1. LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA, ENTRE LAS TRES
PEORES DE ESPAÑA
2. MADRID ESTÁ A LA COLA DE ESPAÑA EN LA
APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
3. EL CURSO ESCOLAR COMIENZA CON FALTA DE PLAZAS
PÚBLICAS, AULAS MASIFICADAS Y GRAN ESCASEZ DE BECAS
4. MADRID DERIVA HACIA LA EDUCACIÓN PRIVADA
5. DIME QUIÉN TE GOBIERNA Y TE DIRÉ QUIÉN TE
EDUCA
6. AGUIRRE SE INVENTA OTRO EXAMEN
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID: SE REANUDA EL JUICIO
DEL 'CASO FUNERARIA' CON LA DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "PRIVATIZARON LA
FUNERARIA POR CIEN PESETAS Y NO ME CONSULTARON"
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CHAPUZA EN LA ELECCIÓN
DEL LOGO OLÍMPICO
1. LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA, ENTRE LAS TRES
PEORES DE ESPAÑA (13/09/07)
La calidad de la sanidad pública en la región es
"deficiente" y está entre las tres peores del país, junto con Murcia
y la Comunidad Valenciana. Así lo revela un informe de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp)
realizado con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Las tres repiten, por cuarto
año, en los últimos puestos del ranking.
Según el estudio, los puntos flacos de la sanidad
pública madrileña son el deficiente gasto sanitario por habitante y
la falta de médicos generales y de enfermeros, tres de los criterios
escogidos para su elaboración.
El informe también presenta a Madrid como la
comunidad con menor gasto farmacéutico por habitante. Un dato que se
justifica más por las características de la población madrileña,
"muy joven y con buena salud", que por el sistema sanitario en sí,
tal y como explica el portavoz de Fadsp, Marciano Sánchez-Bayle.
Los datos del informe
Gasto por habitante: 1093,69 euros por
ciudadano. La media es de 1224,19 euros. La Rioja es la que
más gasta, con 1.525 euros.
Gasto farmacéutico: 184,7 euros por
persona. La media nacional es de 239,61.
Camas: En Madrid hay 3,5 camas por cada
mil habitantes. La media es de 3,8. La número uno, Cataluña,
llega a 4,59.
Habitantes por médico: Un médico por cada
1.959,61 habitantes. Castilla y León, la mejor, tiene uno
por cada 1.081,91. Enfermeros hay uno por cada 1962,81,
mientras que la medalla de oro, Extremadura, no llega a los
1.267. La media es de 1.705,78.
Satisfacción: La nota que los madrileños
ponen a su sanidad coincide con la media de toda España: un
6,29 del 1 al 10.
El ‘ranking’: La puntuación máxima del
estudio es de un 40. La mínima, 10. Madrid tiene un
"deficiente" (18, un 8,29 menos que la media nacional),
junto con Canarias (19) Murcia (18) y Valencia (14). Las
mejores, con un 34, son Aragón y Navarra.
Esperas interminables
Las largas esperas para ser operado se han
convertido en un mal endémico en Madrid. A pesar de que la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura que la demora para
operarse no supera en ningún caso los 30 días, son varias las
organizaciones y muchos los usuarios que denuncian el
"incumplimiento" de su anuncio.
Otro mal recurrente son los errores médicos,
según la asociación Defensor del Paciente. La mayoría de los fallos
son por secuelas en el parto o en los diagnósticos. La esperada
zonificación sanitaria sigue siendo motivo de conflicto. Algunos
vecinos se oponen porque aseguran que les perjudica.
2. COMUNIDAD: MADRID ESTÁ A LA COLA DE ESPAÑA EN
LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA (11/09/07)
Manuela Miguélez, de 66 años, ha dejado de
arreglarse, de salir, de relacionarse, de pensar. Dice, para ir al
grano, que ha dejado de vivir. Desde hace cinco años, cuando tuvo
que prejubilarse para cuidar a su tía y a su madre -ambas
dependientes graves- lo ha tenido que ir vendiendo todo y tirar del
falso fondo de la maleta de sus ahorros.
