El Gobierno que preside Esperanza Aguirre sigue
subvencionando a ONG's vinculadas al Partido Popular y a los
Legionarios de Cristo. CIPIE, que en estos momentos está siendo
investigada por el Ministerio de Economía y Hacienda, vuelve a ser
la organización que más dinero recibe para proyectos de cooperación
en el año 2007. La Fundación que preside el antiguo jefe de prensa
de Aznar, Pablo Izquierdo, recibe más de un millón de euros.
CIPIE ha sido adjudicataria de dos proyectos de
cooperación en el exterior. Uno en Colombia y Ecuador y el otro en
Bolivia. En total recibe del Gobierno de Esperanza Aguirre -sólo en
el año 2007- 1.089.000 euros. Es la ONG que más dinero recibe según
se desprende del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Esta fundación, presidida por el antiguo jefe de
prensa de Aznar Pablo Izquierdo, está siendo investigada en estos
días por el Ministerio de Economía y Hacienda. La Intervención
General del Estado está siguiendo el encargo que le realizó la
Agencia Española de Cooperación Internacional de revisar la
contabilidad de esta organización desde el año 1999. El Gobierno
sospecha que podría haber cometido irregularidades en la gestión de
fondos públicos.
CIPIE no es la única ONG vinculada al PP que ha
recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid. La Fundación
Humanismo y Democracia, presidida por la ex presidenta de la
Asamblea de Madrid Concepción Dancausa, recibe 980 mil euros y IUVE,
vinculada a los Legionarios de Cristo, 1.060.000 euros.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el
Gobierno de Esperanza Aguirre que ha asegurado que estas
adjudicaciones obedecen a criterios objetivos. Esta emisora también
ha recabado la versión de CIPIE. Se remiten a una nota que han
enviado a esta redacción en la que reconocen que un equipo de la
Intervención General del Estado está investigando sus cuentas.
Llama la atención la generalidad con la que el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se refiere a los proyectos
subvencionados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. En el caso de
CIPIE, el primero de los proyectos se financia con 850.000 euros, en
tres años, y el dinero se va a destinar a "fortalecimiento de los
sectores público, social y empresarial en Ecuador y Colombia".
El segundo de los proyectos de CIPIE, por un
importe de 240.000 euros, se trata de un modelo de desarrollo para
"fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones
públicas, privadas y microempresas" en Bolivia.
La Fundación Humanismo y Democracia, ONG
presidida por Concepción Dancausa, concejal del Ayuntamiento de
Madrid y presidenta de la Asamblea de Madrid en la última
legislatura, recibe varias subvenciones: 815.000 euros para la
"formación orientada al empleo en la zona norte de Medellín" o
125.000 euros para el "fortalecimiento de la gestión tributaria
municipal en Perú". La tercera subvención lleva por título el
"fortalecimiento institucional como ámbito estratégico de la
cooperación madrileña" y el importe adjudicado son 40.000 euros.
Otras de las fundaciones que repite en los
primeros lugares de las más beneficiadas por los presupuestos de
cooperación de la Comunidad de Madrid es IUVE, vinculada a los
Legionarios de Cristo, que recibe, por ejemplo, 736.000 euros para
un proyecto genérico: "reducir la pobreza" en Honduras. Otra de las
partidas que recibirá serán 176.000 euros para la "inserción,
reinserción y permanencia en el sistema educativo de niños y
jóvenes" en el Salvador. La última de las subvenciones que recibe
IUVE por un importe de 150.000 euros y en colaboración con la
Fundación Mano Amiga lleva por título del proyecto "El plato de la
solidaridad" y no específica en qué país se va a ejecutar.
2. AGUIRRE FINANCIA A UNA ASOCIACIÓN NACIONALISTA
ESPAÑOLA
La Asociación para la Defensa de la Nación
Española (DENAES) recibirá en 2008 una ayuda de 100.000 euros de la
Comunidad de Madrid. Así consta en los presupuestos regionales, bajo
el epígrafe de gastos de la Consejería de Presidencia e Interior,
que dedica 588.962 euros a entidades sin ánimo de lucro. DENAES se
querelló contra Pepe Rubianes y tiene entre sus fines el "cultivo
del patriotismo". Además, su sede central está en Santander.
Como ya ocurrió en los últimos años de gobierno
de Esperanza Aguirre (también presidenta del PP de la región), para
adjudicar estas ayudas no se ha abierto una convocatoria pública.
"Las organizaciones presentan sus proyectos y, en función del
interés de éstos, se determina la financiación", explicó una
portavoz de Presidencia. "No hay convocatoria", admitió.
DENAES, una organización que tiene entre sus
fines, según consta en su página web, "el cultivo del patriotismo, y
la afirmación de España como nación", obtuvo el derecho a las ayudas
por el "interés" de sus objetivos, según la misma portavoz. La
asociación, que tiene entre sus patronos honoríficos a Alejo Vidal
Quadras, Jon Juaristi o Amando de Miguel y está presidida por el
diputado del PP en el Parlamento vasco Santiago Abascal Conde,
detalla en su web que pretende convocar movilizaciones, denunciar
ante la justicia a quienes cometan delitos contra la unidad y
dignidad de España o contra sus símbolos, y apoyar a cualquiera que
resulte "perseguido, vejado o dañado" por ser español o por utilizar
el castellano en el territorio nacional.
Una de las acciones que más difusión dieron a la
organización fue la querella, presentada en 2006 y que sería después
archivada, contra el actor Pepe Rubianes por delito de ultraje a
España y de incitación al odio por razón de origen. Fue a raíz de un
programa de TV-3, en el que habló de "la puta España".
La organización, que tiene su sede central en
Santander, aseguró que aún no ha decidido a qué destinará la
cantidad que le ha sido adjudicada. "Vamos a utilizar la subvención
para una serie de programas para el año que viene de actividades
relacionadas con los fines de la fundación", explicó la gerente de
DENAES, Cintia Andrés. "Pero aún no están definidos. Ya los
anunciaremos en su momento en rueda de prensa". Difícilmente, por
tanto, han podido presentar al Gobierno regional los proyectos para
saber qué requerían.
