ÍNDICE
1. EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE LA POLÉMICA LEY DE AGUIRRE
2. INVESTIGAN EL RESTAURANTE DE LA MUJER DE UN
CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
3. EDUCACIÓN RECOMENDÓ A LOS COLEGIOS LAS
BANDERAS MÁS CARAS
4. EL EJE PRADO-RECOLETOS, UNA BATALLA CON TRES
CONTENDIENTES
5. GALLARDÓN RECURRE EL NOMBRAMIENTO DE CORTÉS AL
FRENTE DE IFEMA
6. LAS MUERTES POR VIOLENCIA DOMÉSTICA SE
DUPLICAN EN MADRID
7. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS CIERRA 8 DE SUS 11
QUIRÓFANOS POR INUNDACIÓN
8. AGUIRRE Y GALLARDÓN SE PELEAN POR IFEMA
9. LOS OTROS SONADOS ENCONTRONAZOS DE LOS DOS
LÍDERES
10. UN EMPRESARIO CONTÓ EN MAYO AL EDIL DE CENTRO
EL PAGO DE SOBORNOS
11. SÓLO SIETE INSPECTORES CONTROLAN A LOS 26.000
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
12. GALLARDÓN CONOCE DESDE 2005 LOS 'PUNTOS
NEGROS' DE LAS LICENCIAS
13. PILAR MARTÍNEZ: "SI ERA UN SECRETO A VOCES,
TODOS ESTÁBAMOS SORDOS"
1. EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE LA POLÉMICA LEY DE
AGUIRRE
La polémica ley regional que impedía a los
agentes forestales entrar en las fincas privadas salvo causa mayor,
o sea, incendios, queda sin efecto cautelarmente. El pleno del
Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente la vigencia y
aplicación de esta norma, atendiendo al recurso que presentó el
Gobierno central el pasado 29 de octubre.
Ahora, la Comunidad tiene 15 días para presentar
alegaciones y el Constitucional tomará una determinación definitiva
en un máximo de cinco meses. Una cuenta atrás que acaba con una
sucesión de desencuentros -incluida la entrega en Bruselas de una
carta por parte de los forestales a la Comisión de Peticiones de la
Unión Europea- entre sindicatos, Gobierno regional, partidos
políticos y el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina
Narbona, promotora de la impugnación.
"Es un mero acto de trámite. No se entra en el
fondo del asunto, sólo en la forma", minimiza el asunto Salvador
Vitoria, responsable de los servicios jurídicos del Gobierno
regional. UGT, a través de Miguel Ángel Hontoria, califica la
decisión de "triunfo relativo", aunque han recogido con "mucha
satisfacción" la noticia porque "la ley fue un tremendo error".
Hontoria niega que sea "sólo un trámite". Además, dice que hay otras
"leyes básicas, como la de montes, que tienen rango superior a ésta
y la contradicen".
Aún más entusiasmo mostró en su reacción
Comisiones Obreras: "Esto devuelve la ilusión al cuerpo de agentes
forestales, que podrán volver a trabajar en interés de todos los
ciudadanos y muestra que el Gobierno regional está actuando para el
interés particular en vez de para el beneficio de todos los
madrileños y españoles". Izquierda Unida, a través de su portavoz en
la Asamblea, Inés Sabanés, fue un poco más allá: "Es un varapalo a
la prepotencia de Esperanza Aguirre sin precedentes". Tampoco Maru
Menéndez, la portavoz socialista, desaprovechó la ocasión para pedir
a Esperanza Aguirre "que retire definitivamente la norma".
El artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid
de Medidas Urgentes de Modernización de Gobierno y la Administración
se creó, en explicación oficial del Ejecutivo regional, para
defender "la integridad física de los agentes" y para crear "mayor
seguridad jurídica en los propietarios de las fincas".
Una exposición muy poco compartida por el cuerpo
forestal, que ha mostrado su rechazo con varias manifestaciones y
que siempre ha valorado la ley como un obstáculo a su trabajo y un
intento de "mantener a los grandes propietarios en la impunidad".
El Gobierno regional asegura que está
"satisfecho" con la resolución del Tribunal Constitucional, pues
ésta le permite "presentar nuestros razonamientos, que esperamos que
sean atendidos". Salvador Vitoria afirma que ya sabían que esta
resolución iba a llegar "en cualquier momento" y argumenta que,
salvo defecto formal, cualquier recurso gubernamental paraliza
cautelarmente la norma impugnada. Es decir, que hasta el momento
todo "es una mera formalidad" que no les "causa sorpresa".
(www.elpais.com, 24/11/07)
2. INVESTIGAN EL RESTAURANTE DE LA MUJER DE UN
CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
El juez que investiga la operación Guateque,
Santiago Torres, solicitó la semana pasada más expedientes sobre
tramitación de licencias al Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos se
encuentra el del restaurante que la mujer del consejero de Deportes,
Alberto López Viejo, tiene en el distrito de Retiro. El motivo que
ha llevado a Torres a estudiar a fondo este informe es una de las
grabaciones telefónicas que se realizó a los implicados en la trama
durante los meses previos al inicio de las detenciones.
Concretamente, se trata de una conversación entre
Victoriano Ceballos, jefe de División en la Concejalía de Medio
Ambiente y en prisión desde hace nueve días, y un funcionario de
Urbanismo, supuestamente también participativo del cobro de
comisiones. "Tengo a dos más, el Rodilla y La hacienda argentina
[propiedad de Teresa Gabarra, mujer de López Viejo]", le decía
Ceballos a este trabajador público durante la charla por teléfono.
