sea definido como
un apéndice meridional de Barajas, como la presidenta del PP
manchego, María Dolores de Cospedal, quien aseveró que "las
administraciones no deben intervenir en estas decisiones
empresariales, sino desearles éxito", añadió.
Por otra parte, el concejal de Urbanismo y
portavoz municipal del PP en Ciudad Real, Francisco Cañizares,
frente a la consignas de sus compañeros de partido en Madrid,
solicitó que se apoyase un proyecto que generará en un lustro más de
7.000 puestos de trabajo.
Desde el Gobierno manchego arguyeron que el
conflicto por la denominación del aeropuerto es "entre una comunidad
autónoma y una empresa, no entre regiones limítrofes", pues la
empresa lo que "busca la mejor forma de internacionalizar el
proyecto y rentabilizarlo", tal y como se ha hecho en otros
aeropuertos europeos cercanos a grandes metrópolis.
12. COMUNIDAD: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE MADRID EN
VANO (23/08/07)
Confusión, engaño al consumidor y menoscabo del
interés público de la Comunidad de Madrid. Éstas son las razones que
alega la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que dirige
Manuel Lamela, para reclamar a la empresa Aeropuertos SL, titular
del futuro aeródromo de Ciudad Real, que retire el nuevo nombre de
la infraestructura. Aunque las instalaciones se conocían como
aeropuerto de Don Quijote, la empresa anunció a mediados de mes el
cambio a Madrid Sur-Ciudad Real.
Por eso, la consejería de Lamela envió un
requerimiento a la empresa en la que le exige dejar de utilizar
"cualquier expresión o denominación que incluya la referencia a
Madrid". También le reclama que renuncie a la solicitud de registro
de la marca que publicó el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial el pasado 16 de agosto, que se comprometa a no utilizarla
en el futuro, que retire todos los productos que lleven la marca,
que deje de anunciar los servicios con ese nombre y que suprima de
sus páginas web cualquier referencia.
Transportes considera que el uso de la
denominación de Madrid limitaría al Gobierno regional a la hora de
"decidir los nombres de las nuevas infraestructuras comprometidas".
Además, el documento concede a la empresa ocho días para aceptar su
petición y amenaza, en caso contrario, con "adoptar las medidas
legales precisas".
El presidente de Aeropuertos SL, José Antonio
León, que también preside la Cámara de Comercio de Ciudad Real,
aseguró que aún no ha recibido el documento. "Antes del revuelo, lo
lógico es que nos hubieran llamado", consideró. León explicó que la
empresa no quiere polémicas, pero que el aeropuerto está en "el
término de Ciudad Real, que está al sur de Madrid". Por eso, agregó,
Madrid Sur-Ciudad Real es la "denominación del enclave donde está".
13. COMUNIDAD: Buruaga promociona descaradamente
LibertadDigital a través de Telemadrid (10/08/07)
Sáenz de Buruaga cambia formato y de animador del
semanal aquelarre anti ZP titulado Madrid Opina pasa a dócil y
solícito entrevistador de significados personajes de la derecha
mediática. La última entrega tuvo como protagonistas a dos de las
voces del púlpito de la insidia: el escritor Alfonso Ussía, habitual
de "La Mañana" y la periodista Paloma Gómez Borrero, corresponsal de
la COPE en Roma. Para la próxima semana se anuncia al académico
conspirador Luis María Anson.
En Persona, así se titula el programita de
Buruaga, se estrenó con una entrevista a la concejal Ana Botella y
tuvo el privilegio de anotar la cuota más baja de audiencia entre
las emisiones de ese día en el canal autonómico madrileño. Pero no
importa. Lo relevante en Tele Esperanza es contribuir
esforzadamente a la promoción de la derechona más conspicua y a la
proyección de sus voceros y agitadores. Ni un atisbo de
imparcialidad o equilibrio.
Si la gestión que la derecha hace de los medios
de comunicación públicos la hiciesen los socialistas, la escandalera
sería de aúpa. Lo de Buruaga, a fuer de escandaloso, más bien roza
la ridícula sumisión a sus mentores. No puede explicarse de otra
manera la escena final de la entrevista al aristócrata Ussía, con
quien el entrevistador bromea sobre su atraso informático y al que
regala un PC portátil. Para comprobar las prestaciones del equipo,
Sáenz de Buruaga invita a Ussía, con reiteración, a conectarse a
Libertad Digital. Ni siquiera tuvo el decoro de acceder a
Telemadrid.es.