La gerente recalcó que, aunque es una
organización de vocación nacional, desarrollarán los programas en
Madrid. "Que tengamos la sede en Santander es casual", puntualizó.
No lo cree así el diputado socialista Andrés
Rojo, portavoz adjunto de su grupo, que se preguntó por qué esta
asociación no solicita subvenciones al Estado o a otras comunidades
autónomas cercanas. "Porque el PP les va a subvencionar a través del
Gobierno de Aguirre que vengan a montarse una sede a Madrid". Rojo
acusó a Aguirre de "apropiarse de forma indebida de las
instituciones". Según el portavoz socialista, el PP tiene una
"intolerable" confusión entre lo que es la actividad del partido y
la del Gobierno regional, financiada con fondos de los madrileños.
"No es lógico que sólo se den ayudas en función de las afinidades
políticas", reprochó. En todo caso, agregó el portavoz socialista,
para subvencionar a "estas organizaciones cercanas al PP y con
miembros del PP" debería buscarse el consenso con todos los
partidos.
Las ayudas que cada año otorga el área de
Interior, que hasta las pasadas elecciones pertenecía a la
Consejería de Justicia y ahora está integrada en la de Presidencia,
han sido en los últimos años objeto de las críticas de la oposición
(PSOE e IU) por la ausencia de convocatorias públicas. Eso ha
provocado que no reciba ayudas la Asociación 11-M. Afectados por
Terrorismo, que preside Pilar Manjón.
El Gobierno regional ha insistido en que "basta
con que alguien de la asociación se ponga en contacto y exponga sus
necesidades". Pero Manjón ha respondido siempre que no presentaba
ningún proyecto porque no sabe a qué consejería dirigirse, ni en qué
plazos ni en qué condiciones. Este año no es excepción. En cambio,
como en años anteriores reciben fondos a través de convenios la
Fundación Víctimas del Terrorismo (104.550 euros), la AVT (78.412
euros) y la Asociación Dignidad y Justicia (60.000 euros). Un año
más, sin convocatoria.
Subvenciones de Presidencia
- Asociación para la Defensa de la Nación
Española: 100.000 euros
- Asociación Dignidad y Justicia: 60.000 euros
- Fundación Víctimas del Terrorismo: 104.550
euros
- Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT):
78.412 euros
- Partida para imprevistos de entidades sin ánimo
de lucro: 246.000 euros
(www.elpais.com, 10/11/07)
3. ESPERANZA AGUIRRE CONTINÚA ESCALANDO HACIA LA
CUMBRE DEL PODER
Los que parecen ser los candidatos a liderar el
Partido Popular toman posiciones. Mientras Alberto Ruiz-Gallardón
coquetea con el Congreso, Esperanza Aguirre se perfila como cabeza
de lista del PP para el Senado, según una información publicada por
El Confidencial de Jesús Cacho. La presidenta madrileña aseguró que
"como parece" que el PP la considera "lideresa nacional" tomará
parte "activa" en la campaña electoral.
Desde el entorno de Aguirre se asegura la
presidenta de la Comunidad de Madrid "ni se plantea" optar al
Senado, ella "hará lo que le diga el partido". De cualquier modo
existe un motivo para presentar a Aguirre como candidata al Senado,
y habría que buscarlo en que "complete el cartel electoral y ayude a
ganar más votos y más escaños en Madrid". Como anécdota señalar que
cuando su contrincante Alberto Ruiz-Gallardón fue preguntado por las
declaraciones de la "lideresa nacional" Aguirre, éste se mostró
sorprendido, "¿De verdad dijo eso?" y eludió hacer comentarios.
Mariano Rajoy necesita completar su "cartel
electoral", y según El Confidencial Rodrigo Rato, que recientemente
ha abandonado el Fondo Monetario Internacional, se barajó como
posible número dos en la lista del Senado por Madrid. Sin embargo
"todo apunta" a que Rato no irá en la lista del PP, ni tampoco
Alberto Ruiz-Gallardón, que avanzará hacia el Congreso.
Si Aguirre accede al Senado y Gallardón ocupa un
sillón en el Congreso, ambos populares estarán en una buena posición
para iniciar su campaña por el liderazgo del PP tras las próximas
elecciones generales. De hecho, la posible candidatura de Aguirre al
Senado sirve para "compensar la presencia de Gallardón en la lista
al Congreso, una inclusión que a ciertos sectores del PP y, sobre
todo, a parte del entorno mediático más próximo a Aguirre, no le
satisface en absoluto", señala el periodista Federico Quevedo, gran
conocedor de los asuntos internos de los populares, en El
Confidencial.
Durante la campaña electoral, Esperanza Aguirre
no se limitará a seguir su agenda como presidenta de la Comunidad de
Madrid. Aguirre afirma que sus colaboradores están haciendo "encaje
de bolillos" para "cuadrar" su agenda como presidenta, con el fin de
poder acudir a los actos de partido que se celebren en toda España.
(www.elplural.com, 09/11/07)
4. LA COMUNIDAD DE MADRID REITERA QUE "DE
MOMENTO" NO REGISTRARÁ A LOS DEPENDIENTES
La batalla entre la Comunidad de Madrid y el
Gobierno por la puesta en marcha de la ley de Dependencia está
llegando a extremos inauditos. Ahora se discute por un misterioso
gran dependiente de la región.
El 7 de noviembre ocurrió algo insólito, según
asegura el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el sistema
informático donde las comunidades autónomas vuelcan los grandes
dependientes que ya han sido evaluados de acuerdo con la nueva ley
entró una rara avis, un dato inesperado, el primer gran dependiente
de Madrid. Esta comunidad se había negado siempre a comunicar sus
valoraciones al Gobierno, así que los funcionarios del ministerio no
daban crédito cuando ese único gran dependiente apareció ante sus
ojos. No entraron más personas, ni han entrado hasta hoy. ¿Qué había
pasado?
Madrid asegura que no ha registrado a ese
enigmático y único gran dependiente y reitera que seguirán con su
política de no colaborar con el Gobierno por el momento, según una
portavoz de la consejería de Familia y Asuntos Sociales. Si algún
funcionario ha enviado el dato, desde luego ha sido contra la
voluntad de la comunidad.