Fuentes de la investigación no supieron calibrar la importancia de
esta acusación ni si esta frase implicaba algún tipo de negociación
con los dueños de estos dos locales de la zona de Retiro o
simplemente se trataba de fijar dos posibles objetivos de cobro.
Sin embargo, esta referencia ha sido suficiente
para que el juez reclamara al Ayuntamiento de Madrid todos los
papeles de estos dos locales, que fueron remitidos a Plaza de
Castilla por la Junta de Distrito, y para que los adjuntara a las
investigaciones previas que está llevando a cabo.
Por su parte, el consejero de Deportes explicó
que su mujer nunca ha tramitado "ninguna de las licencias del local
con ninguna empresa o despacho". Según explicó López Viejo, "todos
los trámites los ha hecho personalmente ella en la Junta de Retiro".
Es más, el consejero aseguró que el local en
cuestión, este asador argentino, todavía no dispone de la licencia
de funcionamiento, que está solicitada desde noviembre de 2006,
"firmada por su puño y letra" [en referencia a su mujer].
Teresa Gabarra no ha recibido todavía ninguna
certificación del Juzgado como que su restaurante está entre los
aludidos por los implicados, según confirmó López Viejo a M2, pero
el consejero era consciente de que el expediente de este asador
argentino está en Plaza de Castilla. "Aunque no sé responder por
qué".
Tampoco ha sido solicitada su presencia por la
Guardia Civil ni se le ha pedido que vaya a declarar, según
explicaron varias fuentes.
La mujer del consejero de Deportes es una
empresaria muy conocida en el mundo de la hostelería en la capital.
La hacienda argentina no es el único restaurante que gestiona,
también es socia de una importante cadena de tabernas.
Según explicó su marido, Gabarra adquirió el
antiguo restaurante Pelé Melé, situado en el distrito de Retiro,
porque, entre otras cosas, tenía ya todos los permisos municipales,
incluidos el de terraza, lo que facilitaba la tramitación y
explotación de estos metros.
Para crear su propio diseño, Gabarra realizó
obras de reforma y tuvo que solicitar una licencia de obras al
Consistorio, que tardó casi ocho meses en tramitársela. Ahora le
queda el último papel, el definitivo: "Mi mujer lleva un año
esperando a que le concedan la licencia de funcionamiento. Dicen que
está parada en Medio Ambiente. Se le concedió la de obras, para
realizar la reforma del local, y la de actividad, pero sigue
esperando la inspección final", zanjó el consejero.
(www.elmundo.es, 27/11/07)
3. EDUCACIÓN RECOMENDÓ A LOS COLEGIOS LAS
BANDERAS MÁS CARAS
Busque, compare y si encuentra algo mejor,
cómprelo. Este básico y antiguo eslogan publicitario debería tenerse
en cuenta e incluso enseñarse en los colegios. En las clases
madrileñas han estado a punto de pagar más por algo que vale mucho
menos.
El 12 de noviembre, una carta enviada por la
Consejería de Educación a todos los centros educativos emplazaba a
sus directores a colocar dos placas identificativas y tres banderas
(la madrileña, la española y la europea). Cuatro días después, el
16, la orden fue anulada por una segunda carta. "Hasta saber cuáles
son las necesidades de cada centro", argumentó Educación. En ningún
caso, sin embargo, dijeron que los colegios no tendrían que instalar
las placas y las banderas en el futuro. Sólo quedaba suspendido
hasta saber la magnitud de lo que se necesita, según la versión
oficial.
Los hasta 3.000 euros que costaba la broma era lo
que presupuestaban seis empresas recomendadas por la propia
consejería (tres de carteles y tres de banderas). Los colegios
debían restar este dinero del que destinan a libros, agua, luz,
fotocopias o material escolar. Un director consultado por este
periódico explicaba que su centro recibe unos 12.000 euros para
estos gastos de funcionamiento. Tendría que gastarse, por tanto, una
cuarta parte de ese dinero en placas y banderas.
En la citada carta, la consejería no hablaba de
recomendación. Decía: "las empresas son...". No había opción ni
mención a que los colegios pudiesen buscarse la vida por su cuenta.
La recomendación era "a título orientativo", dice ahora un portavoz
de la consejería. Pero nada de eso ponía en la carta. Pues bien, el
precio de esas empresas "orientativas" es el triple de lo que cuesta
con otras compañías elegidas al azar por este periódico, que
solicitó presupuestos a cuatro y obtuvo respuesta de dos. No era
ninguna de las recomendadas por Educación. Las mismas placas del
mismo material (metacrilato) valen hasta 2.000 euros si se llama a
las empresas de la consejería, mientras que se pueden obtener por
alrededor de 600 euros en dos empresas. En una, costaban 640 y en
otra, 554. Tres veces menos.
En cuanto a las banderas, la oscilación va de
alrededor de 700 euros por colocar mástiles y enseñas con una
empresa propuesta por Educación, frente a 430 euros con una empresa
alternativa. Se da la curiosa circunstancia, además, de que dos de
las seis empresas propuestas por el Gobierno regional ni siquiera
son madrileñas. Son de Granada y de Málaga. Un detalle cuanto menos
llamativo, teniendo en cuenta que en la Comunidad hay decenas de
empresas dedicadas al mismo negocio.
