1. AGUIRRE Y ACEBES SERÁN TESTIGOS DE LOSANTOS
CONTRA GALLARDÓN
El Juzgado Penal 6 de Madrid ha aceptado que
altos cargos del PP declaren como testigos del locutor Federico
Jiménez Losantos en el juicio por injurias que se celebrará contra
éste el próximo 28 de mayo a instancias del alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón. El fiscal pide para Jiménez Losantos 12
meses de multa a razón de 200 euros diarios por supuestas injurias a
Gallardón.
El locutor de la Cope, emisora de la Conferencia
Episcopal Española, pidió al juzgado que citase como testigos a
Ángel Acebes, secretario general; Eduardo Zaplana, portavoz
parlamentario; Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, e Ignacio
González, vicepresidente y responsable del comité electoral del
partido en Madrid, así como al director de El Mundo, Pedro J.
Ramírez. Antes de aceptarlos como testigos, el juzgado pidió a
Losantos que motivase tales citaciones. El locutor lo ha hecho y la
juez, finalmente, les ha aceptado como testigos.
(www.elpais.com, 01/03/08)
2. GALLARDÓN ASISTE POR PRIMERA VEZ A UN ACTO
PÚBLICO CON PIZARRO
"Estas cicatrices curan pronto", dijo el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, hace unas semanas en uno de sus
primeros actos públicos después de que Mariano Rajoy, presidente del
PP, lo excluyera de las listas electorales y cediera así a las
presiones de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. Gallardón se sintió entonces "apuñalado". Tanto,
que ese día lanzó una amarga amenaza: "Tras el 9 de marzo dejaré la
política". Al día siguiente, Manuel Pizarro ocupó la vacante en las
listas del PP. El flamante número dos de Rajoy en Madrid ha evitado
la confrontación con el derrotado durante todo este tiempo. , ambos
políticos coincidieron por primera vez en un acto público.
El alcalde de Madrid acudió al Hotel Ritz para
apoyar a Pizarro. Fue un encuentro fugaz. Tan solo un apretón de
manos. La escena no cambió mucho cuando se encontraron los dos
líderes populares de Madrid: Aguirre y Gallardón. Ambos habían
escenificado una tibia paz hacía unas semanas. Se besaron en la
inauguración de una estación y posaron sonrientes para los medios.
Los rencores y los celos han quedado enterrados, aunque no se sabe a
cuánta profundidad.
En política, las cicatrices sanan muy pronto.
Tanto como crecen las oportunidades de los interesados. El alcalde
de Madrid ha ido rebajando poco a poco el tono de su explosiva
amenaza de abandonar la política convirtiéndola en un simple amago.
Poco a poco pretende recuperar su lugar dentro del partido.
Un espacio que Pizarro se ha ganado en tiempo
récord. lució su discurso más ultraliberal ante dos centenares de
empresarios: "A los inmigrantes no se les integra con un contrato de
trabajo, se les integra con la bandera". "Creo más en lo privado que
en lo público... Creo cada vez más en la competencia entre
comunidades autónomas".
El evento fue organizado por la Cámara de
Comercio lo que provocó que Pizarro se sintiera como en casa: "En
España sobra suelo, si se saca al mercado se podrían reducir hasta
un 30% los precios del mercado". Y agregó: "Creo en el Estado de
bienestar, con un sistema público de pensiones complementado con el
sector privado". El número dos del PP por Madrid no dudó en cargar
contra el actual Ejecutivo socialista: "La ineficiencia del Gobierno
incrementa las deslocalizaciones", por las incertidumbres que ha
generado, dijo el ex presidente de Endesa.
(www.elpais.com, 04/03/08)
3. EL PARO SUBE DE NUEVO EN MADRID POR ENCIMA DE
LA MEDIA NACIONAL
El paro registrado en los Servicios Públicos de
Empleo en Madrid al término del mes de febrero subió en 8.542
personas, un 3,46% más en relación con el mes anterior, hasta situar
la cifra total de desempleados en 255.339. Según datos del
Ministerio de Trabajo, el aumento del paro en Madrid fue superior en
más un punto porcentual al incremento registrado en el conjunto del
país, que fue del 2,36%, con una subida de 53.406 personas en
febrero y una cifra total de desempleados de 2.315.331. El desempleo
ha subido es España por quinto mes consecutivo y es la tercera vez,
desde 1997, que el aumenta en febrero, históricamente un periodo de
bajadas.
En relación con febrero de 2007, el paro en
Madrid aumentó en 34.587 personas, un 15,67%, casi cuatro puntos
porcentuales por encima de la media nacional. Un 17,99% del total de
desempleados de la Comunidad de Madrid al término del mes de
febrero, más un punto porcentual por encima de la cifra de enero,
era de origen extranjero, en concreto 45.961, lo que supone 4.337
más que en el mes anterior y una subida del 10,42%, más del triple
que para el conjunto de los trabajadores.
En los últimos 12 meses, el paro ha aumentado
entre los extranjeros residentes en Madrid en 17.338 personas, un
60,57%, casi cuatro vez más que la subida media de la región en ese
periodo. El paro masculino se situó a finales del mes pasado en
113.239 personas, mientras que el femenino se cifró en 142.100. Del
total de parados de Madrid, 28.065 son menores de 25 años y, de
ellos, 15.675 son hombres y 12.390, mujeres.
Por sectores, el paro registrado subió en todas
las ramas de actividad: en Agricultura, 128 personas hasta situarse
en 2.537; en Industria, 80, con un total de 19.989; en Construcción,
1.606 hasta 31.640 personas desempleadas; en Servicios en 5.922 y el
total es ahora de 191.008 y en el colectivo sin empleo anterior en
806 y queda en 10.165 personas. El número de contratos en enero se
elevó a 199.609, es decir 3.341 menos que en el mes de enero, un
1,65%, y 2.308 menos, un 1,14%, que en febrero de 2007. Ambas cifras
son inferiores a la media nacional, sobre todo la primera, que es
casi la sexta parte de la caída registrada en el conjunto del país
en el número de contratos firmados: el 9,74%.
El 21% de los contratos firmados en febrero
fueron indefinidos, exactamente 42.066, lo que supone un aumento de
516, el 1,24%, respecto a enero, que es la tendencia contraria al
conjunto del país, donde la contratación indefinida cayó un 5,40%.
Respecto a febrero de 2007, en Madrid se firmaron 935 contratos
indefinidos más, un 2,27%.
