1. AGUIRRE DICE QUE CREAR UN MINISTERIO DE
IGUALDAD ES COMO CREAR UNA CONSEJERÍA DE LA BONDAD O DEL AMOR
2. AGUIRRE INSINÚA QUE EL LÍDER ES EL CANDIDATO
DE LOS "SOCIALDEMÓCRATAS"
3. EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE
4. EL CÍRCULO DE RAJOY PIDE A AGUIRRE QUE SE
ACLARE
5. SANIDAD. MADRID ES LA REGIÓN QUE MENOS
INVIERTE EN ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
MUERTES EN EL CLÍNICO EN 2002
7. SANIDAD. LOS MÉDICOS VEN A 10 ENFERMOS MÁS AL
DÍA DE LO RECOMENDADO
8. SANIDAD. SE ABRE LA VÍA PRIVADA EN LA GESTIÓN
DE LOS AMBULATORIOS
9. DEPENDENCIA. NINGÚN GRAN DEPENDIENTE MADRILEÑO
HA RECIBIDO LAS PRESTACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR LA ACTUAL LEY
10. EDUCACIÓN. SIETE NIÑOS EN UNA GUARDERÍA VACÍA
11. EL 22% DE LOS EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD FALTA
AL TRABAJO A DIARIO
12. VIVIENDA. UN ERROR EN LA LEY REGIONAL PERMITE
SUBIR EL PRECIO DE LOS PISOS PROTEGIDOS
13. TELEMADRID. EL PP VETA LA COMPARECENCIA DE LA
DIRECTORA DE TELEMADRID
14. CULTURA. LA COMUNIDAD ANULA UNA MUESTRA DE
ARTISTAS JÓVENES
15. ¿DE COMPRAS A LAS CUATRO DE LA MADRUGADA?
16. 55 DÍAS SIN AUTOBÚS... Y LO QUE QUEDA
17. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO SANCIONA A DOS
CONSEJERÍAS
18. COMUNIDAD DE MADRID: VECINOS DE ALCALÁ
PROTESTAN ANTE EL ALCALDE POR EL ALZA DE LAS CASAS
19. TORRELODONES: UN JUEZ ACABA CON LA
PERSECUCIÓN A LOS EDILES 'DÍSCOLOS' DE TORRELODONES
1. AGUIRRE DICE QUE CREAR UN MINISTERIO DE
IGUALDAD ES COMO CREAR UNA CONSEJERÍA DE LA BONDAD O DEL AMOR
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha comparado la creación de un Ministerio de la
Igualdad con la posibilidad de hacer en su Ejecutivo una Consejería
"de la bondad, del amor o de la abundancia".
En una entrevista con Onda Cero, la presidenta,
que se ha desplazado a Móstoles para participar en la edición
especial de la emisora por el bicentenario de la Guerra de la
Independencia, ha criticado la creación de este nuevo Ministerio
porque "la igualdad -ha dicho- ya la hemos consagrado en la
Constitución hace treinta años".
"Es como si yo creara una Consejería de la
Bondad, de la Abundancia o del Amor", ha ironizado, para concluir
que "los españoles ya somos iguales ante la Ley. Si se ha quebrado
de alguna manera, ha sido con el Estatuto de Catalunya, donde
resulta que unos españoles tienen más derechos que otros".
(www.lavanguardia.es, 18/04/08)
2. AGUIRRE INSINÚA QUE EL LÍDER ES EL CANDIDATO
DE LOS "SOCIALDEMÓCRATAS"
La guerra cada día más abierta que se vive entre
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre está provocando algo inusual en el
PP, de lo que huye la mayoría de los dirigentes: una definición
ideológica. La presidenta de la Comunidad de Madrid rompió de nuevo
la baraja . "Parece que la socialdemocracia está más cómoda con
Rajoy que con Esperanza Aguirre", le soltó el locutor en los
micrófonos de Onda Cero. Con su habitual naturalidad, ella contestó:
"No me sorprende".
En medio de un aplauso del público por su
atrevimiento -estaba asumiendo claramente la frase que colocaba a
Rajoy más cerca de la socialdemocracia- ella se dio cuenta del lío
en que se había metido y trató de matizar. "¿Cómo, cómo?", insistía
el locutor. "Quería usted respuestas cortas, yo se la doy. Yo no soy
socialdemócrata, nunca lo he sido".
La idea de que Esperanza Aguirre colocara de
alguna manera a Rajoy cerca de la socialdemocracia, mientras ella
representaría el liberalismo, irritó tanto al entorno del líder, los
llamados marianistas, que una de las personas que más claramente ha
apostado por Rajoy, el portavoz en el Senado, Pío García Escudero
-en realidad el único dirigente de alto nivel, junto al líder, que
no ha sido renovado- saltó poco después al cuello de Aguirre.
"No he entendido la respuesta [de la presidenta]
y debería aclararla", señaló. "La ideología del PP está claramente
expresada y aprobada por todo el partido, incluida Esperanza
Aguirre, no sólo en el congreso anterior, sino, mucho más
recientemente, en el programa con el que concurrimos a las
elecciones últimas. Y hay una cuestión clarísima: la ideología del
partido está infinitamente más cerca del liberalismo que de la
socialdemocracia".
Aguirre, que algunos en su partido asimilan con
los toros de la ganadería Miura, que se crecen en el castigo, no se
amilanó. "Estoy encantada, por fin se ha abierto el debate
ideológico en el PP", dijo en los pasillos de la Asamblea de Madrid
después de conocer las declaraciones de García Escudero. "Ahora
somos más liberales que socialdemócratas, y yo estoy convencida de
que es lo que tenemos que ser", continuó. Y volvió a meterse en el
charco: "Estoy muy contenta. Lo que he dicho es que no soy la
favorita de los socialdemócratas, pero si ustedes encuentran algún
socialdemócrata que me prefiera a mí les doy un euro por cada uno
que encuentren. Bueno, un euro no, que a lo mejor hay alguno y me
arruino. Les daré un céntimo de euro". Aguirre confirmaba así
indirectamente que ve a Rajoy más cerca de la socialdemocracia que a
ella misma.
Según señalan en el entorno de la presidenta,
ella está realmente contenta porque con su insistencia y su amago de
presentarse está obligando al partido a definirse sobre la línea a
seguir tras la derrota electoral. El congreso de junio, insiste
Aguirre, no debe servir sólo para elegir al líder -por aclamación,
en el caso de que sólo se presente Rajoy-, sino también para abrir
una reflexión sobre el tipo de oposición que hay que hacer y los
ejes ideológicos del partido.
Los debates clásicos en la derecha europea,
centrados en torno a la lucha entre los democristianos y los
liberales, no existen ya en el PP. Y menos aún desde que Rajoy ocupa
la presidencia. A veces en broma, a veces en serio, Rajoy se ha
definido como un señor "de provincias, serio y de derechas". Pero en
la campaña del 9-M sorprendió cuando, buscando arañar votos, sostuvo
que él defendía mejor que Zapatero "los principios del socialismo
clásico", porque el PP exige la igualdad de trato entre los
españoles, vivan donde vivan, sin los privilegios que, en su
opinión, ofrece el Estatuto catalán. Rajoy resolvió el problema con
una definición: el PP está en el "centro liberal". Es decir, que
todos son liberales.
Los populares han logrado minimizar la fuerza de
los democristianos, y sobre todo los debates internos. Jaime Mayor
Oreja, el máximo exponente de esa corriente, está desaparecido de la
primera línea, y ninguno de sus herederos ha encontrado fuerza
suficiente. El PP supera así con equilibrios, y evitando el debate
ideológico, las contradicciones que supone tener dentro de un mismo
partido a liberales agnósticos, a una portavoz parlamentaria como
Soraya Sáenz de Santamaría, casada por lo civil y que dijo "prometo"
cuando asumió el cargo, y a miembros del Opus Dei como Federico
Trillo o Vicente Martínez Pujalte.
(www.elpais.com, 18/04/08)
3. EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE
Sólo ella tiene la última palabra, pero si se
deja llevar por lo que escucha cada día, Esperanza Aguirre debe de
estar muy animada a tirarse a la piscina y presentarse como
candidata alternativa a Mariano Rajoy para tomar las riendas del PP.
No sólo entusiastas como el diputado Antonio Beteta la empujan a
hacerlo. Casi todos los consejeros regionales están en esa línea,
con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza. Entre los más
cercanos, sólo Francisco Granados, secretario general del PP de
Madrid, lo ve demasiado complicado. Ese entusiasmo quedó en
evidencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
cuando Aguirre invitó a sus consejeros a un café, de forma inusual,
para hablar de un asunto que hasta ese momento sólo había tratado
con los más cercanos -González, Granados.Allí estaban Juan José
Güemes, Manuel Lamela, Engracia Hidalgo, Lucía Figar, Beatriz
Elorriaga, Gádor Ongil, Ana Isabel Mariño, Santiago Fisas, Alberto
López Viejo y Paloma Adrados. La presidenta fue muy crítica con la
situación del partido, según cuentan algunos presentes. Dijo que
ella sólo había querido abrir el debate de ideas porque creía que
Rajoy estaba gestionando muy mal la situación poselectoral.
"Tenemos a la militancia muy enfadada. Estamos
perdiendo votos a chorros. No podemos dar la imagen de partido
anquilosado, de que perdemos las elecciones y nos dedicamos a
aplaudir más que antes. Nuestra gente ha pasado cuatro años muy
movilizada porque creía que la derrota era culpa del 11-M. Tenemos
que dar una imagen ilusionante. El congreso debe ser un revulsivo",
recuerdan que dijo.