"Se trata de cumplir la ley", era el argumento de
Educación para realizar el gasto, que se refería al Manual de
Señalización de Centros de Enseñanza, un documento en el que se
especifican, entre otras, las medidas, los tipos de letra o los
colores a utilizar en los rótulos. La consejería ha repetido
insistentemente en los últimos días que la carta del día 12 no tiene
"ningún valor". La versión del Gobierno regional por la cual se paró
la orden de instalar carteles y banderas hasta conocer las
necesidades reales constituye un primer error.
(www.elpais.com, 30/11/07)
4. EL EJE PRADO-RECOLETOS, UNA BATALLA CON TRES
CONTENDIENTES
La reforma del Eje Prado-Recoletos se presentó
solemnemente el lunes pasado. Es la octava modificación sustancial y
elimina cuatro carriles del paseo del Prado. Desaparecen del lado
del Museo del Prado, donde sólo quedará un carril bus y una gran
zona ajardinada y peatonal. Junto al Museo Thyssen, habría cinco
carriles. Toda la circulación, pero su raquítica acera se amplía.
Tres días después, aflora la penúltima batalla de
una guerra que parecía olvidada alrededor de una arteria que
atraviesa dos de los museos más importantes de Europa. Los
contendientes son el Ayuntamiento de Madrid, responsable de la
reforma; la baronesa Carmen Thyssen, que controla el museo que lleva
su apellido y que se vuelve a oponer al proyecto, y la Comunidad de
Madrid, que tiene la última palabra en la aprobación de la reforma,
y que en la batalla anterior, en la que se jugaban los árboles del
paseo del Prado, se había alineado con las posiciones de la
baronesa. Como pacificador, apareció en escena el ministro de
Cultura, César Antonio Molina.
La baronesa, tras ganar la batalla contra la tala
de árboles, se queja de que los cinco carriles que quedan pasan
frente a su institución, mientras que el Museo del Prado sólo
soporta un carril de bus ecológico y disfruta de una explanada
peatonal.
La Comunidad se queja de que el Ayuntamiento no
aporta una solución al tráfico. Los 30.000 coches que circulan al
día por ese tramo, dicen, tendrán que buscar una ruta alternativa no
contemplada en el plan. Por eso hablan de un túnel. "Queremos
sentarnos con tranquilidad y trabajar para el mejor proyecto",
aseguró una portavoz de Transportes, que añadió que tres de las
cinco propuestas que se hicieron para el eje contemplaban un túnel.
El Ayuntamiento se comprometió a estudiar todas
las alegaciones que lleguen en seis meses. Incluidas las de la
Fundación Thyssen. Pero de lo del túnel, ni hablar.
"Es algo que ya se descartó a finales de los
noventa", señaló el vicealcalde Manuel Cobo. Además, recordó que
pasan tres líneas de metro, están las instalaciones subterráneas del
banco de España y del Ministerio del Interior, el túnel de
la risa y colectores de agua. Además, dijo, la profundidad del
túnel debería ser de 20 metros y eso obligaría a construir rampas de
salida de unos 300 metros de longitud.
(www.elpais.com, 30/11/07)
5. GALLARDÓN RECURRE EL NOMBRAMIENTO DE CORTÉS AL
FRENTE DE IFEMA
La pugna entre la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por hacerse
con el control de los órganos directivos de Ifema vivió un nuevo
episodio al anunciar el Ayuntamiento su intención de presentar un
recurso contra el nombramiento de Luis Eduardo Cortés, un hombre de
Aguirre, como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema.
El Ayuntamiento solicitará en próximas fechas la
convocatoria de una junta rectora extraordinaria de Ifema para
presentar en ella este recurso. El concejal de Economía, Miguel
Ángel Villanueva, explicó que la oposición del Ayuntamiento al
nombramiento de Cortés se basa en la "incompatibilidad ética y
legal" que el equipo municipal considera que existe entre sus
responsabilidades al frente de la filial inmobiliaria del Grupo
Sacyr-Vallehermoso y su nuevo cargo en Ifema.
Ifema y Sacyr mantienen un litigio -"de una
importante cifra de millones de euros de discrepancia", afirmó
Villanueva- por los problemas surgidos en la ampliación de los
recintos feriales, que lleva a cabo la empresa inmobiliaria.
El Grupo Municipal Socialista, por su parte,
anunció que no apoyará al alcalde en su recurso e insistió en que es
necesario evitar "espectáculos tan tristes" como la lucha que
protagonizan Aguirre y Gallardón.
La propuesta socialista es que se modifiquen los
estatutos para que la presidencia de los recintos feriales vuelva a
estar ocupada por el alcalde de la capital.
(www.elpais.com, 28/11/07)
6. LAS MUERTES POR VIOLENCIA DOMÉSTICA SE
DUPLICAN EN MADRID
Por primera vez en seis años, Andalucía, la
región más poblada de España, no encabeza la lista negra de la
violencia de género. El puesto se lo ha arrebatado Madrid, con 11
víctimas en lo que va de año -tres muertes más que en Andalucía con
dos millones de habitantes menos-. Suman 70 mujeres asesinadas en
todo el país, dos más que en 2006.
En los datos que ofrece el Gobierno figuran 10
madrileñas muertas, porque aún no ha incorporado a Lidia Mercedes
Briceño, ecuatoriana de 44 años. Su caso no estaba claro, pero la
justicia acaba de concluir que murió estrangulada por su marido, C.
