1. PROBLEMAS CON LAS LISTAS DE CANDIDATOS EN
MADRID: RAJOY IMPONE UN SISTEMA PARA LAS LISTAS QUE IMPIDE LA PELEA
2. ESPERANZA AGUIRRE DICE AHORA QUE LOS ATAQUES
AL REY SON "ATAQUES A ESPAÑA"
3. MÁS DE VEINTE MIL PERSONAS DE LA REGIÓN SIGUEN
SIN PERCIBIR LAS AYUDAS POR LA LEY DE DEPENDENCIA
4. LA PAZ INGRESA A DECENAS DE ENFERMOS EN LOS
PASILLOS POR FALTA DE ESPACIO
5. "ESTOY EN EL PASILLO; EL RUIDO NO CESA"
6. AGUIRRE DESCARTA HACER INSPECCIONES EXTRAS EN
LOS COLEGIOS DE LA REGIÓN
7. AHORA, LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES NIEGA EL
PLAN DE CARRETERAS 2007-2011, APROBADO EN NOVIEMBRE
8. OPERACIÓN GUATEQUE: INSÓLITO: EL JUEZ TORRES,
QUE INVESTIGA LA OPERACIÓN GUATEQUE COME CON RUIZ-GALLARDÓN Y MANUEL
COBO
9. OPERACIÓN GUATEQUE: UN ARREPENTIDO DESATA UNA
NUEVA OLEADA DE DETENCIONES
10. OPERACIÓN GUATEQUE: LA TRAMA DE SOBORNOS DE
MADRID IMPLICA A DECENAS DE TÉCNICOS
11. OPERACIÓN GUATEQUE: "OFRECÍ CUATRO O CINCO
'KILOS' POR LA LICENCIA DEL RÚBER", DECLARA UN INTERMEDIARIO PRESO
12. OPERACIÓN GUATEQUE: UN TENDERO AL QUE
EXIGIERON 72.000 EUROS DESTAPÓ LA 'TRAMA DE LOS CONSEGUIDORES'
13. OPERACIÓN GUATEQUE: "HEMOS MOVIDO HASTA A
ESPERANZA AGUIRRE Y ENTONCES SE HAN MOVIDO AHÍ LOS CABLES..."
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL DIRECTOR DE
SEGURIDAD, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO DICE QUE MORA
HA ACTUADO "CORRECTAMENTE"
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA LICENCIA BAJO
SOSPECHA
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA FUNERARIA, VISTA
PARA SENTENCIA
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID:¿42 MILLONES DE
'PELOTAZO'?
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA ZARZUELA INFANTIL
EN UN TEATRO MUNICIPAL CITA A RAJOY Y GALLARDÓN
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA PRIVATIZACIÓN DE
LA CABALGATA DE REYES ACABA CON VEINTE AÑOS DE COLABORACIÓN VECINAL
EN HORTALEZA
21. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: ALBAÑIL
MUNICIPAL DE RESERVA... Y POR SORTEO
22. AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA: EL ALCALDE DEL
PP, ES CONSTRUCTOR, Y TIENE ENTRE MANOS UN "PROYECTO MUY AMBICIOSO"
1. PROBLEMAS CON LAS LISTAS DE CANDIDATOS
EN MADRID: RAJOY IMPONE UN SISTEMA PARA LAS LISTAS QUE IMPIDE LA
PELEA
El empeño de Mariano Rajoy por mostrar su
absoluta autoridad a la hora de hacer las listas electorales le ha
llevado incluso a descuidar las formas. En una demostración del
funcionamiento absolutamente presidencialista del PP, todos los
dirigentes regionales, provinciales y presidentes de comités
electorales, con los que nadie se había puesto en contacto hasta
ahora para explicarles qué va a pasar con las listas, recibieron un
fax con tono administrativo que deja las cosas claras.
El documento señala: "El próximo jueves día 17 de
enero se reunirá el Comité Electoral Nacional para proceder a la
aprobación de los candidatos nº 1 de cada circunscripción al
Congreso de los Diputados, todo ello conforme a los previsto en los
Estatutos. A tal efecto, es necesario que los comités electorales
correspondientes se reúnan el miércoles 16 de enero, para elevar al
Comité Electoral Nacional, única y exclusivamente, como se solicita,
la propuesta de candidato nº 1 al Congreso por la provincia
correspondiente. No se deben dar a conocer las propuestas hasta que
se hayan aprobado definitivamente por el Comité Electoral Nacional.
Las propuestas de candidato nº 1, junto con su currículum vitae,
deberán obrar en la secretaría de Organización del partido antes de
las 20.00 horas del miércoles 16 de enero. Sin otro particular,
recibe un cordial saludo".
Hasta el momento, en una demostración de
autoritarismo que empieza a ser criticada cada vez con más fuerza,
aunque siempre en privado, por diputados y dirigentes del PP, ésta
es la única información sobre listas que han recibido los dirigentes
regionales.
La comunicación tiene además una inmediata
interpretación interna. Con esta orden tajante, Rajoy impide
cualquier conflicto con el PP de Madrid, ya que al obligar a enviar
sólo los números uno (en el caso de la capital es él, lo cual hace
aún más absurda la comunicación) impide que el partido que controla
Esperanza Aguirre mande, como había amenazado, una lista sin el
alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
El principal conflicto del PP se produce en torno
a la lista por Madrid. Gallardón ha reiterado su voluntad de estar
ahí y ayudar así a la victoria de Rajoy, algo que sus enemigos
interpretan como un deseo de llegar al Congreso para poder, en caso
de que el PP pierda, aspirar a la sucesión del líder. Aguirre, su
principal rival y presidenta del PP de Madrid, ha dejado claro que
no quiere que el alcalde vaya en esa lista. Madrid podría aún
realizar el pulso en la segunda ronda. El día 27, los comités
provinciales propondrán al comité nacional el resto de sus listas.
Pero para entonces ya puede ser tarde. El martes, en la Cope, Rajoy
anunció que el día 17 se decidirán los cabezas de lista "y alguna
cosa más". Todos en el PP interpretaron que se refería a Gallardón y
otras claves de la lista de Madrid, como el número dos. El líder
podría así incorporar el 17 al alcalde sin más conflicto con Madrid
y evitar el pulso.
El hecho de que el texto obligue a reunirse en un
día concreto, sin opciones de fechas, es otra muestra de
autoritarismo.
(www.elpais.com, 11/01/08)
2. ESPERANZA AGUIRRE DICE AHORA QUE LOS ATAQUES
AL REY SON "ATAQUES A ESPAÑA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha pasado de sugerir al monarca que diera un
"trato humano" a Jiménez Losantos –a pesar de los continuos ataques
del locutor de la cadena de los obispos hacia la Corona- a advertir
de que "quienes atacan al Rey lo hacen porque atacan a España". Toda
una prueba de coherencia y firmes convicciones por parte de una de
las aspirantes a suceder a Mariano Rajoy en el liderazgo del Partido
Popular.
Hace algo más de dos meses, Esperanza Aguirre
sugirió al monarca que diese un "trato humano" y no "discrimine" al
polémico locutor de la cadena de los obispos, Federico Jiménez
Losantos, que lleva dos años pidiendo que el Rey, Juan Carlos I,
abdique su poder en su hijo el príncipe Felipe. A pesar de que en su
día defendió a una de las personas públicas que más críticas ha
lanzado en los últimos meses hacia la Monarquía española, cuando se
cumple el 70 aniversario del Rey don Juan Carlos, Aguirre deja atrás
impertinencias del pasado y muestra al Rey su apoyo, advirtiendo de
que "quienes atacan al Rey lo hacen porque atacan a España".
