1. AGUIRRE Y GALLARDÓN COMPITEN COMO 'TELONEROS'
EN SUS ALABANZAS A RAJOY
2. MADRID, LA COMUNIDAD MÁS DÍSCOLA CON LA LEY
3. LOS OLVIDADOS DE ESPERANZA AGUIRRE
4. LOS PRESUPUESTOS DE AGUIRRE, LOS QUE MENOS
CRECEN DE ESPAÑA
5. AGUIRRE LOGRA IMPONER AL EMPRESARIO CORTÉS AL
FRENTE DE IFEMA
6. EL GOBIERNO DE AGUIRRE DA SUBVENCIONES
MILLONARIAS A ASOCIACIONES VINCULADAS AL PP
7. POLÉMICA POR LA RETRANSMISIÓN DE TELEMADRID
8. LOS PRESUPUESTOS DE 2008 MARGINAN NUEVAMENTE A
LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 11-M
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL FISCAL PIDE QUE SE
ANULE LA PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: DOS CARGOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN FIGURAN ENTRE LOS IMPUTADOS
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ENCARCELADO UN
FUNCIONARIO QUE YA FUE ACUSADO POR CORRUPCIÓN EN 2004
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: AGUIRRE DUDA DEL
'MÉTODO GALLARDÓN'
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "LA CORRUPCIÓN
CAMPABA A SUS ANCHAS"
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ELUDE, DE
NUEVO, ACEPTAR RESPONSABILIDAD EN EL 'CASO GUATEQUE'
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA EL
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-30
16. TEMEN QUE 'EL ABANDONO' DEL SEVERO OCHOA SEA
UNA ESTRATEGIA PARA PRIVATIZARLO
17. AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA: ACUSAN A AGUIRRE
DE IMPONERLE LA POLÍTICA POLICIAL
18. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO EL PARTIDO POPULAR
PROHIBE UN ACTO SOBRE EL NUEVO HOSPITAL
1. AGUIRRE Y GALLARDÓN COMPITEN COMO 'TELONEROS'
EN SUS ALABANZAS A RAJOY
La estructura de poder del PP y el protocolo que
conlleva facilita las interpretaciones periodísticas. Si el viernes
desfilaron por el atril de la convención seis miembros de la cúpula
y eso dejó en evidencia los dos discursos, moderado y duro, que
habitan el partido, Mariano Rajoy tuvo a dos teloneros de lujo, que
hablaron juntos porque son alcalde y presidenta del lugar donde se
celebró el acto, Madrid. Pero además son los dos principales
aspirantes a sucederle si pierde las elecciones.
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre
compitieron con dos discursos completamente diferentes para ver
quién elogiaba más al líder. Conscientes tal vez de que sus
aspiraciones son conocidas, ambos se afanaron en regalar los oídos
de su jefe, que aplaudía sin parar a los dos y les reía todas las
gracias. Cada uno lo hizo a su estilo, más populista y mitinero
ella, más institucional y de fondo él.
"Le he dicho a Zapatero que se busque otra
circunscripción, porque en Madrid Mariano le va a dar una paliza",
se reía Aguirre. "Debemos trabajar juntos en torno al liderazgo
libre y sereno de Rajoy. Es el hombre capaz de dirigir el proyecto
de España, capaz de sustituir el talante por el talento", se sinceró
Gallardón. "España es una gran nación y se merece un presidente como
Rajoy, que cree en ella y en la libertad; un presidente para unir,
que tiene sentido común, inteligencia, principios y valores",
insistió Aguirre. Gallardón, que también alabó a José María Aznar,
cuya posición puede ser clave en la sucesión, fue más allá: "Bajo el
liderazgo de Rajoy ganamos las municipales, será presidente y
superará el brillo de la etapa de 1996 a 2004 [el Gobierno de
Aznar]".
Los perfiles de estos dos grandes aspirantes a la
sucesión -sólo el tapado Francisco Camps, presidente valenciano,
tiene peso político y carrera por delante para poder rivalizar en
aspiraciones con ellos- son muy diferentes. Y sus discursos también.
Aguirre, mucho más aplaudida -no en vano controla el partido de
Madrid, el que llenó el pabellón con autobuses del extrarradio de la
capital-, busca chascarrillos, a veces simplones, y enardece al
público al hablar de España. Varias veces la interrumpieron con
gritos de "¡Viva España!", y ella parecía encantada.
También aprovechó para reivindicar su resultado
electoral, algo que no hizo Gallardón. "Si se repite, sacaremos 20
diputados y el PSOE, 12", gritó. El PP cree que, como mucho,
recuperará dos; es decir, le sacará tres al PSOE.
El alcalde, que también recibió muchos aplausos
pese a las críticas que sufre en varios medios con muchos seguidores
entre la militancia, optó por un discurso más de fondo, en el que
reivindicó su "orgullo" por llevar 30 años en el PP -"nos han
querido encasillar en una ideología de buenos y malos, que ya era
antigua cuando cayó el muro de Berlín"- y se mostró conciliador con
la izquierda, hasta el punto de que pidió el voto a los socialistas
"que se sienten defraudados" por Zapatero. Rajoy agradeció el apoyo
y concluyó el acto con esta idea: "España se merece alguien que se
la tome en serio".
(www.elpais.com, 19/11/07)
2. MADRID, LA COMUNIDAD MÁS DÍSCOLA CON LA LEY
La Ley no admite parches, aunque se trate de
dejar de fumar. El ministerio de Sanidad anunció el pasado 25 de
octubre que retirará a cinco comunidades autónomas las ayudas que
concede para poner en marcha la ley de Prevención del Tabaquismo.
Es un ejemplo reciente. La capacidad sancionadora
del Estado es limitada, cuando se trata de poner coto a la tentación
normativa de las comunidades autónomas. La adaptación del traje
legislativo para que se ajuste a todos los territorios deja, en
ocasiones, el original irreconocible y la Ley convertida en jirones
legales, cuando no en papel mojado.
La inminencia de las elecciones generales, y la
proyección social de iniciativas como la Ley de Dependencia o la de
Igualdad, ha hecho que algunas comunidades se hayan atrincherado en
su negativa a aplicar la letra de la Ley aunque comparten su
espíritu.
El ministro de Trabajo ha advertido sobre los
perjuicios que ocasionan las reservas de dos comunidades, Murcia y
Madrid, para aplicar la Ley de Dependencia. Otros territorios han
retrasado en la medida de sus posibilidades la introducción de la
asignatura Educación para la Ciudadanía. Son comunidades rebeldes ,
y con causa, según sus responsables. La mayoría están regidas por el
PP, aunque hay excepciones.
Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-León y
La Rioja completan la nómina de territorios que han relajado tanto
el espíritu de la Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, que
han acabado casi por no aplicarla. Estas cinco comunidades han visto
recortados sus presupuestos para prevención del tabaquismo como
única sanción. Desde Sanidad precisan que la decisión está
"totalmente alejada de visiones partidistas".
Consideran que es "contradictorio que reciban
ayudas para aplicar una ley que no desarrollan". Castilla-León no
obliga a separar los espacios de fumadores. En Madrid la relajación
en este punto es absoluta, y en Baleares, el Gobierno denunció
recientemente el articulado autonómico que permite instalar máquinas
de tabaco en establecimientos turísticos.
La batalla legal sigue. El 13 de noviembre, una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anuló seis
artículos del decreto del gobierno riojano sobre la ley anti tabaco.
El Ejecutivo regional anuncia que recurrirá el fallo.
Según dónde se aplique la nueva Ley de
Dependencia sus efectos llegan antes o con retraso a sus
destinatarios. El secretario general de los socialistas madrileños
anunció a comienzos de noviembre que su partido presentará
"alrededor de 35 demandas judiciales" contra el Gobierno de Madrid,
del PP, para pedir "el cumplimiento inmediato de la Ley de
Dependencia".
Se trata de 35 demandas individuales presentadas
por grandes dependientes que han constituido una plataforma de
afectados. En Madrid hay 23.000 familias con derecho a percibir una
prestación que no llega por la negativa del Gobierno presidido por
Esperanza Aguirre.