P. G, español. Siete de las mujeres vivían en la capital. Cinco eran
españolas y seis extranjeras -una ecuatoriana, una nicaragüense, una
ucrania, dos dominicanas y una brasileña-. Los inmigrantes son el
14,09% de la población madrileña. Sus presuntos asesinos también son
cinco españoles y seis extranjeros, todos detenidos. Dos intentaron
suicidarse. Tres tenían orden de alejamiento.
Hay más datos preocupantes. En Madrid no sólo se
han registrado más víctimas que en otras regiones, sino que además
han muerto más del doble que en 2006. La tónica era de entre cuatro
y cinco asesinatos al año desde 2000. Con todo, no estamos ante el
peor año desde que se ofrecen datos. Fue 2000, con 17 vidas
truncadas.
¿Cuál es la razón del repunte? A la delegada
especial contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, no
le gusta hablar de totales sino de tasas: "En Madrid hay 3,23
mujeres muertas por millón de habitantes, mientras que en la
Comunidad Valenciana -segunda, con 10 víctimas-, son 4,14". Orozco
lamenta que se evalúe la eficacia de la Ley Integral, que califica
de "revolucionaria", sólo por estas cifras. En relación a Madrid,
prefiere hablar del aumento de denuncias -14.350 a 30 de
septiembre-, de las órdenes de alejamiento -2.798 concedidas-, de
los 922 condenados y de las mujeres en casas de acogida, centros de
emergencia y pisos tutelados -296-.
Sara Vicente, del Comité contra los Malos Tratos,
culpa "a administraciones, jueces, policía y sistema sanitario" de
no aplicar la legislación, sin olvidar la "responsabilidad de los
medios", que buscan excusas para culpar a las mujeres (que no
denuncian, que regresan con los agresores), y exculpar a los
asesinos (que son enfermos, estaban bebidos, drogados o habían
sufrido una infidelidad).
Miguel Lorente, uno de los mayores expertos en
violencia doméstica, señala como primera causa de esta "anormal"
subida una "menor sensibilidad social". A los madrileños les
preocupa bien poco el asunto -según el CIS, sus problemas son
inseguridad, inmigración y paro-. En segundo lugar, apunta a los
autores: el 51% son extranjeros, mientras la media nacional es del
35%. Detrás de estos números hay múltiples factores: "Los
condicionantes machistas están más arraigados en sus culturas, el
aislamiento emocional y físico de la víctima es mayor, el agresor
vive la ruptura como una doble traición porque ha hecho un gran
esfuerzo al traer a su pareja y el grado de reprobación es menor
porque viven fuera". Un cóctel que en Madrid "se potencia por ser
más grande, más impersonal y con mayor incomunicación".
(www.elpais.com, 25/11/07)
7. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS CIERRA 8 DE SUS 11
QUIRÓFANOS POR INUNDACIÓN
El hospital universitario Príncipe de Asturias de
Alcalá de Henares ha cerrado 8 de sus 11 quirófanos tras una
inundación provocada por la rotura del sistema de climatización. Las
salas permanecerán cerradas "unos 15 días", según fuentes
hospitalarias. El centro médico dispone de 600 camas. La Consejería
de Sanidad no ha facilitado el número de operaciones canceladas por
este incidente.
La avería "fortuita e imprevista" en la
climatización afectó a todas las salas de operaciones. Tres de ellas
se han aislado y están operativas para atender los casos "de
urgencia vital" que no puedan derivarse a otros centros por una
cuestión de inmediatez, como una cesárea no programada. El Príncipe
de Asturias atiende a unos 450.000 vecinos de Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz y otros municipios del este de la región incluidos
en el área sanitaria III de la Comunidad de Madrid.
La rotura se produjo el pasado 17 de noviembre y
causó una inundación en el techo del pasillo central de los
quirófanos. Ese mismo día cerraron tres salas y el lunes 19, otra.
El pasado jueves, tras una reunión de la dirección con los servicios
de medicina preventiva y mantenimiento, acordaron cerrar todo el
bloque quirúrgico -menos los tres quirófanos mencionados- "mientras
se realizan controles del aire ambiental".
Las operaciones programadas se pueden derivar a
otros centros hospitalarios por decisión del paciente. Quienes
prefieran ser atendidos en el Príncipe de Asturias entrarán por
lista de espera cuando los quirófanos retomen su actividad
ordinaria. Este centro hospitalario interviene de todas las
especialidades quirúrgicas, excepto neurocirugía y cirugía
cardiológica. El hospital aclaró que "se ha hecho un seguimiento
continuo de la calidad bacteriológica del aire y de las
instalaciones de climatización" y que "los cultivos bacteriológicos
han sido hasta la fecha negativos".
(www.elpais.com, 25/11/07)
8. TENSIONES POPULARES: AGUIRRE Y GALLARDÓN SE
PELEAN POR IFEMA
Advertencia previa: no hay guerra. No. Eso dicen
los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de la capital cada vez que Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz-Gallardón se enzarzan, de forma más o menos abierta, por un
asunto nuevo.
Esta vez es Ifema, el gran centro ferial de
Madrid, la segunda macroempresa de la región –sólo le supera el
aeropuerto de Barajas– que aporta el 1% del PIB de la Comunidad. La
poderosa tarta está controlada por el Gobierno autonómico, la
alcaldía madrileña y la Cámara de Comercio (todos ellos, con una
participación del 31,2%) y por Caja Madrid (6,4%).
