GREGORIO
PECES-BARBA MARTÍNEZ
El fraude de las
elecciones: autocrítica y crítica
A pesar de todas
las enseñanzas históricas y de todas las precauciones intelectuales para evitar
sorpresas sobre la condición humana, sobre nuestra estructura moral
desfalleciente, como diría el decano Hauriou, y sobre las limitaciones de
nuestro altruismo, hechos como la ruptura de las reglas del juego limpio, que
han protagonizado los dos diputados traidores que han abandonado la disciplina y
han faltado a su palabra como militantes socialistas, nos han sorprendido
primero, indignado después y más tarde nos han sumido en perplejidad a casi
todos. Lo cierto es que han conseguido paralizar el proceso democrático, que es
el núcleo de la racionalidad laica esencial de los sistemas de libertad bien
ordenados.
La sensación de
debilidad y de vulnerabilidad que tales hechos han producido entre los
ciudadanos, en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la
Constitución, incide en una de las claves del funcionamiento del sistema
político que es la noción de seguridad, y también en los valores de libertad e
igualdad que están en la raíz del estatuto de ciudadanía y de la legitimidad de
las constituciones. Es un hecho muy grave con consecuencias que deterioran
seriamente los principios y las normas de un ordenamiento democrático. Alcanzar
tan importantes y destructivos objetivos, con pocos medios, sin ruido de sables,
sin ejercicio de la fuerza bruta -como el 23 de febrero de 1981-, aunque con el
uso masivo de euros, y conseguir desanimar, desesperar y desilusionar a los
votantes, especialmente a los más jóvenes, es un éxito de los organizadores y de
los autores de la enorme fechoría, que quizás ni siquiera ellos pudieron
concebir. En todo caso, la idea de "claro y presente peligro" en nuestro sistema
no ha concitado la solidaridad entre los partidos, ni ha evitado el bombardeo de
posiciones fraccionalistas, ni tampoco la poco edificante conclusión de que se
ha tratado de obtener ventaja del suceso, con olvido del interés general y del
bien común.
Escribo desde un
velo de ignorancia sobre esos intereses que impiden ver con lucidez los
principios. Quizás por eso evito plantear el tema desde la dialéctica de los
buenos y los malos, y también esa odiosa actitud que ha proliferado tanto en
estos días, de disimular las propias faltas y de exagerar y agrandar las ajenas.
No quiero decir que todos se hayan comportado igual ni que dé lo mismo lo uno
que lo otro, pero esa misma convicción me conduce a ser más exigente en la
autocrítica que en la crítica a los demás.
Por eso me parece
que debemos empezar analizando los comportamientos del Partido Socialista y de
sus dirigentes, antes y después de que estupefactos e incrédulos conociésemos la
inicua actitud de los traidores diputados electos, y ya, desgraciadamente,
diputados con todos los derechos. No sigo con detalle el funcionamiento de la
Federación Socialista Madrileña en estos últimos años, pero sí tengo cauces de
comunicación e información solventes, y amigos, además de compañeros, que sí
actúan y trabajan políticamente en sus agrupaciones. Mi convicción es que la
sospecha de que personas de este grupo de "los renovadores por la base" no
tenían un comportamiento claro y regular estaba muy extendida entre los sectores
más solventes de los militantes madrileños. La sensación de una necesidad de
cambio y de limpieza era tan grande antes del último Congreso Regional que me
permití reunir en la Universidad a un numeroso grupo de notables, la mayoría
retirados como yo, pero con un prestigio y un crédito muy alto entre los
compañeros, y además no insertos en las llamadas corrientes internas. La
coincidencia de todos fue que la situación de la Federación era poco estable y
que se debía animar a personas serias y solventes que conocíamos para que dieran
el paso adelante necesario. Algunos lo hicieron y no tuvieron apoyo, sino más
bien la desconfianza del aparato regional y estatal.
Después del
bochornoso espectáculo que han dado estos dos diputados tránsfugas, no cabe duda
de que existe una culpa in vigilando y una culpa in eligendo, y
que alguien que fuera responsable debió pagar con su dimisión, porque no se
puede de ninguna manera afirmar que estamos ante un suceso inesperado que no se
pudiese prever. Sin esa actitud de limpieza de nuestras propias filas, perdemos
mucho crédito ante la opinión pública para reclamar a los demás, y damos una
mala señal al adversario para que siga el mismo camino. También se puede dudar
de nuestra coherencia política y del daño irreparable que puede sufrir. No sé si
aún estamos a tiempo de remediarlo, aunque las dudas y titubeos nos van a
perjudicar seriamente.
A mi juicio, hay
un reproche muy serio al Partido Popular y a sus dirigentes ante esta crisis,
que es su incomprensión, su falta de solidaridad ante la petición socialista de
que se uniesen y reforzasen la justa reclamación para la devolución de las actas
de los diputados tránsfugas. Me parece de una hondura y de una gravedad, casi
como un pecado de lesa democracia, que esconde además una seria laguna en los
principios con los que los dirigentes de ese partido abordan la comprensión de
la democracia. No estamos ante un problema del Partido Socialista, ni todo se
agota con la responsabilidad que acabamos de examinar en la selección de las
listas de candidatos: tiene una dimensión externa que afecta a todo el sistema,
porque lo desvirtúa, lo arruina y traiciona la voluntad popular expresada en las
urnas, y eso forma parte de la ética pública del sistema político y jurídico, de
las reglas de juego que a todos toca proteger. Es una parte del bien común y del
interés general. Es una interferencia externa, probablemente con corrupción
económica, que rompe el sagrado equilibrio de la voluntad general inclinándola
de manera torticera, de manera no querida por el pueblo soberano. Disminuir la
importancia y el valor del hecho y desembarazarse de la responsabilidad olvida
la necesidad de la amistad cívica en el juego limpio de la vida democrática, y
supone volver a la dialéctica amigo-enemigo y pensar que todo lo que daña al
adversario es bueno para nosotros. El Partido Popular contrae una grave
responsabilidad y es creador de un agravio que no sólo daña al Partido
Socialista, sino a todo el sistema democrático y a su credibilidad.