Por comunidades, el paro subió en 15 regiones y
lo hizo de forma más significativa en Murcia, con el 6,48%, mientras
que descendió en Baleares (-4,32%) y Asturias (-0,46%). A Murcia, le
siguen La Rioja (4,56%), Castilla-La Mancha (4,33), Comunidad
Valenciana (3,82), Canarias (3,74), Navarra (3,48) y Madrid (3,46).
El paro también se incrementó por encima de la media nacional en
Cataluña (2,83) y el País Vasco (2,37); además de las ciudades
autónomas de Melilla (9,58) y Ceuta (4,92). En términos absolutos,
el paro se incrementó más en la Comunidad Valenciana (8.904
personas), Andalucía (8.617), Madrid (8.542) y Cataluña (8.015).
(www.elpais.com, 04/03/08)
4. AGUIRRE FACILITA LA ENTRADA DE POLÍTICOS EN
CAJA MADRID
Las puertas del principal órgano de gobierno de
Caja Madrid se han abierto a quienes "desempeñen cargos de confianza
en las Administraciones Públicas para los cuales hayan sido
nombrados por el Gobierno central o por el gobierno de una comunidad
autónoma". La asamblea de la segunda caja española aprobó el lunes
eliminar de sus estatutos el apartado que impedía a este colectivo
ser nombrado consejero general.
En la práctica, esta "causa de incompatibilidad"
quedó invalidada el pasado 31 de julio, día en que entró en vigor la
ley de medidas urgentes de modernización del gobierno y
administración de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Esperanza
Aguirre incluyó en esta norma la "homologación de los cargos de
confianza" autonómicos y estatales con los del resto de
administraciones.
La asamblea de Caja Madrid se ha limitado a
adaptar sus estatutos a la ley, pero la medida era aplicable desde
el momento en que la norma entró en vigor. Fuentes de la caja
indicaron que ningún cargo de confianza ha sido nombrado consejero
desde entonces. "La mitad de la asamblea se renueva cada tres años,
pero no tocaba ahora", explicaron.
Pese a no ser la impulsora del cambio, Caja
Madrid le resta importancia y sostiene que era una incompatibilidad
que no existe en la mayoría de las autonomías. En Catalunya, sin
embargo, la ley de cajas de ahorro de 1994 establece que "los cargos
públicos de designación política de las administraciones públicas"
no pueden ser elegidos consejeros generales. La reforma que impulsó
la Generalitat en el 2006 no modificó este artículo.
La Comunidad de Madrid también modificó la
retribución que reciben los miembros de la Administración que forman
parte de los órganos de gobierno de la caja. Eliminó el artículo que
la limitaba a "los gastos originados como consecuencia de la
participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente
justificación documental". Ahora también podrán cobrar por acudir a
las reuniones.
En esta línea, la asamblea aprobó el lunes
adaptar los estatutos a esta mayor remuneración. También modificó el
artículo que impedía ser consejero general al representante de la
Comunidad de Madrid en la comisión de control de la caja, órgano
formado por 13 miembros y encargado de velar por el buen
funcionamiento del consejo de administración, el máximo órgano
ejecutivo que preside Miguel Blesa.
(www.elperiodico.com, 06/03/08)
5. EL PSOE DENUNCIA UN ACTO DE AGUIRRE EN LA
JORNADA DE REFLEXIÓN
Los socialistas de Madrid han recurrido esta
mañana ante la Junta Electoral un acto que la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, tiene previsto celebrar el sábado 8 de
marzo, en vísperas de las elecciones. Se trata de una carrera con
motivo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la que
participará la presidenta. En opinión del PSM, es un acto electoral
en jornada de reflexión. Precisamente con el fin de no interferir
con la jornada de reflexión, la tradicional manifestación que se
celebra cada 8 de marzo se adelanta este año un día en ciudades como
Madrid, Sevilla, Pamplona o Palma.
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, ha remitido una carta a Aguirre en la que le insta a
adelantar la carrera popular al 7 de marzo, ya que "no es apropiado
que el día 8 se celebre un acto de estas características y
envergadura en plena jornada de reflexión". Esta petición, subraya
la portavoz, "no es incompatible" con el homenaje a la mujer
trabajadora.
Los socialistas han denunciado la carrera ante la
Junta Electoral al considerar que Aguirre persigue protagonizar un
acto "de claro tinte electoral" en una jornada en la que está
prohibido por ley. En su denuncia, el PSM argumenta que "la
celebración en la jornada de reflexión de ese acto por parte de la
Comunidad de Madrid, institución que los madrileños identifican
claramente con el PP, supone concederle a este partido, a través de
la institución que gobierna, una nueva oportunidad de hacer campaña
electoral e inducir, sin necesidad de mensajes ni gestos explícitos,
el sentido del voto de los electores hacia esa formación".
Tras recordar que Aguirre ha anunciado en
distintos medios informativos que "se pondrá el chándal y las
zapatillas para acudir a esa carrera", los socialistas señalan que
Aguirre, además de ser la presidenta del PP de Madrid, ha
"participado de manera muy significativa en esta campaña electoral".
Por toda respuesta, Menéndez ha recibido una invitación por parte
del Gobierno regional para participar también en el acto,
"casualmente un día después de denunciar ante los medios de
comunicación la intención de Aguirre de protagonizar la jornada de
reflexión". La portavoz socialista considera que "no es
políticamente correcto celebrar en el día de reflexión de unas
elecciones generales un acto institucional de relevante repercusión
mediática, y con un claro protagonismo de altos cargos políticos y
de Gobierno".
Aunque los socialistas impulsan "históricamente"
y defienden "con convencimiento firme la celebración de actos e
iniciativas dirigidos a defender y a mejorar la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres", es mayor su "respeto a las reglas del
juego democrático". La denuncia del PSM apela a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impide a una
asociación de mujeres la celebración de una manifestación en Madrid
el día 8 de marzo, por coincidir con la jornada de reflexión. Los
socialistas solicitan a la Junta Electoral que "suspenda el acto" y
que "emplace a la convocante a que lo pueda celebrar el día
anterior, en el mismo lugar y horario".
(www.elpais.com, 06/03/08)
6. LA JUNTA ELECTORAL SUSPENDE LA INAUGURACIÓN DE
UN CENTRO DE MAYORES
La apertura oficial, con políticos de por medio,
tendrá que esperar. Al menos hasta que pasen las elecciones. La
Junta Electoral Provincial de Madrid suspendió la inauguración de un
centro de mayores en el distrito de Vicálvaro prevista para hoy a
las once de la mañana. La junta considera que se trata de "un acto
de un poder público que no resulta imprescindible para la
salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento
de los servicios públicos", porque se da la circunstancia de que el
centro "resulta que ya fue abierto, y se encuentra funcionando".