El ministro de Trabajo denunció en el Senado que
Murcia y Madrid, "no están haciendo nada por aplicar la norma". No
evalúan a los dependientes, no comunican los datos al sistema
central, que registra las solicitudes y, por tanto, no reciben
dinero alguno. "Es como el que le toca la lotería y se niega a
cobrar el billete", explican en el ministerio de Trabajo.
Madrid argumenta que quiere que computen los
dependientes que ya son atendidos con alguna prestación. Trabajo lo
hará, pero exige que se evalúe a esos dependientes con los
parámetros que establece la Ley que se aplica a los demás en el
resto de España. Mientras tanto, el boicot del PP de Esperanza
Aguirre a la Dependencia, mantiene a 23.000 familias sin acceder al
derecho que les corresponde por ley.
Un informe elaborado por CC OO para evaluar el
arranque de la Ley de Dependencia denuncia que Castilla-León, Madrid
y Murcia "parecen estar ejerciendo un papel de oposición puramente
política, quizá con vistas a las próximas elecciones generales, que
está dificultando muy seriamente la puesta en marcha del sistema en
estos territorios".
La puesta en marcha de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía también ofrece un mapa de España desigual. El
Ministerio de Educación ha dado la opción a las comunidades
autónomas de implantarla este curso o el próximo. Y las comunidades
del PP, totalmente contrarias a una asignatura que consideran
adoctrinamiento socialista se han decantado por ponerla en marcha el
próximo curso o apoyar la objeción de conciencia. Algo, esto último,
a lo que el Ministerio, cierra todas las puertas. "A una asignatura
obligatoria no cabe ningún tipo de objeción. Sería como si alguien
objetara contra matemáticas", señalan.
En este campo, la actitud más rebelde vuelve a
ser la de la Comunidad de Madrid. En más de una ocasión, la
presidenta, Esperanza Aguirre, ha manifestado su voluntad de que se
imparta "la mínima Educación para la Ciudadanía posible". Otras
veces, su oposición a la asignatura ha sido todavía más radical y se
ha atrevido a declarar que los escolares madrileños jamás van a
tener que estudiar Educación para la Ciudadanía. ¿La razón?: confía
en que el PP gane las próximas elecciones generales y la Ley
Orgánica de Educación sea reformada para eliminar esta materia
obligatoria. Una piedra más en un sistema educativo que siempre ha
recibido la crítica de que cuando las leyes empiezan aplicarse
vuelven a ser sustituidas.
(www.publico.es, 19/11/07)
3. LOS OLVIDADOS DE ESPERANZA AGUIRRE
La niña Beatriz, y Carmen y Regino, sus padres,
no entran en los planes de la "lideresa" del PP, como ella se
proclama. Esperanza Aguirre, que se manifiesta día sí, día también,
sobre la "improrrogable necesidad" de que Madrid cierre su quinto
cinturón de circunvalación, la M-50, no tiene prisa por aplicar la
Ley de Dependencia que entró en vigor hará en enero un año.
Cada estudio sobre el grado de aplicación de esta
norma, que beneficiará a 1,1 millones de ciudadanos con una
dependencia grave o severa, coloca a la comunidad que preside
Aguirre a la cola de todas. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
asegura que "Madrid no está haciendo nada por aplicar la Ley de
Dependencia". Pero Beatriz, que ya tiene 15 años y arrastra una
parálisis cerebral, no puede esperar más. Ni sus padres, dos
profesores de clase media que viven ahogados por la circunstancia de
su hija y el dinero que cuesta de más cada paso para que Bea
progrese.
La niña, que a los ocho años, la última vez que
fue valorada su minusvalía, presentaba oficialmente una discapacidad
del 75%, ha crecido y se ha convertido en inmanejable para sus
padres. Los ojos de Beatriz están llenos de vida; la chavala regala
risa y simpatía a cualquiera que se le acerque; y habla por los
codos con una lengua de trapo que sólo Regino y Carmen saben
descifrar. Se esfuerza cada momento por hacer lo que le piden sus
padres y aprende en un colegio de educación especial nuevas pistas
para moverse por este mundo que le da la espalda.
El pasado viernes volvía de una excursión muy
contenta con el brazalete tejido de punto que le habían regalado. No
se puede valorar su alegría inmensa, pero todo lo demás sí, tanto
las dificultades que la parálisis provocada durante el parto le ha
legado, como la angustia de sus padres por llegar a fin de mes.
Menos de 50 euros al mes
La Comunidad de Madrid, cuyos responsables
aseguran que su "sistema de protección a los dependientes es mejor
que el que propone la Ley", dispone desde junio de todo el papeleo
necesario para que a Bea se le aplique la norma estatal. Asuntos
Sociales de Madrid no ha dado señales de vida desde entonces, y
hasta que no envíen un equipo para evaluar la minusvalía de la niña,
sus padres no podrán recibir ninguna de las cantidades que contempla
la Ley.
Seguro que no se imaginan lo que Carmen y Regino
reciben como ayuda mensual de la Comunidad de Madrid: 48,47 euros.
La cifra es ridícula a la luz de los gastos que esta pareja ha de
afrontar. Una rampa adaptada para que Bea pueda entrar en la
furgoneta de sus padres les costaría 12.000 euros, casi 21 años de
esta propina. No hay rampa que valga porque, aseguran, no la pueden
adquirir. La "pensión de protección familiar", como eufemísticamente
decidió llamarla algún burócrata con sentido del humor (negro), se
hace además de rogar: "Te la pagan dos veces al año, seis meses de
cada vez, 290,82 euros, no vaya a ser que nos paguemos los vicios si
nos la dieran cada mes", apunta irónicamente Carmen, que no pierde
el optimismo pese a las estrecheces que sufre su familia. Dos
personas próximas a ellos les ayudan a parchear el presupuesto
mensual.
Los grandes dependientes de la comunidad son unos
50.000, según datos de Comisiones Obreras, el sindicato que más está
peleando en este ámbito. Si Bea fuera clasificada en esta categoría
su familia podría percibir 780 euros mensuales con los que pagar "a
alguien que nos ayudara", suspira Carmen. "Con una persona preparada
que nos asistiera dos horas, para hacer la compra simplemente, no te
creas, ya nos daría un gran respiro", añade humildemente Regino.
Carmen tiene "los huesos de una octogenaria" pese
sus "40 y pico años", debido a una artrosis degenerativa. El acarreo
constante de una hija que necesita atención 24 horas porque se
desplaza con gran dificultad gracias a un andador, la hora del baño,
o simplemente meterla en el coche, son esfuerzos que sin duda no
mejora el estado físico de Carmen.
El síndrome del burn out, (quemado, líteralmente,
en inglés) amenaza a estos padres, como a cualquiera que tuviera que
ocuparse de un gran dependiente que nunca puede encontrarse solo. La
madre está convencida de que el cáncer de tiroides que se le
manifestó cuando diagnosticaron la parálisis de Bea se debe
precisamente a la somatización de ese anuncio. No puede tener más
hijos debido a ello.
La comparación con las facilidades que viven los
discapacitados en otras comunidades autónomas es constante en el
discurso de estos padres. Si el País Vasco, Galicia o la Comunidad
Valenciana dispensan un trato mejor, según han comprobado, aseguran,
hablando con otros padres, el paraíso español en este asunto se
encuentra en Navarra. "Una familia que conocimos se mudó de
Guadalajara a Pamplona porque allí los cuidados son enormes; el
Gobierno foral les adaptó la casa y hasta les instaló un ascensor
para subir a la segunda planta", cuenta Carmen maravillada ante algo
que debería ser normal en un país que se dice moderno: que la vida
de los más débiles sea la máxima preocupación de cualquier instancia
pública.