Su tía murió en junio. Ahora sólo se encarga de
su madre, que tiene 84 años, padece trastorno bipolar desde hace 20
y está en estado vegetativo. Recibe una pensión de 782 euros al mes
y unos 500 más de la de su madre. Pero sus gastos, incluidos los 700
euros que paga a una persona para que la ayude cada día, superan con
creces sus ingresos. "Necesito silla de ruedas, cama articulada,
cremas especiales, colchones antiescaras... Y hasta hace poco, lo he
comprado todo por duplicado", enumera.
Manuela tiene el perfil ideal para celebrar la
aprobación el pasado diciembre de la Ley de Dependencia. Para dar
saltos. Pero no. Su vida no ha cambiado. La ley le parece "una gran
desilusión", "una decepción profunda", "el timo de la estampita". Y
eso que la recibió como agua de mayo. Lleva solicitando la
evaluación del grado de dependencia de su madre desde el pasado mayo
ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y todo lo que ha
recibido por respuesta es un "ya la llamaremos". Así que, más de
nueve meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia no
existe para Manuela.
Pero tampoco es palpable para el resto de las
familias de los 23.000 madrileños dependientes de grado tres, el más
alto y por el que supuestamente, según denuncia el PSOE, debiera
empezar la aplicación de la norma. El Estado tiene apartados 23,5
millones de euros para ellos. Pero, según el Ministerio de Trabajo,
Madrid es la única región que no ha desarrollado el reglamento para
aplicar la ley. El departamento señala también que Madrid y Murcia
son las únicas regiones que no han aportado ni un sólo dato de
evaluación de los dependientes. Un requisito ineludible para recibir
las ayudas. Por eso, Manuela mandó su solicitud en mayo. La
Comunidad le contestó por carta en julio reconociendo el grado de
dependencia de su madre pero instándola a la futura y definitiva
valoración por parte de uno de los equipos de evaluación. "Hemos
protestado varias veces, pero te mandan de un teléfono a otro",
denuncia. "Y todavía no ha venido nadie". La última vez que habló
con ellos fue en agosto.
La Comunidad cuenta con un equipo de 64 expertos
para la evaluación de las personas que no pueden valerse por sí
mismas. En la región hay unas 200.000 dependientes. Así, con estos
datos, cada evaluador tendría que examinar a 3.125 personas. Si cada
uno viera a cinco dependientes al día, tardaría 625 días en terminar
su trabajo. Muchos, como la tía de Manuela, probablemente no
resistirían la espera.
La consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid asegura que de las 9.000 solicitudes que ha recibido ha
evaluado ya a 3.600 personas. Dicen que están cumpliendo
escrupulosamente con los plazos de la ley y que si los ciudadanos no
han visto ni un euro del Estado es porque éste no ha terminado de
desarrollar la norma. Pero el ministerio replica que Madrid es la
única región que no ha presentado ninguna medida de desarrollo de la
norma ni proyecto de financiación. Y que eso es el comienzo de todo.
Y que, en definitiva, hoy siguen sin tener noticias de Madrid.
Si Manuela pudiese acogerse ya a la Ley de
Dependencia de una vez por todas recibiría hasta 780 euros mensuales
que aflojarían el nudo en el cuello que cada día le aprieta más. "Lo
que más me cabrea es que otros colectivos, como el religioso,
reciban ayudas sin haber hecho nada por este país", dice excusándose
por usar el verbo "cabrear".
3. COMUNIDAD: EL CURSO ESCOLAR COMIENZA CON FALTA
DE PLAZAS PÚBLICAS, AULAS MASIFICADAS Y GRAN ESCASEZ DE BECAS
(12/09/07)
El curso escolar 2007-2008, que se inicia hoy de
manera oficial en la Comunidad de Madrid, dejará a 30.000 niños sin
plaza en las escuelas infantiles públicas, provocará que 270.000
alumnos tengan que estudiar en aulas masificadas y hará que cerca de
300.000 familias no gocen de becas de libros de texto, lo que
causará un aumento de las dificultades en el rendimiento escolar.
Así lo explicaron en rueda de prensa los
secretarios generales de Enseñanza de CCOO y UGT, Francisco García y
José Vicente Mata respectivamente (foto), quienes denunciaron el
crecimiento paulatino del porcentaje de repetidores que reduce las
tasas de idoneidad escolar y fomenta el "desequilibrio y la
desigualdad" en la escolarización de los estudiantes con necesidades
de aprendizaje.