En la agenda de la concejal de Familia y
Servicios Sociales, Concepción Dancausa, figuraba la visita a este
equipamiento, un centro integrado que aúna prestaciones destinadas a
mayores y oficinas de los servicios sociales situado en el número 6
de la calle de la Ladera de los Almendros. El Ayuntamiento tenía
previsto, a última hora de , seguir adelante con la inauguración.
"La Junta Electoral no nos ha notificado oficialmente la
suspensión", afirmó un portavoz.
"Un tirón de orejas"
"Esto pone de manifiesto que el Partido Popular
ha intentado utilizar las instalaciones públicas para hacer
campaña", afirmó el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David
Lucas. Fue el comité electoral del Partido Socialista de Madrid el
que denunció la inauguración ante la Junta Electoral. "Nos parece
muy afortunada la decisión, que da un tirón de orejas al PP", añadió
Lucas, para quien el acto supone "una utilización partidista de las
infraestructuras públicas".
Lucas hizo hincapié en que la instalación lleva
varios meses en funcionamiento, un extremo que el Ayuntamiento
niega. Un portavoz municipal aseguró que el único servicio que está
abierto es una sala de lectura a la que acuden a diario los mayores
para consultar los periódicos. El resto de las instalaciones, que
incluyen la cafetería, varias aulas de informática, servicio de
podólogo, etc. no están aún en funcionamiento, aseguró. Tampoco las
oficinas de los servicios sociales, donde se tramitará la política
social del distrito.
Estaba previsto que el centro de mayores, que
forma parte del Plan municipal de inversiones del distrito de
Vicálvaro, abriera sus puertas al público el día siguiente a la
inauguración, es decir, el martes, afirmó el portavoz del
Ayuntamiento. La Junta Electoral Provincial acordó suspender el
acto, "que deberá posponerse para después del periodo electoral".
El director general de Mayores, Florencio Martín
Tejedor, envió mismo un fax a la Junta Electoral en el que negaba
que el centro estuviera en funcionamiento, según explicó el portavoz
municipal. A última hora de , la convocatoria de la visita de la
concejal al centro seguía apareciendo en la agenda del día.
(www.elpais.com, 03/03/08)
7. SEGÚN EL CES MADRILEÑO, LAS AYUDAS A LAS
MUJERES MALTRATADAS SON "PRIVILEGIOS"
Las ayudas públicas a las víctimas de la
violencia machista son "privilegios" e "incentivos para que las
mujeres presenten denuncias con el fin de obtener alguno de los
beneficios". Y las amenazas que reciben las víctimas son de
"consideración subjetiva". Éstas son algunas de las perlas que
recoge el documento de trabajo Tratamiento de la violencia de género
en España y la Comunidad de Madrid, firmado por Tatiana Torrejón y
publicado por el Consejo Económico y Social (CES), el órgano
consultivo regional.
El documento, del que un borrador fue aprobado en
la Comisión Permanente de este órgano, ha suscitado una queja formal
de los representantes sindicales del CES, que enviaron el pasado
martes una carta a su presidente, Francisco Cabrillo, en la que
exigen su retirada y una explicación pública. Hasta la fecha no han
recibido contestación de Cabrillo. Este periódico trató sin éxito de
conocer la versión oficial del CES.
Pese a que el CES asegura en una pequeña nota al
margen que no se hace responsable de las opiniones en la
publicación, la autora agradece a Cabrillo "los comentarios y la
revisión de este documento"."Este documento es indignante para las
víctimas de violencia", afirmó Elvira Llopis, una de las
representantes de CC OO en el CES, que recuerda que el grupo
sindical se opuso a que este texto estuviera considerado "documento
de trabajo". Explica que normalmente se califica así en el seno del
órgano consultivo a informes "que emanan de un grupo o que suponen
la base de un trabajo". Pero, en este caso, se trata de un documento
firmado por una única persona, Virginia Torrejón, cuya experiencia e
idoneidad cuestiona Llopis.
"Ni es experta, ni tiene obra publicada, aunque
no nos consta que la hayan pagado. Pero cualquier recién licenciado
querría publicar en el CES", agrega. Al teclear el nombre de la
autora en el buscador Google de Internet no aparecen enlaces.
En las conclusiones del informe figuran estas
afirmaciones:
- "Privilegios de víctimas de la violencia
doméstica". La autora del texto denomina "privilegios" a las ayudas
públicas. "En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se perciben
son 300 euros en un único pago para las situaciones de emergencia",
explica Llopis, que aclara que se considera como tal el caso en el
que el riesgo de muerte haga salir casi de estampida de su domicilio
a la mujer. Por tanto, rebate que haya que esperar hasta que se
produce una sentencia, que sólo llega en algunos casos y tras un
largo proceso.
- "Las víctimas fingen para beneficiarse de una
ayuda". Torrejón sugiere que con las ayudas públicas se motiva a las
maltratadas para que "prefieran ser víctimas" en lugar de esforzarse
por conseguir un mejor empleo, salario o condiciones laborales.
Llega a decir que se generan "incentivos perversos: que las víctimas
finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica, por ejemplo".
Las ayudas a las maltratadas son escasas: 2.465 mujeres han recibido
ayudas para cambiar de domicilio y 167 se beneficiaron de ellas por
riesgo de exclusión social desde que está en vigor la ley. La renta
activa de inserción la percibieron 10.657 mujeres en 2006.
- "Consideración subjetiva". En el documento se
plantea que la amenaza es una "consideración subjetiva". Llopis
pregunta: "¿Se atrevería a decir eso de las víctimas del terrorismo
de ETA?". El informe también plantea que dictar órdenes de
alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control" y
alerta del "coste social" que implica poner en marcha la "burocracia
judicial y a la policía". En enero, estaban en vigor en toda España
78.550 órdenes de protección, según el Ministerio de Trabajo. En la
región, el año pasado se duplicaron las muertes por violencia
machista.
(www.elpais.com, 07/02/08)
8. INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL 'SIN PAPELES'
Con aspecto de estar en obras, con un único y
complicado acceso, con las flores recién plantadas y las vigas de
hormigón sin pulir, "con un suelo infame" -en palabras de la
presidenta de la Comunidad-, con una jornada tan reducida (de 9.00 a
13.00) como su personal (285 sanitarios) y con sorpresas para los
pacientes -la primera recibió un ramo de flores de manos del gerente
y la última se hizo una ecografía junto a la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre-. Así se inauguró el Infanta Leonor, el
nuevo hospital de Vallecas.