Al margen de este posible error, ¿Qué pasa en
Madrid? ¿Por qué este desacuerdo frontal entre instituciones? El
Ejecutivo regional asegura que su sistema de ayuda a la dependencia
previo a la ley estaba muy desarrollado y que más de 130.000
personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo
atendidas. Aseguran que el Gobierno se niega a incorporar a estas
personas bajo el marco de la nueva ley y que sólo quiere pagar por
los nuevos usuarios. Insisten en que Madrid queda "discriminada" y
que, por tanto, no firmará ningún acuerdo con el ministerio a no ser
que esta cuestión se solvente. El objetivo, en principio, según
indica la directora general de Coordinación de la Dependencia,
Yolanda Ibarrola, sería que la ley ampare a todos por igual.
El punto débil de esta argumentación es que
prácticamente todas las comunidades autónomas tenían ya dependientes
atendidos, en mayor o menor medida, antes de la entrada en vigor de
la ley. Y ninguna está renunciando a cobrar por ellos. Todas los
están valorando ahora de acuerdo con lo estipulado en la nueva
normativa y están enviando los datos al Gobierno para cobrar por
ellos. Porque por cada gran dependiente que comunican, las
autonomías reciben una financiación estatal de 170 a 250 euros al
mes.
El Ministerio de Trabajo insiste en que no se
comprende por qué Madrid es la única comunidad que está perdiendo
dinero. Asegura que no es cierto que las comunidades sólo vayan a
cobrar por los nuevos usuarios, sino que pueden hacerlo por todos
los que entren en el Sistema Nacional de la Dependencia, estuvieran
o no recibiendo servicios con anterioridad.
Varias comunidades autónomas confirman al
ministerio, como Andalucía. Esta región ni siquiera separa al hacer
las valoraciones entre las personas que ya estaban recibiendo alguna
prestación y las que no tenían nada, así que difícilmente pueden
cobrar del ministerio sólo por los nuevos usuarios. Cantabria o
Baleares, que ya están otorgando ayudas y servicios, también mezclan
ambas categorías. Madrid responde que, según los anexos que les ha
presentado el Gobierno, lo que hacen las otras comunidades no está
permitido. Y piden que, si el ministerio lo admite, lo haga constar
por escrito.
(www.elpais.com, 10/11/07)
5. LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE ARREMETE
CONTRA EPC, PERO DEFIENDE EL UNIFORME ESCOLAR
La consejera de Educación de la Comunidad de
Madrid, Lucía Figar, ha vuelto a cargar contra las políticas
educativas del Ejecutivo socialista, a criticar Educación para la
Ciudadanía, y a promover el uso del uniforme. En cuanto al uso del
velo en la escuela, la consejera de Aguirre lo tiene claro: mejor
prohibirlo. Pese a que la objeción de conciencia a la asignatura de
nueva implantación sólo ha alcanzado el 0,02% entre los 220.000
alumnos matriculados en el curso 2007/08, Lucía Figar sigue
criticando duramente esta asignatura que versa sobre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española.
"Educación para la Ciudadanía es un
adoctrinamiento político y moral", aseguró en el día de la Consejera
de Educación en una entrevista publicada por La Razón. Sin embargo,
tal y como informó elplural.com, tan sólo 62 alumnos han decidido
objetar esta asignatura que ya se imparte en la mayoría de los
países europeos.
Asimismo, la consejera de Aguirre ha defendido el
uso del uniforme en todos los centros educativos de la Comunidad de
Madrid. "No lo vamos a imponer, pero sí recomendamos el uso del
uniforme", indicó Lucia Figar.
Sin embargo, las declaraciones más impactantes
efectuadas por la consejera son las que tienen que ver con el uso
del velo en las escuelas. Para Lucía Figa, sí un alumno lleva velo
es comparable con portar un "pañuelo o gorra", o como ir "sin camisa
a clase". "Si un colegio prohíbe a una niña acudir a clase con el
velo, lo respaldaremos", concluyó la consejera.
(www.elplural.com, 13/11/07)
6. 45 CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN ESTÁN EN
OBRAS MIENTRAS HAY CLASE
Al menos 30 centros educativos de la Comunidad de
Madrid (de los cerca de 1.200 que hay) sufren "obras de importancia"
al tiempo que se imparten las clases. Así lo denuncia Comisiones
Obreras (CC OO), que asegura que la cifra "podría quedarse muy
corta". El sindicato señala que acometer obras al mismo tiempo que
se imparte clase "es una práctica habitual de la consejería" a lo
largo de los años. Francisco García, portavoz de Educación de CC OO,
achaca las obras durante el curso a la "falta de previsión" de la
consejería.
Un portavoz de Educación no sólo reconoce las
obras sino que aporta cifras incluso mayores que el sindicato: "Son
45 centros". Según argumenta, los trabajos son necesarios "sea la
época que sea". El presupuesto, según la Consejería de Educación, es
de 36 millones de euros.
Con los datos de CC OO coincide el grupo
socialista en la Asamblea de Madrid. Mercedes Díaz, parlamentaria de
temas educativos del PSOE, revela que el próximo miércoles
preguntarán al director general de infraestructuras, José Luis
Moreno Torres, por las obras en los centros educativos. Díaz cuenta
que se centrarán en uno de ellos, el colegio público Nuestra Señora
de Navahonda, en Robledo de Chavela, al norte de la región. El
antiguo centro se quedó pequeño, por lo que se empezó a construir el
nuevo junto al anterior. Pero el nuevo cole no está terminado a
tiempo. Sólo los chavales de secundaria disfrutan de las nuevas
instalaciones. El resto todavía ocupa los antiguos edificios. Los
niños de cuatro y cinco años aprenden en barracones en el patio.
El Nuestra Señora de Navahonda tiene, según
enseña un numeroso grupo de padres, varias deficiencias: verjas muy
bajas que los niños pueden saltar con facilidad, baños construidos
para niños más pequeños y falta de aseos para los profesores, una
torreta de media tensión justo junto a la valla del colegio...
