"No puedo estar de acuerdo cuando dice Fraga que,
claro, como no le ofrecen nada al señor Ruiz-Gallardón, tendrá que
ofrecerse él. Pues no". Con estas palabras refutó la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, las últimas declaraciones
del fundador del PP, Manuel Fraga, quien había dicho que el PP debía
"preparar las sucesiones".
En una entrevista Aguirre realizada en la cadea
COPE aseguró que Gallardón "es un valor indudable para el PP en
Madrid y en toda España" y que, en todo caso, la pretensión del
alcalde de Madrid de ir en la listas al Congreso "no es nuevo", todo
el mundo lo sabe porque lo ha declarado en muchas ocasiones. Además,
la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el PP le ha
ofrecido a Gallardón "muchas cosas". Aguirre recordó que Gallardón
"ha sido portavoz en el Senado y Secretario general de AP. No es
verdad que no se le haya ofrecido nada, el señor Ruiz-Gallardón ha
sido presidente de la Comunidad de Madrid, un cargo en el que he
tenido el honor de sucederle, y alcalde de la capital de España y
todo ello porque el PP ha confiado en él para estos importantísimos
puestos".
Aguirre refutó el argumento del alcalde de Madrid
de postularse como número dos en las listas del Congreso para ayudar
a Rajoy a ganar las elecciones. "Ayudamos todos, cada uno desde
nuestra responsabilidad", aseguró la presidenta.
Aguirre se sintió cómoda en todo momento rodeada
de Federico Jiménez Losantos y Alberto Recarte, -pro cierto
vicepresidente y presidente respectivamente de Libertad Digital-.
Nada más empezar la entrevista, ambos se deshicieron en elogios
hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurándola que no
aparentaba los años que tiene.
Aguirre finalizó su intervención en la COPE
restando importancia a las encuestas sobre el liderazgo de Mariano
Rajoy. En concreto valoró un sondeo publicado por El Mundo que sitúa
al PP casi un punto y medio por debajo del PSOE y determina que la
gran mayoría de los electores considera que Zapatero revalidará su
mandato. A pesar de que el liderazgo de Rajoy se desploma en las
encuestas y apenas un 23% de los españoles piensa que ganará las
elecciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que "hay
cada vez más posibilidades de que el próximo presidente de España
sea Rajoy".
2. DEBATE DE LA SUCESIÓN DE RAJOY: GALLARDÓN
CITA A CERNUDA PARA DEFINIRSE: "CREO EN MÍ PORQUE ALGÚN DÍA SERÉ
TODAS LAS COSAS QUE AMO" (04/09/07)
Alberto Ruiz-Gallardón, protagonista de la
polémica que en agosto reabrió el debate sobre la sucesión de
Mariano Rajoy si pierde las elecciones, ofreció ayer una entrevista
en Radio Nacional de España en la que trató de zanjar un asunto que
no sólo resulta molesto para su líder, sino que podría complicar sus
intenciones de ir en la lista por Madrid.
El alcalde de Madrid cuidó mucho sus palabras,
negó en todo momento que hubiera ningún debate sobre la sucesión de
Rajoy y mucho menos que él esté en esa carrera, pero terminó la
entrevista con una perla que alimentará la polémica interna. Le
pidieron que cerrara con una frase. Y dijo que a él le gusta mucho
una del poeta Luis Cernuda, del que alabó su filosofía de vida:
"Creo en mí porque algún día seré todas las cosas que amo".
Gallardón había guardado para el final la frase
-iba avisado, porque es la forma habitual de terminar las
entrevistas en ese programa- pero antes se mostró muy disciplinado.
De hecho, el día anterior, en los maitines del PP, la reunión de la
cúpula de todos los lunes, hizo autocrítica cuando Rajoy se quejó
por la polémica de agosto, a la que contribuyó Manuel Fraga. El
alcalde de Madrid reconoció su responsabilidad en el inicio de esa
crisis, pero sostuvo ante los máximos dirigentes de su partido que
no lo hizo de mala fe.
Ayer, en los micrófonos, fue mucho menos claro.
Dijo que ninguna declaración suya puede abrir una "polémica
sucesoria" porque "no existe" ya que todo el mundo tiene claro que
Rajoy es el líder y el candidato.