Esperanza Aguirre ha destacado en su felicitación
al Rey, según recoge Libertad Digital, la "extraordinaria
inteligencia y actividad" del monarca español y ha señalado que los
32 años de su reinado constituyen "el periodo de mayor prosperidad,
bienestar y ejercicio de los derechos humanos y libertades de toda
la historia de España". No deja de resultar curioso que la
presidenta de la Comunidad de Madrid decida ahora alabar la labor
del monarca y defenderle ante los posibles ataques cuando hace algo
más de dos meses defendía a una de las personas que más críticas han
vertido contra él.
A don Juan Carlos no le sentó bien, la sugerencia
que le hizo el pasado mes de octubre la presidenta de la Comunidad
de Madrid y le contestó con rotundidad: "Le he dicho a Rouco que
recen menos por mí y se ocupen más de la COPE". Hace unos días, y
posiblemente para evitar que el monarca siguiese –en el caso de que
lo estuviese- molesto con ella, Aguirre alabó la labor de Juan
Carlos I, le felicitó, a título personal y como presidenta
autonómica en nombre de todos los madrileños y agradeció "el trabajo
que ha dedicado a España y a los españoles.
(www.elplural.com 06.01.08)
3. MÁS DE VEINTE MIL PERSONAS DE LA REGIÓN SIGUEN
SIN PERCIBIR LAS AYUDAS POR LA LEY DE DEPENDENCIA
La portavoz socialista de Asuntos Sociales en la
Asamblea, la diputada Pilar Sánchez Acera, denunció que el Gobierno
de Esperanza Aguirre continúa paralizando las ayudas destinadas a
las familias con los casos más graves de dependencia de la región,
los ‘grandes dependientes’.
En concreto, más de 10.000 grandes dependientes evaluados por la
administración regional y que deberían estar percibiendo desde hace
un año las ayudas previstas, siguen sin recibirlas a pesar de que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene listo el dinero que
les corresponde. A estas personas hay que sumar al menos otras
14.000 que aún no han sido evaluadas por el Gobierno de Aguirre para
recibir las ayudas.
La diputada socialista advierte que la aplicación de la Ley de
Dependencia "es un derecho de los ciudadanos que debe estar al
margen de la competición política propia del proceso electoral", por
lo que exige al Gobierno de Aguirre que "no se invente excusas para
no cumplir con la ley y tome las medidas necesarias para impulsar la
aplicación de la ley, que en Madrid ya lleva un retraso de un año
debido al boicot de Aguirre al Gobierno socialista de España".
Casi 10.300 familias valoradas por la Comunidad como ‘grandes
dependientes’ (el máximo nivel de dependencia establecido por la
ley) continúan sin percibir las ayudas a las que tienen derecho, a
las que hay que sumar las más de 14.000 familias que entran en esta
categoría y continúan sin estar evaluadas, y las 36.000 familias de
dependientes severos que deberían empezar a recibir las ayudas desde
el pasado 1 de enero.
En este sentido, la diputada recuerda que a
finales de 2007, "sólo había 700 grandes dependientes valorados por
la Comunidad de Madrid en el censo del Ministerio", por lo que "el
trámite para la recepción del dinero se está retrasando en Madrid en
comparación con otras comunidades autónomas".
Pilar Sánchez Acera explica que el argumento esgrimido por el
Gobierno de Aguirre para justificar la mala aplicación de la Ley de
Dependencia en la región –la presunta falta de aportación de
recursos por parte del Gobierno central- "es falso, ya que el dinero
está listo esperando ser enviado a los beneficiarios". "El problema
ha sido y sigue siendo la falta de entusiasmo de Aguirre en aplicar
una ley de Zapatero que beneficiará a miles de madrileños", acusa la
diputada, que recuerda que hasta finales del año pasado, en
noviembre de 2007, la Comunidad de Madrid no firmó el convenio con
el Estado para recibir la aportación estatal.
Además, continúa Sánchez Acera, el Gobierno regional tampoco ha
reunido a los agentes sociales para decidir la forma de la
distribución del dinero, y lo que es más importante, "tampoco ha
creado el decreto, como han hecho otras regiones, en el que se
establece cómo, cuanto y a quién se destinan las ayudas económicas",
especialmente aquellas destinadas a la contratación de profesionales
externos y cuidadores de los dependientes. Por todo ello, exige
"menos hipocresía y excusas falsas" y la aplicación inmediata de la
Ley de Dependencia en Madrid a un ritmo mucho mayor, "para recuperar
el tiempo perdido y para que la región se enganche al proceso de
aplicación establecido y por el que ya miles de dependientes en toda
España gozan de este derecho".
(www.madriddigital.info, 10/01/08)
4. LA PAZ INGRESA A DECENAS DE ENFERMOS EN LOS
PASILLOS POR FALTA DE ESPACIO
No caben más. En las urgencias del hospital de La
Paz no queda espacio. Una treintena de enfermos reposaban en camas
repartidas por los pasillos. Uno terminó en el cuarto de la
fotocopiadora, según denuncia Comisiones Obreras. La planta de
urgencias generales, con capacidad para 72 enfermos, según datos del
sindicato, tenía a mediodía a 110 personas repartidas por todos los
rincones.
Las puertas chocan con las camas, no queda sitio
para pasar entre un enfermo y otro, según denunció una trabajadora.
"Somos 13 enfermeras por turno y se aprovechan de que la mayoría no
tenemos contrato fijo y no nos podemos quejar por miedo a las
represalias", añadió. "Para mover a un paciente tienes que molestar
a cuatro", se queja Manuela Hernán, de CC OO.
La dirección del hospital culpa de la situación
al invierno. por la tarde remitió un comunicado en el que asegura
que el aumento de pacientes se debe a la incidencia de la gripe, la
edad de los pacientes y el número de enfermos crónicos a los que se
agudizan sus patologías de corazón y respiratorias "en época
invernal". Lo define como una "situación puntual" y asegura que ha
tomado "todas las medidas necesarias". No accedieron a responder a
preguntas de este periódico. Ni una palabra sobre las camas
alineadas en los pasillos que aparecen en las imágenes recogidas
Las fotografías muestran una instantánea similar
a la que pudo comprobar EL PAÍS entre el 20 y el 21 de diciembre. En
un recorrido por cinco grandes hospitales de Madrid -La Paz, Ramón y
Cajal, Clínico, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Puerta de Hierro-
un equipo de redactores constató que los pasillos albergan de forma
habitual filas de camas que los convierten en una habitación más.
(www.elpais.com, 04/01/08)
5. "ESTOY EN EL PASILLO; EL RUIDO NO CESA"
El pasado 4 de enero, este diario publicó una
información sobre el colapso que sufría el servicio de urgencias del
hospital público La Paz. La noticia estaba ilustrada con una
fotografía de uno de los pasillos del servicio, donde podía verse a
varios pacientes ingresados en un pasillo de baldosas blancas. Los
trabajadores habían colgado carteles con números para identificar a
los pacientes. Uno de ellos, tras ver la información, ha enviado a
este periódico el relato de su experiencia. Éste es su resumen:
"En el diario EL PAÍS una fotografía muestra un
pasillo de La Paz con una hilera de enfermos en sus camas; en cada
cama cuelga una bolsa naranja con la ropa del enfermo. En una de
ellas estuve yo ".
