1. AGUIRRE PIDIÓ AL REY "TRATO HUMANO" AL
PERIODISTA QUE LE EXIGE ABDICAR
El pasado día 11 de octubre no fue,
decididamente, una jornada apacible para el rey Juan Carlos. ¿Acaso
por el vídeo real que acababa de lanzar al mercado político Mariano
Rajoy? Frío, frío. ¿Quizá por el impacto de las declaraciones del
presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, revelando palabras
del Monarca? Frío, frío. Lo que realmente fastidió al Rey fue lo que
ocurrió durante el almuerzo de ese jueves en su propia casa, el
Palacio Real. Cinco fuentes consultadas han permitido reconstruir lo
que allí ocurrió.
Tras la reunión del Patronato del Instituto
Cervantes, el Rey ofrece una comida en la que participan los
embajadores latinoamericanos. Don Juan Carlos toma asiento en una
mesa redonda. A un lado, el presidente del Gobierno, y al otro, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Frente al
Rey, al otro extremo, toma asiento la Reina, flanqueada por el
escritor Francisco Ayala y el ministro Miguel Ángel Moratinos.
El Rey, nada más comenzar el primer plato, se
lamenta de que al día siguiente se celebre la Fiesta Nacional en un
ambiente de crispación. "Es una lástima", dice. Las palabras
provocan un silencio de reflexión.
"No sé si os va a gustar lo que voy a plantear,
pero creo que se debe dar un trato humano a [Federico] Jiménez
Losantos", apunta Esperanza Aguirre, sentada junto al Rey. El
periodista radiofónico de la cadena Cope ha solicitado durante los
últimos dos años la abdicación del Monarca en su hijo, el príncipe
Felipe, como parte de una sistemática crítica a la monarquía por
diversas razones, entre ellas que se lleve mejor con los socialistas
que con el PP y no ejerza papel moderador sobre el PSOE.
"¿Cómo?", preguntó azorado, según los testimonios
recogidos, don Juan Carlos. "¿Más trato humano que yo doy a todos? A
todos por igual, sin discriminación", subrayó.
"No, no", siguió la presidenta de la Comunidad de
Madrid. "Yo entiendo que la Casa Real y La Moncloa deben darle un
trato mejor, no discriminarle", insistió.
"Yo no tengo problema en recibir a la gente. Es a
mí a quien tiene que dar un trato humano. ¿Pero esto qué es?",
preguntó el Rey. "Es intolerable", agregó.
Esperanza Aguirre no soltaba la presa. "Yo creo
que esto se podría arreglar. Es un problema de tratar mejor a una
persona", dijo. Seguía en la mesa el comensal Víctor García de la
Concha, director de la Real Academia Española (RAE). Hasta entonces
callado, ante la machacona insistencia terció. "La de este señor
[Jiménez Losantos] es una actitud inaceptable", protestó.
El Monarca prosiguió. "Le he dicho a Rouco Varela
que recen menos por mí y la monarquía y se ocupen más de la
Conferencia Episcopal que controla a la [cadena de radio] Cope",
enfatizó visiblemente molesto, según todas las fuentes. "Si la
montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña", cerró
enigmáticamente el Rey.
Fue la señal cómplice para cambiar de tema. La
reina Sofía comentó que, lástima, el premio Nobel de Literatura
había marginado otra vez a la lengua española. García de la Concha
habló de Doris Lessing. Esperanza Aguire quiso saber más. Y, tras
esta cortina de alivio, el presidente Rodríguez Zapatero preguntó al
embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, cómo iban los sondeos
ante las elecciones presidenciales del 28 de octubre donde Cristina
Kirchner aparece como favorita. Tras la explicación, Zapatero mandó
recuerdos al presidente Kirchner. A los postres, Francisco Ayala, de
101 años, dijo: "Esto es el vicio". El Rey le elogió por su apetito.
Fue entonces cuando Esperanza Aguirre volvió a
centrar la situación, casi en plan de despedida: "Bueno, vamos a ver
qué pasa mañana en el desfile...". Bettini, sentado junto a García
de la Concha, saltó: "Esto es una provocación". Don Juan Carlos hizo
un gesto de desdén y dijo tres palabras duras.
(www.elpais.com, 21/10/07)
2. AGUIRRE BUSCABA EL APOYO DEL REY PARA
'REHABILITAR' A LOSANTOS
El palacio de la Zarzuela no respiró. Una noticia
revelaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, pidió al rey Juan Carlos un "trato humano" para el
periodista radiofónico Federico Jiménez Losantos (que desde hace dos
años solicita públicamente la abdicación del Rey en el príncipe
Felipe). La noticia tuvo eco tanto en la Zarzuela como en el palacio
de La Moncloa.
Un portavoz de la Casa del Rey citado por Efe
expresó "su sorpresa y asombro" porque se transcriba "una
conversación privada" de don Juan Carlos.
Pero otras fuentes conocedoras de lo que ocurrió
informan otra cosa. "El Monarca no creía que fuese una conversación
privada. Estaban la reina Sofía y ocho personalidades en la mesa. El
intercambio fue en voz alta, hasta tal punto que algunos de los
comensales llegaron a intervenir". Y añadió: "No había conciliación
posible". Otra fuente presente en la recepción del día siguiente
señala: "El hecho de que el día 12, en la recepción posterior al
desfile se volviera a hablar sobre el almuerzo en círculos políticos
de iniciados muestra la importancia del asunto".
El Rey y la Reina estuvieron acompañados por el
presidente del Gobierno, la directora del Instituto Cervantes, el
ministro de Asuntos Exteriores, el director de la Real Academia
Española (RAE), el embajador de Argentina en Madrid, el escritor
Francisco Ayala y su esposa, Caroline, y Esperanza Aguirre.
Aguirre dijo que no podía comentar la
información. Fuentes consultadas dijeron que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, posteriormente explicó a diversas personas, esa
misma noche del sábado 20, que en la comida del día 11 ella defendió
ante el Rey el derecho a la libertad de expresión de Jiménez
Losantos y lo equiparó al periodista Iñaki Gabilondo. "Eso lo
tendría Esperanza en su cabeza, pero no fue lo que dijo en la
comida. El nombre de Gabilondo simplemente no salió, según yo
recuerdo. Lo aseguro", dijo uno de los comensales. El dato fue
corroborado por otro de los comensales.
Esperanza Aguirre, según las fuentes consultadas,
tenía el objetivo de "apaciguar" o más precisamente propiciar un
"pacto" de no agresión entre el periodista radiofónico y la Casa del
Rey. ¿Por qué? Porque las algaradas minoritarias de independistas
catalanes contra el Rey y la Monarquía habían contado en el otro
extremo político, el de la derecha, con la gasolina que ha venido
echando Jiménez Losantos.
La dirigente del PP tenía un especial interés en
hacer una operación que algunos han bautizado de
"institucionalización" de Jiménez Losantos. Si el Rey se avenía, eso
permitiría a Aguirre separar al periodista de la campaña contra la
Monarquía (y con él a la derecha), y además contar con Losantos para
la nueva etapa de Telemadrid, que precisamente en esos días tenía
entre manos.