Sobre la posibilidad de dejar el Ayuntamiento de
Madrid para ocuparse de mayores responsabilidades, también se mostró
cauto. Aseguró que los políticos deben tener siempre "un sentido de
provisionalidad", y que dos mandatos -él está en su segundo- son
suficientes, aunque se puede alargar a tres en función de las
circunstancias. Respecto al papel de Rodrigo Rato, el alcalde se
mostró convencido de que el ex vicepresidente económico estará
durante la próxima campaña electoral "apoyando a Mariano Rajoy",
aunque desconoce si lo hará "dentro o fuera de las listas".
3. COMUNIDAD: AGUIRRE DICE QUE EN MADRID LA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SE IMPARTIRÁ "LO MÍNIMO" POSIBLE
(04/079/07)
La Iglesia templa posiciones y el PP también. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice ahora
que en las aulas madrileñas se impartirá la nueva asignatura, pero
poco. "Vamos a dar la mínima Educación para la Ciudadanía que la ley
nos permita", dijo Aguirre en la cadena Cope, porque esta materia
"no es otra cosa que adoctrinamiento". La presidenta madrileña
prometió hace unas semanas a los padres que los que objetaran a esta
asignatura podrían sustituirla por actividades de voluntariado. El
líder de su partido, Mariano Rajoy, le recordó que es una materia
obligatoria y que hay que cumplir la ley.respondieron a Aguirre PSOE
e IU. El secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, la
acusó de criticar la asignatura por abundar en la "confrontación
permanente" con el Gobierno de Zapatero. También la secretaria de
Educación de IU en la comunidad, Eulalia Vaquero, tachó la postura
de Aguirre de "estrategia electoral".
Otros líderes populares arremetieron contra la
asignatura. La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, dijo que era una asignatura "propia del
fascismo". Le replicó el consejero de Educación de esa comunidad,
José Valverde, que con esa declaración insultaba a una larga lista
de países europeos donde se imparte esta materia, entre ellos,
Francia, Noruega, Reino Unido, Austria o Suecia. En Andalucía, el
líder popular Javier Arenas pidió al presidente Chaves que retire el
decreto que ha elaborado la Junta para desarrollar esta asignatura
si quiere consenso.
4. COMUNIDAD: AGUIRRE INCUMPLE CLARAMENTE SUS
PROMESAS EN SANIDAD (04/09/07)
¿Ha cumplido Esperanza Aguirre sus compromisos
suscritos en materia de Sanidad? ¿Cuántas de las promesas de la
presidenta regional en este campo se han materializado a estas
alturas? Un grupo de siete médicos de la Comunidad de Madrid ha
analizado en la Tribuna del diario El País las deficiencias actuales
de la Sanidad pública madrileña. La conclusión que se deriva es
clara: Aguirre no cumple sus promesas.
Este análisis comienza con una constatación que
deja en mal lugar la gestión popular: de los ocho hospitales
prometidos por Esperanza Aguirre al principio de la anterior
legislatura, "no se ha puesto en funcionamiento ninguno".
Entre las principales causas del incumplimiento
de las promesas contraídas por el Gobierno autonómico conservador,
estos profesionales destacan "la falta de planificación racional",
así como la "improvisación en sus actuaciones".
Además, estos especialistas denuncian la realidad
existente detrás de la campaña propagandística: "Infraestructuras
obsoletas y escasez de medios diagnósticos, colapsos continuos de
numerosos servicios hospitalarios e incumplimientos manifiestos en
las demoras asistenciales".
Estas promesas incumplidas se suman a toda una
cadena de despropósitos cometidos en materia de Sanidad pública. Las
quejas y las huelgas surgidas en el sector sanitario en el pasado
han querido manifestar la repulsa de lo que se reconoce como una
ofensiva ultraliberal que persigue avanzar lo máximo posible en la
privatización de la sanidad, con el caso de las sedaciones del
Hospital Severo Ochoa como paradigma.
Que a Espe no le interesan los beneficios públicos de un sólido
sistema de Sanidad al que puedan acceder todos los madrileños, es un
hecho. La cuestión estribará en lo lejos que la presidenta regional
pueda llegar en sus reformas en virtud de la mayoría absoluta que
posee en el Parlamento regional.