"Durante todo el tiempo, el trasiego y el ruido
de personal sanitario, camas, sillas de ruedas, aparatos, visitas...
es incesante. En ocasiones, se producen atascos y el personal tiene
que negociar quién pasa primero".
Es el testimonio de un hombre de unos 50 años que
el 4 de enero permaneció 12 horas en las urgencias del hospital La
Paz y que pide anonimato. Sólo pasó dos de ellas encamado en el
pasillo, por lo que se considera afortunado. "Dentro de todo yo he
tenido suerte. La mayor parte del tiempo la he pasado en la cama, en
el box, mientras otros enfermos abarrotaban pasillos o sillas. Mi
tiempo en el pasillo fue el último de mi estancia, cuando mejor
podía soportar los inconvenientes físicos. No era el caso de otros
enfermos".
Este paciente se queja de la falta de una mínima
comodidad o bienestar. "La sensación de invasión de la intimidad o
incluso humillación depende de cada cual, pero están en el aire y se
muestran en las caras de los enfermos y los visitantes".
"El cabecero de mi cama está pegado a una de las
dos hojas de una puerta basculante; al otro lado, un cartel avisa de
que hay una cama detrás. A pesar del interés del personal por
evitarlo, de vez en cuando una cama viajera golpea la mía. El
letrero de la puerta no tiene éxito y, periódicamente, sufro un
violento desplazamiento de mi cama".
"A las cinco de la tarde comienza a dolerme la
cabeza. Descubro que la razón es que estoy tumbado boca arriba y que
sobre mí, ligeramente a mi derecha, están los fluorescentes a los
que, inevitablemente, dirijo la vista desde el principio. Desde
ahora, evito los fluorescentes".
"En los boxes, el personal sanitario está
constantemente en el entorno. Cualquier necesidad es resuelta de
forma prácticamente inmediata. En el pasillo el personal sanitario
sólo aparece de vez en cuando".
"Me dan el alta. Tras los últimos medicamentos,
toca levantarse. En calzoncillos y con un camisón que no cubre, toca
sacar la ropa de la bolsa. Ligeramente aturdido tras 12 horas y mil
drogas, hay que vestirse. El tráfico no cesa".
(www.elpais.com, 10/01/08)
6. AGUIRRE DESCARTA HACER INSPECCIONES EXTRAS EN
LOS COLEGIOS DE LA REGIÓN
No habrá inspecciones en los colegios "porque ya
las está habiendo". Así lo asegura la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. "Nosotros inspeccionamos lo que pertenece
a la Comunidad. Pero también la Gerencia de Urbanismo [del
Ayuntamiento de Madrid] tiene sus responsabilidades", señaló tras
inaugurar una guardería y un centro cultural en Arroyomolinos. En
las últimas semanas se ha producido el derrumbe parcial del colegio
Sagrado Corazón (en Chamartín, el pasado 25 de diciembre) y el
Gobierno regional ha anunciado que demolerá la escuela infantil
pública Valle del Oro (Carabanchel) porque según los técnicos su
estructura tiene "un riesgo cierto de colapso estructural", según la
Consejería de Educación.
Por la tarde, los padres y educadores de la
escuela Valle del Oro, cuya demolición está previsto que comience
mañana, acudieron a una reunión en la escuela infantil que atenderá
a sus hijos, Cinco Lobitos. Los padres habían sido convocados uno
por uno telefónicamente por el Gobierno regional, pero no apareció
ningún representante del Ejecutivo, según se quejaban varios
asistentes. "Me parece alucinante que no haya venido nadie de la
Consejería de Educación", protestaba un padre que pidió anonimato.
La mayoría de los progenitores de los 60 alumnos afectados
estuvieron allí. Se reunieron con la directora, a la que expusieron
su disconformidad con el traslado. "No queremos ir a un colegio que
está a siete kilómetros, a 45 minutos en autobús o a seis paradas
con un transbordo en metro", se quejaba el citado padre. Los padres
quieren, además, una ampliación del horario de la guardería para que
les dé tiempo a llevar y traer a los niños del colegio.
"Nos han dado un papel para que lo firmemos antes
del día 18", explicaba otro progenitor. "Si no lo hacemos perderemos
la plaza de nuestros hijos", aseguraba. Salvo aquellos que no tengan
alternativa, la mayoría pretende no firmar hasta que la consejería
les ofrezca una solución. No quieren que la nueva guardería esté tan
lejos y piden el aumento del horario. La escuela infantil Cinco
Lobitos es un centro nuevo (costó 1,8 millones de euros) que
pertenece al Gobierno regional, pero cuya gestión está en manos de
una cooperativa.
Otro problema que acarrea el traslado de los
niños del Valle del Oro es que los profesores cambiarán. "¿Sabe lo
que lloró mi hija cuando empezó el colegio? Volverá a hacerlo, ahora
que ya se había acostumbrado a los profes", contaba una madre. La
decena de educadores del Valle del Oro trabajará en otros centros
con un "traslado forzoso", según CC OO.
(www.elpais.com, 10/01/08)
7. AHORA, LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES NIEGA EL
PLAN DE CARRETERAS 2007-2011, APROBADO EN NOVIEMBRE
El pasado 15 de noviembre, tras la reunión del
Consejo de Gobierno, se hizo público el Plan de Carreteras 2007-2011
de la Comunidad de Madrid. Este nuevo plan debe ser sometido al
procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Sin
embargo, Ecologistas en Acción denuncia que "para eludir este
trámite", el Gabinete del Consejero de Transportes "niega que exista
tal Plan". "Es evidente que el Consejo de gobierno mintió a los
madrileños, o que el Director del Gabinete del Consejero miente
ahora a la asociación ecologista", agregan los ambientalistas.
Recordamos que el Consejo de Gobierno del 15 de noviembre, aprobó el
Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2007-2011. Tras la
reunión, el plan se hizo público. Según el propio comunicado de la
Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de
Madrid, se trata del Plan de Carreteras "más ambicioso que se ha
emprendido nunca en la Comunidad de Madrid en materia de
infraestructuras viarias".
Posteriormente, el 13 de diciembre de 2007, el Consejero de
Transportes e Infraestructuras, intervino a petición propia en el
pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre el mencionado
Plan de Carreteras. En esta ocasión, Manuel Lamela dijo:
"Comparezco, en esta ocasión a petición propia y con sumo gusto,
para informar de otro de los importantes planes que, va a
desarrollar el Gobierno de Madrid a lo largo de esta Legislatura […]
Me estoy refiriendo al Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
al plan con escenario 2007-2011, que sin duda lo que pone sobre la
mesa o lo que pone de relieve es la importancia que este Gobierno y
que la Consejería dan a la movilidad".
En este contexto, Ecologistas en Acción, el mismo 13 de diciembre,
preguntó por escrito a Lamela sobre los plazos para someter a
evaluación ambiental estratégica el Plan de Carreteras 2007-2011, de
acuerdo a la normativa estatal y autonómica.