También tienen problemas escuelas infantiles como
la Gloria Fuertes de Soto del Real. El centro ha estado de obras
mientras los niños utilizaban la guardería. Según los padres, la
obra no tenía un plan de seguridad que tuviera en cuenta a sus
hijos. "Nunca nos lo han dado", aseguran. El Ayuntamiento tampoco lo
facilitó a este periódico. El concejal de Educación de Soto,
Salvador Pardo, atribuye las acusaciones a "unos padres
conflictivos".
"Hemos pedido un Plan Renove en los colegios e
institutos públicos. Sobre todo en Madrid capital se necesitan obras
profundas", señala García, de CC OO. Según el sindicato, "tres de
cada cuatro centros necesitan renovaciones integrales". Es decir,
hay quejas por las obras que hay pero también por las que no hay. En
opinión de CC OO habría que hacer los arreglos en verano. La
consejería explica que en la época estival se hicieron "17
ampliaciones y 26 reformas".
Pero, según indica un portavoz, hay obras que
duran "hasta 18 meses". El instituto de educación secundaria San
Blas es uno de los que necesitan obras. Su director, José Luis Díez,
muestra las grietas en los pasillos, el suelo hundido... Según dice,
el instituto sólo ha tenido tres obras desde 1968. La última, el
pasado año, fue "una chapuza". "Maquillaron la fachada", dice
señalando una ventana por la que cabe un dedo cuando está cerrada.
(www.elpais.com, 13/11/07)
7. EL PP DE LA ASAMBLEA RECHAZA CONDENAR EL
ASESINATO DE CARLOS J.P. COMO DE "ULTRADERECHA"
La Asamblea de Madrid no logró lo que sí han
hecho otras veces los grupos parlamentarios en contra de la
violencia machista, la violencia de los terroristas de ETA o de los
islamistas en el atentado del 11-M. No hubo declaración
institucional para condenar el asesinato de Carlos Javier P., el
joven de 16 años apuñalado el pasado domingo en el metro. Los tres
grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) no alcanzaron un acuerdo sobre
el texto porque, según dijeron los partidos de izquierda, el PP no
aceptó el término "ultraderecha". "Queremos denunciar cómo el PP,
cuando a la violencia se le pone apellidos, rechaza hacer
declaraciones institucionales", afirmó el portavoz adjunto de IU,
Miguel Reneses.
PSOE e IU sí lograron consensuar un texto, en el
que junto al crimen se condenan "las últimas agresiones de claros
tintes racistas y xenófobos realizados por la ultraderecha". Ambos
grupos decidieron leer su declaración justo antes del comienzo del
pleno de la Asamblea. "Rechazamos la actuación de grupos organizados
que defienden como modo de actuación la violencia y que, en sus
idearios, fomentan el racismo, la xenofobia y el menoscabo de los
derechos de las personas", leyó la portavoz socialista, Maru
Menéndez, que lamentó que el PP no se hubiera unido a su condena.
Después, el portavoz del PP, Antonio Beteta, leyó
su propia declaración y condenó "la violencia extremista", y aseguró
que era falso que el PP no aceptara la palabra "ultraderecha".
(www.elpais.com, 16/11/07)
8. AGUIRRE CONSTRUIRÁ UN AEROPUERTO PARA DAR
COBERTURA A LOS JETS PRIVADOS
Sólo la construcción de las instalaciones costará
300 millones de euros, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, está dispuesta a poner en marcha un aeropuerto
sólo para quienes puedan permitirse la compra de un avión privado.
Según informa Público, en 2016 será inaugurado el nuevo aeropuerto,
que responde a la petición de "más de un alto ejecutivo". El
aeródromo será de gestión privada y necesitará un espacio "no menor
de 600 hectáreas".
Aguirre pretende dotar a Madrid de un aeródromo
para empresarios, alguno de los cuales "ha jurado en alto contra los
controladores aéreos de Torrejón de Ardoz" porque "no daban paso a
su avión privado". Eso sí, Esperanza Aguirre matiza, a través de su
Consejero de Transportes, Manuel Lamela, que con la construcción de
esta infraestructura Madrid se convertirá "en el gran referente de
las necesidades de la aviación ejecutiva".
El nuevo aeródromo será construido entre las localidades de
Navalcarnero y El Álamo, en el límite con la provincia de Toledo.
Esta construcción, una vez sea terminada, será gestionada por una
entidad privada, que la Comunidad adjudicará mediante concurso.
Hasta la fecha han sido reservadas 230 hectáreas y se han
planificado nuevos accesos desde las carreteras madrileñas. A este
aeropuerto hay que sumarle otro de carga en Campo Real. Ambos
supondrán un coste "multimillonario", según Lamela. Y el desembolso
será realizado para dar cobertura a los alrededor de 125 aviones
privados que existen en España.
Pocos españoles se beneficiarán de la medida de Aguirre. Entre ellos
podrían estar personajes como Francisco Hernando, El Pocero, o Juan
Miguel Villar Mir, presidente de OHL. Ambos cuentan con aviones
privados y los utilizan en sus desplazamientos, al igual que el
banquero Emilio Botín o Amando Ortega, fundador de Inditex. Personas
con un poder adquisitivo semejante al de los empresarios mencionados
son las que se beneficiarán de esa actuación "multimillonaria" de
Esperanza Aguirre.
(www.elplural.com, 14/11/07)
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: REGISTROS Y
DETENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR CORRUPCIÓN
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Guardia Civil está realizando esta mañana nueve registros
simultáneos en distintas sedes municipales del Ayuntamiento de
Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de
Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San
Blas- según han informado fuentes policiales. Estas mismas fuentes
han señalado que la operación, bautizada Guateque, se está llevando
a cabo por una presunta "trama de corrupción de funcionarios". El
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta
"aproximadamente" a 16 funcionarios, aunque desconocía el número de
detenidos, que fuentes policiales cifran en al menos tres. Están
acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de
influencias.
La "inmensa mayoría" son empleados públicos "con
muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento de Madrid, y entre ellos
no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal
de libre designación responables de las áreas y sedes registradas.