Entonces hablaron ellos. Y uno tras otro
-González se había bajado a dar la rueda de prensa y Granados tenía
que encargarse, como consejero de Interior, de un incendio en
Aranjuez- todos la animaron a dar el paso. Varios de ellos,
incluidos algunos con mucho peso en el Ejecutivo regional,
pronunciaron una misma frase, según recuerdan los que reconstruyen
la reunión "Si logramos los 600 avales obligatorios para
presentarse, ganas seguro, presidenta".
Entre los consejeros de Aguirre hay personas muy
cercanas a Rodrigo Rato, como Juan José Güemes. Por eso en el
partido muchos dirigentes piensan que la mano derecha de José María
Aznar en los 90 está con la presidenta. Fue Ana Isabel Mariño, otra
ratista, quien introdujo el nombre de Rato en esa reunión: "Rodrigo
está alucinado con lo que está pasando", comentó. En el PP corre por
todas partes el malestar que el ex vicepresidente económico está
trasladando porque Rajoy nunca le ha pedido que le ayude y por cómo
está gestionando la derrota electoral del 9-M. La convicción de que
si se consiguen los avales, la victoria está asegurada, fue
mayoritaria.
Otros consejeros coincidieron con una idea que le
han escuchado a González: "Un congreso de 3.000 personas es algo
imposible de controlar por el aparato". Fisas, mientras, insistió
mucho en que había que reflexionar sobre los resultados en Cataluña.
Después de un largo debate en el que sólo algunos
matizaban que tal vez convenía esperar un poco más porque si no ella
quedaría "como la mala de la película", Lucía Figar le preguntó si a
ella realmente, en lo personal, le apetecía asumir el reto. Entonces
Aguirre se confesó ante sus consejeros. "Mirad, tengo muchas
presiones. Me lo está pidiendo mucha gente. Me animan amigos,
militantes, empresarios, periodistas... Si os digo la verdad, a mí
no me apetece nada. Mi hijo se casa en julio, quiero tener más
tiempo para la familia, fines de semana más tranquilos..."
Algunos empezaron a pensar que eso era un no.
Pero luego llegó la puerta abierta que dejó a todos muy buen sabor
de boca y la convicción de que la decisión final será un sí: "No me
apetece, pero en la vida no siempre he hecho lo que me apetecía",
cerró Aguirre.
Granados, que no estaba en esa reunión pero sí
intercambia opiniones con muchos consejeros y pertenece al círculo
al que la presidenta consulta las decisiones importantes, es menos
entusiasta que sus compañeros. Él es el hombre de aparato, el
responsable del partido en Madrid y el encargado, si llega el caso,
de hacer las llamadas pertinentes a los dirigentes provinciales
-mucho más importantes en un congreso de 3.000 personas que los
barones autonómicos, según coinciden varios expertos- para buscar
apoyos para Aguirre.
Granados, según explican otros consejeros y
diputados que han hablado con él en estos días, cree que para
lanzarse a la piscina, Aguirre debería tener garantizado el apoyo al
menos de algún barón regional para que su candidatura tuviera más
fuerza. Los entusiastas que le rodean replican que eso sólo sucederá
cuando Aguirre dé el paso al frente. "Nadie quiere arriesgarse ahora
que ella aún no ha anunciado que se presenta. Pero en cuanto haya
dos candidaturas algunos barones se decantarán por Aguirre",
sentencia un consejero madrileño. "El grupo parlamentario está más
tranquilo ahora, pero en cuanto se anuncien dos candidaturas se
dividirá", sentencia un veterano diputado.
Lo que más ha animado a los aguirristas, y
preocupado al entorno de Rajoy -que de inmediato le ha preparado al
líder una campaña por toda España para reforzar su autoridad y
obligar a los barones a retratarse a su favor- es la entrada en
juego de Francisco Álvarez-Cascos, el ex secretario general, un
hombre que lo fue todo en los 90 y aún tiene predicamento en los
cuadros medios del partido.
El que con más fuerza la empuja, según coinciden
todos los consultados, es Ignacio González, que la acaba de
acompañar en su viaje oficial de dos días a los Emiratos Árabes. Él
es el hombre fuerte del Gobierno y el aspirante natural a suceder en
el cargo a la presidenta si ésta lo deja por responsabilidades
mayores. Los enemigos de González quieren ver en esa posibilidad el
motivo de su entusiasmo con la candidatura. Lo cierto es que no está
solo en la convicción de que el éxito es posible. Tiene a casi todo
el Gobierno con él. Pero ella tiene la última palabra.
(www.elpais.com, 16/04/08)
4. EL CÍRCULO DE RAJOY PIDE A AGUIRRE QUE SE
ACLARE
El círculo que rodea a Mariano Rajoy está ya
bastante harto del "ruido" que hay en el partido por culpa de
Esperanza Aguirre. Comienzan a estar cansados de tener que responder
a los dimes y diretes, de tener que pronunciarse sobre el fuego
cruzado que se ha desatado en el PP de Madrid, de hablar sobre las
candidaturas y sobre las fuerzas que se manejan... Pero hasta junio,
como diría Rajoy, es lo que hay.
Los colaboradores del jefe de la oposición no se
oponen a que haya más candidaturas en el Congreso. De hecho invitan
a todo el que quiera presentarse a hacerlo pero... ya, cuanto antes
para que se sepa con claridad las opciones que existen y que se
ponga fin a este sinvivir. "Tiene la oportunidad de hacerlo
cualquiera, que lo haga. ¿No se atreven? Es ahora o nunca", dicen
algunos dirigentes conservadores.
"Cualquiera que entienda que tiene un proyecto e
ideas puede presentarse al PP y consideró que debe hacerlo si cree
que son mejores para nuestro proyecto. Desde luego, para eso se
hacen los congresos", insistía Soraya Sáenz de Santamaría.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular
recordaba, eso sí, que quien salga investido "tendrá que acometer la
tarea de oposición de estos cuatro años y presentarse a las próximas
elecciones generales". Ahí es nada. En el PP hay muchas voces. "Esta
situación no es buena para el partido. Lo debilita", comentaba un
diputado. Tanto él como otros ven que en los últimos días Rajoy se
muestra algo "pasota" y, en cierto sentido, le ven "contrariado".
Fue algo que se pudo comprobar , coincidiendo con
la apertura de la IX Legislatura. El presidente del PP salía al
patio del Congreso cuando, de pronto, se encontró frente a un
batallón de periodistas dispuesto a preguntarle por los apoyos que
está recibiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de
sus consejeros. Dió un paso hacia adelante, otro hacia atrás. Buscó
con la mirada algún apoyo, un punto de referencia y como no lo
encontró, optó por volverse hacia el vestíbulo que conduce hacia el
Hemiciclo. Después huyó escoltado por los suyos. La escena fue
seguida por los presentes con cierta sorna.
Aguirre era un nombre tabú en el PP. Mientras
ella recordaba que había dicho "50 veces" que no entraba en sus
planes presentarse, los suyos seguían animándola. Su mano derecha,
Ignacio González le insite en que dé el paso porque tiene
posibilidades -en Génova creen que es porque él se quiere quedar con
el puesto- mientras que Francisco Granados, también hombre de
confianza de Aguirre y más conocedor de la mecánica de los
congresos, le pide prudencia. Aguirre mantiene que no entra en sus
planes y los que la conocen bien, consideran que su batalla es más
bien a largo plazo.
En la sede nacional creen que sólo la arropan los
suyos y que se ve impulsada por la derecha mediática. Están seguros
de que si se lanzara "haría el rídiculo". "Tampoco hay que
despreciar al contrario", opinan, sin embargo, otros. Algunos no
descartan que, se llegue o no a presentar, los compromisarios
deparen alguna sorpresa. "Aguirre puede no contar con el respaldo de
los presidentes regionales pero es que entre los que van a votar hay
peronas que no son cargos públicos ni tienen responsabilidades, no
están controlados por los barones y puede ocurrir cualquier cosa",
comenta un miembro del PP.
Por si fuera poco el follón Manuel Fraga también
intervenía en él. El presidente fundador del PP quiere que el XVI
Congreso de su partido sea "de verdad" y "no a la búlgara". Varios
miembros del Comité Ejecutivo Nacional le restaban importancia a sus
palabras. Pero alguno le buscaba segundas intenciones y apuntaba que
el ex líder de la Xunta sólo busca que su apuesta personal, Alberto
Ruiz- Gallardón, tenga una oportunidad.
Mientras, José María Aznar, y Rodrigo Rato se
mantienen en silencio. "Si hablaran ya sería el fin", comentan desde
el PP. En torno a Rajoy no saben si el ex director gerente del FMI
apoya o no a Aguirre.
(www.publico.es, 17/04/08)
5. SANIDAD. MADRID ES LA REGIÓN QUE MENOS
INVIERTE EN ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
La Comunidad de Madrid es la autonomía española
que menos invierte en su red de atención primaria, formada por 400
centros de salud y más de 4.000 médicos de familia y pediatras, en
relación a la población atendida. Ésta es la principal conclusión
del estudio presentado por la Federación de Asociaciones en Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP), hecho a partir de los presupuestos de
2008 de las 17 comunidades españolas. Los 102 euros que la Comunidad
destina por cada ciudadano con tarjeta sanitaria quedan muy lejos de
los 190 de Extremadura o los 181 de Navarra y son un 35% inferiores
a la media nacional, que se sitúa en 138,2 euros.