Tras señalar que el Gobierno regional tiene una
asignatura pendiente con la Educación, los representantes de CCOO y
UGT expusieron que la Consejería que dirige Lucía Figar se
caracteriza por "trabajar a medio gas y con imprevisión", puesto que
no ha tenido en cuenta que existen al menos 45 colegios afectados
por obras de reforma inacabadas (lo que podría perjudicar a 22.500
alumnos), cerca de 100 centros no tienen gimnasio y aproximadamente
30 instalaciones cuentan a día de hoy con barracones.
En este sentido, García indicó que en el curso
2007-2008 habrá 300 aulas habilitadas en los colegio de la región,
lo que significa que más de 7.000 niños escolarizados en Infantil y
Primaria tendrán que estudiar en espacios que habían sido previstos
para configurarse como bibliotecas, comedores o aulas de música.
Según los sindicatos, en la Comunidad de Madrid
hacen falta 300 escuelas infantiles más que acojan a los cerca de
30.000 niños que este año se han quedado sin plaza, y 40 nuevos
centros de Infantil y Primaria, ya que, de los 24 colegios de este
tipo que se van a abrir este curso, más de la mitad ya estaban
previstos el año anterior.
"En los institutos pasa algo parecido, ya que los
siete nuevos centros cuya apertura se anuncia para este año se
quedan lejos de las necesidades reales", afirmó García, quien se
quejó de que la nueva Consejería de Educación "en lugar de elaborar
políticas durante el verano se ha dedicado a utilizar la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para
confrontarse con el Gobierno central".
CCOO y UGT también expusieron que en el curso
2007-2008 se producirá un aumento del 50 por ciento de los alumnos
en las aulas de los colegios privados concertados y un incremento
del 20 por ciento en los públicos, lo que indica que "habrá un total
de 125.200 niños escolarizados en la enseñanza pública y 147.824 en
la enseñanza privada concertada que estudiarán en aulas
masificadas".
Por otra parte, los sindicatos destacaron que
sería necesario ampliar en 50 los grupos de FP de grado medio,
especialmente los cursos de Cocina, Pre-impresión, Actividades
Físico-deportivas o Informática, y en 90 los de grado superior,
sobre todo, Imagen, Audiovisuales y Gestión de los Recursos
Naturales y Paisajísticos.
4. COMUNIDAD: MADRID DERIVA HACIA LA EDUCACIÓN
PRIVADA (12/09/07)
Más de un millón de estudiantes vuelven hoy al
colegio. Para ellos, será uno de esos días que mezcla la ilusión por
reencontrarse con sus compañeros y la lógica pereza tras un largo
verano vacacional. Las aulas volverán a llenarse de mochilas, de
libros y cuadernos. En los pasillos o el patio, el griterío de los
chavales invadirá el ambiente. Para la gran mayoría de estos chicos
y chicas entre 3 y 16 años, resultará una experiencia repetida en el
tiempo. Pero para 47.915 alumnos ha sido su primer día de cole.
La Comunidad está a la cola en porcentaje del
gasto educativo en relación con el PIB
Tras la inocencia de estos nuevos alumnos se
esconde, sin embargo, una cifra que, dicen los sindicatos y la
oposición, revela una apuesta ideológica del Gobierno regional.
Porque del total de nuevos alumnos sólo un tercio de ellos (16.560)
entrarán en la escuela pública. El resto acudirá a centros
concertados y privados. Es la libertad de elección. Un derecho que,
sin embargo, puede teledirigirse en cierta manera, asegura Francisco
García, portavoz de Educación de CC OO, quien señala "la apuesta del
gobierno de Esperanza Aguirre por la privada".
García explica que "los ayuntamientos del PP han
regalado más de 50 parcelas de suelo público para la construcción de
escuelas privadas". La Consejería, asegura, "ha frenado la
instalación de oferta pública y ha promovido lo privado". ¿Cómo lo
ha hecho? Por ejemplo, "instalando en los nuevos barrios antes las
escuelas concertadas que las públicas".