Cobo, que ha exculpado en todo momento a los concejales, ha
explicado que cobraban comisiones a cambio de agilizar la
tramitación de licencias de apertura de locales comerciales, desde
restaurantes a tiendas y discotecas. Pasadas las 11.30 horas, el
vicealcalde de Madrid ha comparecido en rueda de prensa, en la que
ha explicado que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz
de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el
Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con
la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado
de informar porque es también el que ha actuado de interlocutor con
el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del
juzgado de instrucción número 32 de Madrid.
¿A cuánto ascendías las comisiones? El magistrado
ha decretado secreto de sumario. Cobo no ha podido precisar la
cuantía de las comisiones, al tiempo que ha hecho hincapié en que la
operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra
funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos
con mucha antigüedad. De momento, hay al menos tres funcionarios
detenidos, según fuentes cercanas al caso. No se descarta que se
produzcan más arrestos.
Las mismas fuentes apuntan que en el marco de la
investigación se han producido numerosas intervenciones telefónicas,
con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales,
también se han producido registros en casas particulares y empresas.
Los agentes se han incautado de diversa documentación y de
ordenadores. "Estamos con el juez", ha dicho Cobo, que ha querido
recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el
vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y
urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el
cobro de comisiones es muy anterior. En contra de lo que algunos
medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente
nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones
urbanísticas".
Mientras el vicealcalde Cobo daba las
explicaciones, la responsable de una de las delegaciones que son
objeto de investigación policial, Ana Botella, de Medio Ambiente,
acompañaba al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto
público con periodistas en la Casa de Campo. Gallardón no ha querido
hacer declaraciones sobre el asunto.
(www.elpais.com, 14/11/07)
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: TRES DETENIDOS POR
TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA CONCEJALÍA DE URBANISMO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Agentes de la Guardia Civil han realizado
registros en diversas sedes del Ayuntamiento de Madrid por una
presunta trama de corrupción en el consistorio que afecta a 16
funcionarios. De momento se ha saldado con la detención de tres de
ellos, según ha informado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo,
en rueda de prensa.
La operación la están llevando a cabo agentes de
la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que han
inspeccionado las dependencias de las concejalías de Urbanismo y
Medio Ambiente, así como las sedes de tres juntas de distrito del
Ayuntamiento (Centro, Chamberí y San Blas).
En los registros, ordenados por el titular del
juzgado de instrucción número 32 de Madrid, José Santiago Torres,
que ha decretado el secreto del sumario, se investiga una presunta
trama de corrupción de funcionarios destinados en las dos
concejalías que llevaban a cabo tráfico de influencias en la
concesión de licencias de locales.
Los agentes judiciales han registrado el despacho
de Pablo Valle, ex funcionario de Urbanismo, vinculado a Monserrat
Corulla, presunta testaferro de Juan Antonio Roca, el supuesto
cerebro de la trama de corrupción urbanística en Marbella.
Manuel Cobo ha negado que esta operación tenga
relación con la 'Operación Malaya' y ha querido subrayar que "no
afecta a ningún concejal, alto cargo, director general o personal de
libre designación responsables de las áreas y sedes registradas".
Fuentes municipales han asegurado que el
Ayuntamiento "estaba al tanto" de la investigación y está prestando
toda su colaboración a las pesquisas iniciadas por el juez José
Santiago Torres desde que comenzara la investigación el pasado
verano.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia
presentada por un particular que en los trámites de obtención de una
licencia advirtió un comportamiento presuntamente delictivo y alertó
de la situación.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
actuará siempre con "rigor absoluto" para no tolerar actuaciones
irregulares entre sus funcionarios. En declaraciones a los
periodistas tras presentar el Plan Director de la Casa de Campo,
Gallardón se refirió así a las detenciones y registros efectuados
hoy en Madrid por agentes de la Guardia Civil en varias sedes
municipales.
"Los expedientes hablan casi exclusivamente de
licencia de apertura de locales comerciales", ha precisado el
alcalde, quien ha insistido en que el Ayuntamiento de Madrid "nunca
va a tolerar ningún tipo de actuación irregular por parte de las
personas que tienen la obligación de estar al servicio de los
ciudadanos".
(www.publico.es, 14/11/07)
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "SIN UN KILO, NO HAY
LICENCIA"
Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de
funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros
profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de
ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno
municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más
voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de
España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin
implicaciones de cargos políticos, según explicó el fiscal jefe de
Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación
Guateque.
En una de las conversaciones intervenidas, según
informaron fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente
corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para
conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros],
esta licencia no la tendrás nunca".
Buena parte de la trama ha podido ser destapada
gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por
el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un
particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio
de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.
En esas grabaciones se escucha a algunos de los
funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar,
con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da
dos kilos [12.000 euros]".
Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a
los empresarios por agilizarles licencias de apertura de
establecimientos, sino también para retrasar expedientes
sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna
reforma, indicaron fuentes policiales próximas a la investigación.
Todos los implicados fueron interrogados por su
presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de
licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los
funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión
entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda
en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la
investigación.
El gobierno municipal, presidido por Alberto
Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está
implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de
operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a
licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado
con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que
comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix,
explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima
organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones
políticas".
Los rumores sobre el pago de comisiones al
Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a
la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de
la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse
casos aislados.
La de es la mayor operación contra este tipo de
corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de
locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus
licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han
actuado impunemente durante años.
El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde
Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa
abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al
tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del
verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia
para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los
trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la
investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la
Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.
Agentes del instituto armado entraron pasadas las
nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las
concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la
elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres
juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos:
Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que
"el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La
responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones
del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.
Los agentes se incautaron de un maletín y varias
cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y
registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación
por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos
facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La
Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas
de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.
La operación, ordenada el titular del juzgado
número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario.
Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios
afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los
implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho
(soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar
resoluciones injustas) y tráfico de influencias.
Según fuentes de la investigación, uno de los
trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico
funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos
de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en
los años noventa del pasado siglo.