A esta pregunta, el Director de Gabinete del
Consejero de Transportes e Infraestructuras, respondió a Ecologistas
en Acción que "no existe el tal Plan de Carreteras 2007-2011" y que
por tanto no se someterá a evaluación ambiental de planes y
programas. Que cada una de las carreteras a construir, ampliar o
mejorar entre 2007 y 2011, "se someterán de forma individualizada al
evaluación de impacto ambiental".
Ecologistas en Acción considera "gravísima" la actitud de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, "que miente
deliberadamente para eludir el preceptivo trámite de evaluación
ambiental e información pública del Plan de Carreteras en su
conjunto".
Esta organización recuerda que el Plan de Carreteras afecta
gravemente a terrenos incluidos en la Red Natura 2000. En concreto a
cinco zonas declaradas "Lugar de Interés Comunitario" (Cuenca del
Río Manzanares; Cuencas de los ríos Jarama y Henares; Cuenca del río
Guadarrama; Vegas, Cuestas y páramos del Sureste de Madrid; Cuenca
del río Guadalix) y a la ZEPA Encinares de los ríos Alberche y
Cofio.
(www.madriddigital.info, 03/01/08)
8. OPERACIÓN GUATEQUE: INSÓLITO: EL JUEZ TORRES,
QUE INVESTIGA LA OPERACIÓN GUATEQUE COME CON RUIZ-GALLARDÓN Y MANUEL
COBO
En un acto que podría tener graves derivaciones
políticas y judiciales, el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el vicealcalde, Manuel Cobo, han sido sorprendidos
en varias ocasiones comiendo con el juez que instruye la Operación
Guateque, Santiago Torres, informó el diario La República. Agrega
que esto no parece haberles gustado a algunos afiliados al Partido
Popular, que consideran que "irse a comer con un juez no es la forma
más correcta de colaborar en una investigación", tal y como recoge
el periódico La Razón.
En efecto, algunos populares han manifestado su
"sorpresa" por la relación que mantiene Gallardón con el juez
Torres: "El problema es que cuando estás en un restaurante con un
juez", manifiestan las fuentes consultadas por La Razón, "aunque sea
con la mejor intención, da pie a que se piense mal y que se
cuestione la credibilidad de la investigación".
Ya a fines del año pasado, el periódico Público
denunciaba que el vicealcalde, Manuel Cobo, mantiene contacto
telefónico permanente con el juez Santiago Torres, titular del
Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid e instructor de la
investigación. Además, se ha sabido que pocos días antes de
acometerse la segunda fase de la operación ambos estuvieron comiendo
juntos. El encuentro ha sorprendido incluso dentro de su propio
partido, donde algunos no comprenden que exista esa relación tan
estrecha, informaba Público.
Nadie sabe cuál ha sido el contenido de sus
conversaciones pero no les parece procedente porque, recuerdan, se
ha decretado el secreto del sumario y, en un principio, no está
previsto que se levante hasta el mes de enero o ya pasadas las
elecciones, agregaba el periódico.
Por su parte, la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) ha ido más allá. A juicio de esta agrupación
existe un "altísimo riesgo" de que Santiago Torres sea recusado por
poner en entredicho su imparcialidad debido a las comidas que
comparte con Gallardón y Cobo. La APM considera que un juez que
instruye un procedimiento no debería reunirse con personas que
pueden ser citadas como testigos en el juicio. Por las dudas, ya
Mariano Rajoy declaró que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto "al
frente, a la cabeza" de la operación promovida por el juez "para
terminar con estos casos de corrupción, que en ningún caso afectan
como es sabido, a dirigentes políticos de ninguna fuerza política".
Rajoy parece, de este modo, alejarse de la
"cortina de humo" denunciada por el portavoz socialista en el
Consistorio Madrileño, David Lucas. Esta "cortina de humo" fue
supuestamente lanzada por Gallardón para tratar de relacionar al
PSOE con la trama de corrupción, tal y como ya informó
(www.madriddigital.info, 03/01/08)
9. OPERACIÓN GUATEQUE: UN ARREPENTIDO DESATA UNA
NUEVA OLEADA DE DETENCIONES
El testimonio sorpresa ante el juez de uno de los
funcionarios encarcelados por la Operación Guateque es la base de la
segunda oleada de nuevas detenciones y encarcelamientos que está
practicando el juez de Madrid Santiago Torres. Carmelo García,
funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid,
ya jubilado, prestó declaración voluntaria el pasado día 26 sobre
hechos vividos por él en Urbanismo. Facilitó nombres de funcionarios
y empresas que han recibido o pagado comisiones a cambio de agilizar
licencias. Tras su declaración, el juez ordenó registrar algunos
despachos y allí los investigadores hallaron documentación que
también ha servido para las nuevas detenciones.
La investigación de la trama de las licencias del
Ayuntamiento de Madrid se ha saldado hasta el momento con nueve
encarcelados y una veintena de detenidos. Fruto de la declaración de
Carmelo García, la semana pasada se practicaron cinco nuevas
detenciones, enmarcadas en esta segunda fase, que se han traducido
en cuatro nuevos encarcelamientos de funcionarios. Y eso no es todo:
el juez Torres tiene previsto a lo largo de esta semana practicar
más detenciones.
La ley permite atenuar la pena a los reos que
colaboran con la justicia para aclarar o investigar delitos. "Es
posible que sea eso lo que le ha impulsado a prestar esta nueva
declaración", señalan los citados medios. La primera vez que García
declaró negó los hechos que le imputaban el juez y los
investigadores de la Guardia Civil. A García se le acusa ahora de
presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales
y de ocio.
Este funcionario, ahora jubilado, ya tuvo
problemas con la justicia hace años por hechos parecidos. Pero
entonces, en 2004, fue absuelto por falta de pruebas. Se sentó en el
banquillo por haber participado en una trama de cobro de comisiones
ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de
sus locales en Madrid.
Entre los abogados de las defensas existe cierto
malestar con el juez, debido a que éste les comentó a comienzos del
pasado diciembre que a mitad de ese mes levantaría el secreto del
sumario y dejaría en libertad a casi todos los encarcelados. Este
comentario no sólo ha sido incumplido sino que, además, se ha
activado una segunda fase. Algunos letrados sostienen que el juez
está dilatando los encarcelamientos para forzar declaraciones de
arrepentidos, "tal como se hizo en la Operación Malaya", señalan.
(www.elpais.com, 03/01/08)
10. OPERACIÓN GUATEQUE: LA TRAMA DE SOBORNOS DE
MADRID IMPLICA A DECENAS DE TÉCNICOS
El juez Santiago Torres, instructor de la
Operación Guateque que sacó a la luz una densa trama de corrupción
en el Ayuntamiento de Madrid, dispone de dos sólidas bazas para
acreditar sobornos a una veintena de funcionarios municipales: la
contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un
registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas
empresas tramitadoras ilegalmente de licencias, y el informe que le
están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los
encausados. Tal cifra puede engrosarse en próximas semanas ya que el
juez no ha agotado el amplio listado de tan explosiva agenda.
Todo ello servirá para dinamitar algunas de las
coartadas que algunos de los encartados han ido desgranando al ser
interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber
agilizado irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases
grabadas, donde negocian mordidas, tengan el sentido que la lógica
les da.
Por el contrario, la agenda hallada en la sede de
Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los
cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos
preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el
motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última
oleada de detenciones de funcionarios decretada por el juez. No
siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales pagos
ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía
completo, y ha sido preciso interpretarlo en función del lugar de
trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.