El estudio concluye también que los médicos y
enfermeros de la región tienen a su cargo una población superior a
las de sus colegas del resto de España. Los médicos madrileños están
al cargo de 1.708 ciudadanos, mientras que la media nacional es de
1.461. Los enfermeros, por su parte, asumen 1.971 tarjetas, por
1.666 del resto del país.
Las conclusiones de este estudio coinciden con
otros trabajos, como el que publicó este periódico el pasado
domingo, que reveló que la mitad de los facultativos se ven
obligados a ver a más de 40 enfermos al día, 10 más que lo
recomendado por las sociedades científicas. La FADSP sí elogia el
gasto farmacéutico (182 euros por habitante), un 25% menor a la
media nacional.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, restó
credibilidad al estudio de la FADSP, al que consideró que utiliza
datos incompletos o antiguos. "Madrid tiene ahora 3.496 médicos de
familia y 6,38 millones de tarjetas sanitarias, lo que reduce la
media de tarjetas por médico a poco más de 1.500", aseguró. Sobre el
presupuesto por habitante, Güemes señaló que "la atención primaria
tiene un presupuesto de 800 millones de euros", lo que situaría a la
región casi en la media nacional, con 135 euros por persona. Los
presupuestos de la Comunidad, sin embargo, reducen el presupuesto
para atención primaria (excluido el gasto farmacéutico) a 735
millones de euros y el gasto per cápita a 115. La FADSP interpreta
los datos como ejemplo de la política de "deterioro y privatización"
que, en su opinión, está siguiendo el Gobierno regional. Güemes, por
su parte, reiteró "el enorme compromiso de este Gobierno con la
sanidad pública".
(www.elpais.com, 18/04/08)
6. SANIDAD. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
LA FALTA DE HIGIENE PROVOCÓ 11 MUERTES EN EL CLÍNICO EN 2002
Entró en urgencias con una herida en la cabeza
por una caída. La mandaron a casa, pero empezó a encontrarse mal y
al día siguiente tuvo que volver. Ya no salió. Rosa Benito, de 80
años, murió en el hospital Clínico San Carlos de Madrid en abril de
2002.
La causa del fallecimiento, según recoge una
sentencia del 3 de abril del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, fue una infección que contrajo en el hospital y que provocó
otras 10 muertes en la UCI sólo durante ese mes.
El tribunal considera que no se adoptaron "todas
las medidas de asepsia [las encaminadas a mantener un espacio libre
de elementos infecciosos] exigibles", por lo que condena al Servicio
Madrileño de Salud a pagar una indemnización de 50.000 euros. La
sentencia habla de "un evidente exceso de infecciones hospitalarias
en relación a las tasas inevitables en todo hospital".
La UCI del Clínico se cerró después de este
episodio, un brote de un microorganismo SAMR (Stafilococo aureus
meticilin resistente), según recoge el informe pericial y admite el
jefe del Servicio de Medicina Preventiva en un escrito que consta en
el sumario. En sus conclusiones, a la perito le "llama la atención"
el elevado número de muertes en la UCI en pacientes con septicemia
(infección generalizada y muy grave). De los 11 diagnosticados en
abril de 2002, todos murieron. Entre ellos, Ángel Francisco García,
de 48 años, que ingresó por una neumonía y tampoco volvió a salir
del hospital. Su viuda, Concepción Sánchez, denunció y está a la
espera de la sentencia. El resto de afectados podría no saber qué
causó la muerte de sus familiares, afirma el abogado que lleva ambos
casos, Álvaro Sardinero."Yo entraba a verle y dejaba el bolso y la
chaqueta sobre la cama. Incluso cogía unas gasas, las mojaba con
agua del grifo y se las ponía en la boca, porque no le dejaban
beber". Concepción recordaba la falta de asepsia que había en la UCI
del Clínico cuando iba a visitar a su marido, que pasó allí tres
meses "cogiendo una infección tras otra". María Ángeles, la hija de
Rosa, también presenció esa falta de control: "Estábamos sin
mascarilla, vestidos de calle, las papeleras al aire. Un operario
entró un día para arreglar una persiana. Al lado de las camas".
Concepción asegura que preguntó por qué no
aislaban a su marido para que dejara de contagiarse. "El médico dijo
que no había sitio". El informe pericial lo confirma: "Choca que en
el procedimiento de la UCI no se indique el aislamiento en cabinas
asépticas a los pacientes más débiles y susceptibles de ser
infectados, así como a aquellos [...] colonizados o infectados [...]
para evitar contagiar a otros enfermos". El jefe de Medicina
Preventiva, José Fereres, también comunicó a la dirección médica que
el servicio "carece de las condiciones de infraestructura necesarias
para realizar aislamiento individual de los pacientes infecciosos
que lo precisen". El escrito continúa: "Como sabes, el último brote
de SAMR en la sala general de la UCI afectó a 11 enfermos y fue una
de las causas del cierre y reforma de esta unidad".
María Ángeles estaba "satisfecha" con la
sentencia. Justo se cumplían seis años de la muerte de su madre, una
mujer "independiente, que salía y entraba, hacía gimnasia...". Rosa,
que vivía sola en Salamanca, había venido a Madrid a pasar unos días
por el cumpleaños de su nieto. Un día le dio un mareo y se cayó. Una
"heridita mínima en la cabeza", pero por si acaso fueron a
urgencias. María Ángeles cree que fue allí donde cogió la infección.
El servicio, cuenta, estaba colapsado: gente atiborrando los
pasillos, médicos que no daban abasto, historiales revueltos sobre
las mesas... Lo calificó de "dantesco", adjetivo que retomó la
perito en su informe para asegurar que ese escenario "no parece el
más idóneo para el control de infecciones nosocomiales
[hospitalarias]".
Rosa mejoraba y empeoraba día sí, día también.
"No me decían que tenía una infección", se queja su hija. Sólo que
había "recaído". Al final lo reconocieron, cuenta, pero nunca
admitieron que se la hubieran contagiado en el hospital. Aguantó un
mes y cuatro días. "Se reinfectaba constantemente porque no la
aislaban". María Ángeles, que es hija única, sólo se arrepiente de
una cosa: "Me la tuve que haber llevado de allí y no lo hice".
A Rosa le diagnosticaron SAMR en dos análisis el
8 y el 14 de abril, según el informe pericial. Se trata de un
microorganismo muy resistente y muy virulento, presente en casi
todos los hospitales españoles. La posibilidad de contraer una
infección en un hospital es del 7%, según Josep Vaqué, coordinador
general de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene. En una UCI, donde los pacientes son más
vulnerables, el porcentaje oscila entre el 20% y el 30%. "Cuando se
dan dos casos o más se tiene que declarar como brote", aseguró.
Concepción se alegra por la sentencia que da la
razón a María Ángeles. "Moralmente, es un éxito". Se conocieron en
la UCI, con sus familiares en camas contiguas. Para Concepción, el
triste aniversario es este sábado. A Ángel, después de "coger de
todo" durante tres meses, al final le salieron unas manchitas. Era
varicela. Entonces sí decidieron aislarle. "Cuando ya se estaba
muriendo", se lamenta Concepción. Allí, en una cabina, cuenta que sí
que les pusieron batas y mascarillas. "Para que él ya no contagiara
a nadie".
Los hijos de Ángel y Concepción, que entonces
tenían 13 y 17 años, nunca visitaron a su padre en la UCI. Él no
quería que lo vieran así y, además, estaba seguro de salir adelante.
"Y ya no salió", dice Concepción. Su abogado, adscrito al Defensor
del Paciente, cree que su caso tendrá sentencia en pocas semanas.
Para María Ángeles la lucha aún no ha acabado. "La vida de mi madre
no tiene precio. Allí había unos responsables y habrá que depurar
esa responsabilidad
(www.elpais.com, 17/04/08)
7. SANIDAD. LOS MÉDICOS VEN A 10 ENFERMOS MÁS AL
DÍA DE LO RECOMENDADO
Han estudiado en prestigiosas facultades, son
profesionales punteros y aman su trabajo. Pero andan muy escasos de
tiempo, algo tan sencillo como esencial para cumplir el papel que la
sociedad les ha confiado: el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Son los 4.000 médicos y pediatras de los 400
centros de salud y consultorios locales, la red de atención primaria
de la Consejería de Sanidad. Los médicos de familia de la región
pasan consulta, uno tras otro, a una media de 39,1 pacientes al día,
según datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso
este periódico.
En una jornada laboral de siete horas, supondrían
10 minutos por paciente, pero lo cierto es que las tareas
administrativas, los avisos a domicilio, la formación y las
reuniones de equipo de los médicos reducen el tiempo de consulta.
Las sociedades médicas calculan que las consultas duran algo más de
seis minutos. Los pediatras, por su parte, hacen frente a 27,4 niños
de media por jornada.
Lo deseable, según los expertos, sería reducir
esas cifras a 30 y 20 enfermos, respectivamente, "lo mínimo
necesario para poder dar los buenos días a los pacientes, tener tres
minutos para escucharles y otros cinco para hacer un diagnóstico,
explicar el tratamiento y transmitir mensajes para que la persona
adopte unos hábitos saludables", explica Mercedes Rico, presidenta
en Madrid de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen).
"Lo peor", añade Concha Sánchez Pina, presidenta
de la Sociedad Madrileña de Pediatría en Atención Primaria (Ampap),
"es que eso es una media, lo que significa que la mitad de los
facultativos están viendo a más pacientes, a veces muchos más".