Y el Rey no pasó por el aro.
(www.elpais.com, 22/10/07)
3. AGUIRRE MANIOBRA PARA HACERSE CON EL CONTROL
DE IFEMA
Ifema, la Institución Ferial de Madrid, es uno de
los motores económicos de la región. Su actividad desde hace casi
una década es frenética y se ha convertido en un caramelo muy goloso
para los responsables de la Comunidad de Madrid. El movimiento
económico que genera Ifema representa más del 1% del Producto
Interior Bruto regional (PIB). El vicepresidente del Gobierno
regional, Ignacio González, y vicepresidente del comité ejecutivo de
Ifema, ha ideado una maniobra para preparar el desembarco en la
institución de Luis Eduardo Cortés, ahora presidente de Vallehermoso
Inmobiliaria, ex diputado por el PP con Aguirre y ex consejero de
Obras Públicas de la Comunidad de Madrid con Gallardón, según
explican cuatro fuentes consultadas. Cortés es un hombre próximo a
la presidenta regional, Esperanza Aguirre quien, de ésta forma,
incrementaría su control sobre la institución ferial.
El vicepresidente regional ha diseñado dos
estrategias para la toma de control de Ifema. La primera consiste en
crear un nuevo cargo en el consejo de administración. La figura del
consejero delegado, que ocuparía Luis Eduardo Cortes, y que estaría
un escalón por encima de Fermín Lucas, director general y brazo
ejecutivo de la empresa semipública. "Pensamos mantener a Lucas",
aseguró un portavoz de la Comunidad, quien, además, negó todas las
maniobras para elevar a Cortés a la presidencia de Ifema. Lucas es
una persona próxima al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. De
hecho, fue el secretario del grupo popular en la Asamblea cuando
Gallardón era presidente regional.
La otra opción que baraja Aguirre es designar
como presidente del comité ejecutivo, uno de los órganos de control,
a Cortés en detrimento del presidente de la Confederación de
Empresarios (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, que ocupa el puesto en
representación de la Cámara de Comercio. Para ello tendría que
modificar los estatutos de Ifema.
"Si la Cámara de Comercio quiere ceder la
presidencia lo tendrán que decidir entre los empresarios. No
nosotros", precisa una portavoz regional. Pero los empresarios
consultados aseguran que reciben presiones de la Comunidad para que
abandonen el cargo.
Esta maniobra supone el último enfrentamiento
entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid. Esta vez
por el control de la institución ferial. Fuentes de la Cámara de
Comercio reconocen que no sería extraño que una empresa como Ifema
tuviera un consejero delegado, pero evitan pronunciarse sobre la
cesión de su sillón en la presidencia del comité ejecutivo de la
institución a Cortes.
El capital de Ifema está controlado por el
Ayuntamiento (31%), la Comunidad (31%) y Caja Madrid (31%). Los
empresarios a través de la Cámara controlan el 7% restante. Ifema
está regida por un órgano rector, presidido por el ex alcalde, José
María Álvarez del Manzano, aunque su puesto es sólo honorífico. Y
otro ejecutivo, que se ha convertido en el deseo de Aguirre.
Lo que si reconoce una fuente de la Cámara de
Comercio es que la Comunidad ya ejerce un férreo control en Ifema.
"El vicepresidente del comité ejecutivo, Ignacio González, nos hace
ir con los deberes hechos y nos controla", revela. Pero la Comunidad
no tiene el camino fácil para controlar la institución ferial. Se ha
topado con un problema: los empresarios. Que no quieren ceder la
presidencia de Ifema.
El comité ejecutivo de Ifema está presidido por
Gerardo Díaz Ferrán, presidente, a su vez, de la confederación
nacional de empresarios (CEOE).
Sin embargo, este cargo le corresponde, según los
estatutos de Ifema, al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador
Díaz Campano. Éste cedió su puesto en Ifema a Díaz Ferrán a cambio
de su aval para presidir la Cámara. Todo un juego de pactos para
lograr el poder. Una especie de acuerdo en el que tú me apoyas a mí
y yo a ti.
Santos Campano convocó una reunión extraoficial
de los vocales de la Cámara, a la que asistieron unos 20
empresarios. El presidente de la organización empresarial propuso
ceder su puesto en la presidencia de Ifema. Según cuatro fuentes
consultadas por este diario, el presidente de la Cámara deslizó el
nombre de Luis Eduardo Cortés como posible inquilino de este sillón.
La mayoría de los asistentes expresaron su
malestar por el "intervencionismo" de la Comunidad de Madrid.
"Luchamos por la independencia de los empresarios y no queremos ser
peleles", aseguró uno de los asistentes. Santos Campano planteó su
dimisión al comprobar el escaso apoyo recibido por los empresarios y
solicitó a los vocales que suscribieran una carta manifestando su
apoyo y permitiéndole traspasar la presidencia de Ifema.
La jugada sería redonda para el Ejecutivo de
Aguirre porque lograría el control de la joya de la corona, Ifema, y
de los empresarios, a través de la Cámara de Comercio. "Santos
Campano tiene ahora una posición muy débil por cuestionar la
independencia de los empresarios", asegura una fuente.
(www.elpais.com, 23/10/07)
4. AGUIRRE AMENAZA A LA CÁMARA DE COMERCIO CON
UNA GESTORA
Esperanza Aguirre ha dado un ultimátum a Salvador
Santos Campano, presidente de la Cámara de Madrid y el único que
tiene la potestad para designar al presidente de Ifema, para que
nombre para ese cargo a Luis Eduardo Cortés. Aguirre ha amenazado
con poner al frente de la Cámara una gestora si Campano no nombra a
Cortés, un hombre próximo a ella, como máximo responsable de la
institución ferial.
Desde hace días, Campano trata de buscar el
consenso de la Cámara para nombrar a Cortés como presidente, pese a
que la decisión es únicamente suya. Son varios los miembros de la
Cámara que no quieren que se imponga un nombre y han expresado su
rechazo a los deseos de Aguirre, según fuentes cercanas al proceso.
Se da la paradoja de que Luis Eduardo Cortés es
directivo no ejecutivo de una empresa del grupo Sacyr Vallehermoso,
encargada de realizar la ampliación de las instalaciones del recinto
ferial y contra la que el comité ejecutivo de la institución estudia
emprender acciones legales. Sacyr Vallehermoso ganó un concurso en
2005 para construir dos naves más para exposiciones en Ifema por un
poco más de 55 millones de euros. Desde entonces el proyecto inicial
ha sido modificado varias veces por la constructora, que ahora pide
20 millones más para terminar las obras, tras haber conseguido otra
ampliación de presupuesto de unos 15 millones.
Tras la nueva petición de la constructora, el
comité ejecutivo de la institución ferial estudia emprender acciones
legales contra Sacyr por un retraso en la finalización de los
pabellones y por sobrecoste, según fuentes cercanas a la institución
ferial. Eduardo Cortés fue diputado del PP con Aguirre y ex
consejero de Obras Públicas cuando presidía la Comunidad Alberto
Ruiz-Gallardón. Días después de abandonar la Comunidad, a mediados
de 2005, Cortés fue nombrado presidente de Vallehermoso
Inmobiliaria, filial de Sacyr.