Era la tercera, y precipitada, inauguración de
otro hospital que hace Aguirre aprovechando estos tiempos de campaña
electoral. Batiendo casi un récord inaugural. De hecho, el hospital,
que cuenta con 264 camas y 11 quirófanos y que pretende atender a
325.000 madrileños, empezará a funcionar realmente el lunes, y hasta
el 27 de abril no lo hará a pleno rendimiento, es decir, con
urgencias y paritorios, que por ahora no admiten pacientes. "La
primera semana se abren consultas externas y pruebas funcionales y,
a partir de ahí, el resto de servicios irán entrando en
funcionamiento de forma paulatina", explicaron fuentes del centro.
La presidenta llegó y se paseó por el centro
sanitario, llamando la atención sobre el suelo de los pasillos, de
un sucedáneo de granito tan pulido que podía convertirse en una
trampa mortal. Y en su discurso inaugural proclamó eso de "éste es
un hospital sin papeles". Nunca mejor dicho, cuando, como reconoció
su acompañante y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, el centro
no tiene licencia de funcionamiento, "aunque esperamos que el
Ayuntamiento agilice el trámite".
Fuentes municipales aseguraron que ni siquiera
había sido solicitada. Aguirre, en realidad, al decir aquello de los
papeles se refería a que "todo estará informatizado y no será
necesario papel".
El nuevo hospital, construido en una parcela
cedida por el Ayuntamiento que está pegada a la autovía de Valencia
(A-3), no tiene acceso a esa vía principal. Tampoco a barrios
cercanos, como el de Santa Eugenia o la Uva. "Está enfrente, pero
tenemos que dar la vuelta al mundo para llegar", dice Marisa García,
de la asociación de vecinos. En este momento los vecinos de ese
barrio, a 200 metros del hospital y separado por la vía del tren,
tienen que coger dos autobuses para llegar o, si van en coche, dar
un gran rodeo por la antigua carretera hacia Vicálvaro.
El proyecto incluye un paso subterráneo por
debajo de las vías y una salida hacia el hospital en la estación de
Renfe: "Ah... pero como eso corresponde a Fomento...", dicen en la
consejería. Esos accesos básicos existirán "cuando los hagan", pese
a la gran paradoja que supone un hospital de difícil acceso.
La Comunidad ha cedido por 30 años la explotación
del centro a una empresa concesionaria (Hospital de Vallecas, SA),
que ha construido el centro y que gestionará todos los servicios
"que no son estrictamente clínicos, como lavandería, seguridad,
limpieza y restauración".
El Gobierno regional se ha gastado 87,8 millones
en este nuevo hospital sin papeles.
(www.elpais.com, 01/03/08)
9. AGUIRRE YA TENÍA UNA OFERTA DE INTERIOR CUANDO
PIDIÓ EL HOSPITAL EN CARABANCHEL
Una parcela de 40.000 metros en los terrenos de
la antigua cárcel de Carabanchel. Es la oferta que recibió la
Consejería de Sanidad a través de una carta de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que depende del
Ministerio de Interior, el pasado 25 de enero. Es decir, más de un
mes antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, visitara el pasado viernes por sorpresa los terrenos
abandonados de la cárcel para reivindicar un hospital.
Así lo denunció la portavoz socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez, que reprochó a la presidenta regional haber
realizado "un acto electoral" cuando ya conocía el compromiso del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ceder la parcela. En
cambio, agregó, "el ministerio no ha querido escenificar el acuerdo
en plena campaña".
La Consejería de Sanidad llegó a contestar a la
oferta en otra misiva enviada el pasado 18 de febrero. En esta
carta, firmada por el consejero Juan José Güemes, éste explica que
sus técnicos están haciendo un "esfuerzo" para adaptarse a la
superficie ofrecida y reclama un "compromiso de edificabilidad",
puesto que un hospital de 350-400 camas requiere de entre 95.000 y
100.000 metros cuadrados de edificabilidad.
Además, pide que se concreten los términos del
acuerdo de compra o permuta, con una valoración económica del suelo,
y que se especifiquen los metros necesarios para que Interior
construya otra cárcel en la región. Sin estas condiciones, agrega el
consejero, no puede entenderse que haya un compromiso.
(www.elpais.com, 04/03/08)
10. LOS MADRILEÑOS SUFREN CUATRO HUELGAS
SIMULTÁNEAS
La Comunidad de Madrid sufre desde hoy nuevos
paros de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT),
una huelga indefinida de los servicios de recogidas de basura, otra
en los servicios de limpieza de los centros y locales y paros de los
trabajadores chinos de la cadena de restaurantes The Wok. La primera
en comenzar, y que afecta a mayor número de personas, ha sido la de
los autobuses urbanos, que a medianoche inició su quinta jornada de
huelga, de las nueva convocadas. El portavoz de CC OO en el Comité
de Huelga, Alberto Blanco, ha cifrado en el 100% el seguimiento de
la huelga.
Estos paros irán acompañados de una manifestación
a las 18.00 que irá desde Atocha a Cibeles y a la que están llamados
los más 7.500 trabajadores de la empresa, que siguen intentado
negociar el convenio colectivo. A los paros de los autobuses se suma
la huelga indefinida convocada por CC OO, FSP-UGT y CGT para los
1.700 trabajadores del servicio de recogida de basuras de la
capital, que negocian con FCC su convenio colectivo. Se estima que
3.800 toneladas de basura podrían acumularse al día en los 21
distritos. De momento, no se han fijado los servicios mínimos.
Los sindicatos han ofrecido la cobertura del 100%
para hospitales, clínicas o recogida de animales muertos y del 25%
para las calles, frente a la propuesta de la empresa que coincide en
el primer caso, pero prevé también una cobertura completa cada 72
horas, iguales a los servicios mínimos fijados en otras
convocatorias de huelga. Aunque sin relación entre sí, esta
convocatoria coincide con la de los 65.000 trabajadores de limpieza
de edificios y locales que operan en la Comunidad prevista para
mañana, y que afectará a ministerios, hospitales, metro, aeropuerto,
centros de salud, universidades, colegios y Presidencia del
Gobierno.