El curso de neurorrehabilitación que se ofrece en
Navarra cada verano, uno que sigue el método del Instituto Petö de
Budapest, les supone un gasto que supera los 6.000 euros que no
tienen. "Lo hicimos dos años, ahorrando mucho, pero ahora nos es
imposible costearlo, y eso que es muy positivo para que Bea ande",
cuenta Regino. Otras comunidades corren con el gasto de este
prestigioso curso ya subvencionado en origen por dos cajas de
ahorros navarras; Madrid, de nuevo, no. Tampoco el coste de la
bañera que compraron allí y que aligera el aseo de Bea fue pagada
por la Comunidad, algo que sí ocurre en Navarra.
"Fíjate donde llega la dejadez total de la
Comunidad que nunca, nunca, hemos recibido información de Asuntos
Sociales, nunca, ni una sola carta en todos estos años", se lamenta
Carmen. Ella, que parece no ceder pese a los palos que le da la
vida, persevera en sus llamadas al teléfono de información de la
Comunidad. "Llamo casi cada día y, si me cogen el teléfono, les
pregunto que cuándo me van a dar una respuesta, que cuándo van a
evaluar a mi hija para pedir una ayuda; siempre me dicen que espere,
que tenga esperanza; ¿qué esperanza, Esperanza Aguirre?, les digo
yo; somos pocos y nuestros votos no deben interesarle", se queja
amargamente Carmen. Bea, toda sonrisa en su sillón, asiste ajena. Ni
siquiera puede votar.
(www.publico.es, 23/11/07)
4. LOS PRESUPUESTOS DE AGUIRRE, LOS QUE MENOS
CRECEN DE ESPAÑA
La locomotora de España, como a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le gusta denominar a la
región por su bonanza económica, será la más conservadora del país
en sus cuentas de 2008. Es, al menos, lo que se desprende del
proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad que la Asamblea
va a debatir el próximo jueves 22 de noviembre y que previsiblemente
saldrá adelante, ya que los populares cuentan con la mayoría
absoluta de la Cámara (67 diputados).
En 2008, el presupuesto crecerá el 4,49%, al
pasar de 18.169 millones de euros a 18.985 millones. Es la previsión
de crecimiento menor de los últimos cinco años, cuando Aguirre
asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sólo el año pasado
las cuentas regionales aumentaron más del doble, el 9,61%. Pero
sobre todo es la comunidad autónoma en la que el presupuesto crece
menos de toda España.
Madrid está muy por debajo de otras grandes
autonomías, como Cataluña (donde se incrementan el 7,5%), Andalucía
(9,5%) y Valencia (7,2%). Sólo La Rioja (4,9%) crece en medida
similar a Madrid, pero todavía por encima, pese a ser una región más
pequeña (con 306.377 habitantes). También los Presupuestos Generales
del Estado suben en 2008 por encima, el 7,5%. Bien es cierto que es
también Madrid la comunidad que maneja uno de los mayores
presupuestos del país, junto con Andalucía.
El efecto que esto producirá en la región lo
apunta el diputado del grupo socialista Adolfo Piñedo: "Cae la
inversión y cae la calidad de los servicios". Como prueba de ello
señala que el proyecto de presupuestos cifra las inversiones para el
próximo año en 3.192 millones de euros. Eso supone el 15,6% menos
que el año anterior. A cambio, el gasto corriente al que tendrá que
hacer frente el Gobierno regional aumenta ligeramente: el 7,5% más.
Cuando Esperanza Aguirre presentó su proyecto de
presupuestos el pasado 25 de octubre, justificó el escaso margen de
crecimiento en la merma de ingresos de la Comunidad de Madrid por
"la crisis en la compraventa de pisos". Además, aseguró en todo un
alarde de responsabilidad, "no querer gastar más de lo que generan
los ingresos".
Hacía referencia la presidenta a que en 2008 se
va a notar el descenso de los ingresos en los impuestos relacionados
con la construcción, que sufre un periodo de recesión.
Se recaudará menos en el impuesto de
transmisiones patrimoniales, que grava el traspaso de inmuebles (ha
disminuido el 28,29%) y, aunque en menor medida, el de actos
jurídicos documentados (el 7,6% menos). La Comunidad de Madrid
dejará de ingresar este año por ambos conceptos más de 700 millones
de euros.
"La caída del impuesto de transmisiones
patrimoniales es común a todas las regiones. El factor diferencial
en Madrid es que caen los ingresos del impuesto de donaciones y
sucesiones y es evidente que es más fuerte que en ningún otro
sitio", asegura Piñedo.
En los dos últimos años, el Gobierno de Esperanza
Aguirre ha reducido a la mínima expresión el impuesto de sucesiones
y donaciones cuando se trata de herencias y transmisiones entre
padres, hijos y cónyuges. Sólo tributan el 1%. Esta modificación ha
reducido los ingresos de la Comunidad de Madrid, de forma que si en
los presupuestos de 2007 la previsión de recaudación de este
impuesto era de 291 millones de euros, el próximo año se reducirá
pasando a ser de 201,6 millones. Es decir, 89,4 millones menos.
Según el sindicato CC OO, la pérdida de ingresos
por el impuesto de sucesiones lo van a pagar los capítulos dedicados
a Educación y Sanidad. El primero, argumentan, ya tiene "congelado"
su presupuesto, mientras el segundo experimenta un crecimiento que
"apenas sirve para pagar la factura farmacéutica", en palabras de
Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional.
Un ejemplo son los programas de las secretarías
generales técnicas, que son muy burocráticos, y que suben "por
encima de la media del presupuesto", y los gastos en publicidad y
propaganda, que rozan los 172 millones de euros (el 6% más que el
año pasado y también por encima de lo que sube el presupuesto). Y
puntualiza: "Un crecimiento escaso no es sinónimo de austeridad".
(www.elpais.com, 19/11/07)
5. AGUIRRE LOGRA IMPONER AL EMPRESARIO CORTÉS AL
FRENTE DE IFEMA
Con calzador, pero ha entrado. Desde , el nuevo
presidente del Comité Ejecutivo de Ifema -uno de los máximos órganos
de control de la empresa ferial semipública- es Luis Eduardo Cortés,
ex diputado del PP con Esperanza Aguirre. Su nombramiento es el
desenlace de una soterrada guerra de poder entre el Gobierno
regional de Aguirre y el municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. De
hecho, miembros del gobierno municipal ya amenazaban con emprender
medidas legales si el recién nombrado Cortés no dimitía del grupo
empresarial Sacyr Vallehermoso, donde es presidente ejecutivo de la
inmobiliaria.
Porque, para terminar de rizar el rizo, resulta
que Sacyr Vallehermoso es la empresa que está realizando la
ampliación de Ifema (construcción de dos naves para exposiciones que
ocupan 20.000 metros cuadrados) y la misma empresa que iba a ser
denunciada por el comité ejecutivo de la institución ferial por el
retraso y el sobrecoste de esas obras.
La jugada no puede ser más perfectamente
retorcida: uno de los gerifaltes del grupo empresarial que iba a ser
denunciado se convierte en presidente de la entidad denunciante, de
tal manera que denunciante y denunciado acaban siendo la misma cosa.
Y listo. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que el fin
último de este nombramiento forma parte de la estrategia de
Esperanza Aguirre para destronar a Fermín Lucas, actual director
general de Ifema y hombre cercano a Ruiz-Gallardón.
"Todo el mundo sabe cómo se ha producido. Existe
incompatibilidad ética y general. Por tanto, esperamos que dimita de
la presidencia de Sacyr Vallehermoso. Y si no, tomaremos acciones
legales", decía Miguel Ángel Villanueva, delegado de Economía del
consistorio. "Le corresponde a la Cámara de Comercio -que preside
Salvador Santos Campano- explicar de dónde sale esto; Ifema no ha de
ser un terreno de confrontación. Es una institución demasiado
importante para jugar con ella", añadía. Y Santos Campano respondió:
"No hay incompatibilidad porque la inmobiliaria, que es donde Cortés
tiene su cargo, no tiene nada que ver con Ifema, aunque pertenezca
al grupo Sacyr".