5. COMUNIDAD: LA COMUNIDAD DIFICULTA AÚN MÁS
EL TRABAJO DE LOS AGENTES FORESTALES (01/09/07)
La burocracia complica aún más el trabajo de los
agentes forestales. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno -la primera norma aprobada por el Gobierno de Esperanza
Aguirre en su segundo mandato- impuso el pasado julio a los 250
agentes de la región la obligación de tener autorización judicial
para entrar en los montes o terrenos forestales de titularidad
privada. Ahora la Consejería de Medio Ambiente les niega también la
posibilidad de que acudan directamente al juzgado de guardia para
pedir esa autorización, necesaria para hacer sus labores.
Una orden interna del pasado 23 de agosto,
firmada por el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, José Luis
Monleón, informa de que la tramitación de la autorización judicial
se "realiza a través de la Secretaría General Técnica". La
solicitud, agrega el documento, "se canaliza a través de la Jefatura
del Cuerpo, que la remite vía Dirección General del Medio Natural a
la Secretaria General Técnica para su envío al juzgado
correspondiente". Es decir, debe pasar antes por los cargos
políticos de la consejería.
Este sistema contrasta con el utilizado por la
Guardia Civil o la Policía Nacional, que tramitan la autorización a
través de su unidad y no del Ministerio del Interior, del que
dependen. "Es el jefe de la unidad competente, sea el de la Policía
Judicial o de un cuartel de la Guardia Civil, el que con el sello y
firma de la unidad pide al juzgado la autorización correspondiente",
explicó un portavoz del instituto armado.
La Consejería de Medio Ambiente replicó que el
sistema se ha impuesto precisamente para "centralizar y agilizar"
las peticiones, según un portavoz. "La Secretaría General Técnica es
la encargada en la Administración de las relaciones con los
tribunales", puntualizó. "Todas las peticiones que han hecho hasta
ahora los forestales se han enviado a los juzgados".
Los agentes consultados consideran que esta
tramitación supone dar un rodeo burocrático que les impide aún más
hacer sus labores de inspección.
Por si fuera poco, un juzgado de instrucción de
Alcobendas ya ha mostrado su falta de competencia para autorizar a
los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados.
Un auto del pasado 20 de agosto (tres días antes de la orden interna
de la consejería), dictado por la juez María Verónica Caravantes,
notifica al Cuerpo de Agentes Forestales que no tiene competencias
para dar la autorización judicial de entrada a unos terrenos
forestales porque éstos no son un domicilio. Los forestales habían
solicitado el permiso para poder investigar las causas del incendio
de una finca.
a juez argumenta que en la petición "en modo
alguno consta que se pretenda la entrada en lugar cerrado, respecto
del que se pudiera resultar afectado el derecho previsto en el
artículo 18 de la Constitución". Este artículo protege el derecho al
domicilio, que es inviolable: "Ninguna entrada o registro podrá
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial,
salvo en caso de flagrante delito". El auto sostiene así que no se
puede equiparar el domicilio con una propiedad privada. Además, la
juez afirma que tampoco existe "procedimiento penal en curso, ni la
solicitud pretende justificar su incoación de manera que no se
solicita, en puridad, la práctica de una diligencia de investigación
criminal".
La justificación que da la juez Caravantes ya la
hizo valer en la Asamblea de Madrid el diputado socialista Modesto
Nolla cuando defendió que el texto legal no se aprobara. "La
Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, no de la
propiedad privada. Las fincas a las que acceden los agentes no son
domicilios, salvo que consideren que es el de las águilas imperiales
a las que protegen", aseveró el pasado 19 de julio.
No fue el único que se opuso a esta polémica ley,
que ha levantado las protestas de organizaciones ecologistas,
sindicatos, PSOE e IU. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha
anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Pero
quienes más se han quejado de la nueva norma han sido los
representantes sindicales de los forestales, CC OO, UGT y el
Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares
Medioambientales (SAFTAM).
No sólo denuncian que con la nueva ley sus
labores de prevención de delitos ecológicos se ven mermados por la
necesidad de una autorización judicial, sino que en agosto se
querellaron contra sus responsables, el director general de Medio
Natural, Miguel Allué, y el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales,
Monleón. Les acusan de "prevaricación y coacciones" por una orden
interna emitida en noviembre de 2006, antes de la nueva ley
regional, en la que les prohíben remitir a la justicia las denuncias
de los delitos que descubran. Según dicen, esa orden anula su
capacidad inspectora.