Ante los primeros rumores aparecidos por la
mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene
"absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en
Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba
implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las
principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística,
la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la
pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
(www.elpais.com, 15/11/07)
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA PLAGA DE ROEDORES
EN EL DESPACHO DE GALLARDÓN
El alcalde de Madrid e trasladó hace justo una
semana a su despacho de 80 m2 del Palacio de Correos Una
plaga de roedores habita la cuarta planta del Palacio de
Telecomunicaciones, nueva sede del Ayuntamiento de Madrid, donde se
encuentra el despacho del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, según han
confirmado funcionarios municipales. Las "ratas" o "ratones", según
las diferentes versiones, fueron detectadas la semana pasada y
campan a sus anchas entre los nuevos salones, despachos y pasillos,
donde aparecen en el momento menos esperado provocando el sobresalto
de secretarias, ordenanzas y demás empleados del equipo más cercano
al alcalde, trasladado hace siete días desde la plaza de la Villa
gracias a una inversión de 440 millones de euros.
Los trabajadores del Ayuntamiento que desempeñan
su labor en esta planta del Palacio de Correos fueron avisados por
la Secretaría Técnica el pasado jueves de que tenían que abandonar
su puesto de trabajo a las 15.30 horas, aunque no se les comunicó el
motivo por el que se redujo su jornada laboral. Así, se aprovechó
que el viernes, día de La Almudena, era festivo en Madrid para
desratizar las nuevas dependencias del Gobierno municipal. La planta
afectada acoge, además del despacho de Gallardón, la Sala de Juntas
de Gobierno, el Salón Institucional y el Salón de Actos. En este
sentido, la secretaria de Salud Laboral de CC OO en el Ayuntamiento
de Madrid, Pilar García, ha indicado que la pasada semana,
trabajadores municipales de la Unidad Técnica de Control de
Vectores, encargada de la vigilancia, prevención y control de
vectores (roedores e insectos y arácnidos perjudiciales), se
desplazaron hasta el edificio de la plaza de la Cibeles para
comprobar qué medidas había que aplicar en esta materia.
García, que ha destacado que esta práctica es
"habitual" en edificios nuevos o rehabilitados, ha asegurado que "no
es de extrañar" que la nueva sede del Ayuntamiento tenga roedores,
después de la cantidad de escombros que se están removiendo en los
diferentes trabajos que se acometen para reformar el Palacio de
Correos. Por otra parte, los funcionarios han denunciado que sólo
disponen de un ascensor para ir de una planta a otra del palacio y
que éste es usado también como montacargas en el que se transportan
materiales de obra para las reformas que se acometen en gran parte
del inmueble. La responsable de Salud Laboral de CC OO ha dicho que
este ascensor se avería "frecuentemente", lo que genera "grandes
molestias".
García también ha incidido en la "suciedad" es
otro de los problemas del traslado a "toda prisa" desde la plaza de
la Villa hasta el Palacio de Cibeles. Así, ha apuntado que al
encontrarse en obras todavía una gran parte del edificio, el polvo y
el ruido "invaden" las dependencias en las que ya hay funcionarios
trabajando. "Hay muchas cosas por hacer todavía, por lo que
lamentemos que no se esté mostrando la otra cara de la nueva sede
del Ayuntamiento, como las obras, las grúas, la suciedad y el
ruido", ha sentenciado.
Hoy se cumple una semana desde que el alcalde se
trasladara junto a su equipo más cercano hasta el Palacio de Correos
de la plaza de Cibeles, donde estrenó un despacho de 80 metros
cuadrados. La primera fase de las dos en las que se ha dividido la
reforma del inmueble finalizó, en líneas generales, a principios dde
este mes, aunque aún restan trabajos relacionados con el mobiliario
de los despachos o el acondicionamiento de la entrada, por la calle
de Montalbán. La segunda fase, cuyas finalizarán la primavera de
2009, permitirá adaptar el edificio a sus nuevos usos culturales, ya
que acogerá exposiciones permanentes y temporales, contará con un
salón de actos para unas 300 personas y una sala de conferencias y
pondrá disposición del público una cafetería con un mirador, en la
sexta planta, desde el que se podrá contemplar una gran parte del
centro de Madrid.
En esta zona del inmueble se construirá, en dos
alturas, el Salón de Plenos en forma de u. Los concejales se
ubicarán en la parte inferior, mientras que el público y los medios
de comunicación lo harán en la zona más alta. La Presidencia se
ubicará en paralelo a la calle Montalbán. Por tanto, el diseño será
similar al que actualmente tiene la Asamblea de Madrid. El patio
irregular que separa ambas partes del edificio, que durante los
últimos años se ha utilizado como zona de carga y descarga de las
sacas de Correos, se cerrará con una cúpula de cristal ubicada a la
altura de la quinta planta del edificio, máxima altura del diseño
original de Antonio Palacios y Juan Otameni.
www.elpais.es 12.11.07
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CONSISTORIO DICE
QUE DIO UN AÑO A CLEAR CHANNEL "PARA RETIRAR LAS VALLAS"
La compañía Clear Channel, adjudicataria de los
chirimbolos en Madrid, estuvo al menos 12 meses explotando la
publicidad de las vallas que adornaban los cerramientos de solares
municipales después de haber expirado su contrato con el
Ayuntamiento. El documento que había firmado no se basaba en una
contraprestación económica al Consistorio, sino en colocar los
cerramientos de los solares en obras.
Pero el contrato expiró en abril de 2004 y un año
después todavía había vallas que mostraban una publicidad renovada,
según demuestra un documento notarial y unas fotografías realizadas
en abril de 2005 a las que ha tenido acceso EL PAÍS. En ese tiempo,
Clear Channel seguía ingresando dinero de los anunciantes. Además,
en esa época el hijo del jefe de Mobiliario Urbano, Juan José
Fernández-Villa, que como tal participó en la mesa de contratación,
trabajaba en Clear Channel.
Este contrato venía precedido de una compraventa
de empresas. Las firmas de publicidad Poster y Dauphine se hicieron
en febrero de 1998 con el concurso para gestionar los anuncios de
200 vallas. Pero Clear Channel compró ambas firmas en 2002 y pudo
aprovechar este contrato durante el tiempo que quedaba. Y hasta un
poco más.