Los datos lo confirman. Más de la mitad (un 52%)
de los médicos de familia ven a 40 pacientes o más a diario. Un
14,6%, es decir, unos 450 profesionales, pasan consulta a más de 45.
Y se trata de una media anual (excluidos los meses de julio y
agosto), no de los frecuentes días de sobrecarga asistencial por la
gripe o las alergias, por ejemplo.
La saturación de los centros de salud madrileños
es el principal motivo del sindicato Femyts, mayoritario en atención
primaria, para convocar la huelga. Ya ha habido dos jornadas de paro
total y están previstas cuatro más, el 21, 22, 24 y 25 de abril.
Pero la sobrecargada agenda de los facultativos
es también una de las principales quejas de los ciudadanos, que no
entienden el tener que esperar a menudo dos, tres o más días para
ver a su médico de cabecera, y luego éste les despache, a veces, en
menos de cinco minutos.
Las quejas de unos y otros han sido frecuentes en
los últimos años, pero nadie, salvo los responsables de Sanidad,
conocía los datos reales de la presión asistencial en los centros de
salud. La respuesta de la consejería a las preguntas del PSOE en la
Asamblea de Madrid permite ahora por primera vez aportar algo de
luz. Los datos informan de la actividad de 2.914 de los 3.101
médicos de familia (un 94%) y de 761 de los 821 pediatras (un 93%)
que estaban en activo el 31 de diciembre de 2005.En estos dos
últimos años, según un portavoz de la Consejería de Sanidad, la
situación ha mejorado algo con la incorporación de casi 400 médicos
de familia y 43 pediatras a la red pública, aunque la población
también ha crecido en este tiempo 120.000 personas desde los 5,96
millones de habitantes en la región hasta los 6,08.
Sólo el 16,2% de los médicos de familia atiende a
34 o menos pacientes al día. En el caso de la pediatría, los datos
no son mejores. Lo ideal sería ver a 20 niños o menos en una jornada
de consultas, pero sólo el 28% de los facultativos logra trabajar a
un ritmo inferior de las 24 consultas diarias.
En el extremo contrario, el 14,6% de los médicos
de familia atiende a 45 enfermos o más por jornada. Hay, incluso,
casi 50 facultativos -el 1,6%- que visitan a más de 50 pacientes de
media. Y el 27,1% de los pediatras deben ver a 30 niños o más
diarios. "Por encima de estas cifras, la consulta se convierte en un
centro de estrés con riesgos para el pediatra y para el niño",
explica Concha Sánchez Pina. "El niño requiere tiempo. Muchos están
asustados y primero tienes que tranquilizarles. Luego necesitas la
calma suficiente para ver qué le ocurre y hacer un diagnóstico
correcto", añade.
"Son datos preocupantes", insiste Mercedes Rico.
"La función del médico de familia no es sólo hacer un diagnóstico
rápido y prescribir fármacos. Somos responsables de la salud de la
población y deberíamos tener tiempo para educar al paciente, para
hacer que lleve una vida más saludable. En estas condiciones, es
imposible", afirma.
A lo que se ven obligados los profesionales, en
cambio, es a ejercer "haciendo equilibrios con la agenda". "En las
siete horas de consulta, vemos a todos los pacientes, pero además
nos hacemos cargo de las urgencias, las labores administrativas y,
en algunos casos, la atención domiciliaria". El resultado, según
Rico, es "un médico cansado, agobiado por la responsabilidad de
trabajar a contrarreloj y consciente de la repercusión en la calidad
asistencial".
Un examen detallado de los datos de Sanidad
muestra también diferencias significativas en las cifras de
pacientes atendidos en cada área sanitaria (ver cuadro adjunto). Los
médicos de cabecera del área 9 (Leganés y Fuenlabrada) ven a 44,6
pacientes al día, ocho más que los 36,2 del área 7 (centro de la
capital). En pediatría, los extremos los ocupan las mismas áreas, y
van desde los 32 a los 25,3.
Para los expertos, es preocupante que las áreas
con mayor saturación coincidan con el sur de la región y el Corredor
del Henares, es decir, con las zonas con menor desarrollo
socioeconómico. Esto, según Rico, tiene un efecto perverso, ya que
"es precisamente esta población la que requiere un mayor tiempo".
Francisco Hernández, el diputado del PSOE que ha
hecho las preguntas parlamentarias, considera que "estos datos
demuestran el fracaso de la atención primaria en la región". "No se
ha hecho frente a las necesidades de la población de una forma
planificada y seria, y por ello la red pública, en lugar de mitigar
las desigualdades socioeconómicas de origen, las refleja y
consolida", afirma.
Los expertos coinciden en que la solución a la
sobrecarga de la atención primaria pasa por reforzar las plantillas.
Femyts, el sindicato convocante de la huelga, calcula que la
Comunidad de Madrid necesita 320 pediatras y cerca de 1.000 médicos
de familia más para garantizar la calidad de la asistencia. Exigen,
además, mejores horarios y condiciones laborales.
Concha Sánchez Pina atribuye a la desidia del
Gobierno regional buena parte de los problemas de los que adolece la
atención primaria: "En pediatría, la falta de profesionales se debe
a la sobrecarga asistencial y a la imposibilidad de conciliar vida
laboral y profesional. Con jornadas inamovibles de dos a nueve,
muchos prefieren irse a la privada o a provincias limítrofes".
Más allá del incremento de plantilla, algo
difícil porque "no hay médicos en paro", Paulino Cubero, presidente
de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia, opina que la otra
solución es un cambio de cultura: "Vamos a usar a los médicos que ya
tenemos para hacer medicina". Y no para rellenar recetas, por
ejemplo. La implantación de la receta electrónica les permitiría
emplear en el paciente el 20% del trabajo que ahora dedican a
burocracia, asegura.
(www.elpais.com, 13/04/2008 )
8. SANIDAD. SE ABRE LA VÍA PRIVADA EN LA GESTIÓN
DE LOS AMBULATORIOS
Es un pequeño cambio para un ambulatorio, pero
una gran novedad para la sanidad pública. La Consejería de Sanidad
se dispone a abrir la puerta, por primera vez, a la gestión privada
de un centro de especialidades, hasta ahora coto cerrado junto a los
centros de salud de la gestión pública en la atención médica a los
ciudadanos. El Gobierno de Esperanza Aguirre también ha dado en el
último año el mismo paso en la atención hospitalaria de 1,5 millones
de madrileños.
El centro de especialidades Pontones, situado en
la ronda de Segovia y que atiende a una población de casi 300.000
personas, pasará a estar gestionado a fin de mes de forma compartida
entre la propia Consejería de Sanidad y la empresa Capio,
multinacional propiedad de un fondo de capital riesgo que gestiona
la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro.
Los médicos de Capio, que ha contratado al menos
a seis ginecólogos, otorrinos y cardiólogos, según fuentes de la
empresa, aterrizarán en el centro en dos semanas, cuando terminen
las obras de remodelación de la cuarta planta del edificio. Sanidad
defiende la medida como una reorganización administrativa de la zona
centro de la capital.Los médicos de Capio pasarán a atender las
primeras consultas de especialista de los aproximadamente 200.000
habitantes de los barrios de Universidad, Cortes, Palacio,
Embajadores, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Los médicos de la
Consejería de Sanidad, por su parte, seguirán haciéndose cargo de
los pacientes de esta zona que ya atendían hasta ahora y asumirán
80.000 nuevos ciudadanos del centro de especialidades Aguacate,
situado en Carabanchel. Este ambulatorio sufre actualmente una
elevada presión asistencial.
Junto al personal facultativo, Capio trasladará a
Pontones el personal administrativo necesario para gestionar las
agendas de citas de los facultativos y demás documentación médica.
Sanidad y Capio no han hecho público hasta el momento si también se
incorporará a Pontones personal de enfermería de la compañía.
Esta decisión de Sanidad supone un nuevo paso en
la cesión creciente a la iniciativa privada de equipamientos
públicos de la red sanitaria, emprendida por Esperanza Aguirre desde
su llegada a la presidencia regional en 2003. Hasta ahora, sin
embargo, esta cesión se había limitado a hospitales, mientras
Sanidad se había reservado para sí la atención en centros de salud y
ambulatorios.
Los 200 trabajadores de Pontones celebraron una
asamblea en la que rechazaron unánimemente la decisión de Sanidad.
"Los trabajadores de un centro público no podemos permitir ni
tolerar que el Gobierno regional entregue la gestión de parte del
equipamiento a una empresa privada, cuyo fin es el lucro y no el
cuidado de la salud de la población", explicó José Povedano,
delegado de UGT.
Éste califica de "caballo de Troya" la entrada de
Capio en los ambulatorios y alertó de que "con la presencia de sus
médicos, la empresa podrá derivar y facturar a Sanidad miles de
pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en Pontones con
medios públicos hacia sus instalaciones de la Fundación Jiménez
Díaz". Povedano también denunció que "cientos de análisis de sangre
que hasta ahora se hacían diariamente con recursos públicos serán
enviados a los laboratorios de Capio".
Los trabajadores estiman que la consejería, cuyo
titular es Juan José Güemes, puede estar ensayando en Pontones
nuevas fórmulas de gestión privada en los centros de salud y
especialidades para luego "extenderlos a toda la red pública".