La institución ferial a la que ahora llega Cortés
es uno de los motores económicos de la región, con ingresos de 1.800
millones de euros (el 1% del PIB) y unos 39.000 empleos inducidos.
El capital de Ifema está controlado por el Ayuntamiento (31%), la
Comunidad (31%), Caja Madrid (31%) y, a través de la Cámara de
Comercio, por los empresarios (7%). En realidad el puesto de
presidente del Comité Ejecutivo de Ifema le correspondería, según
los estatutos de la institución, al presidente de la Cámara de
Comercio, Salvador Santos Temprano. Pero éste en su día se lo cedió,
a cambio de su aval para presidir la Cámara, a Gerardo Díaz Ferrán,
presidente de la Confederación Nacional de Empresarios (CEOE) y
ahora a Cortés.
El empeño de Aguirre y de su vicepresidente,
Ignacio González, ha conseguido aplacar las reticencias que
inicialmente mostraron abiertamente los empresarios por el
"intervencionismo político" y , sin embargo, mostraron "su total
apoyo" a Cortés. Desde el gobierno municipal insisten en la
"incompatibilidad" de cargos y han preparado un detallado informe
sobre el asunto.
(www.elpais.17.11.07)
6. EL GOBIERNO DE AGUIRRE DA SUBVENCIONES
MILLONARIAS A ASOCIACIONES VINCULADAS AL PP
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido
por Esperanza Aguirre, ha dedicado sólo en 2007 más de un millón de
euros a una ONG presidida por el antiguo jefe de prensa de Aznar,
Pablo Izquierdo. Según la cadena SER, la ONG Cipie, a la que está
vinculada Izquierdo, está siendo investigada por el Ministerio de
Economía y Hacienda, ya que podrían haberse cometido irregularidades
en la gestión de fondos públicos.
Cipie no es la única ONG vinculada al PP que ha
recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid. Según la
cadena SER, la Fundación Humanismo y Democracia, presidida por la ex
presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, recibió
980.000 euros, mientras que IUVE, vinculada a los Legionarios de
Cristo, recibió más de un millón de euros. El Gobierno de Aguirre
asegura "que estas adjudicaciones obedecen a criterios objetivos".
La Comunidad de Madrid ha adjudicado dos
proyectos a Cipie, con el fin de conseguir el "fortalecimiento de
los sectores público, social y empresarial en Ecuador y Colombia".
Otro de los proyectos de Cipie contempla "fortalecer las capacidades
de gestión de las organizaciones públicas, privadas y microempresas"
en Bolivia.
Por su parte, la Fundación Humanismo y Democracia recibe
subvenciones para la "formación orientada al empleo en la zona norte
de Medellín, así como para "el fortalecimiento de la gestión
tributaria municipal en Perú" y el "fortalecimiento institucional
como ámbito estratégico de la cooperación madrileña". En cuanto a
IUVE, que no hay que olvidar está vinculada a los Legionarios de
Cristo, recibe dinero para "reducir la pobreza" en Honduras entre
otros objetivos. Esta última ONG también recibe 150.000 euros para
"el plato de la solidaridad", cuyo objetivo y destino son una
incógnita.
(www.elplural.com, 18/11/07)
7. POLÉMICA POR LA RETRANSMISIÓN DE TELEMADRID
La Dirección de Telemadrid recibió el pasado
lunes orden de cambiar la posición de las cámaras para la cobertura
de la manifestación del próximo sábado de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT), que preside Francisco José Alcaraz, con el fin
de que no aparezca en ningún momento la imagen de la sede del
Partido Popular, en la madrileña calle Génova, por cuyo frente
transcurrirá la manifestación.
El realizador del evento seleccionó un punto de
enfoque desde las proximidades de la Audiencia Nacional para cubrir
el recorrido a lo largo de la calle Génova en la que se vería
inevitablemente la sede del Partido Popular.
La posición de esa cámara, parte de las unidades
móviles que desplegará la cadena autonómica, fue censurada por la
dirección de Telemadrid con el fin de que el PP no pareciera
directamente implicado en una manifestación en la que
presumiblemente no estará presente ni siquiera el presidente del
partido, Mariano Rajoy, quien tiene un acto en ese mismo momento en
Almería.
En el entorno de Informativos de la cadena
mantenían que aún no se ha decidido el tiro de cámara con el que se
cubrirá esa zona ya que es la primera vez que la manifestación
trascurre frente a la sede popular. Otras fuentes de Telemadrid, sin
embargo, aseguraron que la decisión depende de órdenes políticas.A
costa de los madrileños
La AVT desconocía los detalles de esta decisión,
presumiblemente procedente de la Comunidad de Madrid. En cualquier
caso, Telemadrid es la única cadena autorizada para retransmitir la
manifestación, cuyo coste se estima en unos 120.000 euros,
incluyendo los salarios del personal implicado.
La manifestación tendrá tres puntos de cobertura
por parte de Telemadrid: en la Plaza de Alonso Martínez, en Génova
(sin que se vea la sede del PP) y en la Plaza de Colón. La señal que
venderá la cadena autonómica al resto de las televisiones no
sobrepasará en ningún caso la cifra de 10.000 euros, con lo que los
contribuyentes madrileños habrán financiado con más de 100.000 euros
la retransmisión de la manifestación.
El PP enviará una amplísima delegación de
dirigentes a la convocatoria de la AVT, al igual que ocurrió en
anteriores marchas.
(www.publico.es, 22/11/07)
8. LOS PRESUPUESTOS DE 2008 MARGINAN NUEVAMENTE A
LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 11-M
El proyecto de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para 2008 no prevé ninguna partida para ayudar a
la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, la organización
presidida por Pilar Manjón y que representa a la mayoría de las
víctimas de los atentados del 11-M. Para evitar que se repita la
marginación institucional a esta asociación por parte del Gobierno
de Esperanza Aguirre, los socialistas han anunciado que tramitarán
una enmienda a los presupuestos para incluir una partida de 246.000
euros de ayuda a esta asociación, cuyas condiciones de trabajo son
cada vez más precarias.
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, denunció la "intolerable marginación" que sufre la
asociación de víctimas del 11-M presidida por Pilar Manjón, ya que
en los presupuestos regionales –"el instrumento de los gobiernos
para manifestar y concretar la voluntad política", recordó-
continúan sin destinar ninguna subvención o ayuda a la asociación
que representa a la mayoría de las víctimas del mayor atentado
ocurrido en Madrid.
Por ello, anunció Menéndez, el Grupo Socialista
presentará una enmienda a los presupuestos para que se incluya una
ayuda de 246.000 euros para la Asociación 11-M Afectados Terrorismo.
"Se puede apreciar que este colectivo está trabajando en unas
condiciones de enorme dificultad, por lo que desde el Grupo
Socialista queremos acabar de una vez por todas con ese falso
mensaje que suele utilizar el Gobierno de Aguirre para justificar su
abandono, afirmando que esta asociación no solicita las ayudas. Los
socialistas las pedimos a través de esta enmienda que esperamos sea
apoyada por el Gobierno regional".
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación
11-M Afectados por el Terrorismo, Jesús Ramírez, manifestó el
descontento de sus representados con el Gobierno de Esperanza
Aguirre "que debería representar la solidaridad y el cariño que nos
demuestra el pueblo de Madrid".
En cambio, continuó, "un año más hace un uso
sectario de la distribución de las subvenciones en la que nos
margina por no plegarnos a sus dictados políticos", lo que, denunció
Ramírez, "es injusto e incomprensible, porque el Gobierno de la
Comunidad de Madrid nos hace pagar un alto precio por nuestra
independencia".
En este sentido, la asociación pide que las
ayudas que concede el Gobierno de Aguirre "se publiquen en el
Boletín Oficial y que todos los madrileños sepan por qué se aprueban
o deniegan las diferentes partidas destinadas a las asociaciones".