Unirse a la
petición de los socialistas era simplemente rechazar que esas dos
personaspudieran arruinar unas elecciones y restablecer el sentido auténtico de
la voluntad popular, y no se puede entender una postura insolidaria ni la
insistencia en convocar inmediatamente elecciones, porque esto, que acabará
siendo inevitable, supone aceptar el daño sin resistencia e incluso recompensar
la acción de los dos ausentes maliciosos. Probablemente, ese apoyo a los valores
democráticos habría evitado la mala impresión que el Partido Popular ha
producido al votar con los dos tránsfugas para la Diputación Permanente.
En ese contexto
de desvarío y de pérdida de rumbo se entiende una resolución de la Mesa de la
Asamblea y de la Junta de Portavoces del día 16 de junio pasado, declarando como
el primer periodo de sesiones el que transcurre entre el propio día 17 y el día
23 del mismo mes de junio. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las normas que
rigen el funcionamiento de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, se señalan
como periodos ordinarios de sesiones los que van desde septiembre a diciembre y
de febrero a junio, aparece claro que estamos, con ese ridículo periodo de
sesiones de cinco días, ante un golpe de mano, ante un fraude de ley que sólo
pretende llevar adelante, forzando los términos, una convocatoria de nuevas
elecciones que, sin esperar a que sea la única solución, consolidan el golpe de
Estado incruento en vidas humanas pero muy cruento para la democracia. Ya con
este paso se compromete a la recientemente elegida presidenta de la Asamblea, la
señora Dancausa, que nunca, desde su puesto institucional, debió consentir esta
arbitrariedad. Se contamina así la salida normal, que serían esas nuevas
elecciones, pero dejando que los procedimientos se agoten, por si a estos dos
diputados les vuelve el sentido común, recuperan la dignidad moral y deciden, en
el plazo de dos meses, devolver sus credenciales para que sean ocupados los
escaños por dos parlamentarios leales al Partido Socialista. Acelerar las
elecciones es hacer que esa posibilidad se convierta en imposible.
Por fin, me
produce serias dudas la posición jurídica del presidente en funciones, señor
Ruiz-Gallardón, que se mantiene contra viento y marea, cuando lo sensato era
haber dejado esas funciones a los consejeros que no estaban ni en la lista del
propio y actual alcalde ni en la de la Asamblea de Madrid. Aunque sea en
funciones, no es compatible con el cargo de alcalde de Madrid, como deja claro
el artículo 6 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo, en esa situación, va el presidente en funciones a disolver la Asamblea?
Añadimos ilegalidad tras ilegalidad, y comprometemos al alcalde, que está
iniciando un mandato que ha obtenido con una cómoda mayoría absoluta. Si, como
parece, los actos del presidente son inexistentes, nulos de pleno derecho, la
disolución de la Asamblea padecería ese mismo pecado de origen. No es que no
tenga como presidente esa competencia de disolución, es que tiene prohibida la
referida competencia fuera del caso en que actúe ex lege, es decir, en el
ámbito previsto en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, artículo 18.5, pero
para ello debe transcurrir, sin obtenerse resultados, el plazo de dos meses, que
es la propuesta más razonable del candidato socialista. Ése es también el
sentido de su anuncio de presentar la candidatura a presidente, pero dejando
claro que no piensa gobernar con el apoyo de los dos traidores. Me ha
tranquilizado saber, del propio presidente Ruiz-Gallardón, que comparte esta
tesis de que sólo puede actuar en una disolución ex lege.
Si en este tema
hay una culpa in eligendo e in vigilando que debe traer
consecuencias para los socialistas que sean responsables, a partir de ahí el
cúmulo de errores del Partido Popular en la gestión de la crisis es
impresionante. No ha comprendido que debió atender la petición del Partido
Socialista para que le ayudase a recuperar esos dos escaños, ni ha orientado
bien los pasos a seguir, complicando en sus errores a la Presidencia y a la
mayoría de la Mesa de la Asamblea. Ya decía Sófocles en Antígona que el
mayor mal que puede golpear a un mortal es convertir a la razón en sinrazón. Por
eso se necesita un cambio de dirección.
Con sosiego, sin
saltarse plazos, después de los dos meses establecidos en el Estatuto, se puede
impulsar una nueva consulta, aun sabiendo que su mera convocatoria es ya una
victoria de los dos golpistas. La lucidez del electorado dirá si también los
resultados de las nuevas elecciones son igualmente una victoria para esos dos y
todos los intereses que están detrás. En todo caso, la decisión de Rafael
Simancas de no permanecer inerte en ese plazo y presentar su programa en la
investidura es también una buena noticia.
(*) Publicado en El País.27.06.03