"Aguirre puso en marcha nada más llegar al Gobierno una política de
privatización de la sanidad pública que no deja de crecer", denunció
Povedano. "Éste es el penúltimo paso para poner en manos privadas
toda la red pública", concluyó Povedano.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP), por su parte, calificó de "privatización
encubierta" la medida y apoyó las movilizaciones de los trabajadores
para "el mantenimiento de Pontones como un centro sanitario
exclusivamente público".
La asociación también criticó que Sanidad lleve a
cabo estos cambios de "manera claramente ilegal" y "casi
clandestina" con el fin de "evitar y esconder las repercusiones
sociales y políticas".
(www.elpais.com, 17/04/08)
9. DEPENDENCIA. NINGÚN GRAN DEPENDIENTE MADRILEÑO
HA RECIBIDO LAS PRESTACIONES QUE LE CORRESPONDEN POR LA ACTUAL LEY
La aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid
se está caracterizando "por la nula transparencia, el retraso en su
desarrollo, la escasez de recursos y la falta de previsión y
planificación", según afirmó la secretaria de Política Social de
CCOO de Madrid, Ana González , en la primera jornada sobre
dependencias que el sindicato inaugurór.
La denuncia de CCOO se refiere a la inexistencia de datos en
relación a las solicitudes presentadas y valoradas, aunque de
acuerdo a los únicos datos oficiales existentes, registrados por las
comunidades autónomas en el SISAAD (Sistema de información
centralizado del Sistema de Dependencia), Madrid es la región con
menor número de solicitudes presentadas y valoradas, tras Ceuta y
Melilla.
En concreto, 1.794 solicitudes presentadas y 1.572 dictámenes
realizados frente a las 105.000 presentadas y 62.424 resueltas de
Andalucía, las 10.163 presentadas y 7.000 resueltas de Valencia ó
las 32.528 presentadas y las 24.749 resueltas de Cataluña.
En cuanto a los expedientes de los grandes dependientes, Madrid se
sitúa en el último lugar: solo ha dictaminado y resuelto un 5% en
relación a los 23.383 grandes dependientes oficiales; mientras
Andalucía alcanza un nivel de cobertura del 143%, Castilla la Mancha
del 72,54%, Valencia en el 34,16%, Murcia en el 73,21%. Según Ana
González, a pesar de los "discursos autocomplacientes" de la
Comunidad de Madrid, los grandes dependientes "no están atendidos".
Si a los grandes dependientes se suman los dependientes severos de
nivel II que desde el pasado enero deben empezar a ser atendidos
igualmente, el sindicato considera que las 24.000 valoraciones
previstas para este año por el Gobierno regional "son claramente
insuficientes".
En lo atinente a la valoración y resolución de los expedientes, CCOO
asegura que ningún gran dependiente de la Comunidad de Madrid está
recibiendo las prestaciones que le corresponden al amparo de la Ley
de Dependencia. Sí reciben prestaciones los que ya las recibían a
través de los servicios sociales, a riesgo de que no se correspondan
con las que les otorga la nueva Ley. En cuanto a los nuevos grandes
dependientes, ninguno ha sido objeto de ningún PIA (Plan Individual
de Atención). Y es que tras los seis meses de retraso con que empezó
a aplicarse la Ley en Madrid, los madrileños esperan 12 meses sólo
para la valoración de su dependencia.
Por otra parte y, a pesar de lo que establece la
Ley en cuanto a que las prestaciones se basen fundamentalmente en
servicios, el documento concluye que el 90% de los presupuestos
destinados a atención a la dependencia son para "transferencias
económicas a familias" es decir, cheques en vez de servicios.
El informe de CCOO desvela también que al menos 12.500 personas
mayores en situación de dependencia engrosan la lista de espera para
una residencia. En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, no cubre
ni el 14% de los mayores de 75 años. Además, aunque está previsto el
aumento de usuarios en más de un 20% para estos servicios, apenas se
han incrementado estas partidas lo que permite augurar un deterioro
en la calidad.
Por último, tampoco se incrementan apenas (3%) los dineros
destinados a convenios con los ayuntamientos, a pesar de que son
éstos los que se ocupan de las solicitudes y de elaborar el informe
pertinente, previo al diseño del PIA.
(www.madriddigital.info, 17/04/08)
10. EDUCACIÓN. SIETE NIÑOS EN UNA GUARDERÍA VACÍA
El cartel cubre el lateral de la fachada. "No es
por mí, es por tu hijo". La escuela infantil pública Alfar, en
Vallecas, está casi vacía a las nueve de la mañana. Sólo han entrado
cinco de sus 90 alumnos. Un grupo de maestras explica en la puerta a
los pocos padres que llegan con sus hijos que hoy están de huelga,
mientras pintan más pancartas para colgarlas en los trozos de muro
que aún están limpios. Cecilia aparece con su niña Melanie de la
mano. Y como llega, se da la vuelta. "Nos marchamos porque trabajo
por la tarde y ahora puedo cuidarla un ratito". Apoya a los maestros
porque "juntar a 20 niños en una clase es una barbaridad".
El decreto regional que establece los requisitos
mínimos para abrir una guardería, aprobado en marzo por la Comunidad
de Madrid, ha puesto en pie de guerra al sector educativo. Claman
por la "dignidad" de la enseñanza infantil y contra lo que
consideran una privatización encubierta del sector. 5.000 docentes
de esta etapa estaban ayer llamados a la primera huelga de la
historia de las escuelas infantiles públicas de Madrid, donde cada
día acuden 27.000 menores de seis años. La respaldaron más del 90%,
según los convocantes, o el 53%, según la Consejería de Educación,
que fijó los servicios mínimos en el 25% del personal.
El documento de mínimos rebaja la cualificación
necesaria para trabajar como educador y aumenta el número máximo de
alumnos por aula. En las clases de uno a dos años pasará de 12 a 13
menores. En el tramo de dos a tres años, de 16 a 20. Y permitirá
abrir centros sin patio propio. Basta un espacio público cercano al
que se pueda acceder sin cruzar una carretera para que los niños
vayan al recreo.
Nada que ver con otro centro de Vallecas -que la
directora enseña a cambio de que no aparezca el nombre-. Todo el
recinto está rodeado de grandes ventanales. Desde cada uno se ve y
se accede a un enorme patio con espacios separados para cada edad
por pequeñas vallas. Ninguno de sus 150 alumnos corretea hoy entre
los columpios. Aulas diferenciadas, cocina propia, biblioteca, un
rincón donde los niños toman contacto con el ordenador... Siete
pequeños juegan en la sala de la entrada a primera hora de la
mañana. Ira, de 41 años, entrega a su hijo a la carrera porque
asegura no puede dejarlo en otro sitio. "Todos mis familiares
trabajan". Se va corriendo a la casa de Rivas Vaciamadrid donde está
empleada como servicio doméstico. Comparte la protesta, asegura,
pero el deber manda.
"No entiendo por qué quieren meter a más niños
aquí, tendrían que abrir más escuelas", comenta Milagros, con su
hijo Dani, de dos años, en brazos. Han pasado por el centro por
casualidad, para saludar a las maestras. Ambos secundan la huelga en
la escuela Alfar. Ellas pueden comparar. El niño, de dos años, pasó
su primer añito en la privada. Lo que más le gusta de la pública es
que la dejan entrar con su hijo al centro y no la obligan a soltarlo
en la puerta sin más. También el personal, la comida... y el precio.
Antes pagaba 400 euros al mes. Ahora, 128.
"Casi todos los padres nos apoyan y se han
quedado con sus hijos", explica una docente. La Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, que
representa al 80% de asociaciones de la región, respalda la
protesta. "El decreto no ha tenido en cuenta los derechos de los
niños ni la calidad, sólo la cantidad", explica su portavoz, José
Luis Pazos. La Consejería defiende que las nuevas ratios del decreto
permitirán que 3.000 niños más accedan a una plaza el año que viene.
Sumadas a otras 3.300 creadas este año, ofertan 6.600 vacantes más.
La cifra no basta. El año pasado 30.000 niños se
quedaron en lista de espera, según los sindicatos, que ven un
intento de privatización del sector tras la normativa. "Quieren
abaratar la escuela infantil para poder privatizarla más tarde",
según un portavoz de UGT. "La solución no es privatizar y fomentar
la proliferación de guarderías garaje o chiringuitos, sino
desarrollar la red pública", añade otro de CC OO.
(www.elpais.com, 18/04/08)
11. EL 22% DE LOS EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD FALTA
AL TRABAJO A DIARIO
La Comunidad de Madrid, con 160.000 empleados, es
el mayor patrón de la región y tiene graves problemas para gestionar
sus recursos humanos. El sistema público, admiten sus responsables,
falla en motivar a la plantilla, crear equipos, adecuar las
plantillas o formar a los trabajadores para adaptarse a nuevos
puestos de trabajo. El resultado es un descomunal absentismo
laboral, que alcanza el 22% de media y en algunos días llega al 25%,
admite el director general de Función Pública, Miguel Ángel López,
quien expuso estos datos recientemente en la Asamblea de Madrid. En
un día cualquiera, entre 35.000 y 40.000 personas no van a trabajar
por baja o permiso laboral.
La diferencia con la empresa privada es abismal.
La media en las firmas, según los últimos datos es del 4,1%.Según un
estudio sobre 16.000 empresas por PricewaterhouseCoopers, publicado
hace un año, el absentismo de los españoles en el sector privado es
del 4,1%. El Estatuto de los Trabajadores asegura que una empresa
tiene un absentismo elevado cuando éste alcanza al 5% de la
plantilla.