14. COMUNIDAD: SEMIESCLAVITUD EN EL TAJO
(29/08/07)
Marian Laurentiu y Calin se aferran a lo poco que
tienen. Una maleta y una bolsa de plástico donde guardan su ropa y
sus cintas de casete. Junto a otro ciudadano rumano, Ciprian y uno
polaco, Adan, vivían en los sótanos del edificio que estaban
restaurando. Unos 30 días durmiendo sobre unos colchones tirados en
el suelo. a su jefe, el rumano Marian Cojocea, de 49 años, se le
cayó encima el ascensor que reparaba. Murió en el acto. Su muerte
permitió destapar las condiciones infrahumanas en las que vivían sus
trabajadores.
Los hombres carecían de contrato laboral, no
habían cobrado ninguna cantidad, trabajaban unas 12 horas al día y
sólo descansaban el domingo, pero estaban tan agotados que tampoco
salían del edificio. "Hemos trabajado un mes para nada. Ahora, ¿qué
vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir?", se preguntaban con voz
lacónica Marian Laurentiu, de 20 años.
La muerte de Cojocea se produjo pasadas las cinco
de la tarde, cuando intentaba arreglar el ascensor del edificio que
estaba reformando junto a otra decena de operarios en el número 3 de
la calle de Ramonet (Ciudad Lineal). El trabajador debió de quitar
los contrapesos del elevador y la caja de éste le aplastó parte del
cuerpo y la cabeza. Murió en el acto. Al lugar acudieron
facultativos del Samur, que sólo pudieron certificar la muerte, y
bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que levantaron el ascensor y le
pusieron varios soportes para asegurar la zona, según un portavoz de
Emergencias Madrid.
Cuando llegó la Unidad de Policía Judicial de la
Policía Municipal y los inspectores de Trabajo, interrogaron a los
obreros. Se descubrió entonces la precaria situación en la que se
encontraban, casi en la esclavitud. "Antes vivía en un piso
compartido con otros rumanos en Villalba, hasta que me salió este
trabajo. Pensé que estaba bien y no me exigían tener los papeles",
explica el rumano Marian Laurentiu, desesperado y lágrimas en los
ojos. Hace tres meses que llegó a España.
Trabajaban desde hacía un mes para reformar el
edificio, que perteneció a una orden religiosa. De la decena de
trabajadores, seis eran polacos y cuatro, rumanos. Los primeros
fueron contratados por un tal Alexander, que reside en
Collado-Villalba. Los segundos fueron captados por Cojocea, según
los afectados.
"Sólo nos daban 20 euros al día, con los que
comíamos en un bar cercano y comprábamos tabaco", asegura Ciprian,
de 23 años. Desayunaban y cenaban en el propio sótano con lo que
compraban en un supermercado cercano o en una tienda de 24 horas. La
única distracción que tenían los domingos era oír música en la obra
en un pequeño radiocasete.
Desde que empezaron en Ciudad Lineal, las
condiciones eran paupérrimas. Los tres rumanos y el polaco sólo
tenían unas colchonetas tiradas en el sótano del edificio, donde
pernoctaban. En un principio, comenzaron a trabajar a las ocho de la
mañana, pero como molestaban a los vecinos de la zona por el ruido,
lo retrasaron hasta las nueve o las diez. Su jornada duraba hasta
que no había luz. Casi 12 horas al día.
Las medidas de seguridad no existían. No tenían
ni cascos ni arnés ni nada que se le pareciera. Además, las obras
carecían de licencia municipal y de un proyecto aprobado por el
Colegio de Arquitectos, según fuentes policiales. De hecho, Ciprian
nunca antes había visto un accidente similar y por la noche estaba
aterrado. Llamó a su hermano que vive en Villalba para que fuera a
recogerle. En su Tulnici natal (al este de Rumania) trabajaba de
peón de obra.