En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún
finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso, por lo
que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de
funcionarios.
Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos
indicios -anotaciones de cobro de sobornos y comprometidas frases
grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado
algún papel en los 187 expedientes que han sido acelerados y que
examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado expedientes
hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales
expedientes, liquidados en un mes cuando suelen durar años, han
hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes
sobre los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados
por Joaquín Fernández de Castro, como jefe de departamento de
Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes
exculpatorios para sí pero incriminatorios para el resto.
Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández,
jefe de división de análisis ambiental, a diferencia del anterior,
no extiende las culpas a otros, pero sí niega algunas de las
evidencias más clamorosas que le fueron expuestas en los
interrogatorios. Por ejemplo, allí donde fue grabada su voz
asintiendo a un reparto de 2.500 euros por una licencia, dice,
sencillamente, que es mentira. En cambio, Ceballos sí admite que
declaró por teléfono a Rubén López Martínez, miembro de la empresa
Agustino Proyectos donde fue hallada la contabilidad secreta de los
sobornos, que era muy difícil adelantar un expediente porque les
estaba prohibido. Negó que hubiera dado tal mensaje para presionar y
cobrar más.
(www.elpais.es 05/01/08)
11. OPERACIÓN GUATEQUE: "OFRECÍ CUATRO O CINCO
'KILOS' POR LA LICENCIA DEL RÚBER", DECLARA UN INTERMEDIARIO PRESO
El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid
Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque, declaró
voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la
última admite haber ofrecido "cuatro o cinco kilos" a un funcionario
del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia
para la clínica Rúber de Madrid. La Rúber niega en un comunicado
haber pagado nada nunca al margen de la ley.
En su primera declaración, García negó todas las
imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya tuvo
problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con
licencias municipales, pero fue absuelto. En concreto, el juez
Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para
obras en la Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree
que, en connivencia con amigos suyos del Ayuntamiento, García
intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la
Rúber -o alguien que decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera
que pagar una comisión fuerte si quería resolver los problemas que
planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera
declaración fue: "No conozco a nadie de la clínica Rúber".
En realidad, en su primera declaración García lo
niega todo. El juez le preguntó, además, por su intervención en la
tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para
cafeterías y restaurantes situados en las calles de Manuela
Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros
locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se
limitó a negar evidencias, según fuentes jurídicas. Para borrar esa
imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.
Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando
reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un despacho del que
es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la
Operación Guateque. Castillo era una especie de conseguidor desde su
designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos máximos
directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino
Carrasco, se hallan en paradero desconocido. El juez les tiene en
búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC
93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a
sus licencias.
En su declaración voluntaria, García señala que
el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y
funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo.
García señala al juez: "Que lo de la calle Juan Bravo [se refiere a
la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el
despacho de Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía
amistad con Fernando, [pues] que tenían que hacerle [a la Rúber] un
requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro
o cinco kilos [por ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz,
funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está preso. Ruiz,
en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero
señaló que son amigos y se trataba "de una broma". García avala el
testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega haber
cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo
suyo del Ayuntamiento, donde él trabajó y tiene un hermano, por un
bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo
quien trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos,
yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".
En la casa de una amiga de García se han hallado
fotocopias de falsas licencias que el propio imputado elaboraba.
También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para
estamparlo sobre esas licencias falsas y aparentar que eran válidas.
Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido
utilizadas.
(www.elpais.es 05/01/08)
12. OPERACIÓN GUATEQUE: UN TENDERO AL QUE
EXIGIERON 72.000 EUROS DESTAPÓ LA 'TRAMA DE LOS CONSEGUIDORES'
El dueño de una tienda de animales de la zona de
El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los
conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación
Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento
de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su
confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó
como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar
todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su
denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque. La primera
ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría
funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos
cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente
Victoriano Ceballos.
El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez
Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de
funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la
llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y
particulares que, según el sumario, "se están lucrando
indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y
para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al
menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de
"irregularidades".
En su informe, los agentes muestran su "certeza
de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas
irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos
telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García
Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien
ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y
Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93,
dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil
en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo
forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre
empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión
administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos,
aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados
siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta
Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y
Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles
clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales
de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio
de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de
los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la
licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables
a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los
requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".
Los 21 expedientes en los que los investigadores
han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios
de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los
particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la
empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García
dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato
directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de
arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que
contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen
su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el
sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el
funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero
ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de
ampliación para la clínica Ruber.
(www.elpais.com, 10/01/08)
13. OPERACIÓN GUATEQUE: "HEMOS MOVIDO HASTA A
ESPERANZA AGUIRRE Y ENTONCES SE HAN MOVIDO AHÍ LOS CABLES..."
Las escuchas realizadas durante cinco meses por
la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a raíz de la
denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de
conversaciones curiosas. La complejidad del sistema de concesión de
licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los
empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su
tramitación.
En una de las conversaciones grabadas por la
Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del
caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de
proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel
por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno
de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la
calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.
Ambos hablan sobre las estrategias que siguen
para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato
y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha
movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de
fiestas", según se puede leer en el sumario.
Almansa trata de convertir la licencia del bar en
una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco y media de la
mañana. Pero se encuentra con el obstáculo de que la zona está
calificada como ZAP (zona ambientalmente protegida), que engloba a
buena parte del distrito de Salamanca y evita que se instalen bares
en las zonas más residenciales para reducir el ruido.
Almansa sugiere que después de "mover los hilos"
con Aguirre, el concejal del distrito, Tomás Pascual, dice que la
zona no está incluida en el ZAP, pudiendo de este modo convertir la
licencia del pub en sala de fiestas con actuaciones en directo.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre,
asegura a través de una portavoz que no conoce de nada a José
Almansa ni el bar La Botellita de Serrano. La misma portavoz del
Gobierno regional asegura que hay multitud de personas que conocen a
la presidenta de la comunidad y que ésta no puede responder por cada
una de ellas.
La conversación que se reproduce en el sumario
del caso Guateque es la siguiente:
José Almansa. Lo que tenemos son actuaciones en
directo, y queremos tenerlo hasta las cinco y media. Porque los
bares especiales son hasta las tres y media...
Antonio Sanz Escribano. Lo que pedimos fue sala
de fiestas que es hasta las cinco y media.
J. A. Hemos estado cerrando a las tres y media
hasta enero que nos llegó un papel que nos iban a cerrar. Hemos
movido todo, a todos los niveles. Por ejemplo, la madre de mi novia
es la mejor amiga de Esperanza Aguirre, hemos movido hasta a
Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos
temas hasta tal punto que hemos llegado a que, por fin haya salido
el tema y se ha acabado con el ZAP.... Una vez que hemos conseguido
eso, tenemos a la gente de la Junta, ellos están esperando que
presentemos el proyecto porque ahora mismo le están remitiendo estos
días de Medio Ambiente...
A. S. E. Eso es lo que presentamos en su día y
nada más hay que actualizarlo.
J. A. Eso es lo que necesitamos. El concejal nos
ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media mientras se
tramita la licencia....