Para entender la reciente disputa, hace falta
tirar de cronología. La tradición mandaba que el Consistorio
designaba al presidente de la Junta Rectora de Ifema, y la Cámara de
Comercio –tutelada por la Consejería de Economía–, al presidente
ejecutivo. Mientras que la junta perfila la estrategia global del
recinto ferial, el comité ejecutivo, semejante al consejo de
administración de una empresa, gestiona el día a día: tiene el
poder.
Hasta ahora, el jefe de la Cámara presidía Ifema.
Pero en junio la situación empezó a tambalearse. Gerardo Díaz Ferrán
dejó el liderazgo de la Cámara para asumir las riendas de la
Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE) y dejó
en su puesto a Salvador Santos Campano.
El nuevo presidente de la Cámara dijo no. Campano
no asumiría Ifema. Y propuso a Luis Eduardo Cortés, presidente no
ejecutivo de Vallehermoso y ex vicepresidente del Ejecutivo con
Ruiz-Gallardón. Cortés consumió su fidelidad al alcalde en 2004: le
dejó en el congreso regional de su partido y apostó por Aguirre.
"Incompatibilidad evidente"
La presidenta, en 2007, le devolvió el favor. "Su
segundo, Ignacio González, se reunió con Campano para forzar al
pleno de la Cámara de Comercio [formado por 60 compañías] a elegir a
Cortés. Su influencia fue decisiva. Claro que ha habido
intervencionismo", relatan fuentes municipales. En la Comunidad no
niegan que el Cortés esté "próximo" a Aguirre, pero entienden que la
decisión recae en la Cámara.
El relevo se consumó el lunes. Cortés tomó
posesión de su nuevo cargo. Y el Ayuntamiento respondió: el delegado
de Economía, Miguel Ángel Villanueva, anunció que el Consistorio
recurrirá ante los tribunales la designación por "incompatibilidad",
tal y como había amenazado el alcalde. Porque en medio se cruza la
razón oficial: Vallehermoso es la filial inmobiliaria del grupo
Sacyr Vallehermoso (SyV), con quien el Ayuntamiento mantiene un
litigio. La constructora se adjudicó en febrero de 2005 las obras de
ampliación de Ifema por 56 millones de euros y ahora, cuando están a
punto de finalizar las obras, reclama 20 millones más. La
negociación con SyV al borde de la quiebra, advierten en el
Ayuntamiento. "Sí, está muy mal. El anterior comité ejecutivo acordó
que si no hay arreglo, iremos a los tribunales. Y eso puede pasar".
La Cámara de Comercio, con quien Público contactó
, evita pronunciarse. Como Ifema. Como SyV, que no obstante avisa de
que Cortés "no tiene funciones ejecutivas" en Vallehermoso. En eso
insiste la Comunidad. "Es un argumento muy endeble. No toleraremos
que Cortés sea juez y parte. Ésa es la clave, más que la lectura
política, legítima y no desajustada", defiende el Ayuntamiento.
Guerra no habrá, pero la hostilidad Aguirre-Gallardón es manifiesta.
(www.publico.es, 28/11/07)
9. TENSIONES POPULARES: LOS OTROS SONADOS
ENCONTRONAZOS DE LOS DOS LÍDERES
1. El control del metro
Los partidarios de Aguirre y de Gallardón
hablaron en abril de 2004 de "guerra total" en público. La
presidenta intentó conseguir la mayoría absoluta en el Consorcio
Regional de Transportes. Fracasó. Pero a cambio logró que buena
parte de las competencias ejecutivas de la empresa pública pasasen a
una persona de su confianza. Gallardón había amenazado con sacar a
Metro y los autobuses del Consorcio.
2. Contienda por el partido
2004 también se cerró con una tirantez nunca
disimulada. Gallardón intentó que su fiel Manuel Cobo presidiese el
PP de Madrid. En cuanto vio que el partido cerraba filas con
Aguirre, retiró la candidatura del vicealcalde. Esperanza ganó.
3. Las disputadas listas
Después del 27-M, Gallardón hizo pública su
disposición a acompañar a Rajoy. Aguirre (y la plana mayor del PP)
lo tomó mal. Desde entonces, los cuchillos han ido y venido entre
ambos.
4. El Dos de Mayo, la Cañada Real y el eje
Prado-Recoletos
Aguirre se enceló cuando vio que Zapatero daba al
alcalde la presidencia de la subcomisión del Dos de Mayo e impulsó
una fundación en la que Gallardón no quiso estar. En el conflicto de
la Cañada Real, ambos se han tirado las culpas. Y en la reforma del
paseo del Prado también discrepan. La presidenta apoya a la baronesa
Carmen Thyssen.
(www.publico.es, 28/11/07)
10. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EMPRESARIO CONTÓ
EN MAYO AL EDIL DE CENTRO EL PAGO DE SOBORNOS
El propietario de un bar de copas denunció el
pasado mes de mayo ante el concejal del distrito de Centro, Luis
Asúa, que uno de los detenidos e imputados en la trama de corrupción
que acecha a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid
le exigía y cobraba dinero por hacer gestiones ante la Junta de
Centro y el Área de Medio Ambiente.
El empresario se reunió el día 16 de mayo con
Asúa, la jefa de Disciplina Urbanística de Centro, Inés Sánchez, y
un responsable policial al que no puede identificar. Allí dio el
nombre y teléfono móvil de Julián Rubén López Martínez como la
persona que le había cobrado 1.500 euros para solucionar unos
trámites ante la Junta de Centro por unos problemas que tenía con la
legalización de un aparato de aire acondicionado. Además, señaló a
López Martínez como la persona que hacía siete años le había
solicitado 150.000 euros para permitirle extender el horario de
apertura de su local de tres a seis de la madrugada.