6. COMUNIDAD: LOS AGENTES FORESTALES SE
MANIFIESTAN PARA APOYAR A CRISTINA NARBONA FRENTE A ESPE (06/09/07)
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid
se manifestaron junto al Palacio de Zurbano, donde se celebró la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con la presencia de la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para mostrarle su
apoyo justo el día en que ésta anunció oficialmente que presentará
un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la polémica Ley de
Medidas Urgentes de Esperanza Aguirre.
Los agentes forestales siguen en pie de guerra.
Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciara que
sacaría adelante una ley que va en contra de la estatal Ley de
Montes, los guardianes de los bosques de Madrid no han parado de
movilizarse para derogar una norma que les impide realizar su
trabajo.
Los agentes forestales se manifestaron en el
Palacio de Zurbano para apoyar a la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, quien se reunió con el resto de consejeros
autonómicos en la materia en la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente. La manifestación, que fue convocada por los sindicatos
UGT, CCOO y SAFTAM –el sindicato de los agentes forestales de la
Comunidad de Madrid- discurrió junto al Palacio. Los forestales
llevaron pancartas y pitos, entregaron a la ministra una de sus ya
famosas camisetas reivindicativas, de color naranja, así como
documentación sobre los efectos negativos de la Ley de Medidas
Urgentes sobre el Medio Ambiente Madrileño.
La nueva norma de Aguirre impide, entre otras
cosas, que los agentes forestales puedan entrar en una finca privada
sin autorización judicial, con lo que no pueden realizar su labor de
prevención de incendios y otros atentados contra el medio natural,
ya que más del 70% de los espacios naturales de Madrid son privados.
En cumplimiento de esta ley, los Agentes Forestales han solicitado
alrededor de un centenar de autorizaciones judiciales para acceder a
los montes privados, no teniendo constancia a día de hoy de la
tramitación de ninguna de ellas.
"Este hecho es un claro ejemplo de la
indefinición, caos y desconcierto que reina en la Consejería de
Medio Ambiente ante una ley imposible de aplicar", explican en una
nota de prensa los sindicatos.
Una de las pocas solicitudes tramitadas
directamente por los Agentes Forestales al juzgado con objeto de
realizar una investigación de un incendio forestal, ha sido resuelta
en pocos días, dando la razón al planteamiento que vienen
sosteniendo los agentes al indicarse en el Auto judicial que los
terrenos de titularidad privada no son lugares cerrados ni
domicilios.
La realidad es ahora peor. Un documento interno
que circula por la Consejería de Medio Ambiente prohíbe que los
forestales tramiten directamente las denuncias ante los jueces y que
lo hagan a través de la propia Consejería. Otra competencia menos
para los agentes y otra facilidad para que los propietarios puedan
saltarse la ley.
Al encontrarse ante una norma inconstitucional,
los agentes entregaron, también , cerca de 200 firmas –prácticamente
la totalidad de la plantilla de forestales de Madrid- en la sede del
PP, dirigidas al presidente de los populares, Mariano Rajoy. Los
forestales opinan que si el líder conservador defiende tanto la
Constitución de 1978, se opondrá a una ley que contradice la Carta
Magna, ya que invade competencias estatales e incumple la Ley de
Montes, de carácter estatal y que aprobó el Parlamento español.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona aseguró que el Gobierno ultima el recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Aguirre. Además, Narbona
pedirá la suspensión cautelar de la norma ya que "sólo una Ley del
Estado" puede establecer las competencias de los agentes forestales
y por tanto la norma regionalista de Aguirre "rompe España".
7. COMUNIDAD: LOS ARQUITECTOS DE MADRID PIDEN
A AGUIRRE QUE 'ESTUDIE' EL ANTEPROYECTO DE LEY ANDALUZ (06/09/07)
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) asegura que el Plan de Vivienda regional "no alcanza
actualmente los objetivos económicos y sociales de una vivienda
digna para todos los madrileños", por lo que solicitó al Gobierno
autonómico que "estudie" el anteproyecto de ley andaluz, que
garantiza una casa a todos los ciudadanos con ingresos inferiores a
3.100 euros mensuales, para "su aplicación adaptada" a la comunidad
madrileña.