(www.elpais.com, 10/01/08)
14. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL DIRECTOR DE
SEGURIDAD, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL
El juez Santiago Torres ha imputado al director
de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora (mano derecha
del concejal de Seguridad, Pedro Calvo), un presunto delito de
prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con
una empresa para el reparto de una revista de seguridad que
distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías
municipales de Madrid. El caso fue denunciado por el sindicato UPM
al considerar que se habían cometido graves irregularidades en la
contratación de las empresas que editaron y distribuyeron los
ejemplares. Además, UPM estimó que se había producido una cesión
ilegal a una empresa privada de los datos personales de todos los
miembros del Cuerpo de Policía Municipal. Por eso también interpuso
otra denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid en la Agencia de
Protección de Datos.
Jesús Mora ya ha prestado declaración ante el
juez Santiago Torres así como Rafael Torres Ruiz, responsable de la
sociedad Taket Corporate, que ha gestionado la distribución de la
revista. Ambos están imputados.
Todo comenzó cuando el director de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, decidió divulgar entre todos los
agentes de la Policía Municipal de Madrid una revista denominada
Madrid Seguro. El objetivo de Jesús Mora "era dar a conocer a todos
los agentes las iniciativas, proyectos, planes y programas en el
Cuerpo de la Policía Municipal". Mora encargó a una empresa la
elaboración y la difusión de la revista. El Ayuntamiento contrató a
dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero
en ambos casos la adjudicación se hace a dedo basándose en que
ninguno de los dos encargos supera los 12.000 euros y con alguna
irregularidad, según las primeras investigaciones.
Según UPM, ya se comete una primera infracción
grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin
garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. UPM
denunció el caso ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse
de una publicación propagandística de un determinado modelo de
gestión y al remitirse a los domicilios particulares sin usar el
correo interno para su distribución.
La Agencia de Protección de Datos abre una
investigación que concluye con el archivo del caso. Sin embargo,
Jesús Mora incurre en contradicciones y no aclara ni cómo ni cuándo
contrató a la empresa distribuidora. Finalmente, UPM ve que hay un
presunto delito y denuncia el caso en el juzgado. El pasado
septiembre Santiago Torres decidió iniciar una investigación e
imputarle por prevaricación y falsedad documental. La investigación
judicial se basa en que Jesús Mora declaró que el contrato con la
distribuidora de la revista se envió por fax a Bilbao y que Take
Corporate lo devolvió. Sin embargo, el gerente de Take Corporate no
dice lo mismo y afirma que sólo se acordó por contrato no hacer un
"uso indebido de los datos de los agentes del Cuerpo de Policía
Municipal de Madrid". Posteriormente, el dueño de Take Corporate
señaló ante el juez que el único papel que firmó no era un contrato
y que solamente acordó por escrito respetar la confidencialidad de
los domicilios privados de los agentes tras cenar una noche en
Madrid con Mora.
Denuncias
El secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez,
se mostró sorprendido porque se siga manteniendo en el puesto pese a
que está su trabajo bajo sospecha. Según UPM, Mora ha eludido el
cumplimiento de la ley. "A raíz de estas denuncias ya ha contratado
a otras empresas y lo ha hecho legalmente", añadió Pérez.
El juez Santiago Torres ha ordenado que se hagan
pruebas periciales para comprobar si los contratos que presentó Mora
corresponden a su firma.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
15. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO DICE QUE MORA
HA ACTUADO "CORRECTAMENTE"
Jesús Mora puede estar tranquilo por el futuro de
su carrera política, porque no corre peligro". Así de tajante se
mostró el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, cuando se le preguntó
por la noticia publicada en M2, en la que se informaba que el juez
Santiago Torres había imputado al director de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, un presunto delito de
prevaricación y falsedad documental por el contrato que realizó con
una empresa para el reparto de una revista de seguridad que
distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías
municipales.
Pedro Calvo salió en defensa de quien es
considerada su mano derecha, y aseguró que la labor de Mora siempre
ha sido "excelente", fruto de "una trayectoria intachable". "Gracias
a él, Madrid puede presumir de haberse convertido en un modelo para
muchas ciudades en cuestiones policiales", explicó Calvo, que se
mostró convencido de que Mora obró correctamente, entre otras cosas
porque en septiembre, después de ir a declarar, el director de
Seguridad le dio "todas las explicaciones necesarias".
Menos condescendiente se mostró con respecto a
UPM, el sindicato policial que denunció el caso al considerar que se
habían cometido graves irregularidades en la contratación de las
empresas que editaron y distribuyeron los ejemplares.
Calvo espera que si la resolución del juez acaba
siendo "favorable" a Mora, y éste no sale "condenado o amonestado",
el secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, denunciante del
caso, "dimita de la misma manera que ha pedido la dimisión del
director de Seguridad antes de que el juez se haya pronunciado".
"También invitaría al sindicato UPM a que deje
atrás cinco años de marginalidad y nos ayude a continuar mejorando
la Policía Municipal. Aunque hasta el momento, nos va bien sin su
ayuda", concluyó el delegado de Seguridad.
Según las primeras investigaciones, Mora encargó
a una empresa la elaboración y la difusión de la revista. El
Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra
para la distribución. Pero en ambos casos la adjudicación se hizo a
dedo porque ninguno de los dos encargos superó los 12.000 euros.
Para UPM, ya se cometió una primera infracción
grave al mandar la revista al domicilio privado de cada agente sin
garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. Por
eso el sindicato denunció el caso ante la Agencia de Protección de
Datos al tratarse de una publicación propagandística que no usó el
correo interno para su distribución. Pese a todo, la Agencia de
Protección de Datos archivó el caso.
(www.elmundo.es, 10/09/08)
16. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA LICENCIA BAJO
SOSPECHA
Se investiga una licencia que concedió el
Ayuntamiento a un hotel de Chamartín, vinculada a la construcción de
un hospital. El hotel lleva 10 años abierto y del centro sanitario
no hay ni cimientos. De hecho Asisa, la empresa que iba a hacer el
hospital, ahora quiere edificar un geriátrico
Los agentes encargados de la investigación del
caso Guateque indagan en la actualidad una operación urbanística que
se realizó el año 1998 y que permitió que se autorizara levantar un
hotel en el distrito de Chamartín, que tenía una licencia asociada a
la construcción de un hospital. Diez años después del centro
sanitario no hay nada, ni cimientos. El juez Santiago Torres examina
esta licencia y otras concedidas por el entonces gerente de
Urbanismo, Luis Armada. En esa época el alcalde de la capital era
José María Alvarez del Manzano.
El distrito de Chamartín es uno de los más caros
de Madrid y el precio de un suelo para construir un hotel o un
hospital varía notablemente. La finca, que tenía una superficie de
19.980 metros cuadrados, pertenecía a una empresa llamada Sierra y
Asociados, que lo había adquirido en 1996 a una congregación de
monjas.
Posteriormente esta empresa firmó en ese mismo
año con la empresa Campo de las Naciones (de propiedad municipal)
una opción de compra sobre ese solar, pues se querían albergar en
ese lugar la gerencia municipal de Urbanismo, el Area de Obras e
Infraestructuras, el Area de Medio Ambiente y la de Circulación y
Transportes.
En el Plan General de Urbanismo se llegó a
calificar ese solar "de uso dotacional de servicios colectivos",
clasificando la parcela como de "servicios a la Administración".