Si nos fijamos en el avance de datos
correspondientes al curso 2006-2007 que maneja el Ministerio de
Educación (véase gráfico adjunto), resulta interesante comparar la
Comunidad de Madrid con otras. Por ejemplo, con Cataluña. Mientras
que en la primera, gobernada por el PP, casi ocho de cada diez
nuevos alumnos acudieron a la privada o concertada, en la segunda,
dirigida por el tripartito de izquierdas (PSC, ERC e IC-V), nueve de
cada diez entraron en la pública. De hecho, Madrid es la región con
más incorporaciones a la escuela privada o concertada. Una tendencia
que acentuaba las cifras del curso anterior. Además, según
denunciaron UGT y CC OO, Madrid es la que porcentualmente menos
gasta de toda España en relación con su PIB regional, sólo un 2,7%
frente al 4,4% de la media española. La Consejería responde que "más
del 25% del presupuesto del Gobierno se dedica a cuestiones
educativas, unos 18.000 millones de euros". Una afirmación que CC
OO, matiza a su vez, ya que ese porcentaje ha disminuido
paulatinamente desde un 27,5% en 2003 hasta el 25,4% este año.
"Han dejado vegetar a lo público", dice José
Vicente Mata, representante de Educación en UGT. En la misma linea
opina Fátima Peinado, diputada socialista en la Asamblea. A su
juicio, "hay un desprestigio del concepto de lo público". Peinado
piensa que el gobierno regional "ha fomentado que esto ocurra,
aunque la Comunidad nunca lo reconocerá". Este periódico intentó
obtener sin éxito el punto de vista al respecto de la Consejería de
Educación.
Ajena al debate, Laura, de tres años, acude hoy,
por primera vez, a clase. Lo hará en el colegio concertado Amor de
Dios de Alcorcón. "Por cercanía, por las instalaciones, porque el
colegio es muy bueno, porque ya habíamos estudiado allí tanto su
padre como yo..." son las razones que expone Gloria, su madre, para
explicar por qué enviarán a su hija al concertado. Su decisión le
cuesta "unos 600 euros", aunque dice que no le importa porque es el
colegio que quiere para ella. Mariano Fernández Enguita, experto en
educación, señala que muchos padres "optan entre lo público o lo
privado más por cuestiones pragmáticas que por ideológicas".
La calidad que esgrime Gloria como argumento es,
para Emilio Díaz, portavoz de la Federación Española de Religiosos
de Enseñanza, una motivación fundamental en la elección. "La
concertada tiene una alta valoración social de calidad", explica.
Para Díaz, lo importante es que "los padres puedan escoger". Es ahí
donde volvemos al principio, a la pescadilla que se muerde la cola.
Porque la elección no siempre es igualitaria. "Cuando se construyen
los nuevos barrios siempre los coles privados son los primeros.
Mientras que a esos se les dan 1.500 plazas, luego cuando se
construyen los públicos éstos apenas son de 500 plazas", explica
José Luis Pazos, presidente de la federación de padres Giner de los
Ríos, de corte progresista.
Aunque sólo sean uno de cada tres los alumnos que
estrenarán colegio público, ellos son la gran baza en favor de ese
modelo de enseñanza. A unas horas del bautismo educativo de Claudia,
de tres años, su padre defendía: "Que nuestra hija acuda a la
escuela pública es para nosotros una opción ideológica. Nos parece
muy positivo".
5. COMUNIDAD: DIME QUIÉN TE GOBIERNA Y TE DIRÉ
QUIÉN TE EDUCA (12/09/07)
Dime quién te gobierna y te diré quién te educa.
Las elecciones autonómicas de 2003 marcan un punto de inflexión en
el devenir de la escuela pública y privada en España. En la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre se alzó con la victoria en
los comicios de octubre. En Cataluña se formó un tripartito de
izquierdas que desalojó del poder a la derecha nacionalista de
Convergència i Unió (CiU). Mientras que el gobierno presidido por
Pasqual Maragall aumentó a partir de su entrada en la Generalitat la
presencia del alumnado en la escuela pública, el ejecutivo de
Aguirre incrementó el de los colegios privados y concertados.
Un vistazo a los datos que maneja el Ministerio
de Educación en los últimos ocho cursos lo pone de manifiesto.
Vayamos al caso catalán. En el primer año de tripartito, la escuela
pública ya aumentó un 3,8% respecto al último dato con CiU.