En este caso, la Comunidad ha decretado los
servicios mínimos que serán del 100% en Sanidad, Educación y
Servicios Sociales para mantener las condiciones higiénicas y de
salud en instalaciones esenciales. En los servicios sanitarios
públicos y privados (centros sanitarios, de atención primaria,
hospitales, servicios de urgencia y emergencia y otros servicios
facultativos de médicos, matronas, farmacéuticos, entre otros) se
establecerán unos servicios mínimos del 100% de la plantilla en las
salas de consulta, de curas, extracciones y en aquellas que estén
asimiladas a las zonas de alto riesgo mientras que en el resto de
instalaciones los servicios mínimos serán de un 70%. En cuanto a los
centros docentes no universitarios se han fijado unos mínimos del
100% en la atención de comedores, cocinas, aseos y vestuarios para
evitar cualquier riesgo sanitario en una población tan sensible como
los menores de edad.
Asimismo, se han decretado unos servicios mínimos
del 100% para otras zonas comunes y de uso administrativo hasta el
día 10 de marzo, con el fin de garantizar el derecho de sufragio en
las elecciones. Este porcentaje se reducirá hasta el 50% a partir
del día 11. En lo que afecta al transporte público, los mínimos se
han fijado teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el derecho
a la movilidad de los pasajeros en condiciones higiénicas tanto en
intercambiadores como en estaciones y centros de transporte. Por
tanto, en la red de Metro se han establecido unos servicios mínimos
del 50% en la limpieza interior de los trenes en día laborable,
porcentaje que se incrementará hasta el 60% en festivos y fines de
semana. Por su parte, las tareas de limpieza ordinaria diaria de las
estaciones tendrán unos mínimos del 60%, mientras que en taquillas y
en la retirada de bolsas de basura alcanzarán el 80%. Además, las
tareas de barrido de las plataformas de vía tendrán unos servicios
mínimos del 50%.
Respecto a los intercambiadores de transporte, la
limpieza de aseos y retirada de desperdicios tendrá unos mínimos del
50%, el mismo porcentaje que se aplicará a las mismas tareas en las
estaciones de viajeros y centros de transporte público. En estas
últimas instalaciones el porcentaje se elevará hasta el 60% en los
horarios de mayor concentración de usuarios. Además, los 500
trabajadores de la cadena de restaurantes The Wok en España, todos
chinos, están llamados a la huelga desde mañana hasta el viernes en
protesta por los incumplimientos del convenio colectivo. Los
trabajadores de esta cadena, que tiene en Madrid con 21
establecimientos, llevan varias semanas movilizándose porque la
empresa les traslada de un centro de trabajo a otro. Asimismo,
protestan por las represalias que han sufrido, ya que 16
trabajadores han sido despedidos.
(www.elpais.com, 03/03/08)
11. MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN PARA APOYAR
EL PARO DE AUTOBUSES
Unas 7.500 personas, según estimaciones de este
periódico, se manifestaron por el centro de Madrid para apoyar la
huelga de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT). La protesta de los conductores de autobuses urbanos comenzó
como una marcha familiar -muchos de los empleados acudieron con sus
hijos y parejas- y casi termina en trifulca. Al filo de las ocho de
la tarde, un grupo de manifestantes invadió los carriles de tráfico
de la plaza de Cibeles mientras un cordón de policías nacionales
intentaba frenarles.
Durante más de dos horas -entre las 18.00 y las
20.30- desfilaron haciendo ruido con silbatos y petardos por un
lateral del paseo del Prado. Coreaban consignas pegadas de la
actualidad, como "La niña de Rajoy, andando se va hoy", en alusión a
la pequeña imaginaria con la que el candidato del PP a la
presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, cerró el primer debate con
Zapatero. También hubo reclamos clásicos: "Este convenio, lo vamos a
ganar" y una gran pancarta desplegada "Por unas condiciones de
trabajo dignas y un transporte público de calidad". Casi al final de
la protesta, pequeños grupos de manifestantes intentaron cortar el
tráfico. "¡A por ellos, oe!", gritaban. Un hombre se tumbó y otro se
sentó delante de un autobús en marcha. Varios agentes los retiraron
a empujones. En apenas unos segundos, una veintena de furgonetas
policiales y un cordón de agentes rodearon el medio arco de Cibeles
desde el paseo del Prado hasta la esquina del Ayuntamiento. "¡No me
toque, no me toque!", le gritaba una mujer con un carrito de niño
vacío a un agente. Otros levantaban el puño y botaban sin dejar de
hacer ruido con los silbatos. Cortaron los tres carriles durante
unos 10 minutos. "¡Lo vais a estropear al final!", chillaba un
portavoz sindical. "¡Se va a liar, se va a liar!", se exasperaba
otro. No se lió.
Después de la multitudinaria protesta de , los
sindicatos se reunirán esta mañana para fijar una fecha de
negociación. La empresa confía en que ese día "llegue pronto".
Mañana miércoles es la sexta jornada de huelga, con tres paros
parciales de dos horas y media a las 24.00, a las 6.30 y a las
17.00. Los servicios mínimos oscilarán entre el 50% y el 60% de la
flota.
Alrededor de 7.700 trabajadores (5.500
conductores) forman la plantilla de la EMT. Reclaman un aumento de
180 euros mensuales, más seguridad y 30 minutos de descanso por
jornada, entre otras medidas. La empresa se aferra a un 40% de
seguimiento por jornada de huelga frente al 100% que airean los
trabajadores.
se produjeron retrasos sobre todo en las líneas
universitarias, según datos de la EMT. Nueve autobuses sufrieron
roturas y pintadas de lunas y espejos retrovisores.
(www.elpais.com, 04/03/08)
12. EDUCACIÓN PERMITIRÁ GUARDERÍAS CON MENOS
ESPACIO Y SIN PATIO PROPIO
La Comunidad de Madrid baja el listón de los
requisitos necesarios para abrir una guardería en la región. Ya no
será necesario que el centro para niños de 0 a 3 años disponga de un
patio propio. Basta un parque público cercano para que los niños
jueguen. El nuevo decreto de mínimos que la Consejería de Educación
aprobará "en las próximas semanas" reduce también el espacio
destinado a cada niño -de dos metros cuadrados obligatorios a "al
menos" uno y medio- y rebaja las exigencias de titulación para los
educadores. Sindicatos y oposición critican que esta fórmula
convertirá los centros "en aparcamientos para niños".
Entre 25.000 y 30.000 menores de tres años se han
quedado en lista de espera para este curso, según estimaciones de
Comisiones Obreras. Educación, que no facilita datos, asegura que
los del sindicato "no son reales". Un portavoz de la consejería
indicó que un 12% de padres presentan más de una solicitud y
"muchos" niños acuden a centros privados "subvencionados". Este año
se han repartido unos 23.000 cheques guardería, las becas de la
Comunidad que cubren entre 90 y 150 euros del precio mensual de un
centro privado, que oscila entre 270 y 400 euros.