Pese que llevaban un mes trabajando, no habían
visto ni euro de su sueldo. Les habían prometido 1.800 al mes, pero
con la muerte de Marian todo eran incógnitas. "No sabemos cuando nos
van a pagar. El jefe [Alexander] ha desaparecido", protestaba
Ciprian. Apenas habla español y no consigue entender lo que la
policía intenta explicarle. Los agentes precintaron a las once de la
noche el edificio. Él trabajo iba a acabar a finales de semana,
porque ya habían completado las cuatro plantas del edificio y sólo
les quedaba el sótano. Donde murió Marian Cojocea.
El problema del precinto del edificio se
convirtió a partir de ese momento en una pesadilla para los
inmigrantes. Anoche no tenían sitio para ir, salvo Ciprian. "¿Y
ahora qué vamos a hacer? No sé adónde ir. No tengo dinero porque
siempre nos daban los 20 euros al final de la jornada... Como ha
muerto Marian, no hemos cobrado", se quejaba Marian Laurentiu. No
tenían ni dinero ni para coger el metro.
El Samur Social les ofreció como solución
temporal alojarse en su sede del distrito de Centro. , con gesto
cansado y sin ganas de hablar mucho, se subieron a las furgonetas
azules.
La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid,
Marisa Rufino, puso a disposición de los afectados a la asesoría
jurídica del sindicato para denunciar a todos los implicados. "Es
una vergüenza que en Madrid, en pleno siglo XXI, se den estos casos
de semiesclavitud", concluyó Rufino.
15. COMUNIDAD: LA REGIÓN, A LA COLA DE
INSPECTORES DE TRABAJO (30/08/079
Diez obreros sin contrato, sin cobrar, trabajando
de sol a sol. Algunos durmiendo en el tajo, en una obra sin
licencia. Ése era el panorama en un edificio en rehabilitación de
Ciudad Lineal en el que murió el martes un empleado rumano.
Probablemente, un inspector de trabajo hubiera parado la obra.
Pero ninguno la había visitado. Quizá porque la
región se encuentra a la cola de inspectores en relación con los
trabajadores. Así lo pone de manifiesto un estudio del sindicato UGT
con datos del Ministerio de Trabajo, que demuestra que, de media,
cada inspector o subinspector tiene que controlar a más de 14.000
operarios. La peor proporción de toda España, el doble que en otras
regiones, como La Rioja o Castilla y León (7.000). Los sindicatos
han pedido que se triplique su número para acabar con la altísima
siniestralidad laboral que sufre la Comunidad. En lo que va de año
han perdido la vida 106 trabajadores en accidentes.
Además, el número de inspectores en Madrid es el
mismo que en 2004, e incluso este verano hay uno menos (99). El
personal total de inspección sólo se ha incrementado en dos personas
(de 274 a 276).
Los mismos inspectores, pero más trabajadores. En
concreto, se ha pasado de 2,9 millones de empleados en 2004 a los
3,24 millones en el segundo trimestre de este año, según la Encuesta
de Población Activa.
El estudio de UGT refleja que España se encuentra
mejor en la relación de trabajadores por inspectores y
subinspectores de trabajo. Frente a los 12.700 empleados por cada
inspector o subinspector de Europa, en España la proporción es de
11.000. Sin embargo, en el caso de Madrid llega a los 14.068. "No
existe un control suficiente de las obras y de los centros de
trabajo con mayores riesgos laborales. Debería ampliarse la
plantilla para que haya más inspecciones y se pueda trabajar
preventivamente", critica la responsable de Salud Laboral de
UGT-Madrid, Marisa Rufino.
De la misma opinión es su homólogo de CC OO,
Carmelo Plaza. Éste cifró en 300 el número de inspectores necesarios
para controlar todos los tajos. "Todas estas irregularidades hay que
atajarlas a nivel policial y judicial. Muchas obras nacen y
desaparecen, sin que nadie de la Administración se pase por ellas",
describe Plaza. Una portavoz de la Consejería de Empleo y Mujer
también reclamó más inspectores.
Un portavoz del Ministerio de Trabajo, del que
depende la convocatoria de las plazas de los inspectores, aseguró
que existe un número consensuado de inspectores con todas las
regiones en función del número de trabajadores, la dispersión
geográfica y la siniestralidad laboral, entre otras variables. El
portavoz adelantó que en los próximos días se incorporarán siete
nuevos inspectores.
Los sindicatos recordaron que la labor de
inspección también la pueden ejercer los policías municipales.