Mientras, la privada subió un imperceptible 0,05%. Un aumento
ridículo que se ha ido repitiendo anualmente hasta hoy. Sin embargo,
la presencia de alumnado en la pública se ha disparado curso tras
curso, a un ritmo del 3,3%, el 2,8% y el 4,1%. Así se pasa de
596.933 estudiantes en el 2002-2003 (el último con Jordi Pujol como
presidente catalán) a 686.197 el pasado curso. Una subida, en cuatro
cursos, del 14,95%.
El caso contrario, el de Madrid. Si bien en los
últimos cuatro cursos en los que Alberto Ruiz-Gallardón fue
presidente de la Comunidad ya se apreciaba una tendencia de aumento
en la escuela privada y un descenso o equilibrio en la pública, con
la llegada al poder de Aguirre esto se ha terminado por consolidar.
El terreno conquistado por la privada en Madrid es del 12,46% en los
cuatro pasados cursos. Mientras, la pública apenas se ha despegado
un 2,6%.
"Tiene que ver con que el gobierno madrileño
impulsa la privada mientras que el catalán hace lo propio con la
pública", afirma Mariano Fernández Enguita, experto en educación y
catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca. En el
conjunto de España la tendencia se parece a la madrileña, ya que la
escuela concertada acumula el 82% de las nuevas plazas desde 2001.
6. COMUNIDAD: AGUIRRE SE INVENTA OTRO EXAMEN
(13/09/07)
Lo avanzó en el programa electoral escuetamente y
lo ratificó en el debate de investidura. Y , sin que la comunidad de
centros educativos supiera que volvía a la carga, lo soltó en la
inauguración del nuevo curso escolar. Esperanza Aguirre ha puesto
ahora en el punto de mira a los alumnos de tercero de ESO (15-16
años), que deberán superar una prueba de evaluación de conocimientos
básicos como la que ya instauró hace tres años en sexto de primaria.
Ésta servirá, dice Aguirre, para "comprobar la adquisición de los
contenidos esenciales de Lengua, Literatura, Geografía, Historia y
Matemáticas. Queremos recuperar el valor del estudio, del mérito
académico y de la instrucción", proclamó ante un auditorio de niños.
La presidenta animó también a los colegios a que
implanten el uso del uniforme
Pero la comunidad de profesores y de padres
recela de su utilidad y de sus verdaderos propósitos. Reclaman que
este tipo de pruebas vayan acompañadas de medidas de apoyo e,
incluso, de evaluaciones de los procesos y de la propia
Administración. Sin medidas de corrección, dicen, la utilidad de
este examen será igual a la del que deben superar los alumnos de la
región en sexto de primaria: cero.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) ya contempla
dos pruebas de evaluación de conocimientos: en cuarto de primaria (9
años) y en segundo de la ESO (13-14 años), ambas muestrales (sólo
las realizan algunos centros elegidos al azar). Pero Aguirre
considera que no son suficientes. Las que su Gobierno ha implantado
son censales (las harán todos los centros) y, según anunció en su
discurso de investidura, los resultados serán públicos y el
consejero de Educación los presentará en la Asamblea. Muchos temen
que la prueba, al fin, sólo sirva para configurar un ranking de
centros educativos de la región. Al estilo de las universidades
americanas.
"Cuando evalúas, tienes que sacar conclusiones y
actuar. Si las consecuencias son las mismas que las de la prueba de
sexto, hacer un ranking de los centros de la comunidad, más vale que
no la hagan", denuncia Paco García, responsable de Educación de CC
OO. "No se puede comparar lo incomparable. No es lo mismo un centro
que logra que la nota media pase de 4 a 6 que uno que consigue que
pase de 7 a 7,5".
Tampoco entusiasma la idea a los centros
educativos y a sus directores. Además, dicen, se han enterado por la
prensa. "En vez de analizar los resultados, que es muy fácil, podría
evaluar los procesos para saber qué es lo que se hace bien y lo que
se hace mal en el sistema educativo", critica Ángeles González,
directora del IES Juan de Mairena, en San Sebastián de los Reyes.
Al presidente de la Asociación de directores de
instituto de la Comunidad de Madrid, que agrupa a unos 200 centros
de los 300 que tiene la región, la prueba le parece "superflua".