El problema existe, pero según apuntan los
expertos consultados, tiene poco que ver con el tópico del
funcionario escaqueado. "Un absentismo tan elevado es el síntoma de
una mala gestión de los Recursos Humanos. Donde el estrés y la
sobrecarga de trabajo, o en el extremo contrario, la desmotivación y
la escasa gratificación personal son la norma, el absentismo se
multiplica", explica Francisco Prados de Reyes, catedrático de
Derecho del Trabajo en la Universidad de Granada.
El propio Miguel Ángel López admite que "los
datos muestran un problema de fondo que requiere actuaciones
urgentes". Aún más, el director general alertó en la Asamblea de que
"los gastos de personal empiezan a tener un protagonismo, un peso,
incluso unas exigencias de crédito [pagar las nóminas con deuda
pública], que condicionan en muchos casos la realización de otras
políticas". El pago de las nóminas de los empleados públicos (entre
funcionarios y contratados) consume más de un tercio, 6.500 de
18.900 millones de euros, de los presupuestos de la Comunidad.
"Estamos cerca del límite", advierte López.
"Hay días en los que la cuarta parte de los
trabajadores de nuestros empleados está de baja", admitió López en
la Asamblea. "Tal vez sea un problema de todos: de los jefes que no
saben organizar, de los trabajadores que no están motivados, de las
condiciones de trabajo, etcétera. Pero esto no se puede soportar. Al
contribuyente no se le puede decir que, en algunos casos, el 25% de
la plantilla está de baja, porque para ello no existe ninguna razón
sanitaria ni lógica. Habrá que sentarse y estudiarlos", siguió
López.
El responsable opina que una de las más razones
más importantes es la falta de adecuación de algunas plantillas.
"Hay ámbitos en los que falta personal y otros en los que sobra",
explicó López en la Asamblea.
En el primer caso, entre las que se cuentan
funciones como la atención a enfermos y ancianos, atención al
público o tareas auxiliares administrativas, la sobrecarga de
trabajo acaba repercutiendo en la salud física (artrosis, artritis,
lumbalgias y otros problemas de la espalda) o psíquica (estrés),
según la Comunidad de Madrid. Esto tiene, además, un efecto
perverso, según el catedrático de Psicología Social de la
Universitat de Valencia, José María Peiró: "Sin una adecuada
política de sustitución, los trabajadores que siguen acudiendo al
trabajo todavía tienen más sobrecarga, siendo un círculo vicioso".
En el extremo contrario, dijo López en la
Asamblea, se encuentran "unidades de trabajadores como fogoneros,
pinches de cocina, de lencería, etcétera" en los que la falta de
trabajo lleva a una "desmotivación generalizada" que dispara la
conflictividad y trastornos relacionados con la falta de realización
personal como la depresión.
Peiró destaca que en estos casos "se instala una
cierta cultura del absentismo que resulta tolerada y aceptada al
menos de facto por todo el mundo. Esta situación resulta muy difícil
de cambiar".
La Comunidad admite que ha fallado la formación y
el reciclaje ante el envejecimiento. "Tenemos casi un millar de
limpiadoras con 55 años y unos trastornos físicos lógicos por su
edad y su trabajo que elevan las bajas laborales", explica López.
"Ahí hace falta un enorme esfuerzo de reciclaje, para prepararlas,
por ejemplo, para que ocupen puestos de auxiliares de control o
administrativas, que es donde falta personal", añade.
En total, la Comunidad calcula que es necesaria
una reconversión "no para despedir, sino para reciclar" a entre
6.000 y 10.000 empleados públicos. "El trabajo público es muy
garantista, y quizá este es otro de los problemas. La falta de
objetivos, el que todos ganen lo mismo y sumen antigüedad sin
relación con los logros conseguidos es sin duda una de las causas de
desmotivación que está en el origen de los demás problemas", añade
López.
Francisco García, responsable de Educación de CC
OO y negociador con la administración autonómica, comparte "la
necesidad de modernizar la administración y en eso es clave y
urgente establecer cuantos mecanismos hagan falta para mantener el
compromiso que los empleados públicos tienen con el sistema
público". García, sin embargo, califica de "poco creíbles y
tergiversación" los datos de absentismo ofrecidos por la Comunidad.
"Esta administración lleva más de tres legislaturas sin avanzar en
eso de lo que ahora alerta. El propio López ha retrasado
reiteradamente las reuniones pendientes que tenemos desde octubre.
No entendemos este mensaje de alarmismo", señaló. "Compartimos la
necesidad de abordar una reforma a través de una nueva ley".
(www.elpais.com, 16/04/08)
12. VIVIENDA. UN ERROR EN LA LEY REGIONAL PERMITE
SUBIR EL PRECIO DE LOS PISOS PROTEGIDOS
La decisión de la Comunidad de Madrid de elevar
hasta un 30% el precio de las viviendas protegidas está causando más
de un dolor de cabeza a los adjudicatarios de estos pisos. Sobre
todo para los que se edificarán en nuevos barrios promovidos por
administraciones públicas, como Los Molinos-Buenavista, en Getafe;
Los Espartales, en Alcalá, o Móstoles Sur. A pesar de que la
Consejería de Vivienda lleva una semana asegurando que los pisos
construidos en suelo público, no se verán afectados por esta subida,
varias promotoras de estos barrios aseguran que subirán los precios
para acogerse a la nueva norma regional. Existe una contradicción
entre lo que dice Vivienda y la literalidad de la ley.
Mientras que la Comunidad apela al "espíritu de
la ley" para impedir que suban cualquiera de los pisos que ya han
sido adjudicados, o aquellas construidas en suelo público, las
promotoras se acogen a la literalidad de la ley para encarecer las
viviendas protegidas. Un error en la redacción de la ley, o al menos
una falta de concisión, parece tener la culpa. La redacción de la
norma dice que la subida de precios sólo se podrá aplicar en
viviendas que no hayan solicitado la calificación de protección
pública antes de la entrada en vigor de la orden. Pero muchas
promotoras, aprovechando el resquicio legal, han retrasado esta
calificación hasta la entrada en vigor de la norma regional para
beneficiarse de la subida. Algunas incluso ya habían adjudicado las
viviendas. Algunos propietarios han visto cómo su promotora encarece
su piso un 30%.
La constructora Atrium edificará 105 viviendas
protegidas en el barrio Móstoles Sur. La semana pasada envió una
carta a sus adjudicatarios, que ya han firmado un contrato de
reserva, en la que se establecen los nuevos precios de sus casas que
van desde los 214.500 a los 276.600 euros. Atrium precisa que ha
calculado los precios según el módulo vigente aprobado el pasado 1
de abril por el Gobierno regional.
La propia empresa reconoció a este periódico que
conoce la postura de la Comunidad respecto al alza de los precios,
aunque insiste en que la orden da luz verde a la subida. "No hay
otra comunicación con rango de ley salvo la orden publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", explicó una portavoz de
la empresa. Ésta agregó que Atrium no ha solicitado por el momento
la calificación provisional para vivienda protegida, un permiso
especial que otorga la Comunidad para estos pisos.
La polémica parece estar servida, dado que
Vivienda reconoce que "no todas" las promotoras han solicitado dicha
calificación. La respuesta de muchas constructoras es simple: al no
haberse solicitado ni siquiera el permiso a la Comunidad de Madrid,
el incremento es de aplicación. Pero Vivienda insiste en que si las
viviendas ya han sido adjudicadas no pueden subir los precios.
Un portavoz de Vivienda anima a los
adjudicatarios que pudieran verse afectados por este encarecimiento
a denunciar la situación. "En ese caso abriríamos un expediente a la
empresa que aplique subidas", precisa.
"Muchos hemos contactado con las promotoras, pero
ninguna es clara y nos dicen que pueden aplicar la subida", explica
Irene Ros, una de las adjudicatarias de viviendas en Móstoles Sur.
Como ella, decenas de afectados por una posible subida en el precio
final de sus viviendas han puesto en marcha una campaña informativa
con el objetivo de organizarse e incluso protagonizar
movilizaciones. "No puede ser que, de la noche a la mañana, veamos
que unos pisos que íbamos a comprar por 170.000 euros nos cuesten
ahora más de 200.000", agrega Ros.
El Ayuntamiento de Getafe anunció que enviará un
comunicado a todas las cooperativas y promotoras de los barrios de
Buenavista y Los Molinos instándoles a no subir los precios.
(www.elpais.com, 16/04/08)
13. TELEMADRID. EL PP VETA LA COMPARECENCIA DE LA
DIRECTORA DE TELEMADRID
La directora general de Telemadrid, Isabel
Linares, no comparecerá en la Asamblea de Madrid, como había pedido
la oposición (PSOE e IU) para explicar el reportaje que emitió la
televisión autonómica sobre un supuesto coladero de inmigrantes en
la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y que fue cuestionado por la
Federación de Asociaciones de Periodistas (Fape) por tratarse de un
montaje con una supuesta cámara oculta.
Así lo ha decidido la Mesa de la Comisión de
Control al Ente Público, según denunciaron las dos portavoces de la
oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU). Pese a que las
dos peticiones de comparecencia solicitadas por ambos grupos habían
sido aceptadas a trámite por la Mesa de la Asamblea, ha sido la Mesa
de la Comisión de Control al Ente Público la que ha echado por
tierra la petición. Esta decisión ha sido posible porque el PP
cuenta en la Cámara regional con la mayoría absoluta, gracias a sus
67 diputados.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, justificó la
decisión en que la directora general de Telemadrid ya dio
explicaciones sobre el reportaje de la T-4 el pasado 21 de febrero y
consideró que la decisión de la Fape no tiene "naturaleza política
suficiente" para volver a tratar la misma cuestión.