(www.madriddigital.info, 22/11/07)
9. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL FISCAL PIDE QUE SE
ANULE LA PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA
La Fiscalía Anticorrupción no quiere que la venta
del 49% de la funeraria municipal por 0,60 euros (cien pesetas de
1992) a la empresa Funespaña salga tan barata. Aunque ya hayan
pasado 15 años de aquel episodio, el fiscal pretende que se
devuelvan ahora los beneficios obtenidos desde entonces por aquella
operación. "Se deben reintegrar al Ayuntamiento de Madrid las
acciones de la Empresa Mixta, así como el valor real de dichas
acciones, [...] los dividendos obtenidos por Funespaña, las
retribuciones que hayan tenido los acusados de la Empresa Mixta y la
participación en los beneficios antes de impuestos", pide el fiscal
a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en su
acusación definitiva. Además, demanda "la nulidad de los acuerdos
municipales por los que se convocaba la licitación".
Hasta ahí llegaría la responsabilidad civil que
pide el fiscal para los nueve acusados. Entre ellos se encuentran
Luis María Huete (ex primer teniente de alcalde en la época de José
María Álvarez del Manzano, del PP), Simón Viñals (ex concejal de
Sanidad y presidente de la funeraria municipal en el momento de la
venta por 0,60 euros), Antonio Moreno (ex concejal de Patrimonio),
José Ignacio Rodrigo (ex asesor del Ayuntamiento y presidente de
Funespaña) y los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia (socios de
Funespaña).
Para todos ellos, el fiscal solicita también
penas de cárcel, aunque rebajadas respecto a su petición inicial.
Para los responsables políticos (Huete, Viñals y Moreno), el fiscal
pide ahora cuatro años y 10 meses frente a los seis años que reclamó
en un principio. A los ex responsables municipales del PP, para los
que también se piden 24 años de inhabilitación, se les imputan los
delitos de maquinaciones de precio, prevaricación, malversación y
tráfico de influencias.
El fiscal también solicita penas de 18 años para
Rodrigo por los mismos delitos, además de uno contra la Hacienda
pública. Contra los hermanos Valdivia reclama 18 años y siete meses.
Durante el juicio, que acabará en enero, Huete
defendió la venta de la funeraria por 100 pesetas a cambio de que
Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación del
capital". En ese momento, la Empresa Mixta debía 2.274 millones. Lo
que no dijo, sin embargo, es que esa deuda fue perdonada dos meses
después.
El que fuera interventor municipal de la época,
Vicente Arnau, aseguró en el juicio que nadie le consultó a la hora
de decidir privatizar la empresa por 100 pesetas, cuando, según
dijo, "valía al menos 1.000 millones". Huete justificó la
privatización por el "peligro de quiebra".
(www.elpais.com, 22/11/07)
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: DOS CARGOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN FIGURAN ENTRE LOS IMPUTADOS
El Ayuntamiento sigue con su estrategia de mirar,
estrictamente, hacia los funcionarios imputados por la operación
Guateque. Ya van 21 y el Consistorio anunció que se personará como
acusación particular en calidad de perjudicado. A los empleados
municipales se les acusa de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias. El Ayuntamiento niega cualquier responsabilidad
política, pero la oposición se la volvió a pedir.
En rueda de prensa matinal, el portavoz del grupo
municipal socialista, David Lucas, quiso mandarle varios recados al
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la Operación Guateque.
Primero, sobre la comisión de investigación que el regidor aceptó
que se convoque cuando se levante el secreto sumarial. Y dijo Lucas
que la comisión la quiere ya. Que no hay que esperar a lo que diga
el juez porque es una investigación política y piensa pedirle
"responsabilidades a los concejales y al propio alcalde".
"Queremos conocer todos los expedientes que han
sido tratados en las Concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en
las tres juntas de distrito afectadas desde 2003; por eso no podemos
esperar a que se abra el sumario judicial", explicó Lucas.
Se ha reconstruido parte de la trama en la que 16
funcionarios (han sido imputados cinco más) cobraban a empresarios
por agilizar las licencias de establecimientos o retrasar
expedientes sancionadores. Entre sus integrantes figuran empleados
municipales de tres juntas de distrito (Centro, Chamberí y San
Blas). Los empleados corruptos actuarían coordinados con sus
compinches de las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, concejalías
encargadas de avalar que los locales cumplen los requisitos para
obtener la licencia que finalmente emiten las juntas municipales.
Los funcionarios de más alto rango implicados son
un jefe de departamento (dos niveles por debajo del director general
del ramo) y un adjunto de departamento. Los dos son cargos de libre
designación, cuyo sueldo supera los 40.000 euros anuales.
Para atajar la corrupción, Lucas exigió una
auditoría interna en el Consistorio que "depure" a todos los
implicados en la Operación Guateque y "salve" la dignidad e
integridad de la mayoría de los funcionarios municipales. Además,
recordó que su grupo ha pedido un pleno monográfico sobre el
escándalo.
Y el último recado, el más envenenado, se lo
envió Lucas a Gallardón blandiendo una denuncia ciudadana que obraba
en poder del alcalde desde 2005 y en la que se daba cuenta de las
presuntas extorsiones sufridas por un empresario a manos de
funcionarios municipales (técnicos y policías). Lucas exigió a
Gallardón que explique "por qué miró hacia otro lado". Lo que no
dijo Lucas es que la misma carta que blandía como novedad, la tenía
el PSOE desde hacía meses, según varias fuentes.
El grupo municipal de IU llevará al próximo pleno
una iniciativa para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo,
explique el trámite que siguió la denuncia.
El Ayuntamiento dio explicaciones sobre la carta.
Pedro Calvo aseguró que, tras recibir la misiva, se realizaron dos
investigaciones internas que no implicaron a policías municipales,
como denunciaban los empresarios. Además, recordó que sobre el
establecimiento de los denunciantes pesan denuncias de vecinos, de
la policía y una condena del Tribunal Superior de Justicia. "Son
infractores contumaces. Tienen 87 denuncias de la policía", explicó.
Según el Consistorio, la Junta de Centro se reunió varias veces con
los denunciantes para investigar el asunto y no encontró indicios de
corrupción de sus técnicos.
Los dueños del local, situado en la calle de las
Huertas, insisten en que se les reclamó dinero para obtener la
licencia de actividad y se les amenazó repetidamente.
(www.elpais.es 17.11.06)
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ENCARCELADO UN
FUNCIONARIO QUE YA FUE ACUSADO POR CORRUPCIÓN EN 2004
El Guateque continúa. Y con fuertes
reminiscencias del pasado. El juez decretó el ingreso en prisión sin
fianza del funcionario jubilado, adscrito a la Gerencia de
Urbanismo, Carmelo García Sánchez. Se le acusa de presuntos delitos
de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la
agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de
ocio. Algo de lo que ya se le había acusado años atrás. Entonces fue
absuelto.
Carmelo García Sánchez se sentó en el banquillo
en 2004 por haber participado en una trama de cobro de comisiones
ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de
sus locales. El fiscal le acusó entonces, junto a otros tres
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, de mediar a cambio de
12.000 euros para que el propietario de la sauna gay Paraíso
obtuviera su licencia de funcionamiento. Carmelo García fue
absuelto, por falta de pruebas, del delito de tráfico de influencias
por el que había sido imputado.
Según el relato de los hechos que elaboró el
fiscal del caso, la Policía Municipal irrumpió en mayo de 1995 en la
sauna gay Paraíso. Los agentes anotaron los nombres de todos los
clientes y precintaron el establecimiento, que estaba a la espera de
recibir la licencia de apertura. El propietario de la sauna no daba
crédito. Como denunció luego ante el juez, a comienzos de ese año
había pagado grandes sumas de dinero a funcionarios para que
acelerasen el trámite de su licencia e impidiesen el cierre de otro
local que poseía. El soborno que acreditó para denunciar a los
funcionarios le costó caro. El juez, a él sí, lo condenó a seis
meses de cárcel.
Según la versión del fiscal, García Sánchez se
ofreció en 1995 al dueño de la sala, Francisco Herrero, para mediar
ante el Consistorio con el fin de resolver los problemas que el
primero tenía con las autoridades municipales por la obtención de la
licencia de apertura de la sauna.