Hace algunas semanas Gerardo Díaz Ferrán,
presidente de la CEOE, expresó su deseo de dejar la presidencia de
Ifema alegando que no puede dedicarle el tiempo que precisa la
misma. Salvador Santos Campano, que es el que tiene por estatutos la
potestad de delegar en un sucesor -el ostenta teóricamente el puesto
de presidente de Ifema-, comentó a los miembros de la Cámara su
intención de nombrar a Cortés, algo que no sentó muy bien a algunos
miembros de la institución.
"Es una decisión que debo tomar yo, pero todavía
no está decidida. Díaz Ferrán me ha comunicado que quiere dejar la
presidencia, pero no tiene ninguna prisa. Yo trato de buscar a un
empresario de consenso y Luis Eduardo Cortés es uno de ellos",
aseguraba Salvador Santos Campano. El presidente negó presiones del
Gobierno regional para nombar a Cortés. "Yo sé que él se lleva bien
con la presidenta porque me lo ha dicho él, pero ella nunca me lo ha
mencionado", aseguró Santos Campano.
Fuentes del Gobierno regional, por su parte,
negaron presiones a la Cámara de Comercio para que Cortés salga
elegido. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aseguró que está
"seguro de que no se le pasa por la cabeza a la presidenta de la
Comunidad de Madrid imponer a los empresarios su representante" en
la dirección de Ifema, porque "nadie con un mínimo de sentido común
puede pretender eso".
Preguntado en rueda de prensa tras la Junta de
Gobierno por las informaciones que sitúan a Cortés a la cabeza de la
institución ferial por deseo del Gobierno autonómico, el vicealcalde
ha advertido de la "incompatibilidad" en la que a su juicio
incurriría el ex diputado y ex vicepresidente regional y actual
presidente no ejecutivo de Vallehermoso.
Tras admitir que sólo sabe lo que ha leído en la
prensa puesto que el Ayuntamiento no tiene "ninguna notificación
oficial" sobre ese supuesto a pesar de contar con el 30% en el
consorcio que dirige Ifema, Cobo ha indicado que el Ayuntamiento
entiende que en el caso de Cortés, y "con independencia de sus
cualidades personales", existe una "incompatibilidad con el puesto
que desempeña actualmente como presidente de Vallehermoso".
(www.elpais.com, 25/10/07)
6. EL CANDIDATO DE AGUIRRE PARA IFEMA ES
DIRECTIVO DE LA EMPRESA QUE LA AMPLÍA
El candidato de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, para presidir la empresa semipública
Ifema, Luis Eduardo Cortés, es directivo de la empresa encargada de
ampliar las instalaciones de la institución ferial, Sacyr
Vallehermoso. La constructora ganó en 2005 el concurso para edificar
dos naves para exposiciones -20.000 metros cuadrados-, por unos 56
millones. El comité ejecutivo de la institución ferial estudia
emprender acciones legales contra Sacyr por el retraso de las obras
y por su sobrecoste.
Esperanza Aguirre ha urdido un complejo plan para
controlar Ifema, la segunda mayor empresa de la región -después de
Barajas- por su actividad económica. La institución aporta cerca del
1% del producto interior bruto regional (PIB). El control al que
aspira Aguirre en la institución tiene tintes estratégicos para
ampliar su poder sobre los empresarios. Además, choca con su
discurso ideológico: la presidenta, liberal a ultranza, defiende la
mínima intervención de los poderes públicos en la economía. Pero no
predica con el ejemplo.
El hombre elegido por el Gobierno regional para
que presida el comité ejecutivo de Ifema es Luis Eduardo Cortés, ex
diputado del PP con Aguirre y ex consejero de Obras Públicas cuando
Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba la Comunidad. Cuando Cortés fue
responsable de Obras Públicas, su consejería adjudicó sustanciosos
contratos a las constructoras para la ampliación del metro. Días
después de abandonar la Comunidad, en julio de 2005, se enroló en
una inmobiliaria.
Cortés es el presidente ejecutivo de Vallehermoso
Inmobiliaria, filial de Sacyr que es la encargada de construir dos
nuevos pabellones para ampliar Ifema. La empresa se hizo con el
contrato en febrero de 2005 por un importe de 56 millones. Pero las
obras se han retrasado y el presupuesto, disparado. Fuentes de la
institución ferial calculan que el coste final de la ampliación
ascenderá a 93 millones.
Durante el pasado verano, Ifema autorizó dos
inversiones extraordinarias de 17 millones para este proyecto, por
modificaciones en la construcción de las dos naves. Hace un par de
meses, Sacyr solicitó otros 20 millones para concluir las obras. En
total, supone un incremento del 75% respecto al presupuesto inicial.
Ifema se opone a pagar el último sobrecoste y ha encargado a los
servicios jurídicos de la institución un informe sobre las
responsabilidades de Sacyr en el proceso, según las actas del
Consejo de Administración. "Hay un problema con la entrega de la
obra, porque lleva mucho retraso y el presupuesto se ha disparado",
asegura un miembro de la Cámara de Comercio, organismo que preside
Ifema.
La semana pasada, el vicepresidente regional y
también de la institución ferial, Ignacio González, mantuvo una
reunión con ejecutivos de Sacyr para intentar solucionar el
contencioso. González es uno de los miembros de la ejecutiva de
Ifema que más ha cargado contra el incumplimiento de Sacyr y,
además, es el estratega del desembarco de Cortés en Ifema, según
fuentes consultada. La jugada consiste en apartar al director
general de Ifema, Fermín Lucas, hombre próximo al alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón.
El Gobierno regional, a través de Ignacio
González, presiona a los empresarios de la Cámara de Comercio para
que éstos cedan la presidencia de Ifema a Cortés. El cargo le
corresponde al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos
Campano, según establecen los estatutos de Ifema. Pero éste ha
cedido su sillón en la institución ferial al presidente de la
Confederación Empresarial Española de Empresarios (CEOE), Gerardo
Díaz Ferrán, quien antes brindó su apoyo a Santos Campano para
lograr la presidencia de la Cámara. La Comunidad quiere que Díaz
Ferrán dimita y la cámara dé el visto bueno a Cortés como
presidente. El patrón de patrones presiona a Santos Campano para que
permita la maniobra, según varias fuentes consultadas. Para que
Cortés sea presidente de Ifema es preciso que lo proponga la Cámara
de Comercio y exige modificar los estatutos de la institución
ferial. Este organismo es una sociedad mixta en la que la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento y la cámara tienen el 31% cada una, y
Caja Madrid, el 7%.
Santos Campano convocó el pasado lunes una
reunión para recabar el apoyo de los empresarios a la operación que
allana el camino a Cortés. Pero estos expresaron su malestar por la
falta de independencia de la Cámara de Comercio. "Rechazamos el
intervencionismo de Aguirre. No queremos ser peleles de nadie",
cuenta uno de los asistentes a la reunión. Otras fuentes consultadas
admitieron a este diario que reciben presiones de la Comunidad para
aprobar la propuesta.