El Ayuntamiento justifica la explotación de las
vallas más allá del término del contrato: "Cuando finalizó, se
retiró el 80% de la publicidad de las vallas de los solares
municipales durante el primer trimestre", explica Fermín Oslé,
director de Vías Públicas y Equipamientos Urbanos. "El resto se
retiró conforme se iban solucionando los casos más difíciles".
Según el responsable municipal, se concedió un
año a Clear Channel para retirar todas las vallas publicitarias.
Pero esta opción no figuraba en el pliego de condiciones y además,
supuestamente, era un tiempo que se otorgaba para retirar los
soportes, no para explotarlos.
Así que el negocio fue redondo. Según un experto,
la empresa podría haber ingresado unos cinco millones de euros por
la gestión de estos espacios durante el año en que el contrato con
el Consistorio había expirado. Este periódico intentó varias veces
sin éxito recabar la versión de la empresa.
El grupo socialista, que llevó al último pleno
municipal el contrato de los chirimbolos, tiene claro que se produjo
una situación irregular. "Es una empresa a la que le han permitido
explotar unas vallas publicitarias fuera de contrato. Y el pliego no
lo permitía. Se ha utilizado la argucia de dejarles un margen para
el desmontaje y seguir ingresando un dinero, que a precio de mercado
de entonces, pudieron ser bastantes millones de euros, unos cinco",
denuncia el concejal socialista Pedro Santín. "Es un tiempo extra
que técnicamente no es defendible. Y eso es por una autorización
expresa de Fernández-Villa", dice Santín. El grupo socialista llevó
este contrato hace un año a la comisión de vigilancia de la
contratación, que se limitó a reclamar el expediente.
Clear Channel es junto con Cemusa, filial de la
constructora FCC, adjudicataria del actual contrato de la publicidad
callejera en Madrid. La oferta presentada por ambas empresas es de
170 millones de euros, unos 73 millones menos que la que presentó su
principal competidora, Viacom, filial de la multinacional
estadounidense CBS, 233 millones.
Los técnicos municipales redactaron un pliego de
condiciones que no valoraba las ofertas globalmente. Eso provocó que
la unión temporal de empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa se hiciera
con el contrato sin valorar los aspectos medioambientales y de
diseño de las restantes.
Expertos consultados explicaron que este tipo de
pliegos son poco habituales "porque excluyen algunas ofertas sin
llegar a valorar todas las propuestas". La concejal de Medio
Ambiente cuando se adjudicó el contrato, Paz González, reconoció la
novedad del pliego de condiciones escogido para este concurso.
(www.elpais.com, 09/11/07)
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: DATOS BORRADOS POR
"IRRELEVANTES"
El Ayuntamiento de Madrid considera que no tiene
que hacer públicos los niveles alarmantes de contaminación en cada
estación "porque esos datos no son jurídicamente relevantes". El
director de Calidad del Aire, Manuel Tuero, justificó así la
desaparición de la web municipal de los niveles escandalosos de
dióxido de nitrógeno medidos el lunes pasado en el paseo de
Recoletos.
Tuero admitió que los datos que desbordan los
niveles medios se borran automáticamente de la lista de datos
consolidados que los ciudadanos pueden consultar. Pero afirmó que sí
se utilizan para calcular la media de las 27 estaciones y la de la
estación ese día. Agregó que "si hay interés" por esos datos, está
"dispuesto a modificar el programa informático" para que no
desaparezcan.
Tuero sostuvo que también se eliminan los datos
muy por debajo de lo previsible. Pero la estación de Manuel Becerra,
en el centro y con mucho tráfico, registra desde hace una semana
valores muy sospechosos: mientras el dióxido de nitrógeno
(procedente en un 76% del tráfico) alcanza niveles muy por encima de
lo admisible para la salud en casi todo el centro (con picos de
hasta 600 microgramos por metro cúbico), Manuel Becerra oscila entre
los 50 y 80 microgramos sin que esos niveles hayan sido borrados.
La explicación de Tuero por la tarde choca con la
que por la mañana dio el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. "Me he
enterado por la prensa de lo que pregunta. He preguntado en la Junta
de Gobierno a la responsable de Medio Ambiente, Ana Botella, y me ha
explicado que esos datos no se han borrado de la web. Las cifras
eran elevadas y se retiraron de la información para ser comprobadas.
Es un procedimiento habitual para comprobar que no se trata de un
error. Han sido verificadas y ya vuelven a aparecer en la web",
afirmó, informa Daniel Verdú.
Sin embargo, a las 20.30, los datos no habían
vuelto a la web. A las 21.30 volvieron los 629 y 603 microgramos por
metro cúbico que la estación de Recoletos registró el lunes. Esa
noche superó durante más de tres horas consecutivas el nivel que
obliga a dar una alerta a la población en una zona. Pero el
Ayuntamiento interpreta que sólo tiene que dar la alerta si se
supera "en la media de las 27 estaciones de medición de la red".
Esto es imposible, ya que es mezclar los datos del centro con los de
la Casa de Campo.
(www.elpais.com, 09/11/07)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: 130.000 CASAS AL
MARGEN DE LA LEY
"Me han dicho que han parado las obras en los
Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del
Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con
nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?". Los foros de los
vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org )
echan humo desde hace días.
Un auto del juzgado 18 de lo
contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los
Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por
aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos
previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo a
Público. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de
los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: "Las está
pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus
conclusiones".
La ejecución de la sentencia
Las obras estarán paradas hasta que el
Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de
este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos
protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto
Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero,
según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor
ambiental por el que estaban protegidas.
El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y
en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los
nuevos desarrollos. "Cuando la justicia tarda diez años en llegar
acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y
que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las
plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La
aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que
esperan sus casas desde hace años", señala el senador socialista
Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición
municipal.
El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para
ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se
han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el
Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el
sistema aeroportuario de Barajas.
El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no
atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio
informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997.
Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el
Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del
Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y
Villaverde-Vereda del Salobral.
Fuentes jurídicas explicaron a Público que la
sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo
"se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única
forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen
valor ecológico y que no podría recuperarse".