(www.elpais.com, 16/04/08)
14. CULTURA. LA COMUNIDAD ANULA UNA MUESTRA DE
ARTISTAS JÓVENES
Pese a estar prevista, la inauguración de la XIX
edición de Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía, un certamen
artístico organizado por la Comunidad de Madrid y dirigido a menores
de 35 años, no tendrá lugar. El motivo oficial: la Consejería de
Deporte y Juventud, responsable del proyecto, decidió a última hora
buscar un espacio diferente del Centro de Arte Joven de la
Comunidad, en la avenida de América, 13. Según técnicos de la
consejería y los propios artistas participantes, el consejero
Alberto López Viejo manifestó que el centro no era el espacio
adecuado; a pesar de que fue remodelado el año pasado, ha acogido
las 18 exposiciones anteriores de Circuitos y el montaje de la
muestra estaba a punto de concluir. Más de 2.000 invitaciones habían
sido impresas y enviadas, el catering contratado y los catálogos
publicados.
Del mismo modo, en carta del 10 de abril, la
directora de Juventud, Guadalupe Bragado, indicaba a los
participantes que se estaba buscando "un centro de arte madrileño de
máxima referencia" para la muestra.
"Los museos y galerías programan con un año o dos
de antelación, es imposible que encuentren algo", señalaba en la
mañana de Laura F. Gibellini, una de las artistas participantes.
"Además, se nos ha quedado cara de tontos, pues muchas de las obras
estaban diseñadas para ese espacio y ahora habrá que modificarlas",
contaba la artista. "No hemos podido hablar con el consejero, pero
estamos elaborando una queja formal".
En la misma idea insistía Óscar Alonso Molina,
comisario encargado de la exposición: "Es una decisión tomada desde
la falta de reflexión y el desconocimiento del mundo artístico. No
es lo mismo cambiar de lugar un partido de fútbol que una
exposición. Hay además un problema de dinero público. Este año se
recortó el presupuesto y la itinerancia de la exposición. Pero ahora
el aplazamiento y desplazamiento de la muestra va a suponer un gasto
adicional".
Ante el revuelo organizado, la consejería daba a
última hora de marcha atrás. Un portavoz señaló que "en atención a
la especial sensibilidad mostrada por los artistas, se mantendrá la
exposición en el Centro de Arte Joven, pero se aplazará unas
semanas". La consejería ha intentado durante los últimos tres días
que "el Reina Sofía o el CaixaForum" cedieran salas. "¿Por qué nos
vamos a conformar con algo bueno si lo podemos hacer excelente?",
decía el portavoz de la Consejería de Deportes. "Es como si
organizamos un evento en el campo de fútbol de Alcalá cuando tenemos
a mano el Vicente Calderón", señaló.
Los 12 artistas participantes en Circuitos 2008
se reunirán a las 20.00 en el Centro de Arte Joven, para recibir a
todas aquellas personas invitadas a las que no haya llegado la
información del aplazamiento. El centro permanecerá cerrado.
15. ¿DE COMPRAS A LAS CUATRO DE LA MADRUGADA?
"¿Quééé? ¿Que quieren abrir por la noche?".
Andrea alucina. Abre y cierra los ojos varias veces. "Me parece
increíble", dice, silabeando el increíble. Trabaja en una tienda de
ropa de Callao y ya está bastante quemada con las aperturas en
domingo. "Si ya estamos mal ahora, no veas si nos hacen venir de
noche". Sus tres compañeros, que estaban casi mano sobre mano por
falta de clientes, asienten.
La Comunidad de Madrid, que permite abrir todos
los días del año en la zona de Sol desde enero, ultima ahora una
nueva ley que dará libertad para abrir a todos los comercios de
lunes a sábado sin ningún límite horario, es decir, incluso de noche
si deciden hacerlo.
El Consejo de Gobierno envió el jueves pasado el
proyecto de la llamada Ley de Modernización del Comercio al Consejo
Económico y Social (CES) para que emita su informe. En unas dos
semanas volverá al Consejo de Gobierno, que lo remitirá a la
Asamblea para que siga el trámite parlamentario habitual. La
Consejería de Economía calcula que la norma podría empezar a
aplicarse en verano.
La Ley estatal de Horarios Comerciales, aprobada
a finales de 2004, deja libertad a las comunidades autónomas para
regular la apertura de sus comercios. Establece, entre otras cosas,
unos mínimos, como ocho días festivos de venta autorizada. La
mayoría de comunidades, sin embargo, se amoldan a los mínimos de la
ley estatal. Es el caso de Cataluña, Navarra, La Rioja, Valencia...
Murcia, por ejemplo, amplía la cifra a 10 festivos. Pero ninguna
supera el récord de Madrid, con libertad para abrir 22 domingos al
año. Con la nueva ley, Aguirre llevará aún más lejos su política de
liberalización.
La Ley regional de Comercio Interior, la norma
actual, regula que sólo las tiendas de menos de 300 metros cuadrados
tienen libertad de horarios, con un máximo de 90 horas a la semana.
Los días festivos, además, no pueden abrir más de 12 horas. También
están obligadas a cerrar entre la medianoche y las siete de la
mañana. Todas esas restricciones serán historia con la nueva
normativa. Si sale adelante, cualquier establecimiento, de cualquier
superficie, tendrá libertad para abrir ininterrumpidamente de lunes
a sábado. La nueva ley no alterará lo establecido hasta ahora en los
22 domingos al año permitidos por el calendario comercial actual.
El anteproyecto de ley también simplifica
trámites burocráticos, según explicó un portavoz de la Consejería de
Economía. "La ley no obliga a abrir a nadie", afirmó. El Gobierno
regional defiende que la norma permitirá a los comerciantes
adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos. También
insiste en que creará empleo. Pone como ejemplo la declaración de
"zona de gran afluencia turística" de Sol, que permite a los
comercios abrir todos los domingos. Según la Comunidad, pasados los
tres primeros domingos los comercios ya habían contratado a más de
500 trabajadores, una cifra que niegan los sindicatos.
(www.elpais.com, 14/04/08)
16. 55 DÍAS SIN AUTOBÚS... Y LO QUE QUEDA
Pedro Calvo, delegado del Area de Gobierno de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y presidente del
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT). El es la persona señalada por los cinco sindicatos
convocantes de la huelga de trabajadores de la empresa municipal
para poner fin a los paros que llevan martirizando a los usuarios
desde el pasado 22 de febrero. La reciente imagen del ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mediando con los secretarios
generales de las federaciones de Servicios Públicos de los
sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios ha hecho mella,
y el Comité de Huelga de la EMT se acoge a ella con rapidez.
"Si Pedro Calvo quisiera, la huelga se
solucionaría enseguida", aseguraba el portavoz de los cinco
sindicatos (Plataforma Sindical, CCOO, UGT, SICAM y SIT-CSI),
Alberto Blanco, a la salida de la reunión número 22 entre el Comité
de Huelga y el Comité Negociador de la EMT. "En anteriores
ocasiones, como en la polémica surgida en 2006 ante la posible
privatización de la empresa, el propio Ayuntamiento tuvo una
participación activa. El mismo Pedro Calvo en persona nos ofreció la
solución, poniéndose fin al conflicto en el Ayuntamiento, en el
despacho de Fernando Autrán, el segundo de Calvo", aseguraba el
sindicalista.
Fuentes cercanas al presidente del Consejo de
Administración de la EMT niegan la necesidad de que Pedro Calvo deba
tomar parte de una protesta que desde ambos bandos se ha tildado de
"política" desde el principio. "Las negociaciones las están llevando
las personas con las responsabilidades necesarias para poner fin a
la huelga. La intervención de otros representantes sería
injustificada", informaban desde el Consistorio capitalino.
Tanto el Ayuntamiento como la propia empresa se
muestran muy disgustados con la actitud de los sindicalistas, a la
que tildan de "desproporcionada y fuera de lugar". El Comité de
Empresa de la EMT, presidido por Antonio Vaca Gómez, decidió
convocar una asamblea para acudir a la huelga después de mantener
apenas seis reuniones con los representantes de la empresa
municipal. En la primera asamblea, celebrada el 22 de febrero, se
decidió secundar una serie de paros parciales y totales durante los
meses de febrero y marzo. Finalizado este calendario, los sindicatos
volvieron a acudir a la sede de CCOO en la calle de Lope de Vega,
donde se volvió a aprobar por unanimidad nuevos paros parciales y
totales entre el 4 y el 23 de abril. En total, han sido ya 15
jornadas de huelga.
"Entendemos que los trabajadores hagan lo posible
por conseguir el convenio más adecuado para sus intereses, pero lo
que no es normal es que hace tres años, cuando se negoció el
anterior convenio, los sindicatos mantuvieran sin problemas 29
reuniones a lo largo de seis meses y medio. Y ahora apenas
aguantaron seis días de negociación antes de echarse a la calle. Por
eso a esta altura deberíamos haber avanzado las negociaciones un 90%
y apenas vamos por el 60%", explicaban desde la EMT al poco de
acabar la reunión, que tuvo lugar en las oficinas centrales de la
calle de Cerro de la Plata.