Para el organismo colegial, "el cumplimiento del
artículo 47 de la Constitución, por el que se establece como derecho
de los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, sigue siendo una
asignatura pendiente de las Administraciones españolas".
Asimismo, se mostró partidario de que "la
política de Derecho a la Vivienda incorpore la colaboración de la
iniciativa privada, tanto del sector inmobiliario como financiero,
para conseguir una mayor eficacia". El COAM estimó que las
dificultades crecientes de las familias para la financiación de un
hogar y la carestía de la oferta privada de vivienda hacen cada vez
"más problemático" el acceso a la vivienda. "La política pública de
vivienda debe hacer frente, especialmente en estos momentos, a este
problema", se aseguró desde el COAM.
Por ello, la entidad quiso hacer hincapié en la
necesidad de "un Plan de Derecho Constitucional a la Vivienda Digna
en la Comunidad de Madrid" que establezca "las medidas legales,
presupuestarias y de gestión para hacer frente a las necesidades de
vivienda de la población".
Para los arquitectos, uno de los problemas que se
encuentran las Administraciones a la hora de llevar a cabo una
política de vivienda pública en alquiler, frente a la vivienda en
propiedad, es la "dificultad en su aplicación", debido a la
"necesaria rotación de las mismas en función de la evolución de las
necesidades de las familias, como el cumplimiento de contratos, el
baremo de rentas o el aumento de la familia". "Estas dificultades no
deben ser un argumento para que las administraciones no realicen la
política adecuada y necesaria", añadió.
Por ello, el Colegio de Arquitectos reclamó un
debate público "sobre estos aspectos y la adaptación de las
políticas de Vivienda a las verdaderas necesidades de la población,
y al texto y objetivos de la Constitución".
8. COMUNIDAD: LA SINIESTRALIDAD LABORAL SE HA
COBRADO 109 VIDAS ESTE AÑO (05/09/07)
La portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de
Madrid, Inés Sabanés, solicitará en nombre de su Grupo la
realización de un Pleno monográfico urgente sobre siniestralidad
laboral, que ya se ha cobrado la vida de 109 trabajadores en lo que
va de año.
"Creemos que 109 muertos en lo que va de año es
una cifra más que suficiente para que el Gobierno de la Comunidad
deje de mirar para otro lado y tome medidas contundentes, eficaces y
urgentes para acabar con esta lacra social", recriminó Sabanés.
Por su parte, el diputado autonómico y portavoz
de IU en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Fernando
Camaño, aseguró que "IU llevará a cabo todas las iniciativas que
sean necesarias para intentar acabar con esta sangría", entre las
que se cuentan la petición al Ejecutivo autonómico de "un aumento en
el número de inspectores, que se publiquen las listas de las
empresas condenadas por infracciones graves, que se desarrolle la
Ley de Subcontratas y que aumente el número de técnicos de
prevención, entre otras medidas".
Según la coalición de izquierdas, "la
Administración no puede permanecer impasible ante esta alarmante
situación, por lo que es necesario pasar a los hechos y que entre
todos los partidos se busquen soluciones reales".
Al mismo tiempo, Sabanés aprovechó para lamentar
que el Gobierno regional "parezca más preocupado por las luchas
sucesorias del PP que por los problemas reales de la sociedad
madrileña, y que apruebe de urgencia una Ley como la de
Modernización de la Administración mientras es incapaz de reaccionar
ante un tema tan grave como éste".
9. COMUNIDAD: SE DECIDIRÁ POR CONCURSO EL
TRAZADO DE LA ALTERNATIVA A LA A-6, PESE A SER UNA CARRETERA ESTATAL
Un concurso internacional de ideas decidirá el
trazado de la futura autopista alternativa a la A-6 (carretera de A
Coruña). Así lo decidió el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre,
que en próximos días publicará en el Boletín Oficial las condiciones
y la dotación de la convocatoria.
Aguirre anunció el pasado 20 de agosto su
intención de construir una radial de peaje para desahogar el tráfico
de esta carretera -unos 40.000 vehículos diarios-, pese a que al ser
la A-6 una carretera nacional es una potestad del Ministerio de
Fomento. Por eso, el Gobierno regional utilizará la nomenclatura
regional para la vía, a la que llamará M-65.
