FRANCISCO J. LAPORTA
Caldo de cultivo
Uno se corrompe porque quiere. El acto por el que se acepta
un soborno o se cede a un tejemaneje es un acto individual y voluntario. Eso es
lo que nos permite decir de quien lo hace que es un sujeto indecente o una
autoridad venal. Nuestro juicio moral negativo descansa siempre en una acción
personal que brota de la decisión del sujeto a quien juzgamos. También la
posibilidad misma de someterle a un proceso penal depende de este hecho. Nunca
debemos olvidarlo. Aunque a veces hablemos como si las hubiera, no hay fuerzas
objetivas ni poderes institucionales que se impongan irresistiblemente a quien
obra prostituyendo su escaño o vendiendo su posición de poder. Si ése fuera el
caso, perderíamos nuestra posibilidad de juzgar su conducta. Quien se corrompe
es un inmoral. Y no corromperse es sencillo: sólo tiene uno que plantarse y
decir que no.
Esa ineludible dimensión individual es la que fundamenta un
postulado básico de todos los estudios sobre la corrupción política: la práctica
certeza de que siempre hay corrupción. El anhelo de "corrupción cero" que
late en tantas encuestas de opinión es un ideal inalcazable. Y la prueba es que
la compraventa de diputados es tan vieja como la historia misma del
parlamentarismo. Escuchen si no las palabras de Martínez Marina a principios del
siglo XIX: "... y sobre todo, tuvieron la osadía y desvergüenza de comprar los
votos de los representantes de la Nación, provocando su avaricia con el cebo de
pensiones vitalicias, honores, empleos y gracias... ¿qué mucho que la elección
de Procuradores de Cortes se convirtiese en una especulación de comercio, y que
estos oficios se vendiesen a pública subasta?". Un siglo después vendría el
célebre caciquismo, con su intenso trapicheo electoral. Y ahora, cuando empieza
el siglo XXI, nos encontramos todavía con espectáculos como el de la Asamblea de
Madrid. Parecería que estuviéramos ante una de nuestras más castizas
tradiciones, pero por desgracia -que no debe ser consuelo de tontos- no somos la
excepción. En todos los sitios se han cocido estas u otras habas en el puchero
electoral. Un estudioso americano de la práctica del soborno pudo ilustrar su
libro con un apéndice que contiene hasta una lista de precios. En 1694, el
speaker de los Comunes estaba a mil guineas. Un senador americano costó en
1905 dos mil quinientos dólares. El simple volante se vendía sólo por tres. De
acuerdo con el registro de la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos,
desde 1972 a 1992 se dieron más de cuarenta casos de corrupción individual. A
dos por año. La mayoría de ellos dimitieron o fueron expulsados por la propia
Cámara, que allí, a diferencia de lo que aquí sucede, dispone de unos comités de
ética para juzgar estos comportamientos.
No digo esto para fomentar el cinismo o la resignación. La
corrupción es un impulso individual y siempre existirá, pero no es lo único que
se puede decir sobre ella. No hay que olvidar en particular que las
circunstancias en las que se desenvuelve la vida política y económica
incrementan o reducen la probabilidad de que se dé ese impulso individual, y de
entre esas circunstancias es especialmente relevante el tipo de política que
practiquen los gobernantes. Los actos de corrupción aumentan cuando se da un
determinado caldo de cultivo. Igual que la violencia de género: uno puede ser
muy contrario a los malos tratos a la mujer, pero si acepta con complacencia el
tosco discurso machista sobre los testículos "bien plantaos" está reforzando las
pautas culturales que los alientan. Me parece que este tipo de contradicciones
definen profundamente lo que está ocurriendo en España con el Gobierno del
Partido Popular. Su líder y sus miembros se pronuncian una y otra vez contra
males, vicios y corruptelas al mismo tiempo que crean las condiciones para que
se reproduzcan.
Con la corrupción política eso está muy claro. Se sabe desde
hace mucho que la gran corrupción encuentra su ambiente más propicio cuando
importantes decisiones económicas se toman en régimen de monopolio de poder, con
amplia discrecionalidad y sin controles ante los que responder. Si un sujeto de
escasa entidad moral se encuentra en la tesitura de tomar una decisión de
alcance sin criterios legales ni controles externos es altamente probable que
acabe por ceder al mejor postor. Y las políticas que ha desarrollado el Gobierno
durante estos años fomentan esas condiciones. Entre otras cosas, porque ha
ignorado, cuando no traicionado, un expreso mandato constitucional del que no
suele recordarse sino la primera parte. Artículo 47: "Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación". Nadie puede defender
seriamente que las políticas urbanísticas del Partido Popular se han dirigido a
impedir la especulación. Muy al contrario: han alentado el desarrollo de una
espiral vertiginosa y sin control que, según se dice, puede haber llegado poco
menos que a conferir su perfil al modelo aznarista de crecimiento económico. De
los peligros de ello ya están advirtiendo los economistas, pero para mejor
conjurarlos habría que poner mano pronto en la batería de normas y decisiones
que los han producido.
Donde, sin embargo, es más obvio el caldo nutriente de la
corrupción es en materia de controles. Munido de su mayoría absoluta, el Partido
Popular ha relajado o colonizado todo aquello que pudiera sonar a supervisión o
control. De cualquier clase que fuera. Ha reducido esa función tan propia de las
cámaras parlamentarias a un ejercicio vacío de reflexión y lleno sólo de malos
modales, y se ha cerrado en banda a cualquier noción de responsabilidad
política, pese a haber sido tan exigente con la de los demás. En materia de
medios de comunicación ha entronizado allí donde ha podido el escamoteo y la
obsequiosidad. Contemplar el tratamiento que da a la noticia política la cadena
pública produce vergüenza ajena. Sus responsables más altos parecen haber
abdicado de su condición de informadores y se han puesto a ejercer de simples
tiralevitas. Por no mencionar los controles jurídicos. Es difícil imaginar
cómoese ministerio público pensado para proteger el interés general puede haber
llegado a traicionar hasta tal punto su propia naturaleza. Nunca había llegado a
tanto descrédito. Y se detecta también un profundo malestar en importantes
sectores de la propia judicatura, que contemplan alarmados cómo por unas u otras
vías acceden a los cuerpos judiciales hechuras del Gobierno o de sus grupos
próximos. Del Consejo General del Poder Judicial se empieza a extender ya el
acta de defunción. Si es que sirvió alguna vez para algo, ya no sirve, y,
pensado precisamente para proteger la independencia del juez, ha mutado
diabólicamente en una maquinaria para ascender en la carrera a los afines al
partido gobernante. De aquellas vehementes diatribas contra la elección
parlamentaria de sus miembros ya no queda nada. Por lo demás, los controles
judiciales siguen siendo torpes y premiosos, y los órganos encargados de vigilar
la corrupción, como la fiscalía competente, han sido sistemáticamente
saboteados.
Deben, por tanto, empezar a sonar las alarmas, porque cuando
se decide con mayoría absoluta sobre pobreza y riqueza, se debilitan los
criterios de sometimiento del poder al derecho y se ignoran los controles
políticos, mediáticos y jurídicos, acaban siempre por aparecer en escena el
corruptor y el corrompido. Esto no es una acusación ni una advertencia, es sólo
un elemental corolario de la ciencia política. Pero nunca, por cierto, ha sido
refutado. Ahora tampoco.