Las 22 reuniones que se han registrado hasta el
momento han sentado a ambas partes alrededor de una mesa más larga
que el adjetivo que la sigue: negociadora. A cada lado se sientan
entre 20 y 25 personas. La comitiva de la EMT suele estar encabezada
por el director de Recursos Humanos y portavoz de la empresa, Juan
Antonio Garrido. Junto a él, acuden habitualmente otros ocho
representantes, que varían según el tema a tratar: talleres,
contabilidad... Quién no suele faltar, se hable de lo que se hable,
es algún responsable de la Dirección Económica Financiera.
Por la parte del Comité de Huelga, quienes nunca
fallan son su presidente, Antonio Vaca Gómez, y el secretario,
Antonio Rosas. Ambos pertenecen a la Plataforma Sindical, que en
cada reunión se ven rodeados de otros tres compañeros de la central.
El Sindicato de Conductores de Autobuses de Madrid (SICAM) es
representado por cuatro personas, mientras que el resto, UGT, CCOO y
SIT-CSI, presentan un negociador por barba.
Desde un principio, empresa y sindicatos eran
conscientes de que el convenio no se iba solucionar en dos días. La
particular idiosincracia de la EMT así lo determina. Tal y como
comenta una fuente de la compañía, "no se debe olvidar que pese a
que los 5.500 conductores acostumbren a tener un protagonismo mayor,
en la compañía también trabajan más de 2.200 personas repartidas
entre los talleres, la administración...".
Conseguir poner de acuerdo a todas las partes en
cuanto a la modificación de los salarios, las vacaciones o lo
horarios no es tarea sencilla. Algunas reuniones duran más de cinco
horas. Otras se despachan en apenas 20 minutos con un simple
intercambio de papeles.
Por eso los portavoces de la EMT se desgañitan
haciendo ver que "cada reunión no es noticia". Aunque,
paradójicamente, la de si lo fue, ya que el gerente de la EMT,
Javier Conde, accedió a negociar con los representantes de los
trabajadores, a quienes entregó una nueva propuesta.
"Nada más verlo pensamos que la empresa traía un
ánimo diferente, aunque sea porque Conde no había aparecido desde
que se compuso la comisión negociadora a principios de enero",
ironizó el portavoz de los sindicatos, Alberto Blanco.
El tema del día fue el absentismo laboral, que
según la empresa es muy alto, ya que "alcanza el 10% y perjudica al
servicio a los ciudadanos, porque otra empresa pública como el Metro
no llega ni al 4%".
La nueva propuesta de la EMT contemplaba, entre
otras medidas, una subida salarial de un punto por encima del IPC
para el cuarto año de vigencia del convenio colectivo, que los
representantes sindicales podrían aceptar si consideraban que el
nuevo texto resultaba "asequible" para los trabajadores.
Pero no ha sido suficiente. El Comité de Huelga
la considera todavía "alejada" de sus pretensiones, por lo que toca
nueva reunión con la dirección. Y nueva jornada de paros parciales.
(www.elmundo.es, 16/04/08)
17. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO SANCIONA A DOS
CONSEJERÍAS
La inspección de Trabajo ha propuesto sancionar a
la Consejería de Bienestar Social, con 6.251 euros, y a la
Consejería de Gobernación, con 20.000 euros, en relación con una
cesión ilegal de trabajadores. Así lo indica la propia Consejería de
Economía en la información facilitada a la Síndic de Greuges, Emilia
Caballero, que ha investigado la existencia de un gran número de
empleados subcontratados en los servicios centrales de las distintas
consejerías.
Los servicios de inspección de Trabajo han
visitado también las consejerías de Industria, Infraestructuras y
Medio Ambiente, que tiene pendientes de resolución.
La investigación de la Sindicatura de Comptes a
instancia de la Junta de Personal de los servicios centrales de la
Generalitat denuncia la falta de colaboración de buena parte de las
consejerías e indica: "Sí existen indicios, y en algunos casos
certeza, de que por algunas consejerías se llevaron a cabo en el
pasado conductas constitutivas de cesión ilegal de mano de obra, en
algunos casos se ha proscrito esta práctica y en otros persiste en
mayor o menor medida". La Síndic recuerda a la Generalitat el deber
legal de respetar la lagislación sobre empleo público, laboral y
funcionarial. En su investigación, Caballero explica que las
consejerías al ser interpeladas por los trabajadores ajenos a la
Administración no han dado toda la información.
(www.elpais.com, 12/04/2008 )
18. COMUNIDAD DE MADRID: VECINOS DE ALCALÁ
PROTESTAN ANTE EL ALCALDE POR EL ALZA DE LAS CASAS
"Si me suben el piso un 25%, se quedan con él",
aseguraba Jesús, un alcalaíno de 27 años que ha reservado uno
protegido en el nuevo barrio de Espartales Norte, en Alcalá de
Henares. Según los precios iniciales, su vivienda de 89 metros
cuadrados costaría 220.000 euros. Si su promotora aplica la subida
anunciada por el Gobierno regional a principios de mes, podría
superar los 270.000. "La promotora nos da largas", añade Carmen.
"Nos ha escrito diciendo que se reserva la posibilidad de subir los
precios, que están estudiando si aplicar el porcentaje de subida que
propuso la Comunidad".
La alarma entre los vecinos de Espartales Norte
es tal que por la mañana más de medio centenar de personas se
presentaron en el pleno municipal para exigir al alcalde, Bartolomé
González, que les garantice que la promoción no resultará afectada
por la subida.
La Consejería de Vivienda asegura que las
promociones protegidas ubicadas en suelos públicos no se verán
afectadas por los nuevos precios. Pero fuentes jurídicas consultadas
por EL PAÍS explicaron que, según la norma publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, podría aplicarse la subida en
aquellas promociones en las que no se haya solicitado la
calificación provisional. Las mismas fuentes precisan que la
aplicación de la norma sólo depende, en este caso, de cuándo se haya
solicitado la calificación provisional. Los vecinos de Espartales
Norte explicaron que sus constructoras les aseguran que no han
solicitado aún dicha calificación. Algunos, ya han recibido una
carta que les notifica la subida.
Otros, como José Antonio Ginzo, ya han firmado
con el precio nuevo. Según el contrato de preventa que ha firmado
con la promotora Fercler, el precio del módulo de la vivienda
protegida que reserva ya se acoge a la subida anunciada por el
Gobierno regional, que en esta zona alcanza los 1.970,80 euros. Lo
firmó en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) la
semana pasada.
"Menos boca y más BOCAM", rezaban las pancartas
de las decenas de personas que se presentaron en el pleno de Alcalá.
Los vecinos alzaron la voz para presionar al gobierno local. Los
echaron de la sala. Una vez concluida la sesión, lograron hablar con
el alcalde, Bartolomé González (PP), quien, según explican los
vecinos, les concedió una reunión más adelante y aseguró que la
Comunidad de Madrid había enviado una carta a las promotoras para
explicarles la orden. "Hemos llamado a las promotoras", explicaba
Carmen, "y nos han dicho que, aunque la Comunidad mande la carta, si
no está publicado en el BOCAM tienen derecho a aplicar la subida
porque la carta no tiene ninguna validez".
19. TORRELODONES: UN JUEZ ACABA CON LA
PERSECUCIÓN A LOS EDILES 'DÍSCOLOS' DE TORRELODONES
Jesús María Pacios y Reyes Tintó fueron
destituidos como concejales del Ayuntamiento de Torrelodones en el
verano de 2006. El alcalde, Carlos Galbeño (PP) los relevó porque se
opusieron a uno de sus proyectos más polémicos: la recalificación
del Área Homogénea Norte (AHN). Esta zona de 128 hectáreas forma
parte del parque regional del Manzanares. Y allí, el alcalde
pretendía construir un complejo residencial de 1.500 viviendas,
campo de golf y un centro comercial.
Desde ese momento, los concejales destituidos
denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno
municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran
que los ediles "denunciaron los hechos irregulares de los que
tuvieron noticia". El alcalde, el concejal de Urbanismo y el
presidente del PP local Mario Mingo -diputado nacional- se
querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de
difamación. La audiencia ha desestimado la querella.
Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la
urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho,
en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se
anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto
delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la
denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros
concejales populares acusaron a los ediles díscolos de "defender
intereses privados en lugar de los públicos".
Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron,
en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas
irregularidades urbanísticas. Ambos ex ediles deslizaban en su
escrito hechos como que el PP local cobraba dinero a un empresario a
cambio de favores urbanísticos -revelan conversaciones con un
constructor que asegura que le pidieron dinero a cambio de
concederle el permiso para construir un aparcamiento subterráneo-. O
que la concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de los
parques se adjudicó supuestamente con presiones a un ex concuñado de
Mario Mingo. El fiscal, sin embargo, archivó la causa por falta de
pruebas.
La organización madrileña del PP no tardó en
expulsarles del partido, pero los ediles no entregaron su acta de
concejal hasta mayo del año pasado cuando se celebraron elecciones
municipales. Pacios y Tintó han abandonado la vida política.
Pero el alcalde ha vuelto a la carga. En julio de
2007, Galbeño remitió el plan urbanístico de reclasificación del AHN
a la Comunidad de Madrid. De este modo lanza la pelota al Ejecutivo
regional gobernado por su mismo partido. Desde entonces, el plan
duerme en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente.
Mientras el silencio administrativo frena las voces en contra de la
recalificación, una veintena de catedráticos e investigadores han
presentado hasta cinco informes que defienden "los valores
ambientales de la zona y la necesidad de preservarlo".
(www.elpais.com, 15/04/08)