"Quieren abrir el sector al mercado", considera
Francisco García, secretario de Enseñanza de CC OO. "Por un lado
abaratan las condiciones necesarias para abrir un centro y por el
otro solucionan con esos cheques la demanda de escuelas infantiles
públicas".
Frente al requisito de un patio de juego
"exclusivo" que debe medir al menos 70 metros cuadrados recogido en
el actual decreto, el nuevo deja un resquicio. Si las
características y ubicación del centro "no permiten" habilitar ese
recinto, los niños podrán jugar en un espacio al aire libre cerca de
la escuela, no necesariamente exclusivo. El único requisito es que
no se crucen con coches para ir de un sitio a otro. Educación
incluyó en el borrador la opción de un patio interior que se ha
retirado, según la consejería.
Hasta la fecha es necesaria la titulación de
maestro, técnico superior de educación infantil u otras equivalentes
como profesor de EGB (Enseñanza General Básica) para atender a los
niños. El nuevo documento abre el abanico a "otro personal con la
debida titulación" que "determine oportunamente" la propia
consejería, sin más especificaciones. "Tenemos indicios para
denunciar la intención del Gobierno de Aguirre de pasar a una
gestión totalmente privada", denunció en rueda de prensa Maru
Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Los
socialistas consideran que los nuevos requisitos son "tan poco
exigentes" que "casi" cualquier local con "dos o tres" espacios
diferenciados y un jardín público cerca podrá convertirse en una
escuela infantil y "casi" cualquier persona podrá trabajar allí.
Menéndez considera "peligrosa" esta "rebaja" que permitirá que
afloren y se legalicen "centros que ahora no tienen autorización
porque no cumplen las exigencias".
(www.elpais.com, 04/03/08)
13. AGUIRRE RECURRE LA LEY DE PATRIMONIO NATURAL
La presidenta regional, Esperanza Aguirre,
aumentó las causas abiertas por su Gobierno en el Tribunal
Constitucional, con un nuevo recurso contra el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Gobierno aprobó la decisión
de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de ámbito nacional.
Considera, según explicó el vicepresidente Ignacio González, que
esta normativa invade "competencias autonómicas".
En concreto, el Gobierno regional cuestiona que
el órgano de coordinación entre comunidades que contempla dicha ley
asuma "funciones de gestión de espacios naturales protegidos y de
las actividades fluviales y cinegéticas" (caza y pesca) que
corresponden a la Comunidad de Madrid, según González. El
vicepresidente aclaró que con la excusa de coordinar este órgano en
la práctica impone medidas que no le corresponden.
Además, el Ejecutivo regional aprobó un decreto
que regula los contenidos de la enseñanza infantil, la que se
imparte de cero a seis años, lo que permitirá, a partir del próximo
curso, que las escuelas infantiles a las que acuden los niños de
cero a tres años se limiten a dar un servicio de mero aparcamiento
de bebés. En este primer tramo de edad será obligatorio que los
niños aprendan el control corporal, el desarrollo del lenguaje o las
relaciones con el entorno y la convivencia.
El decreto también establece objetivos a alcanzar
y criterios de evaluación de los niños de entre tres y seis años. A
partir de los cinco años, los menores recibirán una hora y media
semanal de inglés, así como una hora diaria de escritura y lectura y
otra de cálculo.
(www.elpais.com, 07/02/08)
14. UNA RESIDENCIA PÚBLICA BAJA LA CANTIDAD Y
CALIDAD DE LA COMIDA "PARA AHORRAR"
Éste va a ser un año duro en lo nutritivo para
los 300 mayores que viven en la residencia Manoteras, situada en la
calle de Oña, 3, y que gestiona la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid. La dirección ha ordenado un
drástico recorte de costes que va directo al estómago de los
residentes. A partir de ahora, según una nota interior fechada el
pasado 25 de febrero, habrá que "limitar el consumo de verduras y
frutas", "se tendrán que poner platos más baratos, sobre todo en las
cenas", "el aceite servirá para más frituras que las habituales", se
comprará "carne de menor categoría de la que se traía habitualmente"
y "se pedirá algo menos de pan", entre otras medidas.
Los residentes pagan el 80% de su pensión a la
Comunidad de Madrid para vivir en el centro, según un portavoz del
Gobierno regional.
La circular fue enviada desde la dirección a
todos sus empleados hace una semana en forma de una "nota de régimen
interior" y constituye, según la literatura científica y los
expertos consultados, un "despropósito de las buenas prácticas en la
atención a las personas mayores", sostiene Isabel Gimeno,
especialista en nutrición de la Sociedad Española de Medicina
General (SEMG).
La dirección de la residencia justifica en el
documento la necesidad de adoptar estas medidas ante el aumento
("más del IPC") de los precios de los alimentos y la optimización de
los recursos económicos. Pese a los recortes, la nota especifica que
"se garantizará el aporte energético necesario" para los residentes,
aunque deja claro que en el comedor y en la cocina "más vale que
falte en lugar de que sobre".
"Lo que proponen estas instrucciones", explica
Gimeno, "es desequilibrar la dieta. Lo fundamental en personas
mayores es una alimentación equilibrada y rica en fibras. Las frutas
y verduras son fundamentales. Aportan mucha fibra y si se reduce su
peso en la dieta, hay que aumentar el aporte calórico de otros
alimentos menos aconsejables".
Carlos Pérez, máximo responsable del asunto por
ser el gerente de Bienestar Social de la Comunidad, se declaró
anoche "muy sorprendido" al conocer la cuestión por este
periódico.Según esta versión, la consejería desconocía las órdenes
imperantes en la residencia, que van firmadas por el director del
centro, Juan José Araúzo López. que lleva casi 30 años en el cargo.
"Estamos asustados, el director de la residencia
sabe de sobra que no puede tomar ese tipo de medidas porque todas
las decisiones que tienen que ver con la alimentación de los
ancianos tienen que pasar por el departamento médico en Gerencia",
añadió Carlos Pérez. Éste aseguró que su departamento ha aumentado
"precisamente este año un 5% el presupuesto en alimentación de los
centros que gestionamos".
Araúzo López, por su parte, aseguró que el
abanico de medidas fueron adoptadas "para que se utilice bien el
presupuesto". Un segundo más tarde, el director colgó de malas
maneras el teléfono con un "no tengo ganas de comentarle nada".