A cambio de ello, Carmelo García exigió el cobro
de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma cantidad
trimestralmente. El dinero se lo tendría que entregar mediante un
cheque a un ingeniero que certificaba la validez del proyecto. Tanto
García como el resto de funcionarios implicados negaron que nunca
hubieran cobrado dinero por acelerar licencias de apertura.
Según la versión que difundió el Ayuntamiento,
García Sánchez entró a trabajar en la Junta de Retiro en junio de
1959 y se jubiló en 2004. El mismo año en que se celebró el juicio.
En su última etapa laboral fue "relegado" al registro de la Gerencia
de Urbanismo. Fuentes municipales confirmaron que García Sánchez ha
sido imputado como particular. Según los consultados, habría
participado en la trama valiéndose de los contactos y la experiencia
atesorada durante su etapa como empleado municipal.
Como resultado del juicio celebrado en 2004 fue
condenado el funcionario municipal Juan Bautista Beltra Romero
Sancho a seis meses y un día de prisión y a una multa de 6.310
euros. También fue condenado el dueño de la sauna, Francisco
Herrero, a seis meses de cárcel por el delito de soborno. Los otros
dos técnicos municipales, Jerónimo Pablo Martínez Fuentes y Roberto
Martínez Guindal, fueron absueltos.
Uno de los cabecillas de la supuesta trama de
corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de
Castro, fue destituido de su cargo de director de servicio de una de
las áreas de la Concejalía de Medio Ambiente en 2003. Además, fue
degradado dos categorías profesionales, pasó del 30 -la máxima en el
cuerpo de funcionarios- al 28. Fuentes municipales revelan que la
destitución se produjo porque el puesto que ocupaba Fernández de
Castro "exige una dedicación especial y este funcionario no la
cumplía". Las mismas fuentes explican que el cargo que ocupaba no
era de confianza, "sino de máxima categoría profesional". Por eso se
le tuvo que reubicar dentro del Ayuntamiento en una función acorde
con su nueva categoría.
Fernández de Castro es un funcionario con mucha
experiencia en el Ayuntamiento. Entró en la función pública
municipal en 1968, cuando Carlos Arias Navarro era alcalde de
Madrid. "Ahora está a punto de jubilarse", señala un responsable
municipal. El funcionario llegó a ocupar la subdirección general del
servicio de Limpieza cuando Alberto López-Viejo era concejal de
Limpieza, entre 1999 y 2003. Ahora López-Viejo es consejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid, nombrado por la presidenta
regional Esperanza Aguirre. En esa misma época Fernández de Castro
coincidió en el Ayuntamiento con Aguirre, que era edil de Medio
Ambiente.
Este funcionario encarcelado ocupa actualmente la
jefatura de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente.
Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa
de ruidos. Y se encargaba de tramitar los asuntos relacionados con
la insonorización y climatización de los bares. Fernández de Castro
es administrador conjunto de una empresa. La sociedad El Almirez
Turismo Rural, se dedica a la promoción inmobiliaria y a la
ejecución de obras, así como a la gestión de alojamientos rurales.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid no han podido
precisar si los imputados que fueron detenidos la semana pasada por
su supuesta implicación en el caso y que fueron puestos en libertad
el pasado domingo se incorporaron a sus puestos de trabajo. Un
responsable municipal explicó que no pueden suspenderlos de empleo y
sueldo por la presunción de inocencia.
Por otra parte, el pasado lunes la Guardía Civil
registró las dependencias de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta
Municipal de distrito de Tetuán. imputaron a un arquitecto técnico
de la junta de Tetuán. Además, agentes del cuerpo armado
interrogaron a diez de los 14 nuevos imputados que se sumaron al
proceso el pasado lunes. Entre las personas que declararon ante la
Guardia Civil se encuentra Mariano García Bachiller, citado en
calidad de testigo, no como imputado. La Operación Guateque arrancó
el pasado miércoles, tras cinco meses de investigación y una decena
de teléfonos de funcionarios pinchados. Ese día, agentes de la
Guardía Civil registraron las dependencias de la concejalía de
Urbanismo. Desde entonces han sido imputados 17 personas, la mayoría
funcionarios municipales. El juez que instruye el caso, Santiago
Torres, investiga además a otras 14 personas por su presunta
relación con la red de cobro ilegal de comisiones.
Desde comienzo del caso el magistrado ha enviado
a seis personas a prisión acusados de los delitos de prevaricación,
cohecho y tráfico de influencia. Entre los encarcelados se
encuentran tres funcionarios, Joaquín Fernández de Castro, jefe del
departamento de Evaluación Ambiental de Medio Ambiente; Victorino
Ceballos, jefe de división de impacto ambiental de Medio Ambiente;
Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del mismo
departamento. También han sido enviados a la cárcel dos personas
vinculadas con estudios de arquitecturas que supuestamente hacían de
intermediarias: Santiago Castillo Morales y Antonio Sánz Escribano.
, el juez que instruye el caso ordenó enviar a prisión a Carmelo
García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó
que no ve "clara la propuesta de Gallardón de privatizar la
concesión de licencias administrativas", a raíz del caso Guateque. Y
achacó la aparición de la trama a la normativa "decimonónica" que
existe en España.
(www.elpais.es 21/11/07)
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID: AGUIRRE DUDA DEL
'MÉTODO GALLARDÓN'
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, considera que los sistemas "obsoletos" y
"decimonónicos" que se utilizan en los ayuntamientos a la hora de
conceder licencias están detrás de casos como Guateque y propone un
acuerdo entre Administraciones para cambiarlos por normas claras.
Preguntada en Radio Nacional por su opinión sobre
el caso de corrupción en la tramitación de licencias detectado en el
Ayuntamiento de Madrid, la presidenta ha indicado que el tema "tiene
que ver con los sistemas administrativos que tenemos en España y que
tenemos que renovar; son ciertamente decimonónicos".
"El hecho de tener que pedir permiso para todo en
lugar de tener una norma clara y transparente" está detrás, en
opinión de Aguirre, de casos como el Guateque y que se podrían
evitar si para ejercer una actividad fuera suficiente con cumplir
las normas mientras los funcionarios se dediquen a inspeccionar.
En opinión de Aguirre, la Administración "lo que
hace bien es regular y establecer las condiciones en las que deben
hacerse determinadas cosas" y su deber es inspeccionar luego que
todas esas reglas se cumplan.
"Pero todos los sistemas de licencias y permisos
entrañan una cierta oscuridad y opacidad, y muchas veces,
corrupción", afirmó la presidenta, para quien en este caso, la
corrupción aún es presunta "y yo debo conceder la presunción de
inocencia de las personas detenidas".
Aún así, señaló que "es evidente que el sistema
no es suficientemente transparente" e insistió en que hay que
cambiarlo. En ese sentido, citó una idea de Alberto Ruiz-Gallardón,
que comparte con él, y que pasa por un necesario acuerdo entre la
Comunidad y los Ayuntamientos para establecer un sistema nuevo. "Yo
creo que sí, que tenemos que reflexionar seriamente sobre el sistema
de licencias", enfatizó.
(www.elmundo.es, 21/11/07)
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "LA CORRUPCIÓN
CAMPABA A SUS ANCHAS"
La Guardia Civil lo define así: "Desde hace
algunos años, muchos años, la trama de corrupción viene campando a
sus anchas y con toda la impunidad de que es capaz entre los
distintos escalones funcionariales del Ayuntamiento de Madrid,
arrastrando en su indiscutible ánimo de enriquecerse a personas que
a lo único que aspiran es a aperturar sus negocios y trabajar en
paz, aunque para hacerlo se vean en la obligación de someterse a una
sangría dineraria y a contemplar estoicamente cómo su patrimonio es
saqueado sin compasión por funcionarios ávidos de percibir rápidas y
sabrosas mordidas".
Ninguno de los Gobiernos municipales que ha
tenido el Ayuntamiento de Madrid -el PP manda desde 1989- puede
mirar hacia otro lado ante la trama de corrupción destapada con la
Operación Guateque, donde han participado funcionarios cualificados.