Podrían solicitar las licencias de obras y controlar que se cumpla
la legislación. "Desde UGT, siempre nos preguntamos qué hacen los
7.000 policías municipales que hay en Madrid. ¿No pueden entrar en
las obras y pedir las licencias?", se cuestionaba Rufino. La obra en
la que murió el martes el responsable de obra, Marian Cojocea,
carecía de los permisos municipales.
Los sindicatos también pidieron mayor control,
porque aseguran que es imposible saber el número de empleados sin
dar de alta y las obras que se están desarrollando en la Comunidad.
"La región está sufriendo mucha explotación por
el boom inmobiliario de los últimos años. O se pagan sueldos
muy bajos, o no se contrata a los obreros", añadió Rufino.
16. GALLARDÓN: "SERÍA FAVORABLE PARA MADRID TENER
VOZ EN EL CONGRESO" (20/08/07)
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se
postuló en una entrevista concedida para formar parte de las listas
electorales del PP al Congreso de los Diputados en las próximas
elecciones generales, previstas para marzo del próximo año.
Gallardón considera "por supuesto compatible" ser diputado nacional
y alcalde y, además, cree que "sería muy favorable" para la capital
que su alcalde tuviese "voz" en el Congreso.
"Es más, grandes alcaldes de Madrid han defendido
la voz de esta ciudad en el Congreso; ahí está el ejemplo de Enrique
Tierno o de Juan Barranco", apuntó. Para Gallardón, esta sería una
buena fórmula para "saldar las deudas de todo tipo, legislativas,
políticas, que el Gobierno tiene con los madrileños".
Insistió, además, preguntado sobre si aceptaría
una cartera ministerial si el presidente del PP ganara las
elecciones y lo eligiera para formar su Gobierno, que su
"compromiso" es con la ciudad de Madrid. Pero a renglón seguido
reiteró su deseo de "contribuir en todo lo que pueda a que Mariano
Rajoy gane las elecciones".
Ruiz-Gallardón negó rotundamente que en su
partido haya sido criticado el ofrecimiento que hizo al líder del PP
en este sentido. "¿Quién lo ha recibido mal en el partido? Yo no he
oído ninguna crítica dentro del partido, ni ningún comentario
desfavorable a esa oferta", enfatizó el alcalde de Madrid,
quien indicó que sí escuchó "críticas y comentarios desfavorables en
determinados medios de comunicación" que "dicen que apoyan al PP".
Consciente de que esa polémica existió, aunque en
su opinión sólo en determinados medios de comunicación, no quiso
pronunciarse sobre si le gustaría compartir los tres primeros
números de la lista al Congreso con Rajoy y Rodrigo Rato. "No
hablemos de número porque si yo le contesto que estaría encantado
parece que ya estoy no solamente solicitando ir al Congreso, sino
decir en un puesto determinado, cosa que no he dicho nunca",
apostilló. No obstante, sí afirmó que "todo lo que fuese una
presencia de Rodrigo Rato apoyando la candidatura de Mariano Rajoy"
a él le parecería "extraordinariamente positiva".
Sobre la retirada de Josep Piqué y Jaume Matas de
sus puestos en las direcciones del PP catalán y balear,
respectivamente, confió en que la misma "no pase factura" a su
partido en los próximos comicios.
Sobre los problemas en las infraestructuras
catalanas, señaló que la gestión de la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, ha sido "un error desde el principio". Resaltó
que con el presupuesto que tiene el Ministerio de Fomento en lugar
de "ayudar al Gobierno lo que hace es convertirse en uno de los
elementos más fuertes de crítica al mismo; ahí hay un problema y ese
problema es la gestión".
Preguntado sobre las declaraciones de Manuel
Fraga en las que afirmaba que "si ETA vuelve a matar, será culpable,
pero también quienes dan facilidades y negocian con ella sin
publicidad", el alcalde señaló: "Una negociación encubierta sería no
solamente una violación del mandato que en su día dio el Congreso
autorizando al Gobierno a una negociación, sino una deslealtad
política que merecería el máximo de los reproches".
17.