El concejal de Economía de Madrid, Miguel Ángel
Villanueva, aseguró que respeta "la independencia de los empresarios
madrileños" y señaló que "jugar con la estabilidad de Ifema es una
grave irresponsabilidad". Por su parte, el portavoz popular en la
Asamblea, Antonio Beteta, defendió el nombre de Cortés para presidir
Ifema.
7. AGUIRRE RESPALDA A RAJOY EN SU ESCEPTICISMO
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha manifestado que comparte "todas y cada una de
las opiniones" del presidente del PP, Mariano Rajoy, y
"singularmente" la que se refiere a las repercusiones del cambio
climático, en torno a las cuales los socialistas han propuesto un
debate públcio a los 'populares'.
Aguirre se ha expresado de este modo tras
entrevistarse con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al ser
preguntada por los informadores sobre las polémicas declaraciones
que hizo Rajoy en Palma de Mallorca, donde dijo que había que estar
"atentos" al cambio climático, pero no convertirlo en "el gran
problema mundial".
La presidenta regional y del PP madrileño se ha
limitado a señalar al respecto que comparte "todas y cada una de las
opiniones" del presidente de su partido y que "singularmente"
respaldaba esta afirmación suya respecto a las repercusiones del
cambio climático.
Sin embargo, otros líderes 'populares' han optado
por salir en defensa de Rajoy diciendo que las declaraciones del
presidente PP han sido "sacadas de contexto". Es el caso del
portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien subrayó que Rajoy
tiene suficientemente acreditada su "sensibilidad" y "preocupación"
por este asunto.
En su opinión, tras el "ataque personal"
propiciado contra Rajoy por este asunto se esconde la intención de
los socialistas de "tapar el debate sobre los problemas que de
verdad preocupan a los ciudadanos", entre los que citó el "caos
ferroviario" en Cataluña o asuntos relacionados con Acción
Nacionalista Vasca (ANV).
Igualmente, la secretaria de Políticas Sociales
del PP, Ana Pastor, ha opinado en declaraciones a Telecinco que "los
oponentes políticos están intentando sacar de contexto" las
declaraciones de Rajoy sobre el cambio climático, y ha recordado que
este asunto ocupa su lugar en el proyecto de futuro de su partido
para España.
(www.elmundo.es, 23/10/07)
8. AGUIRRE RECULA EN SU DEFENSA A RAJOY Y DICE
QUE "EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN TEMA SERIO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha reculado y ha admitido que se excedió en su
apoyo a Mariano Rajoy cuando destacó que comparte "todas y cada una
de las opiniones" del presidente del PP, y "singularmente" la que se
refiere a las repercusiones del cambio climático.
Aguirre ha matizado sus palabras y destacó que
realizó esta declaración porque sabía que los periodistas buscaban
un titular del tipo: 'La presidenta de la Comunidad de Madrid
discrepa con Rajoy'.
La dirigente 'popular' manifestó que lo que
quería decir el líder del PP es que "el cambio climático es un tema
muy serio" que defienden los científicos, aunque calificó los
comentarios de Rajoy como "bromita" y los disculpó porque fueron
realizados "en un tono jocoso". A su juicio, este debate favorece al
PSOE, ya que mientras Barcelona está sumida en un caos absoluto por
las obras del AVE, todo el mundo está hablando "de la bromita que ha
hecho el señor Rajoy".
En opinión de Aguirre, el auténtico problema que
existe ahora en Barcelona es que 200.000 ciudadanos no pueden coger
el tren de Cercanías y llegan tarde a sus trabajos. Además, negó que
esta situación sea comparable a las molestias que provocaron a los
madrileños las obras de la M-30 y defendió las reformas de las
infraestructuras emprendidas por su partido en la capital: "El PP ha
hecho una ampliación sin precedentes del Metro de Madrid de 114
kilómetros con Ruiz-Gallardón y de 90 durante mi legislatura",
manifestó.
La presidenta también aprovechó la ocasión para
alabar la gestión de Ruiz-Gallardón tanto al frente de la Comunidad
como del Ayuntamiento de la capital por la ampliación de las líneas
del Metro y por la remodelación de la M-30, que defendió como una
obra imprescindible en Madrid.
9. AGUIRRE REDUCE LA INVERSIÓN PARA 2008 POR LAS
PRIVATIZACIONES
Las inversiones del Gobierno de Esperanza Aguirre
en la región ascenderán en 2008 a 1.328 millones de euros, el 6,3%
menos que el año pasado, cuando alcanzaron los 1.421 millones. Son
cifras del avance del proyecto de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid que aprobó el Consejo de Gobierno y que hoy
inicia su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional.
Los números delatan que las inversiones
descienden mientras aumentan los presupuestos. Las arcas regionales
contarán este año con 18.985 millones de euros, el 4,49% más que el
año pasado. Y eso que los presupuestos crecen la mitad de lo que lo
hacían en 2007 (9,61%).
No es que dejen de construirse nuevas
infraestructuras, sino que Aguirre apuesta por las empresas privadas
para ponerlas en pie y, en ocasiones, para gestionarlas. Eso hace
que no aparezcan reflejadas en los gastos regionales. Así lo
reconoció la presidenta regional, cuando aseguró que la disminución
de la inversión en el presupuesto se produce porque "no incluye las
inversiones del Canal de Isabel II, la construcción de la Ciudad de
la Justicia que realiza la empresa Campus de la Justicia o las
concesiones de transporte y los hospitales", entre otras.
Otra característica de las cuentas aprobadas es
que reflejan la probable ralentización que sufrirá la economía en
España, y que también se notará en Madrid, aunque en menor medida.
El crecimiento previsto en la región del producto interior bruto
(PIB) para 2008 es del 3,5%, mientras el año pasado era del 4,1%.
Aguirre destacó además que la "crisis en el
sector de la compra de pisos" incide en unos presupuestos que tienen
el mayor volumen de ingresos a través de los impuestos (el 87%) y
sólo el 7% por transferencias del Estado.
Según la presidenta, al haber menos compra-venta
de inmuebles se recauda menos por la vía de gravar las transmisiones
patrimoniales y los actos jurídicos documentados, que suponen sólo
el 8,51% y el 7,81%, respectivamente de la recaudación total de
impuestos indirectos (9.344 millones). Por eso, argumentó, ha
crecido menos el presupuesto, porque el Gobierno regional sigue la
máxima de no gastar "ni un euro más de lo que ingresa".
La mayor parte del gasto de la Comunidad de
Madrid va dirigida tradicionalmente al personal (154.138 empleados),
al que se destinan 6.500 millones de euros. Son sobre todo
trabajadores sanitarios y docentes. Además, en 2008 aumentará el
gasto corriente del Ejecutivo regional porque está previsto que
entren en funcionamiento, a lo largo del primer semestre, los ocho
nuevos hospitales. Se llevarán 298 millones de euros.