El análisis del equipo investigador de la Guardia Civil profundiza
en la mayor trama de corrupción descubierta en la capital: "Si la
investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que
saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e
industriales y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la
arquitectura implicados en esta presunta trama de corrupción".
El juez Santiago Torres, que investiga el caso
desde hace meses, destaca en uno de sus escritos tanto "la gravedad
de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente
provocan en la ciudadanía, al suponer una quiebra de la confianza
ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar
intereses públicos".
La impunidad con la que han actuado estos
funcionarios coexiste con un hecho de signo contrario: la
colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente ha sido plena desde
que se iniciaron las pesquisas judiciales cinco meses atrás, según
la Guardia Civil. Y su ayuda ha sido decisiva para aportar 193
expedientes que habían sido tramitados supuestamente en un tiempo
récord. De esos expedientes, los investigadores se centraron en 187
cuya agilidad en la tramitación resultaba clamorosa. Si el tiempo
habitual para conseguir la licencia es de dos años, dichas
peticiones de autorizaciones para abrir nuevos locales habían
consumido menos de un mes. Y no afecta a uno o dos distritos. Los
expedientes sospechosos salpican todo Madrid (al menos 17 de los 21
distritos, según la investigación).
La trama, asentada en diversas dependencias del
Ayuntamiento, había logrado uno de los más ambicionados retos de la
Administración pública para agilizar la atención burocrática: habían
establecido una ventanilla única, ilegal, pero única.
Los propios funcionarios, según han confesado al
juez, recomendaban las gestorías más eficaces para tramitar sus
asuntos. Y tales empresas conchabadas pagaban a los funcionarios por
remitirles clientes. En ocasiones, los empresarios también pagaban
directamente a los funcionarios, según la investigación.
A medio camino entre los funcionarios y
peticionarios de licencias se constituyó una red de conseguidores
-"buscavidas", según la definición de los investigadores- que
actuaban de enlaces, o empresarios del gremio de la arquitectura y
de la ingeniería. Todo quedaba en manos de la trama: uno realizaba
la obra, otro le daba licencia y el intermediario gestionaba los
pagos y los encargos.
Tan segura se sentía la trama que el funcionario
Victoriano Ceballos razonaba así a un socio de AC93, empresa
implicada: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es
preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". No obstante,
aseguraba que no era el criterio de su jefe en Medio Ambiente,
Joaquín Fernández de Castro, quien le decía: "Mira, Victoriano,
prefiero hacer una cosa al año". Una trama tan estable que si uno de
los funcionarios conchabados estaba de vacaciones se exigía comisión
para su sustituto. Incluso, en ocasiones se infiere que existía
cierta competencia entre los funcionarios para cobrar la mordida. No
en vano, se quejan "de que otros funcionarios se les han adelantado
en la llevanza de determinados expedientes por cuya marcha se han
interesado para intentar cobrar una comisión".
Del osado juego del despacho de ingeniería de
Antonio Sanz Escribano, considerado uno de los principales
recaudadores, dan cuenta las numerosas llamadas con teléfonos del
Ayuntamiento que ha descubierto la investigación. El tono de las
conversaciones entre miembros de la trama es indisimulado:
-Oye, bueno, que ya sabes les pedí un kilito,
pero lo vamos a repartir 2.500 para cada uno, porque los otros 1.000
son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de
Distrito.
-Muy bien.
-¿Te parece correcto?
-Me parece correcto.
La trama de corrupción fue investigada durante
cinco meses a través de grabaciones de teléfono y de seguimiento a
los distintos implicados.
Tras considerar madura ya la investigación, el
juez ordenó el pasado 14 de noviembre las primeras 16 detenciones y
numerosos registros en los lugares de trabajo y los domicilios
particulares de los implicados.
El juez ha dictado hasta ahora autos de prisión
para tres funcionarios, un ex funcionario y dos miembros de una
empresa de ingeniería a los que atribuye la intermediación para el
pago de comisiones ilegales. Otros tres funcionarios y un trabajador
autónomo han sido puestos en libertad bajo fianza. Entre los delitos
que se imputa a la trama figuran los de cohecho, prevaricación y
tráfico de influencias.
(www.elpais.com, 23/11/07)
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ELUDE, DE
NUEVO, ACEPTAR RESPONSABILIDAD EN EL 'CASO GUATEQUE'
El alcalde de Madrid desde hace cuatro años,
Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna
responsabilidad política en el caso Guateque. se le preguntó varias
veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el
juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es
de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La
Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la
Junta de Gobierno semanal.
El alcalde de Madrid desde hace cuatro años,
Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna
responsabilidad política en el caso Guateque. se le preguntó varias
veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el
juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es
de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La
Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la
Junta de Gobierno semanal.
- ¿No tiene responsabilidad el Ayuntamiento? "Un
corrupto es un corrupto y la primera responsabilidad es de quien
comete ese delito", respondió Gallardón, alcalde desde hace cuatro
años. "¿Hay responsabilidades indirectas? ¿Pero a quién
corresponden? ¿A quién seleccionó al funcionario [Victoriano
Ceballos] y le ascendió?", respondió en tono interrogativo,
pasándole el muerto al PSOE.
- Una vieja trama sin control. Uno de los
encarcelados era Carmelo García Sánchez, un ex funcionario ya
acusado de los mismos delitos en 1996. ¿Por qué no se le investigó
con profundidad y, en cambio, sí permaneció en la Gerencia de
Urbanismo?
"Aquel funcionario fue absuelto en su momento y
se adoptaron las medidas cautelares mientras duró el proceso".
Además, el alcalde dijo que administrativamente no se podía castigar
lo que penalmente había sido absuelto.
¿Y cómo se puede controlar a los funcionarios?
Gallardón respondió que hay que tomar medidas
"para que ningún funcionario pueda abusar de su cargo y enriquecerse
a costa de los ciudadanos". Pero no facilitó medidas concretas.
"Estamos hablando de unas 12 personas [los corruptos] sobre 25.000
funcionarios. Además, se tramitan 40.000 expedientes al año. Seamos
conscientes de la proporción" que tiene el caso Guateque.
- Soluciones al problema. De nuevo, la
externalización del proceso de tramitación de licencias fue la única
respuesta que facilitó en rueda de prensa Gallardón. Pero fue un
poco más allá que la anterior semana. "En el futuro, mientras se
tramiten las licencias, si se cumple con los requisitos, podrá
iniciarse la actividad. El trabajo que se está haciendo es ése".
Además, Gallardón comparó este proyecto con el método que ya se
utiliza para las inspecciones de gas natural, ascensores o
vehículos. Todas realizadas por empresas externas a la
Administración.
La semana pasada, preguntado por los sistemas que
tiene el Ayuntamiento para vigilar la corrupción, reconoció que es
"difícil controlar la que se ha producido porque consiste en el
manejo de los tiempos". Dando a entender que la agilización o demora
del trámite de expedientes no deja huella. Ese día animó a los
ciudadanos a que denuncien los casos que conozcan de corrupción. ,
en declaraciones a Onda Cero, insistió en eso y anunció que el
Ayuntamiento implantará una oficina de denuncias permanente para que
los ciudadanos hagan llegar sus quejas al Consistorio y éste tome
medidas si es necesario. Al margen del control ciudadano, no parece
que vaya a implantarse un sistema interno en el Ayuntamiento.
(www.elpais.com, 23/11/07)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA EL
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-30
Más de tres años después de que comenzara la
transformación de la M-30, el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, sigue sin aportar un sólo informe de impacto
medioambiental sobre la macroobra. "Sólo le importan los votos",
opinan los vecinos del Nudo Sur, una de las zonas más afectadas, y
la oposición, que denuncian el incumplimiento de las promesas
municipales respecto a la M-30.