Gallardón: se declara "extrañado" por la reacción de miembros del PP
a sus pretensiones políticas (22/08/07)
18. GALLARDÓN: SEÑALA SUS CUATRO VICTORIAS A
QUIENES LE CRITICAN POR QUERER SER DIPUTADO (23/8/07)
Ha llegado el momento de recoger los frutos de 30
años de obediencia a la dirección del PP. Esto es lo que dejaron
traslucir las palabras del alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, en su primera intervención pública desde que el
pasado domingo volvió a ofrecerse para acompañar a Mariano Rajoy en
la candidatura al Congreso. "He hecho todo lo que el partido me ha
pedido siempre, he asumido las responsabilidades que me han
encargado sin cuestionarlas", subrayó Gallardón, quien, tras
alardear de sus cuatro "mayorías absolutas consecutivas", se extrañó
de que aún sorprenda su "ilusión" de "ayudar a Rajoy". Aunque
mantiene su aspiración, afirmó que acatará "siempre" lo que diga el
presidente del PP.
Casi ninguno de los más de 30 medios de
comunicación que por la mañana acompañaron a Alberto Ruiz-Gallardón
en su visita a las obras de unas instalaciones deportivas en la
capital tenía el más mínimo interés en la infraestructura en
cuestión. El propio alcalde de Madrid bromeó sobre la abrumadora
presencia de reporteros, pero eso no le impidió seguir con el
discurso que traía preparado. Sólo se saltó el guión al permitir
preguntas, en contra de su costumbre en este tipo de actos.
Pero se dejó. Y para evidenciar que en ese
momento cambiaba su papel de alcalde por el de dirigente del PP se
quitó primero el casco y, luego, se explayó a gusto en sus
respuestas. Del aluvión de críticas que ha recibido en los últimos
días por parte de algunos dirigentes de su partido -el portavoz del
Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana; el secretario general
del PP, Ángel Acebes, y la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, entre otros- sólo comentó su extrañeza de que "a
alguien le haya podido sorprender" que vuelva a postularse como
candidato al Congreso. Sus polémicas declaraciones, alegó, "son las
mismas que hace dos años o que hace unos meses".
"Yo tengo 48 años y más de 30 en el PP", recordó
con cierta solemnidad, antes de hacer un repaso a su trayectoria
política. No dio puntada sin hilo, porque hizo valer sus cuatro
victorias electorales, siempre por mayoría absoluta -fue presidente
de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y es alcalde de la
capital desde ese mismo año-, y no se olvidó de subrayar que en cada
convocatoria ha ido ganado votantes: en las elecciones del pasado 27
de mayo, obtuvo el 55,65% de los votos.
También recordó que en democracia lo que importan
son los votos de los ciudadanos. "Y la fuerza política del PP de
Madrid quedó acreditada en las últimas elecciones municipales",
subrayó, obviando la victoria en la Comunidad de Madrid de su
compañera de partido, Esperanza Aguirre.
No hubo asomo de autocrítica, ni siquiera a la
hora de explicar por qué ahora vuelve a la carga con su ambición de
ser diputado en el Congreso y alcalde de la capital, cuando ya había
dicho en mayo pasado que no volvería hablar de ese asunto. "Porque
si me preguntan, contesto", respondió Gallardón.
La polémica por su postulación como gregario de
Rajoy en la lista del Congreso surge, efectivamente, de una
entrevista que difundió el pasado domingo la agencia Efe. El alcalde
de Madrid ni siquiera dijo en qué posición quería ir en la lista y
que su única intención es "contribuir en todo lo que pueda a que
Mariano Rajoy gane las elecciones". Lo que negó es que este deseo,
que efectivamente y ha manifestado en varias ocasiones, hubiera
caído mal en su partido. "¿Quién lo ha recibido mal en el partido?
Yo no he oído ninguna crítica dentro del partido, ningún comentario
desfavorable a esa oferta". Al día siguiente, los reproches desde su
propia escudería llegaron aceleradamente
Por eso le preguntaron : "¿Se siente cómo
Fernando Alonso contra Lewis Hamilton en la escudería Mac Laren?",
en alusión a su falta de apoyo en la dirección del PP. "Con quien
tenemos que comparar a Alonso no es con Ruiz-Gallardón, sino con
Mariano Rajoy, que va a ser, no número uno en las listas, sino en
las preferencias de los españoles y será el próximo presidente del
Gobierno", respondió, tras augurar que el piloto asturiano volverá a
ganar el mundial de F-1.