Por eso, también son Sanidad y Educación las
consejerías que suelen recibir mayor proporción del presupuesto. El
consejero Juan José Güemes dispondrá de 6.953 millones de euros (el
36,63% de los fondos regionales) el año que viene para los servicios
sanitarios, mientras la consejera Lucía Figar recibirá 4.780
millones (el 25,18%).
Según Aguirre, son las consejerías del área
social las que verán aumentados en mayor medida sus ingresos: el
76,9% del presupuesto. Y resumió su visión de los presupuestos en
una frase: "Cada día gastamos 58 millones de euros en prestar
servicios a los madrileños".
(www.elpais.com, 26/10/07)
10. AGUIRRE APARTA AL ARQUITECTO NAVARRO BALDEWEG
DE LA OBRA DEL TEATRO DEL CANAL
El arquitecto y artista plástico Juan Navarro
Baldeweg se ha quedado atónito tras recibir el pasado día 18 un
burofax (documento con valor notarial) en el que el Canal de Isabel
II y su director gerente Ildefonso de Miguel, que dependen del
gobierno de Esperanza Aguirre, le comunican que le rescinden los
contratos por los que se le encargó el proyecto y la dirección de la
obra para la construcción del Teatro del Canal, así como el que le
facultaba para realizar las obras de los equipamientos
escenotécnicos de dicho espacio. Este prestigiado arquitecto ganó en
el año 2000 con su proyecto el concurso internacional convocado por
el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón y su
consejera de las Artes Alicia Moreno.
Navarro Baldeweg está más asombrado aún porque
antes de ejecutar esta medida, que considera gravísima y con la que
se hace "un daño inconmensurable a mí y al ciudadano", no ha mediado
conversación alguna, llamada o notificación por parte del Canal. Se
muestra también asombrado porque en el documento se le llega a decir
que su proyecto "ha adolecido de importantes defectos, carencias e
imprevisiones, que podrían implicar desviaciones presupuestarias y
de plazo de ejecución que no son aceptables".
Según Navarro Baldeweg, gran parte de los
retrasos se deben a que el Canal adjudicó, vía concurso, el proyecto
de equipamientos escenotécnicos (cuyas obras asume el arquitecto del
proyecto general) a una empresa que lo ha realizado sin conocer lo
construido por Navarro Baldeweg, quien tampoco participó en la
redacción de ese proyecto ni en la adjudicación del mismo, por lo
que los equipamientos previstos se han tenido que corregir
continuamente para adaptarlos al proyecto original, ya que no hubo
coordinación entre el proyecto de obra y el de equipamientos.
"¿Si somos tan malos, cómo es que se nos ha
contratado en mayo de este año para una fase posterior de la obra de
la que no somos autores ni hemos coordinado?", se preguntan el
arquitecto responsable del proyecto y Jaime Bretón, quien desde el
principio trabaja junto a él.
Con el fin de aclarar y contestar a las graves
acusaciones, Navarro Baldeweg deja claro que bajo su responsabilidad
se llevó a cabo el proyecto hasta donde se le dijo que tenía que
llegar: "A partir de ahí hemos avisado en repetidas ocasiones que
faltaban cosas para finalizar el proyecto y les hemos informado
puntualmente de las carencias que había y se debían subsanar",
comenta el arquitecto, quien por la mañana llevó a un notario los
contratos y planos que tuvieran que ver con este proyecto y pondrá
el asunto en manos de sus asesores jurídicos.
"Queríamos hacer el mejor teatro de España. Ése
es el único objetivo de esta operación. Las obras del proyecto civil
están ralentizadas por la constructora y las de equipamiento, una
vez resueltas todas las deficiencias, pueden coger un ritmo que
posibilitaría terminar todo antes del verano de 2008", sostiene
Navarro.
Según el Canal de Isabel II, el proyecto de
Navarro Baldeweg costará un 25% más de lo previsto inicialmente,
porcentaje habitual en planes de esta índole. Otros grandes
proyectos arquitectónicos se desvían aún más, como ese 300% que ha
subido el proyecto del Palau de las Arts (cerrado por las
inundaciones) de Santiago Calatrava, que de 80 millones de euros ha
llegado a los 332.
(www.elpais.com, 20/10/07)
11. EL GOBIERNO RECURRE AL CONSTITUCIONAL LA LEY
DE FORESTALES DE AGUIRRE
Aunque ya lo anunció el pasado julio, el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó presentar un recurso al
Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Comunidad de Madrid, la primera
aprobada este verano por el equipo de gobierno de Esperanza Aguirre
en su segundo mandato. Esta es la norma que, entre otras cosas,
impide a los agentes forestales entrar en fincas privadas sin
mandato judicial.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la
Vega anunció tras el Consejo de Ministros que el recurso impugna el
artículo 9 de dicha norma. Según éste, los agentes forestales
requieren de "autorización judicial para acceder a los montes o
terrenos forestales de titularidad privada", salvo cuando haya un
incendio.
El Gobierno de Zapatero considera que este
artículo vulnera la competencia del Estado para establecer la
legislación básica en materia de protección del medio ambiente, de
los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. También
invade, según argumenta el recurso, la competencia en materia de
Administración de Justicia "al atribuir a los jueces y tribunales
funciones jurisdiccionales no incluidas actualmente en la normativa
estatal". Se refiere a que los jueces no tendrían por qué otorgar
esas autorizaciones para entrar en las fincas privadas, mientras no
lo establezca así una ley estatal.
De hecho, ya existen dos autos judiciales que
reconocen la falta de competencia para autorizar a los agentes
forestales la entrada en los montes y bosques privados. Los guardas
forestales de la región han cifrado en 8.000 las autorizaciones
judiciales necesarias para hacer su labor habitual. Hasta la fecha
sólo se ha tramitado un centenar.
Según el recurso, la ley también contradice la
Ley de Montes estatal, que asigna a los agentes forestales la
condición de agentes de la autoridad y de policía administrativa
federal.
Este recurso del Gobierno central sigue las tesis
defendidas por la ministra Cristina Narbona en julio pasado. Sin
embargo, no menciona que exista invasión de las competencias del
Ministerio de Vivienda, como aseguró este verano la ministra Carme
Chacón, que anunció que recurriría la ley de Aguirre por entrar en
conflicto con la Ley del Suelo.
La normativa regional establece un máximo de
cuatro alturas para las construcciones de los nuevos barrios y,
entre otras materias urbanísticas, suprime los agentes urbanizadores
y los convenios entre ayuntamientos y promotores anteriores a la
aprobación de los planes urbanísticos.
, el Gobierno regional no quiso hacer
valoraciones sobre el recurso. La ley de Aguirre ha sido objeto de
polémica durante los cinco primeros meses de gobierno. Fue tramitada
por la vía de urgencia, en sólo dos plenos, y sin previa discusión
en comisión, durante julio, tradicionalmente inhábil en la Asamblea
de Madrid. Apenas hubo debate. Para ello, Aguirre contaba en la
Cámara regional con la mayoría de los 67 diputados del PP.