La gerencia del Servicio de Bienestar Social
asegura que estudiará "medidas severas" contra Araúzo López, ya que
"ha cometido una falta muy grave, extralimitándose en sus
funciones". "También porque en ningún caso se puede ajustar un
presupuesto con la alimentación, algo que tiene relación con la
salud de los residentes".
Al menos cinco trabajadoras, ocultas en el
anonimato, se quejaban de la falta de personal -una única auxiliar
para entre 45 y 60 ancianos por las noches, sólo dos los fines de
semana y tres entre semana- y contaban las otras restricciones
anunciadas: "En pañales, colonia, gel, galletas de la merienda".
Algo que en teoría pagan con creces los ancianos que entregan a la
Comunidad el 80% de su pensión.
"Pero es que la dirección quería ahora que con el
20% que les queda de pensión, los residentes financiasen los
recortes en productos que iban a ser impuestos", afirmaron estas
trabajadoras, que se mostraron "hartas" de los constantes
"recortes". "Esto es vergonzoso. Nunca hay pañales, por ejemplo, y
encima querían recortar más la cantidad que utilizamos", explicaron.
Los familiares de los residentes, según estas
empleadas, desconocen "lo que está pasando". "Sólo gracias al
esfuerzo de todos los empleados hemos podido seguir ofreciendo un
buen servicio", añadieron.
La residencia Manoteras lleva abierta 27 años,
tiene una capacidad para 300 personas, de las que 36 viven en
habitaciones dobles y el resto individuales. Fue una de las primeras
residencias públicas que se abrieron en la región. Cuenta también
con 20 plazas de centro de día.
(www.elpais.com, 05/03/08)
15. LOS MAYORES DE UNA RESIDENCIA PÚBLICA PASAN
LAS NOCHES "EMPAPADOS EN ORÍN"
Una mañana tras otra, ancianas que viven en la
residencia Goya se despiertan empapadas "de pis hasta los hombros y
con una fuerte tiritona por el frío", "llorando amargamente porque
estaba llena de orina hasta el cuello" o "en condiciones higiénicas
lamentables".
Éstas son sólo tres de las decenas de anotaciones
hechas por los trabajadores de la residencia pública Goya en el
libro de incidencias del centro, un documento que recoge el día a
día de este centro de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y
en el que viven 51 mayores, casi todos con graves problemas de
movilidad y que requieren cuidados continuos en sus necesidades
básicas.
Las hojas del libro que incluyen las anotaciones
hechas entre el 1 y el 20 de enero de 2007. Describen un panorama
desolador de falta de personal y de mayores desatendidos en sus
necesidades más elementales.
Menos de tres meses antes, el 16 de octubre de
2006, una sonriente Esperanza Aguirre, la presidenta regional, había
acudido al centro para inaugurar las obras de remodelación que su
Gobierno había acometido en la residencia. Aguirre (imagen superior)
posó ante los fotógrafos junto a algunos internos. Lo más alarmante
del caso, sin embargo, es que este diario ha constatado que los
responsables de la Consejería de Familia tienen noticia de estos
hechos, al menos, desde el pasado mes de abril, sin que nada hayan
hecho para solventarlos.
Fue en abril cuando un grupo de representantes de
los trabajadores se reunió con el ex director del Servicio Regional
de Bienestar Social (SRBS) Gonzalo Churruca, para hacerle llegar una
copia de algunas hojas del libro de incidencias. La respuesta
inicial de la consejería fue rápida: en las semanas siguientes, el
mismo Churruca, el subdirector de personal del SRBS, Javier
Salvador, y la coordinadora técnica Isabel Pemau se reunieron con
los empleados de la residencia en repetidas ocasiones.
"Se reunieron juntos o por separado más de cinco
veces con los trabajadores", explicaron dos fuentes que conocen el
caso de cerca y que pidieron el anonimato. "Todos los empleados les
expusieron los problemas que había, pero vinieron las elecciones y
se paró todo. Luego Churruca fue sustituido por Carlos Pérez y nunca
más se supo del asunto", añaden estas fuentes. La Consejería de
Familia y Asuntos Sociales declinó ofrecer su versión de los hechos.
Las hojas numeradas del libro de incidencias a
las que ha tenido acceso este periódico van de la 17 a la 24. En
ellas puede seguirse el despertar de algunas internas del centro
durante esos días de invierno.
Manuela (nombre que, como los siguientes, ha sido
cambiado para preservar su intimidad) despertó el 1 de enero
"empapada de pis hasta la almohada, se la vuelve a duchar". El día 2
vuelve a estar "empapada" y el 7 está "mojada hasta la cabeza, hay
que ducharla, y con un fuerte olor en la habitación a pis, y por no
abrir la ventana para que no se enfríen las usuarias, resulta
difícil trabajar en estas condiciones". La mañana del día 8, Manuela
está "como es habitual, de muy mal humor porque está de orina hasta
el cuello y me comenta que tiene mucho frío". El día 10 vuelve a
estar "empapada de orina hasta el cuello" y así sucesivamente.
Antonia no figura en el libro de incidencias
hasta el día 7 de enero, cuando despierta "llena de orina hasta los
hombros y con una fuerte tiritona por el frío". Al día siguiente
vuelve a estar "de orina hasta el cuello y heladita de frío". Y el
20 de enero las trabajadoras del turno de mañana la encuentran
"gritando porque estaba empapada de orina".
Los despertares del resto de internas no son más
agradables, como el de Josefa, que el 15 de enero "se pone muy
enfadada porque dice que se encuentra siempre mojada cuando está
acostada". O Ana: "Cuando vamos a levantarla [el día 10] está
llorando y tiritando porque lleva toda la noche mojada y no podía
moverse. Tenemos que ducharla y quitarle hasta el fondo del colchón
porque está todo empapado de orina".
Varias entradas de los trabajadores dejan ver la
falta de personal en el centro. El 7 de enero un empleado escribe:
"Hoy, como todos los fines de semana, somos tres auxiliares para
toda la residencia [51 pacientes distribuidos en cuatro plantas],
teniendo además que bajar y subir sillas al comedor por no tener
servicios generales los fines de semana". Ese mismo día, a un
residente "le hace la higiene y el vestido su esposa porque no nos
da tiempo para poderlos bajar al comedor", al igual que a otra
interna "tiene que hacerle el aseo el marido por la misma razón".
Los comentarios se repiten el día 12: "Como viene
siendo habitual, hoy somos tres auxiliares para toda la residencia".
Ese día, una residente tuvo un accidente: "Estaba toda orinada y se
había vuelto a levantar y a resbalar en el baño". Y una semana
después, también con tres auxiliares en el centro, un turno deja una
recomendación para el siguiente: "Por favor, no poner pañal de
noche, en el cambio de la mañana están escasos, poner pañal de día
con bragas".