Julián Rubén López Martínez es uno de los 17
detenidos en la Operación Guateque. Actualmente se encuentra
en libertad, aunque imputado. Es apoderado de la empresa Agustino
Proyectos e Instalaciones, cuyo dueño, Eduardo Agustino Carrasco, en
libertad con cargos, es a su vez propietario de una de las
principales empresas implicadas en la trama, AC93.
"Les di el teléfono y conté muchas cosas. Pero
nunca me dijeron nada, ni supe si habían abierto alguna
investigación o si ésta había llegado a algún resultado", afirma el
empresario.El Ayuntamiento de Madrid ha declinado ofrecer su versión
sobre la reunión.
El encuentro se gestó en un mensaje electrónico
que el empresario envió a Luis Asúa el 8 de mayo. En el escrito, el
dueño del bar empieza defendiéndose de las malas referencias que el
concejal habría recibido sobre él y su actividad frente al local,
que habían concluido con una orden de cese de actividad.
A continuación, el dueño del bar denuncia una
serie de irregularidades entre el personal de la Junta de Centro:
"Unos técnicos [municipales] me cobraron a través de un señor [el
imputado Julián Rubén López Martínez] 1.500 euros después de una
inspección"; "otro técnico de su junta que me revisó unas cosas que
las tenía irregular [sic] y también me quería cobrar por
hacerme el proyecto y regularizarlo; yo no lo hice y al tiempo me
vino el cese"; "ha habido policías que nos querían cobrar a mí y a
otro bar por no levantarnos actas"; "y así muchas cosas de su gente
que no son peritas en dulce".
La carta termina: "Y le podría contar muchas
cosas que ocurren y no pasa nada, pero aunque usted no lo crea, yo
tengo la conciencia tranquila, lo que pasa que no me gusta que me
chantajeen. Estoy a su disposición para lo que desee y si quiere
darme cita para que hablemos en persona estaría encantado". Luis
Asúa tardó sólo cinco horas en contestarle: "He leído tu mail.
El miércoles 16 a las 11.30 me viene muy bien", se puede leer en la
respuesta de correo electrónico.
En la reunión, el empresario expuso sus quejas y
recordó que el mismo López Martínez le había exigido 150.000 euros
para ampliar el horario de su bar. "Empezó pidiéndome dos millones
de pesetas, uno para Medio Ambiente y otro para la Junta de Centro.
Luego subió a cinco, más tarde a 10 y al final a 25. Yo le pregunté
que cuánto tiempo tardaría en darme la licencia y llamó a su
contacto en la Junta de Centro, que le dijo que tres meses. Al final
dije que no porque era demasiado dinero", asegura el empresario.
"Este señor es uno de los que cobraba a los
empresarios para agilizar la concesión de licencias o arreglar
cosas. Presumía de sus contactos en el Ayuntamiento. Decía que podía
conseguir cualquier cosa. Siempre había que dar una parte para los
funcionarios del Área de Medio Ambiente y otra para la Junta de
Centro", explica este empresario, que pide permanecer en el
anonimato.
El empresario informó sobre esta reunión el
viernes 16, dos días después de que estallara la Operación Guateque
y cuatro antes de que el lunes 19 fueran hechos públicos los nombres
de los imputados. Julián Rubén López Martínez se encontraba entre
ellos.
El empresario admite que los técnicos de la Junta
de Centro le habían informado anteriormente de que su local "está en
una calle en la que se supone que no puede haber locales abiertos
hasta las seis". "Pero así han sido siempre las cosas en Centro.
Nada se puede hacer o se puede hacer todo. Sólo hace falta tener el
contacto y soltar el dinero". Este caso es muy parecido a los
primeros detalles que se van conociendo de la investigación, que
sigue bajo secreto de sumario. Se trata de empresarios que se topan
con la barrera infranqueable de las ordenanzas cuando hablan con los
técnicos y funcionarios, pero a los que poco después se les ofrecen
empresas auxiliares que presumen de sus relaciones privilegiadas con
algunos funcionarios.
"Los técnicos casi siempre dicen que no o son muy
rigurosos en las inspecciones. Al final, cuando ya estás a punto de
desistir, aparece una persona que se ofrece a arreglarlo todo.
Pagando, claro", concluye el empresario.
(www.elpais.com, 24/11/07)
11. AYUNTAMIENTO DE MADRID: SÓLO SIETE
INSPECTORES CONTROLAN A LOS 26.000 FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Siete funcionarios para controlar a 26.000. No
existe nada parecido a un sistema de inspección permanente o
auditorías internas periódicas en el Ayuntamiento de Madrid, el más
grande de España (como tampoco existe en otras grandes ciudades).
Sólo siete personas integran la Inspección de Servicios y se
encargan de controlar que sus 26.000 compañeros de plantilla hagan
un trabajo ágil, eficaz y, sobre todo, limpio. En Madrid se ha
destapado este mes la mayor red de corrupción municipal de su
historia. No ha salpicado, por el momento, a ningún responsable
político, pero los funcionarios corruptos lo han tenido fácil para
delinquir durante años: nadie los estaba vigilando.