Desde entonces, ha provocado diversas
movilizaciones de los agentes forestales. El pasado 10 de octubre,
representantes sindicales de estos trabajadores entregaron un
escrito al Parlamento Europeo, en Bruselas, en el que denuncian que
la ley vulnera las leyes europeas de protección medioambiental.
Además, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de
Justicia, Emilio Valero, alertó en septiembre de que, al no poder
entrar los agentes a inspeccionar las fincas, han aumentado los
cebos envenenados.
(www.elpais.com, 20/10/07)
12. ESPERANZA DIXIT: "GALLARDÓN HACE MUY BIEN EN
NO OCULTAR SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS"
Esperanza Aguirre, abandona el sueño de
convertirse en la primera presidenta de España. Su anhelo de poder
se ha doblegado ante la disciplina, y parece haber claudicado a
favor de su rival Gallardón en la batalla por la sucesión de Rajoy.
Dijo que, por ahora, sólo aspira a "solucionar los problemas de los
madrileños". Y ante la insistencia del entrevistador, Carles
Francino sobre sus proyectos futuros, Aguirre fue al grano: "Dígalo
usted con claridad, '¿quiere ir usted a La Moncloa', para que le
conteste con toda claridad. No".
Aguirre fue más allá y reconoció que no le
"chincha" el hecho de que Gallardón aspire a convertirse en
inquilino de La Moncloa. En este sentido consideró que "hace muy
bien en no ocultar" su aspiración aunque, al mismo tiempo rechaza
que el alcalde madrileño haya provocado el debate sobre las listas
electorales que el PP quiere ocultar. De él, dijo no es "tan
disciplinado como me gustaría".
En cuanto a sus aspiraciones, Esperanza Aguirre sólo desea "gobernar
resolviendo los problemas de los madrileños". Eso sí, durante la
entrevista se limitó a elogiar con insistencia su gestión y la de
Alberto Ruiz-Gallardón en materia de transporte, sin entrar en otro
tipo de problemáticas que cada día preocupan a los madrileños, como
es el caso de la vivienda o el urbanismo salvaje que afecta a la
Comunidad de Madrid.
La presidenta de la comunidad de Madrid también ha tenido unas
palabras para la Ley de la Memoria Histórica, acusando al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero de imponerla de modo "totalitario",
imponiendo algo que a su juicio es "individual, particular de cada
uno" y "cosa de los historiadores, no algo que tiene que decidir el
Gobierno". Siguiendo la línea del PP, se remonta a los consensos de
la Transición, que no hay que olvidar se hicieron en un momento
histórico y político totalmente diferente del actual. Desde el punto
de vista de Aguirre el PSOE ha conseguido que los esos consensos
"salten por los aires".
(www.elplural.com, 24/10/07)
13. LA COMUNIDAD DE MADRID DA LA ESPALDA A LA LEY
DE DEPENDENCIA
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció
que las comunidades autónomas que más solicitudes han presentado
para beneficiarse de las ayudas de la Ley de Dependencia son
Andalucía, Extremadura, Cantabria, Baleares, La Rioja, Galicia y
Cataluña. Caldera aprovechó la presentación de estos datos para
denunciar la actitud de dos comunidades, gobernadas por el PP, que,
desde el primer, día han ralentizado la aplicación de la nueva Ley.
Jesús Caldera señaló que Madrid y Murcia son las
únicas comunidades que "no están haciendo nada por aplicar esta
norma" en su territorio. Estos dos territorios se quedarán sin
recibir aportación económica alguna por el momento.El caso es
especialmente relevante en Madrid, dado su volumen de población,
seis millones de personas, que aún no ha podido acceder la nueva Ley
de Dependencia. Según Caldera, la actitud de Madrid se debe a la
"falta de lealtad" con el Gobierno, que sólo perjudica a los
ciudadanos. La ley exige que las autonomías evalúen previamente a
las personas en situación de dependencia que solicitan ayudas y
trasladen esas peticiones al Ministerio de Trabajo, algo que ni
Madrid ni Murcia han hecho aún.
"A falta de conocer y comprobar si estas
comunidades (Madrid y Murcia) están aplicando la Ley de la
Dependencia, hasta ahora ya han sido valoradas más de 150.000
personas, todos ellos grandes dependientes", según señaló el
ministro de Trabajo en respuesta a una pregunta del PP.
El 20% de las personas que ya han sido evaluadas presenta un cuadro
de gran dependencia, el 30% ha sido considerada como con un grado de
dependencia severo, el resto, el 50% restante, presenta una
dependencia moderada, concretó Caldera.
El ministro destacó el ejemplo de comunidades
como Andalucía, de donde han salido más de la mitad de las
solicitudes registradas en toda España. Caldera señaló que, de los
438 millones de euros destinados este año a la aplicación de la
norma, el Estado ha derivado hasta ahora cerca de 144 millones a las
comunidades autónomas de las que han recibido solicitudes para
conceder la prestación.
(www.publico.es, 25/10/07)
14. EL AYUNTAMIENTO PASA LA PELOTA A LA COMUNIDAD
EN EL TEMA DE CAÑADA REAL
No sólo el Ayuntamiento de Madrid debe trabajar
para solucionar lo que ocurre en la Cañada Real, sino también la
Delegación del Gobierno y el Gobierno regional. Así lo afirmó la
delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, quien añadió que ambas
instituciones "tienen mucho que decir" para que el poblado deje de
ser una "ciudad sin ley".
Martínez insistió que lo que ocurre en el poblado
madrileño "no es sólo un problema urbanístico, sino también de
exclusión y de orden público", recogió Efe. Hace un mes, el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, y el de
Rivas-Vaciamadrid, José Masa, de IU, enviaron un escrito para
proponer la creación de un órgano que agrupe a todas las
administraciones afectadas: la Delegación del Gobierno, la Comunidad
de Madrid, y los Ayuntamientos de la capital, Rivas, San Fernando de
Henares Coslada y Getafe (por los que se atraviesan los 15
kilómetros de la Cañada Real).
La Comunidad de Madrid es la responsable de la
conservación de las cañadas reales, pero, a pesar de esta
competencia la presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró el
viernes que lo que ocurre en la Cañada Real "es un problema heredado
del que no es responsable" el Gobierno regional.
El concejal socialista del Ayuntamiento de la
capital, Pedro Zerolo, acusó a los gobiernos municipales del PP de
mirar para otro lado desde hace tiempo y no querer ver lo que estaba
ocurriendo en la Cañada Real. En una entrevista en Telemadrid, dijo
que no se ha realizado ningún plan de inclusión.
(www.publico.es, 23/10/07)
15. GALLARDÓN PRIVATIZARÁ TODOS LOS CENTROS
CULTURALES
Son los primeros, pero no serán los últimos. Los
tres nuevos centros culturales municipales de Carabanchel tendrán
una gestión totalmente privada cuando empiecen a funcionar, a partir
del 1 de diciembre. Gestión "externalizada", matiza el Ayuntamiento.