"Las pruebas en sí no me parecen mal. Pero luego no van acompañadas
de ninguna medida de corrección", denuncia José Antonio Martínez.
"En todo caso, también podríamos evaluarlo todo. Veamos también a
fin de año si la consejería hace los deberes".Los representantes de
los centros religiosos, privados y concertados, han acogido la
noticia con reservas. "Las pruebas no son malas. El funcionamiento
de los centros puede mejorar", admite Emilio Díaz, portavoz de la
Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE). "Pero estamos
en contra, y se lo hemos trasladado varias veces a la consejería,
que se establezca o se publique cualquier tipo de ranking. La
calidad del centro se ve en muchas cosas", insiste.
Las partes consultadas, en general, consideran la
prueba irrelevante. Intrascendente si no sirve para cambiar los
procesos educativos. La asociación de padres y madres Giner de los
Ríos, de corte progresista, va un poco más allá. "Sólo busca los
titulares en la prensa y la confrontación", denuncia José Luis
Pazos. "La prueba de sexto no fue rigurosa; la consejera dijo que
había sido más difícil que el año anterior, y que por eso la nota
era más baja. Al menos nos gustaría que la prueba estuviera
consensuada y fuera rigurosa".
En la inauguración del curso escolar de -que
estrena código de buena conducta, prohíbe los MP3 o móviles en clase
y da más autoridad a los profesores-, Aguirre lanzó también
sugerencias, deseos que quisiera ver cumplidos quién sabe cuándo.
Así, animó a todos los centros a implantar el uso del uniforme entre
los alumnos, si lo quieren sus consejos escolares.
Esta ilusión que tiene Aguirre, en sintonía con
los valores de autoridad y respeto que defiende Nicolas Sarkozy
-como tratar de usted a los maestros o ponerse en pie cuando entran
en clase- y que ella ha admitido compartir, sí gustó a la FERE, que
consideró el uso de la prenda "muy positivo". "Economiza, es cómodo
y evita situaciones de discriminación en función de marcas. Supone
igualar y evitar distinciones excesivas", argumenta Emilio Díaz.
La federación de asociaciones de padres y madres
Ginés de los Ríos se lo tomó con menos alegría. "No entendemos que
haya ninguna razón pedagógica. Es una medida extendida en los
centros privados y concertados y será sólo una excusa para
subvencionar la compra de uniformes en esos colegios. No tiene
ninguna ligazón con lo que dice de la convivencia. Si eso fuera así,
esto sería un sistema autoritario. Quizá los parlamentarios también
tendrían que ir uniformados. La sociedad es plural, y reclamamos la
visibilidad de las diferencias".
Unos treinta colegios de la región, con
aproximadamente 9.000 niños, empiezan este curso con el uso del
uniforme ya aprobado por el consejo escolar y la dirección. La
aburrida y monocorde vestimenta viene a representar los valores de
la igualdad.
7. AYUNTAMIENTO DE MADRID: SE REANUDA EL JUICIO
DEL 'CASO FUNERARIA' CON LA DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR (10/09/07)
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
Madrid reanuda las sesiones del juicio por el 'caso Funeraria', en
el que se juzga la supuesta privatización irregular de la Empresa
Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992 a
manos de Funespaña.
Fuentes jurídicas han indicado que el interventor
del Ayuntamiento en el momento de la venta, Vicente Arnau,
inaugurará las sesiones tras el paréntesis vacacional. La Fiscalía
de Madrid sostiene que los acusados, entre los que figuran el ex
diputado popular Luis María Huete y los ex concejales del PP Antonio
Moreno y Simón Viñals, hicieron caso omiso a las advertencias de
Arnau en contra de la adjudicación del 49% de las acciones de la
funeraria municipal a Funespaña.
Según el fiscal, el interventor fue "el único
asesor realmente cualificado en materia económica y contable" que se
pronunció sobre la propuesta de Funespaña para optar a la
adjudicación de la Empresa Mixta.
Entre otros extremos, según el Ministerio
Público, Arnau advirtió en un informe de que había que compensar o
condonar la deuda de más de 2.274 millones de pesetas "antes, y no
después, de calcular el valor neto patrimonial para determinar el
precio" de la venta del 49% de las acciones.
De no ser así, alertó Arnau, "se iba a generar a
cargo del Ayuntamiento un ingreso extraordinariamente a favor de la
sociedad ya privatizada por ese importe".