Ni siquiera los siete miembros del departamento
de Inspección de Servicios tienen esa función preventiva. Su
cometido se limita a investigar y resolver las denuncias que cada
año llegan sobre cinco supuestos: falta continuada al puesto de
trabajo, incompatibilidades, acusaciones por acoso laboral o sexual,
contratos que la oposición considera adjudicados de forma irregular
y denuncias de particulares sobre actitudes supuestamente ilícitas
de funcionarios.
El año pasado, estos siete inspectores tramitaron
344 expedientes: 261 por faltas leves y 83 por otras graves o muy
graves. La "inmensa mayoría" de las denuncias fue archivada, el
resto dio lugar a sanción administrativa. Ninguna llegó a los
tribunales, porque no se hallaron indicios de delito, según fuentes
municipales. "Las denuncias de particulares son pocas, y muchas son
anónimas o sin pruebas", alegan desde el Consistorio.
Lo que no existe es un control de calidad
permanente, un cuerpo de inspectores que haga auditorías -de oficio,
sin necesidad de denuncia previa- cada cierto tiempo; o un mecanismo
informático que haga saltar la alarma cuando un expediente, por
ejemplo de concesión de una licencia, se eterniza en algún despacho.
Si nadie denuncia, no hay control.
Los trabajadores municipales -al menos 16-
imputados en la Operación Guateque están acusados de cobrar
comisiones de miles de euros a empresarios de la capital a cambio de
agilizar las licencias de apertura de sus locales o de retrasar
expedientes de sanción abiertos contra ellos. Tres de los
funcionarios implicados están ya en prisión.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha
subrayado estos días que ningún concejal o cargo político de su
gobierno está implicado en la trama, y concluye por ello que no
existe "responsabilidad política". De la otra responsabilidad
política, la de poner los medios para intentar prevenir el delito,
no ha hablado.
"Es cierto que no hay un sistema de inspección
permanente, pero no sólo en el Ayuntamiento de Madrid: tampoco en la
mayoría, por no decir en ninguno, de los ayuntamientos y comunidades
autónomas. Organismos estatales como la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social sí tienen implantados esos mecanismos, pero las
administraciones locales aún deben modernizarse mucho", argumenta
Juan Bravo, concejal de Hacienda y Administración Pública.El
concejal Juan Bravo subraya que el Ayuntamiento sí ha tomado en los
últimos cuatro años medidas para desenmarañar los
procedimientos administrativos, agilizar la concesión de licencias e
imponer racionalidad en los trámites, y que eso, indirectamente,
debería repercutir en la lucha contra la corrupción. "Si todos los
trámites administrativos van más rápido, es más difícil que un
funcionario chantajee a un empresario por agilizarlos", explica
Bravo.
Cuando el equipo de Ruiz-Gallardón llegó al
gobierno municipal, en junio de 2003, se trajo consigo un pequeño
ejército de cargos de confianza, que colocó al frente de
departamentos y áreas clave del Ayuntamiento. Aquello, que algunos
llamaron "el desembarco de los 100" -en realidad eran casi 150 los
cargos de nueva creación, aunque algunos atendían a los distintos
grupos municipales- dio lugar a una de las polémicas más sonadas del
inicio del mandato: PSOE e IU acusaron al PP de despreciar el
trabajo de los funcionarios municipales, de apartar o ningunear a
trabajadores que llevaban allí toda la vida para poner en su lugar a
personas de confianza del alcalde.
"Si aquello generó rechazo y fue utilizado por la
oposición para atacar al gobierno municipal, ¿qué habría pasado si
hubiéramos llevado a cabo una reforma radical de la organización y
los procedimientos administrativos del Ayuntamiento? Quizá habríamos
sido acusados de caza de brujas o algo así. Y en ningún
momento quisimos eso: la inmensa mayoría de los funcionarios son
honestos y profesionales", se defiende un alto cargo del equipo de
Ruiz-Gallardón.
Así que, por falta de voluntad o por miedo a la
bronca sindical y política, el alcalde no hizo nada en su primer
mandato para instaurar mecanismos de control que penetraran en las
vísceras del Ayuntamiento y detectasen posibles casos de corrupción.
Al final ha sido la denuncia de un particular y la acción decidida
de un juez lo que ha dado lugar a la mayor operación contra la
corrupción desarrollada en la capital de España.
Son ya 37 las personas investigadas, entre
funcionarios, empresarios e intermediarios de la trama delictiva.
Hay al menos 16 trabajadores municipales imputados, y en las
conversaciones pinchadas se les oye festejar abiertamente las
mordidas cobradas a decenas de locales.
De la magnitud de la operación da idea la
comparación con lo sucedido en años anteriores: en el último cuarto
de siglo, desde 1984, el Ayuntamiento abrió 30 expedientes a
funcionarios por sospechas de corrupción. Tres fueron condenados por
los jueces, otros tres están a la espera de sentencia y 12
recibieron sanciones disciplinarias. El resto de los casos fue
archivado.
(www.elpais.com, 25/11/07)
12. AYUNTAMIENTO DE MADRID:
GALLARDÓN CONOCE
DESDE 2005 LOS 'PUNTOS NEGROS' DE LAS LICENCIAS
El Ayuntamiento de Madrid dispone desde hace años
de aplicaciones informáticas que le permiten controlar al detalle
qué funcionarios tramitan las licencias, cuánto tiempo tardan, en
qué juntas de distrito los retrasos son más largos y cualquier otro
detalle que los responsables municipales quieran averiguar sobre el
sistema de gestión de las licencias que otorgan.