La tormenta de verano levantada en el PP, que
descarga tras la marcha de Josep Piqué en Cataluña y Jaume Matas en
Baleares, ha sido recogida por el PSOE como arma de ataque al PP.
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID: Concejales del PP de
Madrid piden a Gallardón 'más democracia interna' (24/08/07)
Una docena de los 34 concejales del Grupo Popular
del Ayuntamiento de Madrid, algo más de la tercera parte, va a
exigir en los primeros días de septiembre a su alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, "más democracia interna" en la corporación
municipal.
Han tomado esta decisión ante el temor a que se
repita la experiencia de la anterior legislatura. En estos últimos
cuatro años, el primer edil, en vez de reunirlos una vez al mes,
como marca el Reglamento de los populares, sólo lo ha hecho en cinco
ocasiones.
El malestar contra Gallardón y su núcleo duro se
ha reflejado por escrito en una carta remitida a finales del pasado
mes de julio a todos los concejales, incluido el propio alcalde, en
la que se recuerdan algunas normas que regulan el funcionamiento del
Grupo Popular.
Los ediles populares tampoco han celebrado, tras
las elecciones, encuentros de coordinación de los concejales de
distrito, y no están dispuestos a repetir la experiencia de la
legislatura pasada. "Durante los últimos cuatro años los concejales
de distrito han sido considerados por el Gobierno municipal como de
segunda y ya está bien", según dijo uno de los cargos públicos
elegido dentro de las listas del Partido Popular de Madrid.
El detonante de este movimiento ha sido una carta
que envió Angel Garrido, secretario de Distritos del PP de Madrid y
edil de Vallecas Villa, a finales de julio a todos los concejales,
incluido el alcalde. La misiva recordaba las normas que han venido
regulando el funcionamiento del Grupo Municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento. Este reglamento se cumplía cuando estaba en la
Alcaldía José María Alvarez del Manzano, quien tenía un encuentro
institucional antes del Pleno municipal para debatir los temas que
se iban a aprobar. Si alguno de los presentes pedía explicaciones de
algún punto del orden del día o preguntaba por qué había que votar
de una u otra manera, se le contestaba.
En la carta de Garrido, que ha caído muy mal
entre el núcleo duro de Gallardón, el representante popular señala:
"Una vez constituido nuestro grupo de concejales en el Ayuntamiento
de Madrid, he creído conveniente dirigirme a ti, en tu condición de
concejal e integrante del mismo, con el único objeto de plantearte
un recordatorio para el mejor funcionamiento del Grupo".
Posteriormente, recuerda sólo tres artículos, incluido uno en el que
se dice que una quinta parte de los miembros del Grupo puede
convocar la reunión.
Entre estos 12 representantes populares
disconformes con el funcionamiento interno, próximos a Esperanza
Aguirre, hay concejales de la anterior legislatura y recién llegados
a la Casa de la Villa, que se han visto sorprendidos por el hecho de
que antes de los plenos municipales no se celebren reuniones, como
hace el Grupo Popular en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea
de Madrid y en los ayuntamientos de la región.
Alguno de los ediles más activos era partidario
de hacer un comunicado público, "incluso una rueda de prensa", pero
finalmente han optado por una vía más interna para llamar la
atención de su alcalde.
Uno de ellos explicó a este periódico que están
muy molestos con la petición de Gallardón de ser candidato a
diputado en el Congreso. "Una de las razones por la que nos han
dicho que no se pueden tener más encuentros es por 'la falta de
tiempo' del alcalde. Pero podríamos tener reuniones con Manuel Cobo
[el vicealcalde] o con otros miembros del gobierno municipal y no
nos llaman para nada. Somos concejales de segunda que nos enteramos
de la mayor parte de las iniciativas por la prensa". "No cuenta con
nuestra opinión", dice otro de los ediles.
Los concejales de distrito también están muy
molestos con el alcalde porque desde el gobierno municipal, estén
restando competencias a las juntas de distrito. "Si ahora queremos
poner o quitar un bolardo, tenemos que hacerlo con el equipo de
gobierno, mientras que antes éramos nosotros, quienes conocemos los
problemas de los vecinos, los que decidíamos", añade un edil. Este
recorte de competencias comenzó en la anterior legislatura y no
están dispuestos a que siga en la actual.