En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una
zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna
importante. "Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que
ha perdido el valor ecológico", señalan.Acaba de nacer la Plataforma
de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : "Queremos alertar de
la dimensión que puede tener una colosal estafa en la que se venden
pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado
descomunal y exigir responsabilidades".
(www.publico.es, 14/11/07)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID: VECINOS DE
CARABANCHEL MANIFIESTAN CONTRARIEDAD ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS
CENTROS CULTURALES
Las asociaciones que forman parte de la
Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel denuncian la
privatización de los tres centros culturales construidos en el marco
del Plan Especial de Inversiones del distrito. El pasado 25 de
octubre, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid hacía pública
la convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión de los
nuevos centros culturales Fernando Lázaro Carreter, San Francisco-La
Prensa y Carabanchel Alto con un presupuesto base de 1.438.339,42
euros.
Los tres centros han sido construidos en el marco del Plan Especial
de Inversiones y Actuaciones de Carabanchel que la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en
representación de las asociaciones vecinales del distrito, y el
alcalde de Madrid firmaron el pasado 18 de febrero de 2004. Este
Plan, al igual que los firmados en los distritos de Tetuán, San
Blas, Latina, Vicálvaro, Villaverde- contempla el desarrollo de
diversas actuaciones preferentes, definidas por las entidades
vecinales del ámbito, con el objetivo de alcanzar el reequilibrio
territorial y social de la ciudad.
La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel recuerda que las
entidades participan en el desarrollo de los planes para "mejorar la
vida cultural, social y participativa de los vecinos y vecinas de
Carabanchel, nunca para que los equipamientos que hemos reivindicado
sean gestionados por empresas privadas que privilegian la obtención
de beneficios económicos frente a la calidad de los servicios
ofertados y a la función pública que, en otros tiempos, estos
centros cubrían".
La Coordinadora, pide que el Ayuntamiento paralice "el proceso de
privatización, hoy llamada gestión externalizada, de los centros
culturales, deportivos, juveniles, de mayores, de la mujer y
contemple la cogestión de estos equipamientos entre el Ayuntamiento
y las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro para asegurar así que
los servicios ofertados responden a las necesidades de la
ciudadanía".
Reclama, asimismo, "que desarrolle de forma urgente los artículos 51
y 52 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que
contemplan la gestión y la participación en la gestión de las
entidades ciudadanas de servicios y equipamientos municipales de
carácter social, cultural y deportivo. Lo contrario dejaría en muy
mal lugar la afirmación de Gallardón de que los Planes Especiales de
Inversiones y Actuaciones no constituyen actuaciones aisladas, sino
que forman parte de un nuevo estilo de Gobierno basado en la
participación para alcanzar mayor eficiencia y calidad democrática".
(www.madriddigital.info, 09/11/07)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: VECINOS DEL NUDO SUR
DENUNCIAN EN LA CE LOS "INCUMPLIMIENTOS" DE GALLARDÓN EN LA M-30
Un representante de la Asociación de Vecinos Nudo
Sur se entrevistará el miércoles con miembros de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) con el
objetivo de volver a denunciar los "incumplimientos" del Gobierno
que dirige Alberto Ruiz-Gallardón en materia medioambiental en la
reforma de la M-30.
La entidad vecinal explicó que el objetivo de
este encuentro es "volver a llevar" a las instituciones europeas el
"conflicto sin resolver" de la M-30 ante los "reiterados
incumplimientos" del Ayuntamiento en torno a las recomendaciones del
informe de eurodiputados que visitó las obras de la vía de
circunvalación en junio de 2006 y a las condiciones impuestas por la
CE para los trabajos ya ejecutadas.
Este encuentro en la sede de la Comisión Europea será la cuarta
ocasión en que miembros de la Asociación de Vecinos Nudo Sur se
reúnen con las autoridades europeas. Sin embargo, los residentes del
entorno de la plaza de Legazpi y el barrio de los Puertos, junto a
la M-30, lamentaron que después de 2 años y medio y de haber
entregado 13.000 firmas en contra de las obras en el Nudo Sur,
Gallardón no haya encontrado "tiempo" para recibirles.
Según los vecinos, este hecho "contradice de forma absoluta" las
"lecciones" que el alcalde dio en Barcelona la semana pasada sobre
su gestión de las grandes obras. Ante esta situación, el
representante de los vecinos del Nudo Sur solicitarán "una exigencia
mayor" por parte de la CE y el Parlamento Europeo en los controles
medioambientales.
Además, reclamarán que el proceso de evaluación de impacto ambiental
de las obras ya ejecutadas esté abierto a información pública y
contemple la "necesaria" modificación de las infraestructuras ya
construidas para garantizar de forma plena la salud de los
ciudadanos.
En este sentido, recordaron que el actual equipo de Gobierno
municipal "ya incumplió" las directivas europeas en materia
medioambiental cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de
Madrid, como refleja un Dictamen Motivado de la Comisión Europea,
firmado por Margot Wallstrom en diciembre de 2001.
"Por la tanto, el actual incumplimiento sólo puede deberse a un
desafío consciente del actual alcalde a las instituciones europeas.
Incumplimientos que por otra parte han tenido repercusión económica
para los madrileños, al no poder acceder a un crédito del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 1.500 millones de euros,
con el sobre coste de financiación que esto supone", añadieron los
residentes del Nudo Sur. La representación vecinal solicitará a la
CE y al Parlamento Europeo que actúen "con la misma presteza y
decisión" que en el caso Eon-Endesa, "entendiendo que los derechos
de ciudadanos europeos anónimos deben tener al menos el mismo trato
que los derechos de accionistas de las grandes empresas".
Además, el miembro de la Asociación de Vecinos Nudo Sur participará
mañana, miércoles, por la tarde en el seminario sobre
infraestructuras europeas organizado por Los Verdes /Alianza Libre
Europea en la sede del Parlamento Europeo, donde se encontrarán con
Margaret Auken, eurodiputada miembro de la delegación que elaboró el
informe sobre las obras de la M-30 en junio de 2006.
(www.madridpress.com, 08/11/2007