(www.elpais.com, 06/03/08)
16. LA COMUNIDAD RECIBIÓ QUEJAS DE 214 FAMILIARES
DEL ASILO DE MANOTERAS
No había habido ni una, ni dos quejas sobre la
residencia pública de ancianos de Manoteras, sino hasta cuatro
escritos enviados a la Consejería de Asuntos Sociales con 214 firmas
de familiares. Y a la consejera de Asuntos Sociales, Gador Ongil, le
estalló en la cara el asunto cuando se disponía a dar un golpe de
efecto "cesando fulminantemente" al director del centro, Juan José
Araúzo, "por extralimitarse en sus funciones". El veterano gerente
que días antes había ordenado, mediante un escrito con el sello de
la Consejería, "ahorrar" reduciendo la cantidad y la calidad de la
comida de los 300 usuarios del centro, con medidas como "limitar el
consumo de frutas y verduras" o "comprar carne y pescado de menor
calidad".
Ni ella ni sus acompañantes -entre los que estaba
el gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Carlos Pérez-
contaron con los imprevistos y con la aparición estelar de los
espontáneos. Y allí, en la rueda de prensa que la propia Ongil había
convocado en la residencia, se coló Antonio Mayo, un jubilado que
visitaba a su madre y que hace un año emprendió una cruzada
denunciando las deficiencias, recogiendo firmas y mandando
escritos.Allí mismo, y justo después de que la consejera dijera que
en la residencia había 299 trabajadores, "casi uno para cada
anciano", Mayo no se pudo resistir.
Se levantó y se dirigió hacia Ongil. Le hizo
notar a la consejera que desde el 25 de enero de 2007 conocen en su
departamento los problemas del centro; "el más grave es el de la
falta de personal", que ha llevado, según trabajadoras del centro, a
"tener que levantar a los ancianos a las siete de la mañana para que
diera tiempo a darles de desayunar a todos" o "a acostarlos tarde
para que diera tiempo a darles la cena". Y así lo señalan los
escritos con las quejas y con el sello del registro de entrada de la
consejería, con la citada fecha. La consejera lo negó: "Siendo yo
consejera no he tenido conocimiento del asunto". El gerente, Carlos
Pérez, asentía con la cabeza y reconocía una anterior reunión con el
señor Mayo, que le señalaba con el dedo.
Las respuestas de la Administración regional a
los sucesivos escritos de Mayo demuestran que las quejas de los
familiares se perdieron en un laberinto burocrático en el que todos
los responsables eludían responsabilidades con la justificación de
que no era de su competencia. Así, la Consejería de Asuntos Sociales
remite el escrito a la Subdirección General de Personal (5-2-2007),
ésta a la Subdirección de Centros y Programas (30-10-2007)... Los
familiares nunca obtuvieron una respuesta hasta que trascendió un
recorte en la dieta que ponía en riesgo la salud de los mayores.
"Hay mucha rotación", decía una joven que
visitaba a su abuela. "Nos sobrecargan tanto de trabajo que siempre
hay bajas que no cubren", decía la trabajadora. Y, mientras Ongil
hablaba con la prensa, en la tercera planta una sola auxiliar
trataba de atender a 32 ancianos. El director cesado, que hasta
tenía su casa en el jardín de la residencia, estaba desaparecido.
(www.elpais.com, 06/03/08)
17. REINAUGURACIÓN CON FOTO EN LA RESIDENCIA
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, posó
el 16 de octubre de 2006 en la residencia Goya, la misma en la que
los ancianos duermen empapados en sus orines, en un supuesto acto de
inauguración. En realidad, lo que se estrenaba era la conclusión de
unas obras en el centro en las que el Gobierno regional invirtió más
de cinco millones de euros. Las gravísimas deficiencias que se han
puesto en evidencia se produjeron entre el 1 y el 20 de enero de
2007. La Comunidad supo de todos estos gravísimos problemas desde el
mes de abril de aquel año gracias a la denuncia de los trabajadores
de la residencia.
(www.elpais.com, 06/03/08)
18. AGUIRRE LLAMA A LA INSUMISIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, pretende hacer todo lo posible para oponerse al
Gobierno con la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La
consejera de Educación, Lucía Figar, declaró ayer que espera una
"avalancha" de objeciones tras conocer la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que permite a unos padres
de Huelva sacar a su hijo de clase cuando se imparta la materia.
El ponente del fallo al que se agarra el PP,
Enrique Gabaldón, copió los argumentos de su padre, José Gabaldón,
presidente de honor del Foro de la Familia, principal promotor de la
campaña de objeción.
Pese a que la sentencia no es extensible a todos los estudiantes,
Madrid no acatará la obligatoriedad de la materia, no evaluará a sus
alumnos, dará órdenes a los centros para que atiendan a los
objetores y les facilitará los trámites. Todo el plan fue anunciado
ayer por Figar, a tres días de las elecciones y supeditado a que el
Supremo convalide la sentencia del TSJA. El Ministerio de Educación
acusó ayer a Aguirre de irresponsable.
El pasado mes de septiembre, la presidenta llegó a manifestar que la
asignatura "nunca se impartiría en Madrid porque el PP ganaría las
elecciones". Después, menos crecida, matizó que se enseñaría "lo
mínimo". Ahora, fomenta la insumisión a una ley estatal.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP,
aseguró ayer que sí impartirá la materia el próximo año, aunque
festejó el fallo andaluz. "Afortunadamente vivimos en un Estado de
Derecho", dijo el portavoz del ejecutivo autonómico, José Antonio de
Santiago Juárez. La reacción contrasta con la del gobierno de
Aguirre, que ve la decisión andaluza como la sentencia definitiva a
pesar de los fallos contrarios en Asturias y Catalunya y los
recursos anunciados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía del TSJA
en el Supremo. La Abogacía del Estado también estudia recurrir la
sentencia del TSJA.
Los responsables de Educación en Madrid aseguran
que se han presentado 1.113 solicitudes de objeción a pesar de que
la asignatura no se impartirá hasta el curso próximo. Para atender a
los padres que se opongan a que sus hijos cursen la materia,
habilitarán una entrada en el registro de la Secretaría General
Técnica. El Foro de la Familia también ha creado una web para
asesorar a los padres, como los de José Joaquín, que acudieron a uno
de los abogados del Foro, Abel Martínez. "Los argumentos de la
sentencia son asimilables por cualquier ciudadano libre", dijo el
letrado.
(