Pero la carretera amenaza zonas protegidas como
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o el monte de El
Pardo, dado que al otro lado de la carretera A-6 el terreno está
copado por las urbanizaciones de varios municipios. El
vicepresidente regional, Ignacio González, reconoció que no habrá
cortapisas en la convocatoria para impedir totalmente el acceso a
estas zonas. "No vamos a predeterminar nada desde el punto de vista
de los trazados", afirmó. "Sí exigiremos que sean más respetuosos
con el medioambiente y las zonas protegidas".
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: INCUMPLIMIENTO DE
LA PREVENCIÓN LABORAL EN UN EDIFICIO DE TITULARIDAD MUNICIPAL
(06/09/07)
Sin casco, calzado adecuado, arneses... Podríamos
hablar de un tajo perdido en algún rincón de la capital, pero no.
Los trabajadores llevan ahí, en el corazón de Madrid, tras el
parapeto de una lona que reproduce la fachada del edificio, desde
hace meses. El supuesto incumplimiento de la Ley de Riesgos
Laborales se ha producido en la reforma del número 72 de la calle
Mayor. Se trata de un edificio de titularidad municipal en donde se
reubicará la Junta de Distrito de Centro. La fachada, que está a
unos escasos 15 metros del Consistorio, da a la plaza de la Villa.
En lo que va de año, según los datos que manejan
CCOO y UGT, han muerto en la capital 45 trabajadores y 109 en toda
la región.
La denuncia ha partido del grupo municipal
socialista, que por la mañana puso en conocimiento de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social las circunstancias en las
que trabajan estos operarios.
Y es que, los socialistas no tienen que
esforzarse mucho para atisbar el trabajo de los obreros. Les basta
con salir al balcón del edificio donde se encuentran los grupos
políticos municipales para comprobar con sus propios ojos el avance
de las obras.
El encargado de interponer la denuncia ha sido su
portavoz adjunto, Oscar Iglesias. El edificio en cuestión pertenece
a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos S.A., que es el
organismo que ha encargado su reforma. Según consta en el escrito,
al que ha tenido acceso este periódico, Iglesias asegura que el
"incumplimiento" de la Ley de Riesgos Laborales se constata en la
"no utilización por los trabajadores de arneses y de elementos de
sujeción para trabajos en altura, de mascarillas, gafas, cascos y
otros equipos de protección individual".
En virtud de la gravedad de los hechos, solicita
a este organismo que tome medidas, una vez que compruebe las
circunstancias que denuncian. El texto se acompaña de varias fotos
en las que aparecen algunos obreros sin las mínimas medidas de
seguridad. Las imágenes fueron tomadas el pasado lunes.
"Nos parece impresentable que el Ayuntamiento
mire para otro lado en materia de seguridad laboral", precisaba por
la tarde Iglesias. Para los socialistas es "sangrante" que en una
obra del Ayuntamiento, "que se puede ver desde el despacho del señor
Galardón, se trabaje en estas condiciones". Iglesias exigió a los
responsables municipales que tomen cartas en el asunto y que
denuncien la situación.
El portavoz adjunto socialista recordó que, en
noviembre del pasado año, Gallardón firmó un convenio con la
Fiscalía de Madrid para que la Policía Municipal hiciese labores de
policía judicial. Es decir, se les autoriza a presentarse en los
tajos y comprobar si los operarios cumplen con la normativa laboral.
"Le preocupa más la foto que las medidas de protección. Vemos que
los agentes de la Policía Municipal sólo van a las obras cuando hay
un incidente o un accidente". Iglesias asegura que las
circunstancias en las que aparecen los operarios trabajando en las
fotos no son "un hecho puntual". "Viene produciéndose, al menos,
desde las últimas semanas", según aclara.
Desde el Consistorio no dan muchos datos. por la
tarde la Casa de la Villa abrió un expediente informativo a Sacyr.
Es decir, una investigación.