Es la política que se seguirá de ahora en adelante. Con la finalidad
de "mejorar el servicio al ciudadano", los nuevos centros que se
construyan tendrán la gestión "integral" de una empresa privada. Y
progresivamente, ese modelo, la privatización, se irá extendiendo a
los 84 centros culturales municipales ya existentes, avanza un
portavoz del Ayuntamiento. Eso supone que el mantenimiento, la
gestión económica y la programación cultural que ofrecen estará en
manos privadas. El Consistorio ha aplicado ya este tipo de
"externalización" a los nuevos polideportivos.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el
pasado jueves un gasto de un millón y medio de euros para la gestión
externa de los tres nuevos centros: Fernando Lázaro Carreter, San
Francisco-La Prensa y Carabanchel Alto. El dinero es "una
contraprestación" por las pérdidas que se calcula que sufrirán las
empresas adjudicatarias por dar servicios a los ciudadanos a un
precio "público". Es decir, será una gestión sin riesgos.
En el pliego de condiciones para la adjudicación
de los tres nuevos centros se recoge, como el criterio que más
puntúa, la "calidad y valor técnico del proyecto relativo a la
organización, programación y ejecución de las actividades de
talleres y formativas". O sea, lo relativo a la gestión de los
servicios culturales. Pero el Ayuntamiento insiste en que
supervisará los contenidos de dicha programación.
Desde hace tiempo, el Consistorio ha privatizado
también parte de los servicios que ofrecen los centros culturales y
los deportivos. "No tiene sentido que el socorrista de una piscina
pública sea funcionario", defienden fuentes municipales. El mismo
argumento emplea para los profesores de música o los monitores de
talleres culturales.
"Es inadmisible que con el dinero de todos se
subvencione el beneficio de unos pocos", manifiesta Milagros
Hernández, concejal de IU. Además, recuerda que hay experiencias
suficientes de cómo funciona la gestión privada para saber que
"ofrece peores prestaciones para los usuarios y peores condiciones
laborales para los trabajadores".
Precisamente, los funcionarios empleados en estos
centros prevén manifestarse el jueves en la plaza de la Villa para
protestar por la futura externalización de la tarea de los
ordenanzas (personal de oficios de servicios internos [POSI], según
la denominación municipal). A partir del 1 de enero, el Consistorio
sustituirá por empleados de empresas privadas a unos 600
funcionarios de este tipo que realizan labores en centros
culturales, centros de mayores y polideportivos.
En la Casa de la Villa consideran que los
ordenanzas ejercen de "conserjes" y que, con los nuevos contratos de
mantenimiento y limpieza que entrarán en vigor en enero, esa función
se puede externalizar. De los 600 afectados, unos 250 irán
destinados a colegios para que estén presentes mientras se realizan
actividades extraescolares. El resto, dice el Ayuntamiento, optará a
promociones para ascender al puesto de auxiliar administrativo. El
argumento no convence a los ordenanzas. Y tampoco les gusta que se
refieran a su trabajo como "conserjes".
Cristina es una de ellos. Esta mujer, que pide
ocultar su verdadero nombre, trabaja en una biblioteca pública.
Asegura que sus laborales "son de lo más variadas". Aunque según el
Ayuntamiento es "conserje", cada día presta libros, hace carnés de
usuario o atiende a las preguntas de los vecinos. De hecho, Cristina
ha demandado al Consistorio por este motivo y reclama que se le
pague la diferencia de sueldo que le correspondería por las labores
que realmente desempeña.
(www.elpais.com, 23/10/07)
16. GALLARDÓN PIERDE 73 MILLONES AL ADJUDICAR LOS
CHIRIMBOLOS
Habrá 890 por todo Madrid y nos venderán cosas.
Son los nuevos chirimbolos publicitarios que ya han empezado a
colocarse por toda la ciudad. Un buen negocio para la capital.
Aunque quizá no tanto como podría haberse esperado. La Concejalía de
Medio Ambiente, que entonces dirigía Paz González, adjudicó el 20 de
diciembre de 2006 el contrato de gestión de los soportes
publicitarios, chirimbolos, a la unión temporal de empresas (UTE)
Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros. Una cifra 73
millones inferior a la que ofertaba su principal competidora, la
sociedad Viacom. Además, el Ayuntamiento ni siquiera valoró el
diseño e impacto medioambiental de la perdedora. Expertos
consultados aseguran que este tipo de pliegos no son habituales,
porque excluyen empresas sin valorar todos los aspectos de la
oferta. El 15 de junio de 2006 se presentaron cinco empresas al
concurso para la "comercialización y explotación publicitaria de
obras en vía pública, terrenos e instalaciones deportivas
municipales y mobiliario urbano de gran formato": La UTE Clear
Channel-Cemusa, Viacom. JCDecaux (la anterior adjudicataria), la UTE
Iepe-Imprusa y Zeta Gestión de Medios.
El concurso tenía tres fases: la que juzgaba la
oferta económica, la comercial y, finalmente, el impacto
medioambiental de los soportes. Sin embargo, el criterio de
puntuación otorgaba de forma lineal en cada fase la máxima
puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Algo poco
habitual en un concurso con un número tan reducido de aspirantes,
según expertos consultados.
La máxima puntuación en la primera fase era 45
puntos, y era necesario obtener 20 para pasar a la siguiente. Viacom
-una multinacional filial de CBS y propietaria de canales como MTV-
fue la mejor valorada porque era la que ofrecía más dinero (233
millones de euros), con 45 puntos. La segunda fue Clear
Channel-Cemusa (160 millones), con 27,52 puntos. El resto quedaron
descartadas.
En la segunda fase, la que valoraba la propuesta
comercial, estaban en juego 30 puntos. Pero de nuevo se otorgaba la
máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Pero
ya sólo quedaban dos y era imprescindible obtener 15 puntos como
mínimo para seguir. Una de las dos propuestas quedaría
automáticamente descartada para la tercera fase.
Y así fue. En el veredicto de esta segunda fase,
a pesar de considerar el Ayuntamiento que ambas propuestas eran
"coherentes", Clear Channel-Cemusa se llevó todos los puntos y
Viacom quedó eliminada y sin opción de que el diseño y el impacto
medioambiental de sus soportes fueran valorados.En la tercera fase,
la ganadora se llevó todos los puntos al ser la única finalista.
Así, ni la oferta económica, ni el diseño de los chirimbolos ni su
impacto ambiental fueron decisivos en la adjudicación de la
concesión por 10 años de su explotación.
"Este tipo de pliegos no es normal. Diseña un
proceso de toma de decisiones poco objetivo que margina los
elementos más importantes, como eran el impacto medioambiental y el
canon por la explotación de la publicidad exterior", explica
Guillermo Aguillaume, abogado experto en concursos públicos.
Precisamente, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid considera que los nuevos soportes, instalados por la
empresa ganadora, son invasivos y que provocan un "efecto
lamentable" en el paisaje urbano, según su decana, Paloma Sobrini.
"Medio Ambiente jamás habría instalado algo así dentro de El Retiro,
pero no muestra la misma sensibilidad con el patrimonio urbano",
asegura.