La Empresa Campo de las Naciones convocó un
concurso para adquirir esa parcela u otra en la que pretendían
construir edificios para todas estas concejalías, pero finalmente el
concurso se declaró desierto.
En un acuerdo posterior que Sierra y Asociados
firmó con el Ayuntamiento (Ignacio del Río como concejal y Luis
Armada como gerente de Urbanismo) se acordó que el solar siguiera
manteniéndose como uso característico el "dotacional de servicios
colectivos", permitiendo el equipamiento como uso alternativo.
En aquel acuerdo por escrito la empresa Sierra y
Asociados logró que se aceptara como utilización asociada al uso
principal de equipamiento sanitario, pues se iba a construir un
hospital, el uso terciario de hospedaje. De esta forma se podría
levantar un hotel para los familiares de las personas que estuvieran
ingresadas en el hospital. Era una licencia condicionada. Hotel sí
pero con hospital.
El hotel se levanta en 1999. Ese mismo año Asisa
llegó a comprar a Sierra y Asociados una parte de la parcela para
edificar un hospital. Sin embargo, en marzo de 2003 representantes
de Asisa hacen saber por escrito al Ayuntamiento que los servicios
hospitalarios que hay en la zona "hacen socialmente innecesario e
inviable desde el punto de vista empresarial la construcción de un
equipamiento exclusivamente sanitario".
En ese mismo escrito proponen la construcción de
una residencia de ancianos y piden la adaptación al convenio que se
firmó en 1998. Hoy el hotel lleva casi 10 años funcionando y del
hospital y la residencia de ancianos no se sabe nada.
La licencia que se dio para el hotel hablaba de
"edificio destinado a uso de servicios terciarios-hospedaje con
carácter de uso asociado al característico de dotacional de
servicios sanitarios". El permiso de primera ocupación viene firmado
por Caridad Mauri Ruiz-Olmo, Arsenio Ruiz Saénz de Miera, director
general de Urbanismo en aquella época, y Luis Armada, entonces
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
(www.elmundo.es, 10/09/08)
17. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA FUNERARIA, VISTA
PARA SENTENCIA
Los tres ex concejales del PP y los directivos de
Funespaña acusados de cometer un fraude en la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios repiten su inocencia en la última jornada del
juicio de uno de los asuntos de corrupción más importantes en el
Ayuntamiento. A los quince años de iniciarse caso, el juez decidirá
en dos meses
Fin de trayecto, en principio, para el caso de
presunta corrupción más importante de los últimos años en el
Ayuntamiento de Madrid, que quedó visto para sentencia. Tres ex
concejales del Partido Popular en la capital podrían ser condenados
a entre tres y cuatro años de prisión por prevaricar y malversar
caudales públicos. La supuesta comisión de los delitos se produjo en
1992. La Justicia española dictará sentencia "en dos meses", según
el juez. Es decir, 15 años después. Tres lustros.
El Caso Funeraria, que ha generado ríos de tinta
durante estos años, llegó a su fin judicial (a falta de posibles
recursos) en la Audiencia Provincial de Madrid. Y llegó sin
sorpresas: es decir, con todos los acusados proclamando su
inocencia, y algunos incluso poniendo su dignidad "durante años de
función pública" como aval.
Sucede que la fiscalía y las acusaciones que
representan a PSOE e IU dan por probado que los imputados vaciaron
de contenido la Empresa Mixta de Servicios Funerarios para venderla
por 100 pesetas a Funespaña, una empresa salida de la nada que hoy
es el primer grupo de servicios funerarios de España y uno de los
mayores de Europa. A los pocos meses de la carísima venta, la
compañía se recapitalizó rápidamente con 200 millones de pesetas.
Para ello se habrían conchabado los tres
políticos populares con los dueños de Funespaña, los controvertidos
hermanos Valdivia, y también el ex presidente de la empresa, José
Ignacio Rodrigo, opina la acusación. Ellos aseguran que lo hicieron
todo conforme a los criterios de los técnicos.
Los ex concejales del PP mantuvieron su inocencia
hasta sus últimas consecuencias. Luis María Huete, ex senador y por
aquel entonces primer teniente de alcalde -es decir, auténtica mano
derecha de Alvarez del Manzano-, proclamó su "honradez personal y
profesional en 50 años de trabajo", aseguró que siempre actuó "como
portavoz del PP", y que siempre tuvo en cuenta "la opinión de los
técnicos".
Simón Viñals, responsable de Sanidad y por
extensión de cementerios, dijo: "Por mis manos han pasado muchos
millones en muchos años, y siempre he actuado conforme a la
legalidad, y con el consentimiento del alcalde de Madrid [en
aquellos años, José María Alvarez del Manzano]".
Antonio Moreno, concejal de Patrimonio en la
época y a quien en círculos populares se desligaba de la trama,
aseguró creer "en la Justicia" y se quejó de juicio paralelo en la
prensa: "Me han triturado".
Para los tres concejales se piden entre tres y
cuatro años de cárcel, pero las penas gordas son para los hermanos
propietarios de Funespaña, los Valdivia, y para su presidente hasta
julio, Juan Ignacio Rodrigo, que habría seguido un oscuro trayecto
de confirmarse las tesis de la acusación: de asesor del Consistorio
durante la fase de informes y estudio de la operación de
privatización, a presidente de la empresa compradora pocos meses
después.
A cada uno de los hermanos Valdivia les piden 14
años por varios delitos fiscales, malversación y maquinación para
alterar el precio de las cosas, entre otros. En el caso de Rodrigo,
a esos 14 años hay que sumar otros tres más por delito de falsedad.
En total, la posibilidad de 17 años de cárcel
para el hombre que más locuazmente se defendió , con un larguísimo
alegato sobre su inocencia -"sólo creo en mi inocencia y hoy haría
lo mismo que hice en su día"-, que terminó embalado y de lo más
cinematográficamente: "Confío en su independencia objetiva y en su
imparcialidad subjetiva".
Los Valdivia, por su parte, sólo dieron las
"gracias" al tribunal. La sentencia llegará finalmente dentro de
"dos meses o dos meses y medio", comunicó el juez.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
18. AYUNTAMIENTO DE MADRID:¿42 MILLONES DE
'PELOTAZO'?
Los abogados de PSOE e IU no dejaron pasar la
oportunidad para remachar la culpabilidad de los acusados. José
Mariano Benítez de Lugo, por los socialistas, defendió que los
políticos son los grandes responsables porque "el oficio de todo
empresario es ganar dinero y el problema es que los políticos les
dejaran ganar ese dinero a espaldas de los intereses de los
ciudadanos". Juan Francisco Pla, por IU, coincidió en el hecho de
que en este caso lo importante no es el montante de la pena, sino
que se restablezca la verdad y que se restituya el dinero al
Ayuntamiento, que cifró en algo más de 42 millones de euros, informa
Efe. Funespaña, empresa embrionaria durante la comisión de los
hechos, está hoy en 38 municipios españoles y también en Argentina
(Rosario y Buenos Aires) y en Budapest. Por la lentitud judicial, el
fiscal pidió también que se aplique a los nueve procesados la
atenuante de dilaciones indebidas.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
19. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA ZARZUELA INFANTIL
EN UN TEATRO MUNICIPAL CITA A RAJOY Y GALLARDÓN
Actores de la compañía Opera Nova que
representaron , ante unos 200 niños, una zarzuela de 1907 sobre los
Reyes Magos, politizaron algunos de sus diálogos, declamados y
cantados, con referencias al Rey y a la actual situación
preelectoral y sesgados hacia la opción conservadora.