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CRISIS EN EL GRUPO
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (26/08/07)
Doce ediles, de los 34 que conforman el Grupo
Popular del Ayuntamiento de Madrid, instarán al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, a que consiga una mayor "democracia interna" en la
Corporación. Dichos concejales consideran que el alcalde, al
igual que en la anterior legislatura, no les reunirá con la
frecuencia que reflejan los estatutos internos del grupo. El
reglamento popular especifica que las reuniones deben celebrarse una
vez al mes, algo que contrasta con el hecho de que el año pasado
sólo se celebraran cinco asambleas entre los integrantes del PP en
el consistorio matritense.
A finales del mes de julio circuló una carta
interna entre los ediles del Grupo Popular en la que se instaba a
cumplir el reglamento interno. La misiva no sentó bien en los
círculos próximos a Gallardón y los disconformes con la actitud del
alcalde llegaron a plantearse dar una rueda de prensa aunque,
finalmente, por discreción, decidieron comunicar el malestar por
carta y no airear de esa manera la crisis.
21. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL 'NÚMERO DOS' DE
AGUIRRE APOYA A LOS EDILES CRÍTICOS CON GALLARDÓN (30/08/07)
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, echó un capote a los concejales del Ayuntamiento
de Madrid molestos con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. El edil
Ángel Garrido hizo llegar el pasado julio al resto de concejales una
carta en la que les recuerda que el reglamento interno del grupo
municipal obliga a celebrar reuniones periódicas, según avanzó El
Mundo el viernes pasado.
La carta se limita a transcribir los artículos 1,
7 y 8 del reglamento, en los que se recoge la obligación de reunirse
al menos "antes de cada pleno" (una vez al mes), y la posibilidad de
que cualquier concejal incluya un asunto en el orden del día. Aunque
el texto no lo dice, veladamente se interpreta que dichos artículos
se incumplen. Es la primera vez que un edil del PP hace público su
malestar contra Gallardón. Garrido no contestó a las llamadas para
conocer cuántos ediles le apoyan.
El vicepresidente Ignacio González consideró
adecuado que estos ediles exijan al alcalde que observe las normas
internas. "El grupo municipal debería reunirse como hacen los grupos
de la Asamblea de Madrid, del Congreso y del Senado", precisó.
La carta del concejal ha sido interpretada como
un movimiento de rebeldía en el seno del grupo municipal en un
momento en el que Gallardón ha vuelto a insistir en su ambición de
ir en las listas al Congreso de los Diputados que encabece Mariano
Rajoy. Pero no es una rebelión nueva. Hace ya años que existe
malestar entre varios concejales que, desde que Gallardón ganó las
elecciones de 2003, consideran que en el grupo municipal tiene
prioridad el equipo más cercano al regidor (los nueve ediles de la
Junta de Gobierno).
"Es como si en el Ayuntamiento hubiera concejales
de pata negra y otros impuestos", explican fuentes del
partido. "Como si los que impone el PP y no elige Gallardón no
fueran de confianza y por eso no se cuenta con ellos".
Esta división se evidenció en las pasadas
elecciones del 27 de mayo, con el diseño de la lista municipal.
Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, que preside el PP regional, hizo valer su poder y colocó
en la lista de Gallardón, con el que mantiene una pública rivalidad,
a 10 afines a ella entre los 20 primeros puestos de la lista. Entre
ellos, su antiguo jefe de protocolo Fernando Martínez Vidal y su ex
jefa de prensa, Isabel Martínez-Cubells. También concejales, como
Eva Durán o Garrido, que en el congreso del PP de noviembre de 2004
encumbraron a Aguirre a la presidencia del PP de Madrid. Pero no
todos los concejales impuestos en la lista se oponen abiertamente al
alcalde.
Tras la confección de las listas, el entorno de
Gallardón afirmó que no importaba tanto el número en la candidatura
como la responsabilidad que otorgara luego el alcalde a cada
concejal. Ahora este desprecio puede volverse en su contra.
22. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA CORPORACIÓN VENDE
SUELO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS A PRECIO LIBRE
(09/08/07)
El concejal socialista David Lucas denunció que
el Ayuntamiento está vendiendo parcelas de suelo público que acaban
en manos de inmobiliarias que construyen viviendas de lujo en lugar
de "los equipamientos y servicios que necesitan los vecinos". Lucas
precisó que son "50 solares los que el Ayuntamiento ha sacado a
subasta por valor de 150,6 millones de euros", indicó.