Igualmente, el funcionario recomendó que actuando
como él proponía el valor neto patrimonial sobre el que debía
calcularse el precio no era negativo, sino que "resultaba superior a
los 2.274 millones de pesetas, por lo que el 49% se elevaba por
encima de los 1.098 millones de pesetas".
Pese a la advertencias, los concejales populares
votaron a favor de la propuesta y lograron la mayoría. Así, el Pleno
Municipal aprobó el 22 de diciembre de 1992 formalmente la
adjudicación.
Aguirre 'la promotora', según el ex gerente
Otro de los testimonios que tendrá lugar tras el
parón de las vacaciones es el del ex gerente de la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios, Francisco José Yánez, el principal testigo de
cargo de la Fiscalía de Madrid. Pese a que los imputados apuntaron
en sus declaraciones a Yánez como la persona que tomó las decisiones
respecto a la privatización, la tesis del fiscal mantiene que los
procesados desatendieron "los requerimientos y las propuestas" del
gerente para adoptar soluciones a mejorar o simplemente no empeorar
de modo innecesario la situación financiera de la empresa.
En la instrucción del caso, el ex gerente, cesado
en 1992 por oponerse a la venta, declaró que la orden de privatizar
salió de la cúpula del PP y, en concreto, señaló a la actual
presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como la
"promotora" del proceso. Además, desveló que la venta se produjo
"cuando se esperaban ingresos cuantiosos" para la Empresa Mixta.
8. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "PRIVATIZARON LA
FUNERARIA POR CIEN PESETAS Y NO ME CONSULTARON" (11/09/07)
Sólo costó 0,60 euros. A cambio de esa minúscula
cantidad, 100 pesetas de entonces, la empresa Funespaña se hizo con
el 49% de la funeraria municipal de Madrid en 1992. El Ayuntamiento
se la adjudicó con la condición de que asumiera una deuda
descomunal, de 2.274 millones de pesetas (13,6 millones de euros).
Sin embargo, a los dos meses de ser privatizada, el Consistorio le
perdonó ese desembolso.
Por ese motivo, la Audiencia Provincial de Madrid
inició el pasado junio un juicio contra nueve responsables de
aquella venta, supuestamente irregular, tras 15 años de
aplazamientos. Superado el parón vacacional, las sesiones se
reanudaron con el testimonio del interventor municipal de la época,
Vicente Arnau.
"Había aseveraciones vacías. Todo era una cortina
de humo. Lo único real que había eran las 100 pesetas que
desembolsaron", respondió Arnau cuando el fiscal le interrogó sobre
si la oferta de Funespaña incluía asumir la deuda. El interventor
dejó claro que la privatización se hizo sin que hubiera un estudio
económico previo. "Recomendé que el precio debían fijarlo al menos
tres peritos", dijo. Lo hizo a través de un informe que entregó en
el departamento de Patrimonio. "No recibí ninguna respuesta",
explicó. Según Arnau, la cifra de la oferta a Funespaña "no se
justificó". "Mis opiniones no fueron tenidas en cuenta. Privatizaron
la funeraria por 100 pesetas y no me consultaron", concluyó.
Según el interventor municipal, "era importante
un estudio económico o financiero para establecer el precio, ya que
la cifra que aparecía en el pliego de condiciones no estaba
justificada". El propio Arnau cifró en un informe un precio de al
menos 1.098 millones de pesetas. Pero, según la tesis del fiscal, a
pesar de ser "el único asesor realmente cualificado en materia
económica", nadie le hizo caso. Y nadie, en este caso, significan
Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando José María
Álvarez del Manzano, del PP, estaba al frente del Ayuntamiento),
Simón Viñals (concejal de Sanidad de entonces) y Antonio Moreno
(concejal de Régimen Interior). Aunque en el banquillo también se
sientan otras seis personas. Entre ellas están José Ignacio Rodrigo,
actual presidente de Funespaña y encargado de asesorar al
Consistorio respecto de la privatización, y los hermanos Valdivia,
Ángel y Juan Antonio, consejero delegado y vicepresidente de
Funespaña, respectivamente. Todos ellos se enfrentan a una petición
total de 82 años de prisión por prevaricación, malversación de
fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad
documental.