Han pasado ya 18 meses desde que la Comisión
Europea regañara por primera vez al Ayuntamiento por la falta de un
estudio de impacto medioambiental en las obras de soterramiento y 10
meses desde que la última advertencia tuviera ya carácter de amenaza
de terminar ante los tribunales comunitarios. Ni con esas. El
Ayuntamiento no ha movido todavía un dedo.
El penúltimo capítulo de la historia
medioambiental de la circunvalación se dio en enero, cuando Bruselas
emplazó a realizar el informe "cuanto antes". No había plazos, pero
Ruiz-Gallardón explicó en una rueda de prensa el pasado 11 de enero
que el Ayuntamiento había propuesto un calendario. Las fechas
"acordadas" hablaban de elaborar el estudio de los proyectos
ejecutados o en ejecución "entre enero y octubre". Unas intenciones
que contradicen a lo que ahora asegura el Ayuntamiento. "Propusimos
diciembre y vamos a demorarnos sólo un mes más", explica una
portavoz. Pero no es exactamente así. El plazo de diciembre era sólo
"para los proyectos no iniciados", según explicó Gallardón.
"El alcalde ha vuelto a incumplir los plazos",
señala el eurodiputado socialista Carlos Carnero. Él fue quien
remitió la primera queja ante las autoridades europeas en febrero de
2004. "La Comisión debería adoptar medidas urgentes", emplazaba
Carnero en una pregunta parlamentaria de octubre. "¿Nos toma el pelo
el alcalde o piensa cumplir sus compromisos?", pregunta.
Con Gallardón también están molestos los vecinos.
Su divorcio viene de lejos. "Jamás nos ha recibido", cuenta Roberto
Tornamira, portavoz de la Asociación de Vecinos Nudo Sur. "Se
reunieron con las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente",
justifica el Consistorio.Pero la "indignación" vecinal también
apunta a la UE: "Da la sensación de que en asuntos económicos Europa
actúa contundentemente, mientras que deja hacer cuando son problemas
vecinales".
El desencuentro entre Bruselas y el Ayuntamiento
nace en abril de 2006, cuando la Comisión abrió un procedimiento de
infracción. "Este macroproyecto debería haber sido sometido a una
declaración formal y global de impacto ambiental", señaló. En junio
de 2006, Bruselas envió a dos eurodiputados a Madrid para que
evaluaran a pie de obra la magnitud del proyecto, que costó 3.508
millones de euros. El irlandés Proinsias de Rossa (socialista) y la
danesa Margrete Auken (verde) concluyeron que el soterramiento debía
haber contado con una declaración de impacto.
El truco para evitar el estudio ambiental fue el
cambio de la calificación de la M-30 de carretera a vía urbana.
Nacía la Calle 30, denominación atípica para una autopista de hasta
seis carriles. El rebautizo se hizo el 4 de marzo de 2004. A sólo 10
días de las elecciones generales en las que el PP perdió el poder,
el Ministerio de Fomento traspasó la M-30 al Ayuntamiento. Además,
la obra se troceó en 19 tramos. El más largo tenía cuatro kilómetros
y 900 metros. Casualmente, a partir de cinco la ley madrileña obliga
a realizar un informe de impacto. "Es la estrategia del salchichón",
ironiza Francisco Segura, de Ecologistas en Acción. Según él, "el
incumplimiento es clarísimo".A pesar de las tretas municipales, los
eurodiputados y el propio Segura sentencian que "la ley europea
prevalece". Y la ley dice que hay que hacer la declaración
medioambiental, olvidada por Gallardón.
(www.elpais.com, 23/11/07)
16. TEMEN QUE 'EL ABANDONO' DEL SEVERO OCHOA SEA
UNA ESTRATEGIA PARA PRIVATIZARLO
La sección sindical de CCOO del hospital Severo
Ochoa de Leganés denuncia que 16 enfermos tuvieron que ser
"aparcados" en un pasillo, al haberse inundado la unidad de
Preingreso y varios boxes del Servicio de Urgencias.
El sindicato acusa directamente al gerente del
hospital, César Gómez, de "tener abandonado el centro y mucho más,
las Urgencias, situación sólo paliada -añaden- por el esfuerzo
diario de muchas de las personas que allí trabajan".
Según los trabajadores, la gerencia estaba
advertida de las consecuencias que entraña el desplazamiento de
paneles por obras, causante de las filtraciones de agua de lluvia.
En sus declaraciones manifiestan su desconcierto por la situación ya
que no comprenden "a quién puede interesar que se deteriore este
servicio" y consideran la posibilidad de que sea una estrategia para
después externalizar el servicio.
El sindicato declara que parece que la dirección
está aprovechando los problemas que les han advertido "para intentar
hundir el servicio y privatizarlo, si pueden".
Los datos asistenciales del servicio de Urgencias
muestran un descenso drástico.
(www.madriddigital.info, 21/11/07)
17. AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA: ACUSAN A AGUIRRE
DE IMPONERLE LA POLÍTICA POLICIAL
El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera que el
expediente que le ha abierto la Comunidad de Madrid por dedicar
agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) a labores
diferentes a las de seguridad ciudadana forma parte de una
"estrategia de acoso", ya que, tanto Fuenlabrada como otras seis
ciudades de la región -Alcorcón, Leganés, Getafe, Parla, Aranjuez y
Collado Villalba, todas gobernadas por el PSOE- habían mostrado su
rechazo a la "nueva filosofía de la seguridad" de los responsables
de Interior de la Comunidad, que consideran una "injerencia" en las
funciones de los ayuntamientos.
Así lo explicó el alcalde de la localidad, Manuel
Robles, que destacó que desde la puesta en marcha de las Bescam,
estas unidades han estado integradas tanto por los nuevos agentes
como por otros veteranos. El único requisito, continuó, era que
hubiese tantos policías en estas labores de seguridad como los
incorporados al amparo del convenio suscrito con la Comunidad.
Robles, que anunció que ha solicitado una reunión
urgente a Esperanza Aguirre, aseguró que todos los grandes
ayuntamientos de Madrid han funcionado como Fuenlabrada, "algunos de
ellos, como Móstoles, gobernados por el PP". Según el alcalde, "no
es lógico que las labores de seguridad sean realizadas sólo por
agentes con poca o ninguna experiencia".
(www.elpais.com, 20/11/07)
18. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO EL PARTIDO POPULAR
PROHIBE UN ACTO SOBRE EL NUEVO HOSPITAL
El Partido Popular de Valdemoro prohibe un acto
sobre el nuevo hospital La Coordinadora anti-privatización de la
Sanidad Pública de Madrid, denuncia en un comunicado que el martes
pasado, el Partido Popular de Valdemoro -a través de su Concejalía
de Participación Ciudadana- prohibió el acto informativo previsto
para en la Casa de las Asociaciones de la localidad.
La realización de dicha conferencia había sido
solicitada previamente en tiempo y forma, sin ninguna objeción por
parte de los populares, informa el comunicado.
La coordinadora anti-privatización se pregunta
ahora si la razón que subyace era impedir que los futuros pacientes
pudiesen conocer otras opiniones diferentes a las oficiales, ante la
inminente inauguración del primer hospital privado, de los ocho que
hay en proyecto.
La razón oficial esgrimida, para impedir un debate público sobre el
modelo de este hospital, -añaden- es "que debido a la falta de
información sobre el motivo real de la misma, se procede a denegar
la celebración de la charla".
"Una vez más, el PP recupera su verdadera esencia
y decide prohibir un acto informativo, limitando por lo tanto en la
práctica la libertad de expresión", afirma la comunicación. La
política del gobierno regional del PP, disfrazando la privatización
de la sanidad mediante campañas publicitarias millonarias, pagadas
con nuestros impuestos e impidiendo la libre expresión e información
a los ciudadanos es un reflejo claro del talante de nuestros
gobernantes", continúa el escrito.
La coordinadora anti-privatización advierte, por
último, de la experiencia negativa -confirmada por la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.)- de este modelo de hospital puesto en
funcionamiento con anterioridad en Gran Bretaña, Canadá y otros
países occidentales.
(www.madriddigital.info, 22/11/07)