Uno de ellos, según el concejal socialista, está
en la calle de Palafox, 2 y 4, en el barrio de Chamberí, donde antes
hubo una subestación eléctrica de Iberdrola. Según los socialistas,
el Ayuntamiento ha vendido este terreno, de unos 3.500 metros
cuadrados, por 10,4 millones de euros. La coordinadora general de
Urbanismo, Beatriz Lobón, lo negó rotundamente y señaló que la
adjudicación va "a quedar desierta porque no ha sido presentada
ninguna oferta". Lobón sí admitió que una hipotética empresa
compradora podría edificar vivienda libre en el solar.
Por otra parte, el Grupo Socialista en la
Asamblea de Madrid denunció que los dos años de demora en las obras
del teatro del Canal (también en Chamberí) han triplicado el
presupuesto del proyecto. Este periódico intentó sin éxito conocer
la versión de la Comunidad.
23. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: UN TRIBUNAL CONDENA
AL AYUNTAMIENTO POR VENDER, DURANTE EL GOBIERNO DEL PP, UN SOLAR QUE
LE FUE CEDIDO PARA USO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Aranjuez -gobernado por el
PSOE- deberá indemnizar con más de 600.000 euros a la Dirección
General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, por "enriquecimiento injusto" tras vender en
marzo de 1999 una finca cedida "para uso público". Así lo acredita
una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid,
que establece que la cuantía a pagar por el Consistorio será de
562.142,13 euros, más intereses y costas procesales. El fallo, que
no es firme, puede ser recurrido, aunque el Ayuntamiento tiene
previsto pagar la sanción.
Los hechos se remontan a 1998, cuando el gobierno
municipal de Aranjuez -entonces en manos del PP-, decidió vender el
solar de 1.000 metros cuadrados conocido como Casa de la Frutería,
que había sido cedido a la ciudad ocho años antes por el Consejo de
Ministros para "uso y servicio público local". Con la venta, el
Ayuntamiento pretendía, según asegura ahora en los tribunales,
solventar una deuda que mantenía con el Consorcio Regional de
Transportes, superior a 780.000 euros.
Advertido de las pretensiones de Aranjuez y dado
que no se destinaba a un uso público, Patrimonio inició en enero de
1999 un expediente de reversión del suelo para recuperar la finca.
El Consistorio, dirigido por el popular José María Cepeda, hizo caso
omiso y procedió a la adjudicación de la finca a la empresa HERSAU
SA por más de 560.000 euros. El importe de la venta fue entregado
"en pago de la deuda reconocida".
Una vez vendido el suelo, comenzaron a generarse
derechos para la empresa adjudicataria, por lo que Patrimonio fue
incapaz de conseguir la reversión del terreno. Ésta llegó incluso a
ser ratificada por sentencia de la Audiencia Nacional en el año
2003. Ante la situación de indefensión creada, el Ministerio de
Economía y Hacienda, a través del Abogado del Estado, solicitó en
los tribunales una indemnización por lo que consideraba un
"enriquecimiento injusto por la venta de una parcela cedida para un
uso público".
Los tribunales dan la razón a Patrimonio y
condenan al Ayuntamiento de Aranjuez a pagar no sólo la ganancia que
recibió por la venta del solar, sino también los intereses y las
costas generadas en todo el proceso, lo que supera "ampliamente" los
600.000 euros, según fuentes municipales.
El actual Consistorio socialista culpa de la
sentencia al PP, que estuvo al frente de la localidad entre los años
1995 y 2003. "Ahora la ciudad se ve obligada a desembolsar una
importante cantidad de dinero público por un suelo que además ya ni
siquiera es municipal", afirma el concejal de Hacienda, José Luis
Moreno. En su momento, los representantes populares -con los que
este periódico intentó ponerse en contacto sin éxito para recabar su
opinión- se defendieron alegando que la venta de la parcela contó
con informes favorables. Además, Patrimonio no reclamó nada durante
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el
documento que rige el urbanismo de una localidad) de 1996, que
calificó el terreno como "residencial", por lo que el Gobierno
popular consideró que el solar quedaba libre de cargas.
En la actualidad, parte del solar está edificado
por viviendas adosadas.