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CHAPUZA EN LA ELECCIÓN
DEL LOGO OLÍMPICO (14/09/07)
Y al final, ganó el que movilizó a más amigos. O
el que convenció a más gente con más mails o sms masivos. O el que
se inventó cualquier truco para burlar los controles de una consulta
popular. Este podría ser el desenlace del concurso público que ha
organizado el Ayuntamiento para elegir el logotipo de la candidatura
olímpica de Madrid 2016, que precisamente se hizo oficial. Podían
presentarse profesionales y aficionados. Se recibieron 2.700
propuestas. Había de todo. Y un comité eligió 10 proyectos para que
los ciudadanos los redujeran a tres en una consulta popular.
El problema es que el control de la votación, que
empezó hace dos semanas, es casi nulo. Por Internet, se puede votar
tantas veces como cuentas de correo electrónico se tenga. Se han
emitido más de 70.000 votos. Pero no es posible saber cuántas
personas han votado. Además, el concursante que quiera aumentar sus
sufragios puede apuntar el DNI de sus amigos y votar por ellos,
según han reconocido a este periódico dos participantes.
Otro aspecto sorprendente de la votación es que
el Ayuntamiento no comprueba en el escrutinio si el DNI y el nombre
del votante son reales. Un nombre y un número son suficientes para
votar. "Los datos no se comprueban en ninguna consulta popular. La
incidencia que puede tener en el resultado de la votación es
mínima", dice un portavoz del consistorio.
Tampoco se ha guardado el anonimato de los
concursantes y ellos mismos se han quejado del sistema. "Es un
problema que encontramos desde el primer día. Dijimos que no nos
parecía bien que no se pueda controlar la votación. Pero, llegados a
este punto...", explica uno de los aspirantes, que reconoce haber
votado con DNI de familiares, mandado sms y correos electrónicos
masivos y colgado vídeos en Internet para promocionar su diseño.
Quizá esta flexibilidad sea normal en una
consulta popular, pero el debate que han abierto los diseñadores es
que, también, quizá, este logotipo, que será la imagen gráfica de
Madrid en el mundo los próximos dos años, no debiera elegirse así.
"La creación de un logo requiere un proceso de diálogo con el
cliente. El sistema que han utilizado crea un efecto perverso porque
se devalúa una de las piezas de mayor sofisticación del diseño. A
Madrid no le conviene cualquier logo", denuncia Manuel Estrada,
presidente de la asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD).
Estrada cita como modelo positivo el proceso de
selección del logotipo del Fórum 2004. "Se analizaron 30 currículos
de estudios. Se seleccionaron 10 y se pagó 6.000 euros a cada uno
para desarrollar un proyecto. Y un jurado, que desconocía la
identidad de los finalistas, eligió al ganador". Ahora, la votación
popular, que finaliza el próximo 23 de septiembre, arrojará tres
finalistas; el ganador lo seleccionará un jurado de "expertos", cuya
composición incluye a periodistas deportivos, políticos, miembros
del COI, agencias de publicidad y sólo dos diseñadores gráficos. Se
llevará 30.000 euros y los dos finalistas, 5.000 cada uno.
"Es un gesto populista irrelevante. Salga lo que
salga de ahí tendrán que dejarlo caer en el silencio o ponerlo en
manos de un profesional para que lo dirija y lo desarrolle",
advierte el diseñador Alberto Corazón. "Imagino que la oficina
olímpica no tomará el resto de decisiones así, haciendo un
llamamiento urbi et orbi y luego que vote al pueblo soberano. Es una
mala noticia para el diseño madrileño que este símbolo gráfico
soporte tanta banalidad", insiste.
A otro participante, que también reconoce que ha
utilizado los DNI de familiares y amigos, el sistema no le parece
tan malo. "Pero creo que han puesto tan pocas trabas en la votación
para asegurarse un éxito en la participación. Quizá por eso no ha
sido, digamos, tan limpia", explica. "Aunque no creo que tenga tanta
trascendencia".Un portavoz de la Oficina Olímpica explicó que si
Madrid obtiene la organización de los Juegos, el logotipo que se
utilice no tiene porque ser el mismo. "Entonces se barajaría la
posibilidad de contratar a profesionales", explicó.