11. AYUNTAMNIENTO DE MAJADAHODA: UN TRIBUNAL
ANULA LAS CUENTAS MUNICIPALES POR ARGUCIAS CONTABLES (07/09/07)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de
28 de enero de 2003, en el que se aprobaron los presupuestos
generales para dicho ejercicio. En el documento se especifica que el
Consistorio financió gastos ajenos a los previstos por la ley con
los ingresos que se obtuvieron con la venta de patrimonio municipal.
La sentencia, que puede ser recurrida, llega tras una denuncia
interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición.
No es la primera vez que Majadahonda se enfrenta
a una sentencia semejante. El TSJM también anuló los presupuestos de
2001 y 2002 por la misma causa. Manolo Fort, viceportavoz del PSOE,
sostiene que los ingresos obtenidos con la enajenación de patrimonio
público no se pueden destinar a la financiación de cualquier
actuación con la excusa de que tiene un fin social.
"Si se venden bienes públicos, el dinero se
dirige a unos fines concretos como la compra de suelo o patrimonio
para el municipio. También se pueden emplear en edificar vivienda
social o infraestructuras. Pero aquí no somos capaces de sobrevivir
sin pagar inversiones corrientes con la venta de suelo", apostilla.
El Tribunal les ha dado la razón. La venta de las
parcelas Guadarrama 1 y los aprovechamientos derivados de los
convenios urbanísticos I+D Carril del Tejar, Salto del Sil y Los
Negrillos reportaron al Ayuntamiento 15.956.401 euros. Con este
importe se pagaron los trabajos previos a la revisión del plan
general, 200 globos de faroles, 100 unidades de tapas de
alcantarillado, aires acondicionados de varios edificios
municipales, la reparación de instalaciones, conservación de
jardines o vías públicas, entre otras actuaciones.
Fort señala que la sentencia considera que estos
trabajos son "meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento, que
no pueden encuadrarse en el concepto de implantación o ampliación de
los servicios públicos existentes"
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del
PP, recuerda que en 2003 él no ocupaba el sillón consistorial. En
esa época el alcalde era Guillermo Ortega, que presentó su dimisión
el 3 de febrero de 2005 para zanjar la crisis política que atenazaba
en ese momento al PP majariego.
"En el primer presupuesto del que yo fui
responsable, el de 2005, se cambió la forma de elaboración y se
ajustó a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid", asegura De
Foxá. Como prueba de las buenas prácticas municipales, el regidor
esgrime el hecho de que los socialistas no hayan vuelto a impugnar
el presupuesto desde que él llegó a la alcaldía.
En cuanto a las consecuencias de la sentencia del
tribunal, Fort declara que existen formas de hacer que se cumpla.
"Se tendría que reintegrar el dinero y utilizarlo para los fines
legales. Pero, claro, estamos en 2007 hablando del presupuesto de
2003, que ya está ejecutado. Las sentencias deberían llegar con
mayor rapidez", concluye.
12. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE:
ASOCIACIONES DE PADRES SE REBELAN CONTRA UNA FUNDACIÓN ULTRACATÓLICA
(07/09/07)
Las asociaciones de madres y padres de los cinco
colegios públicos de Boadilla del Monte se han rebelado contra la
empresa Educatio Servanda, contratada por el Ayuntamiento para
impartir las actividades extraescolares durante las tardes del mes
de septiembre. Consideran que su ideario, que está a favor de la
educación diferenciada (separación entre chicos y chicas) y cuyo
principal objetivo es la transmisión del humanismo cristiano, no es
el adecuado para los colegios públicos, que son "laicos por mandato
constitucional".
La Fundación Educatio Servanda también aboga por
la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para
la Ciudadanía. Los padres han pedido la "inmediata anulación" de
esta contratación. Pero el Ayuntamiento no piensa dar marcha atrás.
La concejal de Educación, Mercedes Nofuentes, del PP, asegura que se
ha sustituido a la empresa anterior por las quejas que se habían
recibido de padres y colegios. "La contratación se ha hecho con todo
el rigor. Se ha valorado la mejora con respecto a la sociedad y el
proyecto se ha valorado siguiendo criterios objetivos de calidad.
Aquí no se trata de difundir ninguna clase de ideología", sostiene.
Madres y padres quieren que "religión y política
queden fuera de estas actividades". Algo que les parece complicado
debido a las "connotaciones de la empresa contratada". El PSOE, en
la oposición, también la rechaza.