Otro experto en contratos públicos consultado
insiste en que el procedimiento de baremación no es el más adecuado:
"No es habitual no valorar alguno de los capítulos y excluir las
ofertas sin analizarlas globalmente. Este tipo de concursos está
diseñado para que se presenten varios concursantes, no para que lo
hagan sólo unos pocos. De esta forma, excluyes a la mayoría antes de
evaluar todas las propuestas".
Viacom trasladó su inquietud por el resultado del
concurso a la Concejalía de Medio Ambiente, que dirigía entonces Paz
González. Incluso le remitió una carta manifestando "la extrañeza y
sorpresa que le produce el hecho de que resultara finalmente
adjudicataria del concurso nuestra competidora, máxime cuando la
propuesta económica de Viacom resulta más beneficiosa para el
Ayuntamiento". Además, el 23 de mayo, Viacom presentó un recurso
contencioso-administrativo para que le fuera entregado el expediente
completo de la adjudicación. Petición rechazada por el Consistorio.
El Ayuntamiento no quiso pronunciarse y se remitió a la respuesta
que piensa dar hoy durante el pleno. Tampoco quiso hacerlo Clear
Channel ni Viacom. "Esperamos para ver como transcurre el proceso",
dijeron en esta última compañía.
"Ambas ofertas están bien estudiadas y planteadas
siendo por tanto coherentes", señalaron los técnicos municipales en
el expediente del concurso de publicidad callejera. En el mismo
documento aseguran que Viacom desconoce el mercado de publicidad en
grandes formatos. "Gestionamos este tipo de publicidad en toda
España", replica un portavoz de la compañía.
Además, el Ayuntamiento consideró poco realista
la estimación de Viacom de mantener una ocupación del 90% del
espacio publicitario. En cambio, si le pareció más razonable el
cálculo de Clear Channel-Cemusa que presentó una explotación del
70%.
"Exigiremos una información exhaustiva del
expediente de adjudicación de este contrato", anunció David Lucas,
portavoz del grupo municipal socialista, que hoy preguntará en el
Pleno del Ayuntamiento. "Puede haber irregularidades en la
adjudicación de esos espacios. Pediremos que se paralicen las
actuaciones hasta que se aclare lo ocurrido y exigiremos garantías
de que todo se ha hecho conforme a la legislación y que no ha habido
trato de favor", insistió.
(www.elpais.com, 26/10/07)
17. EL 'SER' DECLARA ANTE EL JUEZ
Mentar en el Ayuntamiento el nombre del ex
alcalde popular del municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo, José
Enrique Sotelo, es como hacer lo propio con la soga en la casa del
ahorcado. El motivo es que se ha visto inmerso en un proceso penal.
Está imputado por falsedad en documento público y prevaricación, a
cuenta de la adjudicación de la explotación, durante 11 once años,
prorrogables a otros 14, de la Zona VI del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER). El contrato es, en total, por, 144
millones de euros.
Sotelo acreditó oficialmente la experiencia de
una empresa en su localidad, desde febrero de 2001, que concurría al
concurso de Madrid. Necesitaba ese certificado para demostrar su
solvencia. La cuestión es que en la empresa en cuestión, Hixiene
S.L., trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex
alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo.
El 11 de octubre declaró como imputado en el
juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo. En alocución
ante el juez dijo que era "evidente que esta empresa -Hixiene- nunca
había gestionado los aparcamientos en Cangas, que esta asesorando
sobre ello pero que nunca había gestionado".
El documento que firmó para Hixiene S.L. decía
que venía desarrollando para el Ayuntamiento de Cangas servicios "de
limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de gestión de
aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para
instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público
regulado (zona azul)".
Cuando el juez le preguntó si pidió explicaciones
para qué era el documento cuando se lo solicitaron, precisó que
"nunca se le dijo cuáles eran los fines ni el destino". Vuelto a ser
interrogado sobre si era "normal" que en el documento sólo conste su
firma y el sello del Consistorio, dice que "sí porque es sólo un
informe, no una certificación del secretario, que no sabe si es
preciso que aparezca el sello y la firma del secretario".
Dice que Juan Manuel Casares no se ha puesto
nunca en contacto con él, aunque precisa que lo ha visto "un par de
ocasiones, por casualidad, la última de ellas coincidió con él en un
restaurante", cuando cenaba con su familia. Pero que, en cualquier
caso, lo conoce "porque le había ofrecido sus servicios y llamaba al
Ayuntamiento cuando había algún problema".
Sotelo ha acabado en los tribunales gracias a
Mariano Abalo, edil del Consistorio pontevedrés perteneciente al
Frente Popular Galego. Según reiteró , "nunca ha habido vinculación
contractual del Ayuntamiento con esa empresa". "Hixiene no ha
gestionado nunca ningún aparcamiento en el municipio ni se puede
demostrar con papeles que ha hecho una labor de asesoramiento para
la instalación del aparcamiento público regulado, ya que no hay
ningún contrato que así lo diga".
Casares González, además de ex diputado del PP en
el Parlamento gallego, es ex presidente de Nuevas Generaciones de
Galicia, y ex miembro de la Junta Directiva Nacional de su partido.
Sustituyó al delegado de Movilidad -quien convocaba el concurso de
los parquímetros de Madrid- al frente de las juventudes populares
cuando Calvo dejó el puesto. Desde el Ayuntamiento se niega,
tajantemente, cualquier tipo de manejo poco claro en este asunto.
(www.elmundo.es, 24/10/07)
18. UNA ADJUDICACION CON INTERROGANTES
1. El contrato con Hixiene S.L. El Consistorio
concede a la UTE que formaba esta empresa junto a Sufi S.A. la
explotación, por 144 millones, durante 11 años, prorrogables a otros
14, de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).
2. Solvencia técnica. Para participar en el
concurso las empresas debían demostrar su experiencia en el sector.
Hixiene aportó un documento firmado por el alcalde de Cangas.
3. Informe con repercusión legal. El documento
decía que, desde 2001, Hixiene realizaba "para el Ayuntamiento" [de
Cangas do Morrazo] servicios de "gestión de aparcamiento de
vehículos", y "asesoramiento" para instalar el SER". Un edil de la
oposición lleva al alcalde ante el juez por falsedad en documento
público, ya que, según dice, no hay relación contractual del
Consistorio con la empresa, y, sobre todo, Hixiene "no gestiona
ningún aparcamiento en la localidad".
4. Juan Manuel Casares. Es apoderado de la
empresa, ex diputado regional de Galicia por el PP y ex presidente
de Nuevas Generaciones de la región. Sustituyó al actual delegado de
Movilidad, Pedro Calvo, en ese puesto.
5. Imputación judicial. El 8 de junio de este año
el juzgado de Instrucción número 1 de Cangas do Morrazo imputó al
alcalde de esta localidad por los delitos de falsedad en documento
público y prevaricación.
6. El Ayuntamiento de Madrid niega todo. Dice que
no hubo ningún manejo y todo es legal.
(www.elmundo.es, 24/10/07)