El Día de Reyes, obra adaptada del maestro
Panella (1880-1939), está incluida en el ciclo organizado por el
Ayuntamiento de Madrid Zarzuela en familia, con escenario en el
teatro Conde Duque.
Un actor dice que "los Reyes no existen" pero que
los regalos "se los atribuyen para prestigiar a la monarquía". Otro
llora y exhibe un muñeco de cartón al que dice que le han cortado la
cabeza.
-¿Qué es eso?
-Un político.
-¿Y qué hacer con eso?
-Pues votarle.
Después, cantando:
-¿A quién hay que votar en las elecciones de
2008?
-Los de adelante [los conservadores] corren
mucho; los de atrás [liberales] se quedarán.
Posteriormente:
-A Rajoy a los Reyes Magos, ¿qué le han ponido?
-Una foto de Gallardón.
Ningún niño reía.
Manuel Lago, director general de Actividades
Culturales del Ayuntamiento de Madrid, consultado al respecto, dijo:
"Se trata de una zarzuela familiar y consiste en una propuesta
escénica, no política. Vi el jueves la obra y no me pareció que
pudiera herir a nadie". Y añade: "Las zarzuelas de entonces eran
así, con referencias políticas, y así se adaptan a la actualidad".
(www.elpais.es 05.01.08)
20. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA PRIVATIZACIÓN DE
LA CABALGATA DE REYES ACABA CON VEINTE AÑOS DE COLABORACIÓN VECINAL
EN HORTALEZA
Las asociaciones vecinales, juveniles y
culturales que, durante veinte años, han organizado la cabalgata de
Reyes de Hortaleza, denunciaron la privatización de la fiesta, cuya
primera consecuencia es que este año el desfile no pasará por los
barrios más populares del distrito.
Tras registrar en la Junta Municipal 3.820 firmas reclamando la
participación vecinal, las entidades ciudadanas organizarán una
gynkana solidaria, juegos infantiles, actuaciones musicales y un
pasacalle bajo el lema "Por una cabalgata por y para tod@s" el
próximo sábado 5 de enero a las 11horas en la plaza Santos Humosa.
Desde hace 20 años, diversas asociaciones vecinales, culturales y
juveniles del distrito de Hortaleza se encargaban, en coordinación
con la Junta Municipal de distrito, de construir las carrozas de la
cabalgata de los Reyes Magos. Pero las carrozas que desfilarán el
próximo 5 de enero por las calles del distrito ya no estarán
construidas por las familias y asociaciones de Hortaleza, sino por
Yeiyeba SL., la empresa privada que ha resultado adjudicataria del
concurso público convocado a tal efecto.
"Durante 20 años –señalan los portavoces vecinales- las asociaciones
ciudadanas construían y decoraban las carrozas, hacían los
disfraces, elegían la temática, se disfrazaban y animaban todo el
recorrido de manera completamente desinteresada. Era uno de los
pocos trabajos vecinales que se seguían haciendo en común, todos los
vecinos juntos".
Además, en la elaboración de las carrozas, los disfraces y los
bailes, participaban todos los niños y niñas del barrio que querían.
Este año la concejala ha adjudicado 80.000 euros a una empresa
privada para ‘profesionalizar’ la construcción de las carrozas,
20.000 euros más que los que recibían las entidades, ya que en años
anteriores el presupuesto era de 60.000 euros, un dinero que se
quedaba en el barrio porque el material se compraba en los comercios
del distrito.
"Además, este año la cabalgata no pasará por los barrios más
humildes y populares de Hortaleza, como La UVA, San Lorenzo y el
Parque de Santa María, sino que darán la vuelta al monstruoso centro
comercial que nos colocaron hace unos años", denuncian los vecinos.
Las asociaciones no se dan por vencidas y han organizado una serie
de actividades lúdico-reivindicativas de la participación vecinal y
asociativa que tendrán lugar el próximo sábado 5 de enero en el
parque Isabel Clara Eugenia (plaza de Santos Humosa).
La jornada comenzará a las 11h. con unos talleres (pinta-caras,
gynkana solidaria, globoflexia, juegos de paracaídas…), a los que
seguirán las actuaciones de magos, payasos, malabares, y la lectura
del comunicado vecinal que, a las 13h., dará paso a un pasacalles
que, partiendo de la plaza de Santos Humosa, atravesará las calles
que este año se quedan sin cabalgata.
(www.madriddigital.info, 07/01/08)
21. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: ALBAÑIL
MUNICIPAL DE RESERVA... Y POR SORTEO
Casualidades de la vida. Mari Paz Villacaños
llevaba 10 años sin ver a Esther Rodríguez. Y encontrarla le trajo
suerte. Se cruzaron en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz (113.000 habitantes, más de 19.000 de ellos
extranjeros). "¡Cuánto tiempo, chica!", se dijeron. Las dos iban
buscando lo mismo: un empleo. Y en el Consistorio de Torrejón los
trabajos eventuales se sorteaban, o casi. Mari Paz, de 37 años,
salió de la sala como conductora eventual. La mano inocente fue la
de Esther (39), que sacó todas las bolas para los 17 puestos rifados
entre 1.382 aspirantes.
En esta localidad del Corredor del Henares, desde
hace más de 20 años, el mejor mérito para encabezar una bolsa de
empleo municipal es la suerte. En enero se sortean los puestos de la
lista que estarán vigentes hasta diciembre. , por primera vez, se
hizo delante de los periodistas. "Todo por la transparencia", según
un portavoz municipal. De los mil y pico aspirantes, apenas una
treintena se acercaron al sorteo, que estuvo poco animado. Ni
siquiera los afortunados, como Mari Paz, lanzaron un gritito de
euforia ni aplaudieron al oír sus nombres después de que una
funcionaria cantara el número. En la mesa, dos responsables de
recursos humanos y la concejala de Empleo, Carolina Barriopedro.
Tres sacos blancos para meter las bolas: unidades, decenas y
centenas. De menor a mayor.
Cinco aspirantes a cerrajero ordenados por orden
alfabético. Para ese sorteo se usó sólo el saco de las unidades. Lo
más solicitado, administrativo, con 314 apuntados y bolas en las
tres bolsas. También había más de 300 que querían ser limpiadores. Y
170 con aspiraciones de llegar a conserjes. Decidió la mano inocente
de Esther Rodríguez, que desde que se ofreció rezaba para no coger
su número. "Imagina que me toca, todo el día dando explicaciones",
dice la mujer resignada. No le tocó.
Para entrar en la rifa bastaba con estar
empadronado en Torrejón antes del pasado 1 de diciembre, sin trabajo
y tener más de 16 años, entre otros requisitos escritos. Aguantar
una cola "de más de dos horas" entre los no escritos, según Esther.
No se habló de sueldos ni antes ni después del
sorteo. "Hombre, no vas a llegar antes de tiempo pidiendo cosas, eso
queda mal", reflexionaba Esther. "Yo con ser mileurista me
conformo", aseguró Mari Paz. La nueva conductora en espera terminó
hace un mes su contrato como cartera. "¿Te imaginas que me toca
llevar al alcalde", se preguntaba la mujer riendo. La lista de los
afortunados se publica hoy en la web municipal (