Estas aplicaciones vienen desarrollándose en la
administración municipal desde hace muchos años, en algunos casos
desde 1991, pero es tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la
alcaldía, en 2003, cuando se desarrollan las versiones más modernas
y que van entrando en funcionamiento a partir de 2005.
La información que ofrecen estas aplicaciones,
por ejemplo, demuestra que algunos distritos tardan el triple que
otros en tramitar una licencia. Chamberí, en un extremo, tardaba el
pasado mes de junio 449 días en tramitar licencias bajo el sistema
"ordinario común", mientras Vicálvaro sólo 157. Otro dato de interés
es que mientras Centro y Chamberí tenían el pasado mes de marzo
apenas el 36% y el 38% de los expedientes que tramitan terminados,
en la mayoría de los distritos -Moratalaz, Arganzuela, Hortaleza o
Barajas, por citar algunos- ese porcentaje alcanzaba el 60%, el 70%
o, incluso, el 80%.
Una de estas aplicaciones cuenta incluso con un
mecanismo de alerta, llamado "semáforo", que supuestamente avisa,
entre otros detalles, de cuando un procedimiento o trámite se
prolonga más allá de lo razonable, según desveló un trabajador
municipal.
Los resultados de estas aplicaciones, en resumen,
ofrecen una clara visión de la situación de las licencias en todo
Madrid y señalan los puntos negros -cuellos de botella, en el
argot administrativo municipal- donde el sistema es más ineficaz y
tarda más en resolver sus expedientes. Y estos distritos son Centro
y Chamberí, precisamente en los que ha estallado la Operación
Guateque, en la que hay siete funcionarios acusados de
cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y en los que
trabajaban parte de los imputados.
La posición mantenida por los responsables del
Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, desde el estallido del
caso, ha sido reducirlo a una trama formada por funcionarios
corruptos a los que desde los cargos políticos era imposible
detectar. ¿Tenían noticia los responsables políticos de esta
información, contenida en su propio sistema informático? ¿Les hizo
sospechar de algo? ¿Tomaron alguna medida?
Las dos concejales protagonistas del pleno
extraordinario celebrado sobre la Operación Guateque, Pilar
Martínez, de Urbanismo, y Ana Botella, de Medio Ambiente, no dieron
ninguna pista que permita responder a estas preguntas. Se
mantuvieron fieles al guión. Si la trama de corrupción "era un
secreto a voces, todos estábamos sordos", llegó a decir Martínez.
Se trató de averiguar hasta qué punto se sabía en
el Ayuntamiento que los problemas de licencias se concentraban en
unos pocos puntos de la administración municipal, aquéllos en los
que ha estallado la corrupción. Y se topó con la sorpresa de que dos
concejalías se pasaban la pelota, ninguna de ellas queriéndose hacer
responsable de unos datos ofrecidos por fuentes del propio
Ayuntamiento.
Pilar Martínez negó que en Urbanismo tuvieran
noticia de los retrasos acumulados en Centro y Chamberí. "No está
entre nuestras competencias ni tenemos los mecanismos de control
para saber qué hacen las juntas de distrito", insistió Martínez.
"Cualquier dato sobre los tiempos de concesión de licencias en los
distritos es responsabilidad de las propias juntas de distrito y, en
segundo lugar, de Coordinación Territorial. Nosotros no los
tenemos", repitió Martínez.
Un responsable de la Concejalía de Coordinación
Territorial explicó al detalle uno de los sistemas informáticos
(Sigsa) y la gran cantidad de información que de él se puede
obtener. Pero sobre los datos que se quería contrastar, Coordinación
Territorial le devolvió la pelota a Urbanismo. "Estos datos salen
del sistema aplicado por Urbanismo en los últimos años. Nuestro
sistema no los presenta de esta manera", aseguró este responsable.
Ningún portavoz del Ayuntamiento logró casar estas dos versiones
enfrentadas.
La propia Martínez confirmó que en 2003, tras
llegar a la concejalía, adoptó varias medidas para modernizar la
gestión de su departamento y la concesión de las licencias en
Urbanismo. Una de estas medidas fue sacar un concurso, ganado por
una consultora, para diseñar y aplicar un nuevo sistema de gestión
de las licencias de Urbanismo los criterios de calidad certificados
internacionalmente.
Pero este sistema, según Urbanismo, se limitaba
al trámite de sus propias licencias y no a las de las juntas de
distrito, sobre las que dijo desconocer cualquier detalle. La
versión de Coordinación territorial, en cambio, es que es el nuevo
sistema de gestión aplicado por Urbanismo el que ofrecía los datos
segmentados por distritos y el que pone de manifiesto las grandes
diferencias entre ellos.
El problema de los puntos negros, según
responsables municipales, se vio agravado por la política de
personal. "Si en una junta se tramitaban 1.000 licencias y en la
otra 5.000, por ejemplo, el número de funcionarios no era
proporcional. Desde el Ayuntamiento no se evitó que unos pocos
funcionarios acabaran tramitando muchas licencias, facilitando el
hecho de que se acumularan retrasos que facilitaban que surgiesen
prácticas ilícitas", admitió un responsable. Otro factor que ha
contribuido a enquistar el problema ha sido la "falta de rotación de
los funcionarios, una política sencilla y que evita que alguien
acabe conociendo tanto el sistema que surjan complicidades
indeseadas".
13. AYUNTAMIENTO DE MADRID:
